Empresas obligadas a dar 1% de ganancias al Fondo Nacional Antidrogas
En la Asamblea Nacional (AN), han diferido en dos oportunidades el inicio de la segunda discusión de la Ley Orgánica de Drogas que entre sus artículos establece que las empresas tendrán que hacer contribuciones especiales para el Fondo Nacional Antidrogas. A continuación algunos artículos relacionados con estas contribuciones.
Artículo 31. Las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales, que ocupen cincuenta trabajadores o más, están obligados a liquidar el equivalente al uno por ciento (1%) de su ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio ante el Fondo Nacional Antidrogas, dentro de los sesenta días continuos contados a partir del cierre del ejercicio fiscal respectivo. Las personas jurídicas pertenecientes a grupos económicos se consolidaran a los fines de cumplir con esta previsión. El Fondo Nacional Antidrogas destinará este aporte para el financiamiento de planes, proyectos y programas de prevención integral y del tráfico ilícito de drogas.
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa equivalente al doble del aporte correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, y en caso de reincidencia, la multa será tres veces el aporte, de conformidad con el ejercicio fiscal correspondiente. La imposición de multa se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario.
Artículo 32. El aporte para planes, programas y proyectos de prevención integral y de prevención del tráfico ilícito de drogas se distribuirá en cuarenta por ciento (40%) destinado a proyectos de prevención en el ámbito laboral del aportante a favor de sus trabajadores y el entorno familiar de éstos, veinticinco por ciento (25%) destinado a programas de prevención integral, con especial atención a niños, niñas y adolescentes, veinticinco por ciento (25%) destinado a programas contra el tráfico ilícito de drogas y diez por ciento (10%) destinado a los costos operativos del Fondo Nacional Antidrogas.
Artículo 33. Las personas jurídicas fabricantes o importadores de bebidas alcohólicas, tabaco y sus mezclas, están obligados en función de su responsabilidad social, a liquidar el equivalente al dos por ciento (2%) de su ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio, destinado a la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la creación, construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento de centros de tratamiento de las
adicciones, así como para apoyar planes, programas y proyectos de prevención integral elaborados por el Ejecutivo Nacional. Dicha contribución especial deberá ser declarada y liquidada ante el Fondo Nacional Antidrogas dentro de los sesenta días continuos contados a partir del cierre del correspondiente ejercicio fiscal.
El incumplimiento de esta obligación, será sancionado con una multa equivalente al doble de la contribución especial correspondiente, según el ejercicio fiscal respectivo; y en caso de reincidencia, la multa será tres veces la contribución especial, de conformidad con el ejercicio fiscal correspondiente. La imposición de la multa se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario.
Artículo 34. La contribución especial será distribuida en un noventa por ciento (90%) destinado para la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la creación, construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones, así como para apoyar planes, programas y proyectos de prevención integral elaborados por el Ejecutivo Nacional y un diez por ciento (10%) será destinado a los costos operativos del Fondo Nacional Antidrogas.
Artículo 19. Las donaciones de personas naturales o jurídicas a favor de los planes, programas y proyectos para la prevención integral, podrán ser deducibles del impuesto sobre la renta, previa aprobación del Órgano Rector. Se dará preferencia a los planes, programas y proyectos, destinados a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 20. De toda donación que reciba el Estado a favor de cualquiera de sus órganos se destinará al menos un veinticinco por ciento (25%) del monto total a la prevención integral, y de ese porcentaje se apartará exclusivamente no menos de la mitad para los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Estas sumas deberán ingresar al ministerio con competencia en materia de educación, a fin de dar cumplimiento a los programas previstos en esta Ley. El Estado, en función del desarrollo de base, tomará en cuenta los indicadores oficiales o de instituciones, órganos o entes competentes de investigación social, para la distribución por municipios de estos ingresos.
Artículo 21. Las instituciones del Estado y las empresas públicas y privadas, con un número mayor de 50 trabajadores, están obligadas a proporcionar ubicación laboral a las personas rehabilitadas, en el marco de los programas de reinserción social. El Órgano Rector en coordinación con el ministerio con competencia en materia de trabajo garantizará el cumplimiento a esta disposición.
Artículo 22. El Estado a través de sus instituciones se obliga a garantizar la protección, auxilio y anonimato a la persona consumidora en los centros de rehabilitación y que se someta a tratamiento, brindando protección integral a niños, niñas y adolescentes.
Artículo 23. En razón del interés público que rige esta materia, se considerará servicio a favor de la colectividad la constitución de sociedades civiles, asociaciones, cooperativas y fundaciones sin fines de lucro que tengan por objeto social la prevención del consumo de drogas, el tratamiento y la rehabilitación de la persona consumidora y la investigación científica sobre el consumo de drogas. Las mismas deberán registrarse en el ministerio con competencia en materia de salud, el cual informará al Órgano Rector del correspondiente registro.
Artículo 24. Los ministerios con competencia en materia de educación primaria, secundaria y superior, diseñarán y desarrollarán programas educativos dirigidos a la capacitación de educadores y orientadores en materia de prevención integral contra el uso indebido de drogas. Los ministerios con competencia en materia de educación y salud, en coordinación con el Órgano Rector, incluirán dentro de los pensa académicos, lo relacionado a la prevención del consumo de drogas y deberán diseñar, promover y ejecutar campañas institucionales relacionadas con la prevención del consumo de drogas, dirigidas a la población en general,
en particular a los consejos comunales, y a los que no puedan asistir a los programas formales de educación, así como a los padres y representantes de los educandos.
Artículo 25. El Estado dispondrá, con carácter obligatorio, el establecimiento de programas de orientación e información, coordinados por el Órgano Rector, sobre prevención integral, para el personal de los órganos y entes del Estado, centralizado y descentralizado, con especial atención a niños, niñas y adolescentes. El Estado, a través de sus órganos competentes, y bajo la coordinación del Órgano Rector, dispondrá la práctica anual de exámenes toxicológicos aplicando un método aleatorio a los funcionarios públicos, empleados, obreros y contratados de los órganos que integran el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como de las Empresas del Estado, Institutos Autónomos y demás entes descentralizados funcionalmente.
Los profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo los aspirantes de las instituciones de formación militar, alumnos, tropa alistada, empleados, obreros y cualquier otro personal civil contratado o ad honorem, deberán someterse a la aplicación anual de un examen toxicológico imprevisto de acuerdo a un programa de inspección controlada efectuado por el Órgano Rector.
Artículo 26. Los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los servicios aduaneros deberán contar con unidades administrativas encargadas de la prevención y represión del tráfico ilícito de drogas, de acuerdo a su competencia, con particular atención cuando se encuentren en las zonas fronterizas.
Artículo 27. El Órgano Rector, diseñará y aplicará un plan operativo de seguridad y defensa y creará un sistema integral de inteligencia, prevención y combate contra el tráfico ilícito de drogas, integrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana y el Ministerio Público, los cuales constituirán una Fuerza de Tarea Especial para el control y vigilancia en las zonas que resulten vulnerables.
El Ejecutivo Nacional, en coordinación con los Gobernadoras y Gobernadores, creará en los estados de mayor actividad aduanera, los sistemas de seguridad especiales para prevenir, detectar y reprimir el tráfico ilícito de drogas.
Artículo 28. En zonas fronterizas el Órgano Rector, en coordinación con los ministerios con competencia en materia de agricultura y ambiente, así como los consejos comunales de la zona, desarrollará programas alternativos, preventivos y subprogramas agroindustriales para preservar la ecología de la zona y evitar la aparición de cultivos ilícitos en la región.
domingo, 18 de julio de 2010
jueves, 15 de julio de 2010
Siempre cocinan algo...
Citarán Jacinto Convit y su equipo
Tomado de: www.asambleanacional.gob.ve .-Las comisiones permanentes de Salud y Ciencia y Tecnología citarán, en los próximos días, al equipo científico del doctor Jacinto Convit, director del Instituto de Biomedicina, para que expliquen detalladamente el proyecto de inmunoterapia que promueven contra el cáncer.
Así lo informó la diputada por el estado Vargas e integrante de la Comisión de Política Interior, Lelis Páez, quien informó que ya los parlamentarios trabajan al respecto, al tiempo que expresó estar de acuerdo con la exhortación hecha por los médicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), al Ministerio del Poder Popular para la Salud a fin de que se pronuncie en torno al referido proyecto.
En este sentido, la parlamentaria considera que el trabajo que desarrolla el referido investigador, “no está aprobado ni avalado por alguna comisión de ética ni cuenta con la metodología adecuada, ya que se está ensayando con la gente de una manera irresponsable”, expresó.
Igualmente, consideró como un acto de irresponsabilidad, que se permita que su difusión por medios como Internet y páginas Web, invitaciones para que la gente se anote en este tipo de experimentación, “esto da muy mal indicio”, añadió.
Asimismo, informó que hizo un alerta ante las comisiones de Salud, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, así como a la Directiva del Parlamento ante la gravedad problema, “pues no se puede jugar con los sentimientos de las personas que padecen de esta terrible enfermedad”.
Plantean que personas que tengan 15 años
como inquilinos asuman como “propia” la vivienda
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas acordó junto a las organizaciones de inquilinato en mesa técnica, solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare, cuanto antes, la nulidad de los desalojos forzosos que permita proteger a los inquilinos y revisar el texto legal de arrendamiento. "Queremos plantearle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la urgencia de producir una resolución que paralice por un tiempo determinado toda la acción de desalojo que se está produciendo a nivel nacional", dijo el Diputado.
Acotó Vivas, que estos hechos violan la Constitución, el derecho humano a la vivienda y además ha generado una situación de conflictividad y confrontación entre el propietario y los inquilinos. Asimismo, analizarán la posibilidad de que los inquilinos que tengan más de 15 años en situación de inquilinato, asuman la vivienda como propia. El documento presentando por los ciudadanos en esta situación persigue regular los precios en el mercado secundario y los arrendamientos.
Invitan a Urosa
La directiva de la Asamblea Nacional (AN), invitó oficialmente al Cardenal Jorge Urosa Savino a comparecer ante la comisión coordinadora del Parlamento, el martes que viene a las 11 de la mañana. Cilia Flores, presidenta de la AN, anunció que la invitación fue enviada y recibida en las oficinas del Arzobispo de Caracas, a quien le dijo que tendrá “la oportunidad de presentar las denuncias que tiene contra el presidente, Hugo Chávez y de las instituciones del país”.
Mientras tanto, diversos voceros del Parlamento siguen sosteniendo que “la Conferencia Episcopal es la cabeza del plan golpista de la oposición (...) no solo arremete contra el poder ejecutivo si no también al poder legislativo cuando dicen que en la Asamblea Nacional se hacen leyes inconstitucionales”, dijo Alberto Castelar. Mario Isea también repitió que “la diatriba no es contra el pueblo cristiano, sino contra la cúpula de la Iglesia que pretende manipular”. Por su parte, Juan Mendoza, presidenta de la comisión de Defensa, aclaró que revisar el convenio con el Vaticano “no significa que la Iglesia católica salga de Venezuela”, porque aquí hay libertad de culto.
Debaten financiamiento a ONGs
El tema del supuesto financiamiento por parte del Gobierno de los Estados Unidos a periodistas, partidos políticos y las organizaciones Espacio Público e Instituto de Prensa y Sociedad, será debatido en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), el martes de la semana que viene.
La propuesta la hizo el presidente de la comisión de Ciencia, Tecnología y Medios del Parlamento, Manuel Villalba, quien afirmó que este asunto debe “investigarse, porque la derecha está siendo financiada, en un plan para desestabilizar el país, con miras a las elecciones dl 26 de septiembre”. El parlamentario mostró papeles que son; presuntamente, los recibos de los depósitos que habría recibido, la candidata a la AN, María Corina Machado, además de Fedecámaras, y el Cedice, entre otros. “La oposición pide las pruebas, aquí están, María Corina Machado, cuando estaba en Súmate recibió financiamiento. Tenemos conocimiento de que desde el 2007 estos factores recibieron más de 50 millones de dólares”, informó.
Senadores “pinochetistas”
Por otra parte, el diputado por el estado Carabobo, Saúl Ortega, propuso y se aprobó un acuerdo de rechazo a la posible llegada de 15 senadores chilenos como observadores, en las elecciones parlamentarias. En cada intervención de los diputados socialistas afirmaban que los senadores son “pinochetistas”. Pero el parlamentario por Podemos, Ricardo Gutiérrez, les recordó, primero que entre los senadores estaba Isabel Allende, prima del fallecido Salvador Allende. También aclaró que no era una decisión tomada, porque los parlamentarios chilenos hicieron una propuesta que aún no había sido aceptada. Sin embargo, el acuerdo fue aprobado. En su intervención, la presidenta de la AN, Cilia Flores, tildó a los legisladores sureños como “estúpidos” y “ridículos”.
PN custodiará el Metro
En la plenaria, el director de la Policía Nacional, Luis Fernández, presentó el informe de seis meses de gestión, en la parroquia Sucre (al oeste de la capital). Anunció que funcionarios de ese organismo custodiarán el Metro de Caracas. Nuevamente, diputada Pastora Medina solicitó información sobre la comisión especial que investiga el caso PDVAL y de los alimentos descompuestos. La respuesta de Cilia Flores fue la misma: “eso se está investigando” y luego ordenó cortarle el sonido. También fueron aprobados dos créditos.
Tomado de: www.asambleanacional.gob.ve .-Las comisiones permanentes de Salud y Ciencia y Tecnología citarán, en los próximos días, al equipo científico del doctor Jacinto Convit, director del Instituto de Biomedicina, para que expliquen detalladamente el proyecto de inmunoterapia que promueven contra el cáncer.
Así lo informó la diputada por el estado Vargas e integrante de la Comisión de Política Interior, Lelis Páez, quien informó que ya los parlamentarios trabajan al respecto, al tiempo que expresó estar de acuerdo con la exhortación hecha por los médicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), al Ministerio del Poder Popular para la Salud a fin de que se pronuncie en torno al referido proyecto.
En este sentido, la parlamentaria considera que el trabajo que desarrolla el referido investigador, “no está aprobado ni avalado por alguna comisión de ética ni cuenta con la metodología adecuada, ya que se está ensayando con la gente de una manera irresponsable”, expresó.
Igualmente, consideró como un acto de irresponsabilidad, que se permita que su difusión por medios como Internet y páginas Web, invitaciones para que la gente se anote en este tipo de experimentación, “esto da muy mal indicio”, añadió.
Asimismo, informó que hizo un alerta ante las comisiones de Salud, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, así como a la Directiva del Parlamento ante la gravedad problema, “pues no se puede jugar con los sentimientos de las personas que padecen de esta terrible enfermedad”.
Plantean que personas que tengan 15 años
como inquilinos asuman como “propia” la vivienda
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas acordó junto a las organizaciones de inquilinato en mesa técnica, solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare, cuanto antes, la nulidad de los desalojos forzosos que permita proteger a los inquilinos y revisar el texto legal de arrendamiento. "Queremos plantearle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la urgencia de producir una resolución que paralice por un tiempo determinado toda la acción de desalojo que se está produciendo a nivel nacional", dijo el Diputado.
Acotó Vivas, que estos hechos violan la Constitución, el derecho humano a la vivienda y además ha generado una situación de conflictividad y confrontación entre el propietario y los inquilinos. Asimismo, analizarán la posibilidad de que los inquilinos que tengan más de 15 años en situación de inquilinato, asuman la vivienda como propia. El documento presentando por los ciudadanos en esta situación persigue regular los precios en el mercado secundario y los arrendamientos.
Invitan a Urosa
La directiva de la Asamblea Nacional (AN), invitó oficialmente al Cardenal Jorge Urosa Savino a comparecer ante la comisión coordinadora del Parlamento, el martes que viene a las 11 de la mañana. Cilia Flores, presidenta de la AN, anunció que la invitación fue enviada y recibida en las oficinas del Arzobispo de Caracas, a quien le dijo que tendrá “la oportunidad de presentar las denuncias que tiene contra el presidente, Hugo Chávez y de las instituciones del país”.
Mientras tanto, diversos voceros del Parlamento siguen sosteniendo que “la Conferencia Episcopal es la cabeza del plan golpista de la oposición (...) no solo arremete contra el poder ejecutivo si no también al poder legislativo cuando dicen que en la Asamblea Nacional se hacen leyes inconstitucionales”, dijo Alberto Castelar. Mario Isea también repitió que “la diatriba no es contra el pueblo cristiano, sino contra la cúpula de la Iglesia que pretende manipular”. Por su parte, Juan Mendoza, presidenta de la comisión de Defensa, aclaró que revisar el convenio con el Vaticano “no significa que la Iglesia católica salga de Venezuela”, porque aquí hay libertad de culto.
Debaten financiamiento a ONGs
El tema del supuesto financiamiento por parte del Gobierno de los Estados Unidos a periodistas, partidos políticos y las organizaciones Espacio Público e Instituto de Prensa y Sociedad, será debatido en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), el martes de la semana que viene.
La propuesta la hizo el presidente de la comisión de Ciencia, Tecnología y Medios del Parlamento, Manuel Villalba, quien afirmó que este asunto debe “investigarse, porque la derecha está siendo financiada, en un plan para desestabilizar el país, con miras a las elecciones dl 26 de septiembre”. El parlamentario mostró papeles que son; presuntamente, los recibos de los depósitos que habría recibido, la candidata a la AN, María Corina Machado, además de Fedecámaras, y el Cedice, entre otros. “La oposición pide las pruebas, aquí están, María Corina Machado, cuando estaba en Súmate recibió financiamiento. Tenemos conocimiento de que desde el 2007 estos factores recibieron más de 50 millones de dólares”, informó.
Senadores “pinochetistas”
Por otra parte, el diputado por el estado Carabobo, Saúl Ortega, propuso y se aprobó un acuerdo de rechazo a la posible llegada de 15 senadores chilenos como observadores, en las elecciones parlamentarias. En cada intervención de los diputados socialistas afirmaban que los senadores son “pinochetistas”. Pero el parlamentario por Podemos, Ricardo Gutiérrez, les recordó, primero que entre los senadores estaba Isabel Allende, prima del fallecido Salvador Allende. También aclaró que no era una decisión tomada, porque los parlamentarios chilenos hicieron una propuesta que aún no había sido aceptada. Sin embargo, el acuerdo fue aprobado. En su intervención, la presidenta de la AN, Cilia Flores, tildó a los legisladores sureños como “estúpidos” y “ridículos”.
PN custodiará el Metro
En la plenaria, el director de la Policía Nacional, Luis Fernández, presentó el informe de seis meses de gestión, en la parroquia Sucre (al oeste de la capital). Anunció que funcionarios de ese organismo custodiarán el Metro de Caracas. Nuevamente, diputada Pastora Medina solicitó información sobre la comisión especial que investiga el caso PDVAL y de los alimentos descompuestos. La respuesta de Cilia Flores fue la misma: “eso se está investigando” y luego ordenó cortarle el sonido. También fueron aprobados dos créditos.
martes, 13 de julio de 2010
Otro informe oculto
AN sabía del colapso del Metro
En la Asamblea Nacional sabían con antelación del colapso del Metro de Caracas y no hizo nada para evitarlo o para alertar sobre el asunto. El año pasado, ante las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Administración y Servicios, fue presentado un informe donde se advertía sobre lo que ahora está ocurriendo en el sistema de
transporte subterráneo, por parte de la empresa Frameca que fue la que hizo la primera fase. Ayer, el diputado Mario Isea dijo que no descartaba que lo que pasa en el Metro podría ser un sabotaje. Pero se trata de una “guerra avisada” y el problema del transporte masivo se les está yendo de las manos.
En octubre del año pasado, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social recibió al embajador de Francia Jean-Marc Laforét, así como a representantes de la empresa Frameca, quienes presentaron la propuesta de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, debido al deterioro que presentaba este sistema. En un informe sobre la evaluación del transporte subterráneo se destacaba que es "urgente" "el remplazo de 100% de las vías férreas", de la línea 1, además de la rehabilitación de las subestaciones y del tercer riel". Lo anterior, fue publicado en la prensa nacional hace casi un año.
El informe al que se hace alusión señalaba que había que "aumentar la flota de trenes", de los cuales "al menos 10 tienen que ser 100% de última generación". Asimismo señala que hay que "reemplazar 38 trenes para llegar a una flota de 48 de última generación. Remplazar el pilotaje automático tipo PA-135 por un "Comunication based train control (CBTC)" y "modernizar el sistema de tracción".
Para la empresa Frameca, otro de los problemas más urgentes que se presentaban en el sistema es que diariamente se transportan 1.5 millones de pasajeros. "La demanda ha crecido más rápidamente que la oferta", por tratarse de un "servicio seguro, confiable y económico", por lo cual "la demanda seguirá aumentando". Se coloca como ejemplo la estación Plaza Venezuela, la cual "se convirtió en el nodo central de la red", como consecuencia del desarrollo poblacional de la ciudad
capital, además de la "alimentación de pasajeros procedentes del Metro de los Teques, la línea 3 y el ferrocarril desde los Valles del Tuy". Unido a esto, la "carencia de trenes" agrava el problema porque "se necesitan más de estas unidades".
Los riesgos
El informe subraya que la línea 1 "presenta altos riesgos y capacidad disminuida", ocasionados por "la fatiga, desgaste y obsolescencia de las vías férreas, subestaciones de tracción y trenes", por lo cual advierte que "la disponibilidad de los mismos seguirá disminuyendo". La empresa hizo una propuesta "global", que incluye la renovación de la línea 1 en dos fases, que contempla el aumento del 30% de la capacidad de transporte de los usuarios del metro, con un financiamiento francés de un poco inferior a 500 millones de euros. Desde la primera fase tendrán una transferencia de tecnología muy alta en materia industrial que incluye la instalación de un Instituto Universitario Ferroviario.
Otra comisión
Ante la comisión de Administración y Servicios, también se presentaron el embajador de Francia Pierre-Jean Vandoorne y Marc Thiebault, director ejecutivo de la empresa France Metro Caracas, FRAMECA, quien informó que los trabajos renovación de la Línea 1 del implicaban una inversión de 1.5 millardos de dólares “una inversión del nivel de inversión petrolera”.
Destacaba el escrito que las obras implicaban un desafío técnico, “ya que el Metro debe continuar funcionando y haciendo los trabajos de noche, para no importunar el libre flujo de los usuarios”.Por su parte, el director ejecutivo de FRAMECA explicó la situación que presenta la Línea, cuyo riesgo es alto riesgo por la fatiga, el desgaste y la obsolescencia en las vías férreas. Agregó que la
subestaciones de tracción y trenes y la disponibilidad seguirán disminuyendo. Dijo que la estación Plaza Venezuela está Saturada.
Expresó la necesidad imprescindible de renovar la Línea 1 en sus vías férreas, electrificación para la tracción, trenes de nueva generación aumentando la capacidad de transporte y la modernización del pilotaje automático. Afirmó que para mejorar la capacidad de transporte de la Línea 1 en un 40%, se debe aumentar el número de trenes y aumentar la capacidad de cada tren.
En este sentido, reiteró que es inminente renovar la Línea 1 ya que la misma alcanzará su límite estructural de oferta de transporte y la demanda seguirá aumentando con el desarrollo del país y de su ciudad capital. Anunció que el proyecto implica transferencia de tecnología, empresas mixtas, infraestructuras y actividades Industriales y Capacitación. Adujo que la creación de un Instituto Universitario de Formación Profesional en Transporte Ferroviario Urbano responde a un acuerdo bilateral del 2 de octubre de 2008 basado en el apoyo del Gobierno
Francés.
Financiamiento
De acuerdo al proyecto, el financiamiento de la obra es innovador, basado en la realidad de Venezuela cuyo período de reembolso es de 12 a 15 años con una generación de intereses en la cuenta tipo fideicomiso, un ajuste del flujo de venta de crudo dedicado al proyecto según les necesidades del país, optimización de la tasa de interés y uso óptimo de los recursos del país.
Una vez finalizada la exposición, el diputado Edy Ríos (Zulia) se mostró de acuerdo con la oferta de la empresa FRAMECA (France Metro Caracas) por cuanto fue una compañía de ese país europeo el que construyó el Metro de Caracas en los años 80. A su juicio la renovación de la línea 1 del ferrocarril reúne elementos que llaman la atención, que compaginan con la propuesta del gobierno respecto de la transferencia tecnológica y que termina con la usanza de algunas compañías que vendían los equipos sin el aporte tecnológico.
Lo que dijo Mario Isea
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), diputado Mario Isea, calificó de sospechosa la falla eléctrica ocurrida en el Metro de Caracas, y la falta de sistema de los telecajeros del Banco de Venezuela, la mañana de este lunes, por lo que no descartó discutir en plenaria el tema de posibles acciones que persigan alentar ante la proximidad de las elecciones
parlamentarias.
A través de una conversación telefónica con Radio Nacional de Venezuela (RNV), el parlamentario cuestionó lo ocurrido a tan sólo horas de haber finalizado el Mundial de Fútbol, a través de sucesos simultáneos ocurridos en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Caracas. Pero, Mario Isea no expuso el punto ante la plenaria.
En la Asamblea Nacional sabían con antelación del colapso del Metro de Caracas y no hizo nada para evitarlo o para alertar sobre el asunto. El año pasado, ante las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Administración y Servicios, fue presentado un informe donde se advertía sobre lo que ahora está ocurriendo en el sistema de
transporte subterráneo, por parte de la empresa Frameca que fue la que hizo la primera fase. Ayer, el diputado Mario Isea dijo que no descartaba que lo que pasa en el Metro podría ser un sabotaje. Pero se trata de una “guerra avisada” y el problema del transporte masivo se les está yendo de las manos.
En octubre del año pasado, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social recibió al embajador de Francia Jean-Marc Laforét, así como a representantes de la empresa Frameca, quienes presentaron la propuesta de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, debido al deterioro que presentaba este sistema. En un informe sobre la evaluación del transporte subterráneo se destacaba que es "urgente" "el remplazo de 100% de las vías férreas", de la línea 1, además de la rehabilitación de las subestaciones y del tercer riel". Lo anterior, fue publicado en la prensa nacional hace casi un año.
El informe al que se hace alusión señalaba que había que "aumentar la flota de trenes", de los cuales "al menos 10 tienen que ser 100% de última generación". Asimismo señala que hay que "reemplazar 38 trenes para llegar a una flota de 48 de última generación. Remplazar el pilotaje automático tipo PA-135 por un "Comunication based train control (CBTC)" y "modernizar el sistema de tracción".
Para la empresa Frameca, otro de los problemas más urgentes que se presentaban en el sistema es que diariamente se transportan 1.5 millones de pasajeros. "La demanda ha crecido más rápidamente que la oferta", por tratarse de un "servicio seguro, confiable y económico", por lo cual "la demanda seguirá aumentando". Se coloca como ejemplo la estación Plaza Venezuela, la cual "se convirtió en el nodo central de la red", como consecuencia del desarrollo poblacional de la ciudad
capital, además de la "alimentación de pasajeros procedentes del Metro de los Teques, la línea 3 y el ferrocarril desde los Valles del Tuy". Unido a esto, la "carencia de trenes" agrava el problema porque "se necesitan más de estas unidades".
Los riesgos
El informe subraya que la línea 1 "presenta altos riesgos y capacidad disminuida", ocasionados por "la fatiga, desgaste y obsolescencia de las vías férreas, subestaciones de tracción y trenes", por lo cual advierte que "la disponibilidad de los mismos seguirá disminuyendo". La empresa hizo una propuesta "global", que incluye la renovación de la línea 1 en dos fases, que contempla el aumento del 30% de la capacidad de transporte de los usuarios del metro, con un financiamiento francés de un poco inferior a 500 millones de euros. Desde la primera fase tendrán una transferencia de tecnología muy alta en materia industrial que incluye la instalación de un Instituto Universitario Ferroviario.
Otra comisión
Ante la comisión de Administración y Servicios, también se presentaron el embajador de Francia Pierre-Jean Vandoorne y Marc Thiebault, director ejecutivo de la empresa France Metro Caracas, FRAMECA, quien informó que los trabajos renovación de la Línea 1 del implicaban una inversión de 1.5 millardos de dólares “una inversión del nivel de inversión petrolera”.
Destacaba el escrito que las obras implicaban un desafío técnico, “ya que el Metro debe continuar funcionando y haciendo los trabajos de noche, para no importunar el libre flujo de los usuarios”.Por su parte, el director ejecutivo de FRAMECA explicó la situación que presenta la Línea, cuyo riesgo es alto riesgo por la fatiga, el desgaste y la obsolescencia en las vías férreas. Agregó que la
subestaciones de tracción y trenes y la disponibilidad seguirán disminuyendo. Dijo que la estación Plaza Venezuela está Saturada.
Expresó la necesidad imprescindible de renovar la Línea 1 en sus vías férreas, electrificación para la tracción, trenes de nueva generación aumentando la capacidad de transporte y la modernización del pilotaje automático. Afirmó que para mejorar la capacidad de transporte de la Línea 1 en un 40%, se debe aumentar el número de trenes y aumentar la capacidad de cada tren.
En este sentido, reiteró que es inminente renovar la Línea 1 ya que la misma alcanzará su límite estructural de oferta de transporte y la demanda seguirá aumentando con el desarrollo del país y de su ciudad capital. Anunció que el proyecto implica transferencia de tecnología, empresas mixtas, infraestructuras y actividades Industriales y Capacitación. Adujo que la creación de un Instituto Universitario de Formación Profesional en Transporte Ferroviario Urbano responde a un acuerdo bilateral del 2 de octubre de 2008 basado en el apoyo del Gobierno
Francés.
Financiamiento
De acuerdo al proyecto, el financiamiento de la obra es innovador, basado en la realidad de Venezuela cuyo período de reembolso es de 12 a 15 años con una generación de intereses en la cuenta tipo fideicomiso, un ajuste del flujo de venta de crudo dedicado al proyecto según les necesidades del país, optimización de la tasa de interés y uso óptimo de los recursos del país.
Una vez finalizada la exposición, el diputado Edy Ríos (Zulia) se mostró de acuerdo con la oferta de la empresa FRAMECA (France Metro Caracas) por cuanto fue una compañía de ese país europeo el que construyó el Metro de Caracas en los años 80. A su juicio la renovación de la línea 1 del ferrocarril reúne elementos que llaman la atención, que compaginan con la propuesta del gobierno respecto de la transferencia tecnológica y que termina con la usanza de algunas compañías que vendían los equipos sin el aporte tecnológico.
Lo que dijo Mario Isea
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), diputado Mario Isea, calificó de sospechosa la falla eléctrica ocurrida en el Metro de Caracas, y la falta de sistema de los telecajeros del Banco de Venezuela, la mañana de este lunes, por lo que no descartó discutir en plenaria el tema de posibles acciones que persigan alentar ante la proximidad de las elecciones
parlamentarias.
A través de una conversación telefónica con Radio Nacional de Venezuela (RNV), el parlamentario cuestionó lo ocurrido a tan sólo horas de haber finalizado el Mundial de Fútbol, a través de sucesos simultáneos ocurridos en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Caracas. Pero, Mario Isea no expuso el punto ante la plenaria.
Ley Antidrogas que prepara la AN
Jefes de campaña de partidos irán presos si no prueban origen lícito de fondos
“El Estado, a través de sus órganos competentes (...) dispondrá la práctica anual de exámenes toxicológicos aplicando un método aleatorio a los funcionarios públicos, empleados, obreros y contratados de los órganos que integran el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como de las Empresas del Estado, Institutos Autónomos y demás entes descentralizados funcionalmente. Los
profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo los aspirantes de las instituciones de formación militar, alumnos, tropa alistada, empleados, obreros y cualquier otro personal civil contratado o ad honorem, deberán someterse a la aplicación anual de un examen toxicológico imprevisto de acuerdo a un programa de inspección controlada(...)”.
Así lo establece el artículo 25 del proyecto de Ley Orgánica de Drogas que entrará este martes a segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN). La normativa que fue aprobada en primera discusión hace más de un año sufrió cambios drásticos, comenzando por su denominación, puesto que en principio se trataba de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancia Estupefacientes y
Psicotrópicas. La ley también establece que se crearán comités de prevención en el consumo de drogas, tanto en los organismos y empresas del Estado, como en el sector privado. Igualmente, las empresas privadas con más de 50 empleados estarán obligadas a ofrecer empleo a consumidores rehabilitados.
Penas y delitos
Por otra parte, el tráfico de drogas será penado con 25 años de prsión, mientras que quien dirija o financie estas actividades será encarcelado por 30 años. Quien fabrique o transforme sustancias catalogadas como drogas recibirá una pena de 15 a 20 años. El tráfico ilícito de semillas, recinas y plantas recibirá una pena de 12 a 18 años. Igual pena recibirá quien cometa el delito de susitución o
sustracción de drogas. La posesión ilícita será penada con cárcel entre uno y dos años, mientras que el desvío de sustancias psicotrópicas será encerrado de 10 a12 años. Incluso la instigación a cometer cualquier delito tipificado en la ley será castigado con prisión de 10 a 20 meses, además del pago de una multa. El que con
amenaza, engaño o violencia, logre que alguna persona consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado con prisión de seis a ocho años. El que incite o induzca a alguna persona al consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que produzcan dependencia física o psíquica, será penado con prisión de cuatro a seis años. El que ilícita o indebidamente suministre o aplique a cualquier animal estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será
penado con prisión de dos a cuatro años. Cuando fueren animales de competencia, la pena se aumentará en un tercio. Quedan excluidos de esta disposición los especialistas o científicos debidamente facultados por la autoridad competente, que las emplearen con fines de investigación. Quien para obtener ventajas de cualquier naturaleza o causar perjuicio en un espectáculo o competencia deportiva, incite o induzca a un deportista profesional o aficionado al consumo de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o que altere las condiciones naturales del deportista para obtener condiciones superiores de éste, será penado con prisión de tres a cinco años. Si el delito se hubiere cometido mediante coacción moral, engaño o de manera subrepticia, la pena será aumentada a la mitad.
Atribuciones del CNE
En este proyecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá atribuciones especiales, “en relación con el origen y manejo de los fondos, a los fines de evitar que reciban aportes económicos provenientes de la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, la legitimación de capitales o de actividades relacionadas con los mismos, para lo cual tendrá facultades de determinar, controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las
organizaciones con fines políticos”. Para cumplir con este objetivo el CNE podrá auditar, revisar las cuentas bancarias o depósitos de cualquier naturaleza de partidos políticos o grupos de electores, además de revisar los libros de contabilidad y administración, y los documentos relacionados con dichas actividades. Además tendrá que contar con una unidad especializada para sustanciar las investigaciones. Los jefes de campaña o encargados de las finanzas de los partidos deberán probar el origen lícito de los fondos y si no lo logran irían a la cárcel por seis u 8 años. Los que denuncien falsamente también serán castigados.
“El Estado, a través de sus órganos competentes (...) dispondrá la práctica anual de exámenes toxicológicos aplicando un método aleatorio a los funcionarios públicos, empleados, obreros y contratados de los órganos que integran el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como de las Empresas del Estado, Institutos Autónomos y demás entes descentralizados funcionalmente. Los
profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo los aspirantes de las instituciones de formación militar, alumnos, tropa alistada, empleados, obreros y cualquier otro personal civil contratado o ad honorem, deberán someterse a la aplicación anual de un examen toxicológico imprevisto de acuerdo a un programa de inspección controlada(...)”.
Así lo establece el artículo 25 del proyecto de Ley Orgánica de Drogas que entrará este martes a segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN). La normativa que fue aprobada en primera discusión hace más de un año sufrió cambios drásticos, comenzando por su denominación, puesto que en principio se trataba de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancia Estupefacientes y
Psicotrópicas. La ley también establece que se crearán comités de prevención en el consumo de drogas, tanto en los organismos y empresas del Estado, como en el sector privado. Igualmente, las empresas privadas con más de 50 empleados estarán obligadas a ofrecer empleo a consumidores rehabilitados.
Penas y delitos
Por otra parte, el tráfico de drogas será penado con 25 años de prsión, mientras que quien dirija o financie estas actividades será encarcelado por 30 años. Quien fabrique o transforme sustancias catalogadas como drogas recibirá una pena de 15 a 20 años. El tráfico ilícito de semillas, recinas y plantas recibirá una pena de 12 a 18 años. Igual pena recibirá quien cometa el delito de susitución o
sustracción de drogas. La posesión ilícita será penada con cárcel entre uno y dos años, mientras que el desvío de sustancias psicotrópicas será encerrado de 10 a12 años. Incluso la instigación a cometer cualquier delito tipificado en la ley será castigado con prisión de 10 a 20 meses, además del pago de una multa. El que con
amenaza, engaño o violencia, logre que alguna persona consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado con prisión de seis a ocho años. El que incite o induzca a alguna persona al consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que produzcan dependencia física o psíquica, será penado con prisión de cuatro a seis años. El que ilícita o indebidamente suministre o aplique a cualquier animal estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será
penado con prisión de dos a cuatro años. Cuando fueren animales de competencia, la pena se aumentará en un tercio. Quedan excluidos de esta disposición los especialistas o científicos debidamente facultados por la autoridad competente, que las emplearen con fines de investigación. Quien para obtener ventajas de cualquier naturaleza o causar perjuicio en un espectáculo o competencia deportiva, incite o induzca a un deportista profesional o aficionado al consumo de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o que altere las condiciones naturales del deportista para obtener condiciones superiores de éste, será penado con prisión de tres a cinco años. Si el delito se hubiere cometido mediante coacción moral, engaño o de manera subrepticia, la pena será aumentada a la mitad.
Atribuciones del CNE
En este proyecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá atribuciones especiales, “en relación con el origen y manejo de los fondos, a los fines de evitar que reciban aportes económicos provenientes de la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, la legitimación de capitales o de actividades relacionadas con los mismos, para lo cual tendrá facultades de determinar, controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las
organizaciones con fines políticos”. Para cumplir con este objetivo el CNE podrá auditar, revisar las cuentas bancarias o depósitos de cualquier naturaleza de partidos políticos o grupos de electores, además de revisar los libros de contabilidad y administración, y los documentos relacionados con dichas actividades. Además tendrá que contar con una unidad especializada para sustanciar las investigaciones. Los jefes de campaña o encargados de las finanzas de los partidos deberán probar el origen lícito de los fondos y si no lo logran irían a la cárcel por seis u 8 años. Los que denuncien falsamente también serán castigados.
lunes, 12 de julio de 2010
AN lleva 5 años sin presentar informes de funcionarios públicos
La AN lleva 5 años sin presentar informes de ministros y altos funcionarios
Desde que la Asamblea Nacional inció su segundo período legslativo, en el 2006, no se han presentado públicamente los informes de y memorias y cuentas de los ministros, ni de los altos funcionarios públicos que los consignan. Si bien, la presentación de los documentos se hacen en plenaria, los mismos no han sido analizados por las comisiones y esa es la queja de algunos diputados. Se conoce parte de ellos, porque los titulares de los poderes, como el Presidente de la República, la Fiscalía, la Contraloría o el Gabinete (a través del (vicepresidente cuando presenta las memorias y cuentas de los ministerios) leen discursos que tienen datos y algunas cifras. No obstante, el detalle de cada informe es secreta.
Pero, desde hace dos años, la situación se ha complicado, porque antes cada diputado recbía una copia digital por cada despacho y hasta la prensa tenía acceso a las meorias. En el 2008 y 2009, ese “filtro” ha sido imposible, porque “hay una orden de la presidencia” de no copiar, archivar o distribuir esos documentos. Este año, ni los diputados adquirieron sus copias y cando preguntan por los archivos les responden que no. Así de simple. Lo que se ha conocido de algunos ministerios ha sido mediante “fuentes’ dentro de los despachos que lo han filtrado a la prensa, pore so es que se conocen agunas cifras, como en el caso de Pdval o del ministerio de Finanzas o de Educación. La semana pasada, la diputada Pastora Medina reclamó por el informe que la Fiscal General consignó por secretaría, en junio, como presidenta del Consejo Moral Repúblicano, pero la respuesta fue negativa.
Pronunciamiento contra la Iglesia
Este martes, “en la Asamblea Nacional, se llevará a cabo un pronunciamiento de rechazo a esta práctica manipuladora de quien se aleja cada vez más de la fe cristiana, de quien se aleja una vez más de nuestro señor Jesucristo. Nosotros, desde el Parlamento, vamos a emprender un gran debate, que se debe dar desde todas las instancias, vamos a ver cuál es el papel de la Iglesia, no solo aquí en Venezuela, en el mundo, cuál es el papel de la jerarquía eclesiástica”. Así lo señaló la diputada Cilia Flores, presidenta de la AN a propósito de las declaraciones que hiciera el cardenal Urosa Savino sobre el presidente Hugo Chávez. “Debe aclarar a cuál legislación acusa, cuál es su ataque verdadero, que no sea más allá de asumir una vocería de los sectores oposicionistas de la derecha y del fascismo venezolano”. El punto ya fue colocado en la agenda de la plenaria.
El “expediente” de Urosa
Porcierto que en la web de la Asamblea hay un trabajo, realizado por el departamento de prensa, titulado: El expediente del Cardenal Jorge Urosa Savino, en el cual se afirma que el purpurado apoyó el golpe de estado de abril del 2002. El expediente, según la AN, es una recopilación de notas referidas a declaraciones del cardena, desde 1998.
Desde que la Asamblea Nacional inció su segundo período legslativo, en el 2006, no se han presentado públicamente los informes de y memorias y cuentas de los ministros, ni de los altos funcionarios públicos que los consignan. Si bien, la presentación de los documentos se hacen en plenaria, los mismos no han sido analizados por las comisiones y esa es la queja de algunos diputados. Se conoce parte de ellos, porque los titulares de los poderes, como el Presidente de la República, la Fiscalía, la Contraloría o el Gabinete (a través del (vicepresidente cuando presenta las memorias y cuentas de los ministerios) leen discursos que tienen datos y algunas cifras. No obstante, el detalle de cada informe es secreta.
Pero, desde hace dos años, la situación se ha complicado, porque antes cada diputado recbía una copia digital por cada despacho y hasta la prensa tenía acceso a las meorias. En el 2008 y 2009, ese “filtro” ha sido imposible, porque “hay una orden de la presidencia” de no copiar, archivar o distribuir esos documentos. Este año, ni los diputados adquirieron sus copias y cando preguntan por los archivos les responden que no. Así de simple. Lo que se ha conocido de algunos ministerios ha sido mediante “fuentes’ dentro de los despachos que lo han filtrado a la prensa, pore so es que se conocen agunas cifras, como en el caso de Pdval o del ministerio de Finanzas o de Educación. La semana pasada, la diputada Pastora Medina reclamó por el informe que la Fiscal General consignó por secretaría, en junio, como presidenta del Consejo Moral Repúblicano, pero la respuesta fue negativa.
Pronunciamiento contra la Iglesia
Este martes, “en la Asamblea Nacional, se llevará a cabo un pronunciamiento de rechazo a esta práctica manipuladora de quien se aleja cada vez más de la fe cristiana, de quien se aleja una vez más de nuestro señor Jesucristo. Nosotros, desde el Parlamento, vamos a emprender un gran debate, que se debe dar desde todas las instancias, vamos a ver cuál es el papel de la Iglesia, no solo aquí en Venezuela, en el mundo, cuál es el papel de la jerarquía eclesiástica”. Así lo señaló la diputada Cilia Flores, presidenta de la AN a propósito de las declaraciones que hiciera el cardenal Urosa Savino sobre el presidente Hugo Chávez. “Debe aclarar a cuál legislación acusa, cuál es su ataque verdadero, que no sea más allá de asumir una vocería de los sectores oposicionistas de la derecha y del fascismo venezolano”. El punto ya fue colocado en la agenda de la plenaria.
El “expediente” de Urosa
Porcierto que en la web de la Asamblea hay un trabajo, realizado por el departamento de prensa, titulado: El expediente del Cardenal Jorge Urosa Savino, en el cual se afirma que el purpurado apoyó el golpe de estado de abril del 2002. El expediente, según la AN, es una recopilación de notas referidas a declaraciones del cardena, desde 1998.
domingo, 11 de julio de 2010
Más de $ 3 mil millones de perdieron por alimentos podridos
Cien mil toneladas de alimentos, 7.900 contenedores, 3 mil millones de dólares, son cifras que, aisladas, no dicen nada, pero hilvanadas en este tejido que es Venezuela revelan una realidad que mantiene en vilo al país, desde hace un mes.
Los alimentos "podridos", "vencidos", "descompuestos" o "no conformes" han ocupado cada uno de los días del último mes y medio, desde que se supo del primer lote de containers que estaban en el puerto de Puerto Cabello y que tenían más de 30 mil toneladas de comida en mal estado.
Pero esos números revelan más: quizás uno de los escándalos más graves que ha tenido que enfrentar el Gobierno de Hugo Chávez y por el cual sus detractores afirman que "demuestra el desprecio y la desidia con que trata a los venezolanos".
En esto coincidieron los diputados a la Asamblea Nacional (AN) Pastora Medina (Frente Humanista y Ecológico) y Juan José Molina (Podemos), quienes han emprendido la tarea de investigar el caso, para dar con los responsables, denunciarlos y llevarlos ante la justicia, puesto que las respuestas que ha dado el Gobierno, a su juicio, "no han sido satisfactorias y tampoco dan muestras de que quieran castigar a los responsables". Piensan que los responsables deben dar la cara, porque se han perdido más de tres mil millones de dólares.
Pastora Medina: "Gobierno delincuencial"
-¿Cuál es el alcance de este asunto de los alimentos descompuestos o vencidos que se han venido encontrando en distintos estados, en el último mes?
-Desde hace tiempo creo que estamos atravesando etapas muy difíciles y espero que Dios nos ilumine. Primero porque estamos ante un Gobierno que actúa de una manera delincuencial, miente, engaña y manipula las cosas a su favor. Tampoco presenta cuentas y hace planes más allá de lo que puede controlar.
A la cabeza se encuentra el Presidente, quien pasa por encima de la Constitución, abusa de su poder y cambia las leyes usando esta mayoría que tiene en el Parlamento.
Esto le permite hacer muchas cosas para quedar bien ante el país y no quedar mal ante su gente, pero siempre le sale el tiro por la culata, porque a quien actúa de mala fe y con el fin de beneficiarse, siempre le sale el tiro por la culata.
Para la diputada, lo que está ocurriendo con los alimentos y medicinas obedece a una desproporción entre las compras que ordenó el Gobierno y la capacidad de almacenamiento. "Desde 2007 hasta 2009, según las informaciones que tenemos, se compraron 600 mil toneladas de alimentos y solamente teníamos capacidad para almacenar 400 mil toneladas. Aun así, hicieron la adquisición. Tenían que sacar de los puertos 2.000 contenedores por mes y, aunque no tenían el personal preparado ni capacitado para ello, siguieron comprando alimentos en volúmenes muy grandes, con la anuencia de una asesora cubana que trajeron aquí, Bárbara Cuesta Castillo, quien está en la Vicepresidencia".
Medina afirmó que desde la Presidencia "montan a esta funcionaria en un centro de balance de alimentos y desde allí ella comienza a dar órdenes para la compra desproporcionada de productos en una magnitud tal que nadie se explica".
Indicó que en 2008 "le compran a Brasil toneladas de leche y a Argentina, Nueva Zelanda y China, solamente por mencionar un rubro y algunos países.
Dijo que esa cantidad gigantesca de comida "les llegó casi toda al mismo tiempo y nadie había tomado la precaución (eso aún está por confirmarse) de comprobar que muchos de los alimentos los compraron a punto de vencerse".
Tardanza en nacionalizar mercancía
La diputada por el FHE mencionó el informe que Pdval le presentó a Pdvsa en enero de 2009 y que se ha dado a conocer en parte. "Allí se dice que en el Seniat, por ejemplo, estaban tardando demasiado para nacionalizar la mercancía, tanto que la que estaba en los puertos, la que estaba en cola esperando desembarque y la que venía en camino, se juntó. A esto se le unió el problema de la electricidad, la falta de mantenimiento y de previsión en el sistema de refrigeración".
Para rematar, recordó que al quitarles los puertos a los gobiernos locales, en este caso a Carabobo y a Puerto Cabello, "colocaron gente sumisa y afecta al proceso, pero que no tenía capacidad, ni experiencia, ni pericia para manejar una estructura de esta naturaleza. Ya el puerto venía afectado por el gobernador anterior, Luis Felipe Acosta Carlez. Todo esto generó un cuadro tan dantesco que creo que somos de los pocos países o tal vez el único que han vivido esta situación tan horrible de que se hayan descompuesto, que sepamos, más de 130 mil toneladas de alimentos".
Medina denunció que a estas alturas no hay ninguna respuesta satisfactoria, "todo lo que han hecho, con la detención de unos funcionarios, es poner parches, para tratar de lavarse la cara. Ellos están tratando de lavarse la cara ante el país, pero sin buscar una solución verdadera, ni enmendar el error y mucho menos atrapar a los verdaderos culpables".
La parlamentaria lleva un mes solicitando a la plenaria de la Asamblea Nacional que se debata el tema y, últimamente, que la comisión especial que se conformó presente un informe al respecto. "Ellos no están investigando nada, ni en el Gobierno, ni en el Parlamento. Esa comisión es fantasma". Sostuvo que, aunque los responsables "están a la vista", no hay interés en responsabilizarlos. "Este sistema que crearon para manejar alimentos tiene una cantidad de organismos cuya función no es ésa. A Bariven, a Pdvsa, a la Vicepresidencia las pusieron como operadoras de ese programa y se fueron superponiendo tareas y funcionarios que no sabían nada. La estructura se hizo tan grande que se les fue de las manos".
La entrevistada relató que en enero de 2009, fecha en que fue presentado el informe, se advierte la gravedad de la situación y lo que se les viene encima. "La gran cantidad de alimentos supera la capacidad de Pdvsa en el almacenamiento y distribución". "Hay deficiencia en el manejo de los alimentos por parte del personal aduanal en el proceso". "El transporte es insuficiente para el despacho al destino final". "Falta de personal adecuado para el manejo manual de alimentos". "No hay suficientes tomas eléctricas en las almacenadoras para mantener los productos refrigerados". "Falta de almacenes certificados por el Seniat para alimentos en tránsito". "Riesgo de daños de los alimentos por fecha de vencimiento y tiempo de almacenamiento". Ésas son solamente algunas de las observaciones que contiene el documento, por lo cual Medina ratificó que "ya Pdvsa sabía, le estaban alertando sobre el vencimiento de los alimentos", lamentó.
-¿Puede decir los nombres de los funcionarios del Gobierno que sabían de esto?
-Sí. El informe es claro. Se hizo una reunión en la Vicepresidencia, adonde asistieron el titular de ese despacho para la fecha, Ramón Carrizález; Luis Pulido, presidente de Pdval; Asdrúbal Chávez, Bárbara Cuesta Castillo; José David Cabello, superintendente del Seniat; Jesús Mantilla, ministro de Salud, y Félix Osorio.
-¿Qué hubo? ¿Negligencia? ¿Fue a propósito?
-Aquí, por lo que podemos ver, hay varios presuntos delitos, además de negligencia, indolencia, irresponsabilidad, falta de desempeño de los funcionarios. Ellos sabían lo que pasaba y no tomaron ninguna precaución. Hay complicidad y delito a conciencia, porque dejaron esa situación así. Y sólo porque les explota toman acciones. Aquí hay delitos cometidos desde el Presidente para abajo.
-¿Quién es esta señora Bárbara Cuestas?
-Recuerda que el Presidente siempre ha dicho que Cuba y Venezuela son un mismo país y siempre ha pretendido manejar la administración de Venezuela transfiriéndosela a Cuba, es decir dándole recursos a la isla, aunque no los pague ni los retribuya de alguna manera. Él se siente en la obligación de resolver los problemas a Cuba. No hay forma de saber por qué esa señora entró en el juego; lo que podemos decir, más allá de que es una alta funcionaria del Gobierno cubano y que está aquí con mucho poder, sería una especulación.
-El Gobierno dice que la denuncia la hicieron de ese lado. ¿Es así?
-Eso es mentira; la denuncia más importante la hace el actual Gobernador de Carabobo, en abril de 2008, y luego las diputadas del Consejo Legislativo. Por eso insistimos en pedir el informe 2009 de la Fiscalía y no ha habido manera de que nos lo entreguen. La Contraloría y la Fiscalía no hicieron nada para establecer responsabilidades, por un lado, y por el otro, por evitar lo que se está descubriendo ahora. No nos han dado ningún informe, ni siquiera lo distribuyeron. Es más, hace 5 años que no sabemos de los informes de los ministros.
-¿Qué cantidad de alimentos presumen se haya perdido realmente?
-Sólo sabemos lo de las 130 mil toneladas, pero presumo que hay más.
Niños con hambre
Pastora Medina no cesa de insistir en cada sesión plenaria en que el Parlamento se ocupe de las fallas del Programa Alimentario Escolar (PAE) y del Senifa que, según su opinión, están ligadas a los alimentos podridos. "Este año las escuelas bolivarianas no han recibido casi alimentos. Hay estados como Mérida donde en los centros educativos redujeron a tres horas las clases diarias, solamente para darles desayuno a los niños y no almuerzo. Este año, los estudiantes han salido muy mal preparados y la deserción escolar ha sido alta. Por otra parte, el plan de educación inicial también está muy mal atendido. En los hogares del Senifa, la comida de mayo se la dieron hace dos domingos, pero la carne es horrible, con grasa y de color extraño. Les dan apenas dos kilos de carne, dos pollos, harina Pan, arroz, crema de arroz, una lata de leche, para ocho niños por 21 días. Como no les alcanza, los padres ponen la fruta y a las madres les pagan con retraso. Ellas ganan escasos mil 200 bolívares mensuales y para pagarles las ponen a hacer colas inhumanas los domingos, cuando se supone deben descansar.
-Y de todo esto, ¿cuál sería la primera conclusión que se puede sacar?
-Creo que estamos viendo a un Gobierno que no respeta a este pueblo, que no tiene compromisos con el país, que no le preocupa la Constitución. Es un Gobierno delincuencial que no asume responsabilidades. Lamentablemente estamos en manos de cualquier cosa, menos de una instancia que nos gobierne, mientras el país está desguarnecido y el pueblo a la buena de Dios.
Juan José Molina: "No hubo un plan"
Por su parte, el diputado por Podemos resalta que este caso es una demostración del engaño del Gobierno. "Nos hablan de la soberanía alimentaria como una bandera, pero vemos cómo todo le ha salido mal. No es porque solamente hay gente incompetente, sino que la planificación necesaria para actividades de esta naturaleza no se corresponde con la realidad.
Relató que desde el año pasado, a raíz de una serie de inconvenientes que se comenzaron a presentar en los puertos de Puerto Cabello y de La Guaira, los organismos y las personas encargadas de los mismos empezaron a hacer reclamos al Gobierno, porque se estaban venciendo los productos que se estaban importando. "Había un aumento sustancial en la importación de alimentos, como consecuencia de la merma en la producción nacional que, a su vez, es el resultado de la política del Gobierno de expropiación, apropiación, invasiones de tierras, desmontaje productivo del parque industrial venezolano". Aseveró que esa política llevó a la importación masiva de productos sin planificación. "Las guías de entrega de los productos en los puertos ya anunciaban el vencimiento de los mismos, por lo que no eran aptos para el consumo humano y menos algunos que ya presentaban estado de putrefacción. Se hacen diagnósticos, se determina que poco más de 7 mil novecientos contenedores en los puertos de La Guaira y de Puerto Cabello, es decir, casi 100 mil toneladas de alimentos, no habían podido ser distribuidas entre los distintos centros de abastecimiento. Eso lleva a una situación grave, porque muchas de esas 100 mil toneladas estaban vencidas. Tenemos en nuestro poder una lista que contiene no solamente el número del contenedor, sino la naviera que trajo la carga, la fecha de descarga, el cliente, la fecha de vencimiento de la mercancía, el buque y los días de vencimiento de los alimentos".
Para Molina, la negligencia de los responsables del desastre es tal, que "podemos observar que se estaba descubriendo que la comida estaba vencida y entonces se comienza a planificar la distribución de esos productos ya vencidos, y eso es muy grave. Creo que es un delito de lesa humanidad, cuando se pretende, a través de ese plan de distribución de alimentos, abastecer al pueblo con comida vencida. La gente tiene que revisar, cuando vaya a Mercal y Pdval, que hay productos que no tienen la fecha de vencimiento anotada. Yo pudiera pensar que esos alimentos provienen de esos contenedores, que se les elimina la fecha por algún lado y se venden". Asimismo, advirtió que se pretende convertir más de 70% de esos productos en material para consumo animal. "Pero eso también sería grave. No obstante, hay algo peor. En los puertos hablan de cerca de 1 millón 10 mil toneladas métricas de productos alimenticios. Estamos hablando de que iban a transformar 70% en comida para animales; esto quiere decir que están admitiendo que toda la comida estaba vencida. Es fácil deducir que, en esos más de siete mil contenedores, unas 400 mil toneladas de comida pueden estar podridas, por lo que la están escondiendo, incinerando, enterrando, de manera clandestina, para que el pueblo no vea el desastre que resultó la importación excesiva de alimentos. Se dice que esos productos se compraron por seguridad alimentaria, pero no se logró, en parte porque no supieron qué hacer.
Lo que se perdió
Molina informó que "esta aventura le ha costado al pueblo, hasta 2008, 2.160 millones de dólares, además de 40% de este monto por el uso de los contenedores, equivalente a 900 millones de dólares. Hay algo que me pregunto. Esa mercancía viajaba asegurada. ¿Dónde y quién se benefició de esos seguros? Hay una serie de empresas implicadas. Por eso conformamos la comisión, para armar el expediente y pedir la interpelación, tanto de los funcionarios públicos como de los dueños de las empresas que están involucradas. Otros elementos que agravaron el problema fueron la deficiencia en la nacionalización de la mercancía y la creación de la Bolivariana de Puertos. Ha sido un caos. Es una empresa manejada por cubanos que recibe la mitad del importe por el almacenamiento, lo cual es una ganancia importante. Además pueden vender los productos que por abandono legal les corresponden y la mitad de la reventa de los mismos va para esta empresa". El legislador insiste en que "el delito principal es el de lesa humanidad, porque atentaron contra la vida de 25 millones de venezolanos. El Gobierno, al tratar de vender y de establecer estrategias para la venta de productos en mal estado, está atentando contra la vida y la salud del pueblo. Y detrás de todo esto, está el gran negocio que encierra una inmensa corrupción".
Los alimentos "podridos", "vencidos", "descompuestos" o "no conformes" han ocupado cada uno de los días del último mes y medio, desde que se supo del primer lote de containers que estaban en el puerto de Puerto Cabello y que tenían más de 30 mil toneladas de comida en mal estado.
Pero esos números revelan más: quizás uno de los escándalos más graves que ha tenido que enfrentar el Gobierno de Hugo Chávez y por el cual sus detractores afirman que "demuestra el desprecio y la desidia con que trata a los venezolanos".
En esto coincidieron los diputados a la Asamblea Nacional (AN) Pastora Medina (Frente Humanista y Ecológico) y Juan José Molina (Podemos), quienes han emprendido la tarea de investigar el caso, para dar con los responsables, denunciarlos y llevarlos ante la justicia, puesto que las respuestas que ha dado el Gobierno, a su juicio, "no han sido satisfactorias y tampoco dan muestras de que quieran castigar a los responsables". Piensan que los responsables deben dar la cara, porque se han perdido más de tres mil millones de dólares.
Pastora Medina: "Gobierno delincuencial"
-¿Cuál es el alcance de este asunto de los alimentos descompuestos o vencidos que se han venido encontrando en distintos estados, en el último mes?
-Desde hace tiempo creo que estamos atravesando etapas muy difíciles y espero que Dios nos ilumine. Primero porque estamos ante un Gobierno que actúa de una manera delincuencial, miente, engaña y manipula las cosas a su favor. Tampoco presenta cuentas y hace planes más allá de lo que puede controlar.
A la cabeza se encuentra el Presidente, quien pasa por encima de la Constitución, abusa de su poder y cambia las leyes usando esta mayoría que tiene en el Parlamento.
Esto le permite hacer muchas cosas para quedar bien ante el país y no quedar mal ante su gente, pero siempre le sale el tiro por la culata, porque a quien actúa de mala fe y con el fin de beneficiarse, siempre le sale el tiro por la culata.
Para la diputada, lo que está ocurriendo con los alimentos y medicinas obedece a una desproporción entre las compras que ordenó el Gobierno y la capacidad de almacenamiento. "Desde 2007 hasta 2009, según las informaciones que tenemos, se compraron 600 mil toneladas de alimentos y solamente teníamos capacidad para almacenar 400 mil toneladas. Aun así, hicieron la adquisición. Tenían que sacar de los puertos 2.000 contenedores por mes y, aunque no tenían el personal preparado ni capacitado para ello, siguieron comprando alimentos en volúmenes muy grandes, con la anuencia de una asesora cubana que trajeron aquí, Bárbara Cuesta Castillo, quien está en la Vicepresidencia".
Medina afirmó que desde la Presidencia "montan a esta funcionaria en un centro de balance de alimentos y desde allí ella comienza a dar órdenes para la compra desproporcionada de productos en una magnitud tal que nadie se explica".
Indicó que en 2008 "le compran a Brasil toneladas de leche y a Argentina, Nueva Zelanda y China, solamente por mencionar un rubro y algunos países.
Dijo que esa cantidad gigantesca de comida "les llegó casi toda al mismo tiempo y nadie había tomado la precaución (eso aún está por confirmarse) de comprobar que muchos de los alimentos los compraron a punto de vencerse".
Tardanza en nacionalizar mercancía
La diputada por el FHE mencionó el informe que Pdval le presentó a Pdvsa en enero de 2009 y que se ha dado a conocer en parte. "Allí se dice que en el Seniat, por ejemplo, estaban tardando demasiado para nacionalizar la mercancía, tanto que la que estaba en los puertos, la que estaba en cola esperando desembarque y la que venía en camino, se juntó. A esto se le unió el problema de la electricidad, la falta de mantenimiento y de previsión en el sistema de refrigeración".
Para rematar, recordó que al quitarles los puertos a los gobiernos locales, en este caso a Carabobo y a Puerto Cabello, "colocaron gente sumisa y afecta al proceso, pero que no tenía capacidad, ni experiencia, ni pericia para manejar una estructura de esta naturaleza. Ya el puerto venía afectado por el gobernador anterior, Luis Felipe Acosta Carlez. Todo esto generó un cuadro tan dantesco que creo que somos de los pocos países o tal vez el único que han vivido esta situación tan horrible de que se hayan descompuesto, que sepamos, más de 130 mil toneladas de alimentos".
Medina denunció que a estas alturas no hay ninguna respuesta satisfactoria, "todo lo que han hecho, con la detención de unos funcionarios, es poner parches, para tratar de lavarse la cara. Ellos están tratando de lavarse la cara ante el país, pero sin buscar una solución verdadera, ni enmendar el error y mucho menos atrapar a los verdaderos culpables".
La parlamentaria lleva un mes solicitando a la plenaria de la Asamblea Nacional que se debata el tema y, últimamente, que la comisión especial que se conformó presente un informe al respecto. "Ellos no están investigando nada, ni en el Gobierno, ni en el Parlamento. Esa comisión es fantasma". Sostuvo que, aunque los responsables "están a la vista", no hay interés en responsabilizarlos. "Este sistema que crearon para manejar alimentos tiene una cantidad de organismos cuya función no es ésa. A Bariven, a Pdvsa, a la Vicepresidencia las pusieron como operadoras de ese programa y se fueron superponiendo tareas y funcionarios que no sabían nada. La estructura se hizo tan grande que se les fue de las manos".
La entrevistada relató que en enero de 2009, fecha en que fue presentado el informe, se advierte la gravedad de la situación y lo que se les viene encima. "La gran cantidad de alimentos supera la capacidad de Pdvsa en el almacenamiento y distribución". "Hay deficiencia en el manejo de los alimentos por parte del personal aduanal en el proceso". "El transporte es insuficiente para el despacho al destino final". "Falta de personal adecuado para el manejo manual de alimentos". "No hay suficientes tomas eléctricas en las almacenadoras para mantener los productos refrigerados". "Falta de almacenes certificados por el Seniat para alimentos en tránsito". "Riesgo de daños de los alimentos por fecha de vencimiento y tiempo de almacenamiento". Ésas son solamente algunas de las observaciones que contiene el documento, por lo cual Medina ratificó que "ya Pdvsa sabía, le estaban alertando sobre el vencimiento de los alimentos", lamentó.
-¿Puede decir los nombres de los funcionarios del Gobierno que sabían de esto?
-Sí. El informe es claro. Se hizo una reunión en la Vicepresidencia, adonde asistieron el titular de ese despacho para la fecha, Ramón Carrizález; Luis Pulido, presidente de Pdval; Asdrúbal Chávez, Bárbara Cuesta Castillo; José David Cabello, superintendente del Seniat; Jesús Mantilla, ministro de Salud, y Félix Osorio.
-¿Qué hubo? ¿Negligencia? ¿Fue a propósito?
-Aquí, por lo que podemos ver, hay varios presuntos delitos, además de negligencia, indolencia, irresponsabilidad, falta de desempeño de los funcionarios. Ellos sabían lo que pasaba y no tomaron ninguna precaución. Hay complicidad y delito a conciencia, porque dejaron esa situación así. Y sólo porque les explota toman acciones. Aquí hay delitos cometidos desde el Presidente para abajo.
-¿Quién es esta señora Bárbara Cuestas?
-Recuerda que el Presidente siempre ha dicho que Cuba y Venezuela son un mismo país y siempre ha pretendido manejar la administración de Venezuela transfiriéndosela a Cuba, es decir dándole recursos a la isla, aunque no los pague ni los retribuya de alguna manera. Él se siente en la obligación de resolver los problemas a Cuba. No hay forma de saber por qué esa señora entró en el juego; lo que podemos decir, más allá de que es una alta funcionaria del Gobierno cubano y que está aquí con mucho poder, sería una especulación.
-El Gobierno dice que la denuncia la hicieron de ese lado. ¿Es así?
-Eso es mentira; la denuncia más importante la hace el actual Gobernador de Carabobo, en abril de 2008, y luego las diputadas del Consejo Legislativo. Por eso insistimos en pedir el informe 2009 de la Fiscalía y no ha habido manera de que nos lo entreguen. La Contraloría y la Fiscalía no hicieron nada para establecer responsabilidades, por un lado, y por el otro, por evitar lo que se está descubriendo ahora. No nos han dado ningún informe, ni siquiera lo distribuyeron. Es más, hace 5 años que no sabemos de los informes de los ministros.
-¿Qué cantidad de alimentos presumen se haya perdido realmente?
-Sólo sabemos lo de las 130 mil toneladas, pero presumo que hay más.
Niños con hambre
Pastora Medina no cesa de insistir en cada sesión plenaria en que el Parlamento se ocupe de las fallas del Programa Alimentario Escolar (PAE) y del Senifa que, según su opinión, están ligadas a los alimentos podridos. "Este año las escuelas bolivarianas no han recibido casi alimentos. Hay estados como Mérida donde en los centros educativos redujeron a tres horas las clases diarias, solamente para darles desayuno a los niños y no almuerzo. Este año, los estudiantes han salido muy mal preparados y la deserción escolar ha sido alta. Por otra parte, el plan de educación inicial también está muy mal atendido. En los hogares del Senifa, la comida de mayo se la dieron hace dos domingos, pero la carne es horrible, con grasa y de color extraño. Les dan apenas dos kilos de carne, dos pollos, harina Pan, arroz, crema de arroz, una lata de leche, para ocho niños por 21 días. Como no les alcanza, los padres ponen la fruta y a las madres les pagan con retraso. Ellas ganan escasos mil 200 bolívares mensuales y para pagarles las ponen a hacer colas inhumanas los domingos, cuando se supone deben descansar.
-Y de todo esto, ¿cuál sería la primera conclusión que se puede sacar?
-Creo que estamos viendo a un Gobierno que no respeta a este pueblo, que no tiene compromisos con el país, que no le preocupa la Constitución. Es un Gobierno delincuencial que no asume responsabilidades. Lamentablemente estamos en manos de cualquier cosa, menos de una instancia que nos gobierne, mientras el país está desguarnecido y el pueblo a la buena de Dios.
Juan José Molina: "No hubo un plan"
Por su parte, el diputado por Podemos resalta que este caso es una demostración del engaño del Gobierno. "Nos hablan de la soberanía alimentaria como una bandera, pero vemos cómo todo le ha salido mal. No es porque solamente hay gente incompetente, sino que la planificación necesaria para actividades de esta naturaleza no se corresponde con la realidad.
Relató que desde el año pasado, a raíz de una serie de inconvenientes que se comenzaron a presentar en los puertos de Puerto Cabello y de La Guaira, los organismos y las personas encargadas de los mismos empezaron a hacer reclamos al Gobierno, porque se estaban venciendo los productos que se estaban importando. "Había un aumento sustancial en la importación de alimentos, como consecuencia de la merma en la producción nacional que, a su vez, es el resultado de la política del Gobierno de expropiación, apropiación, invasiones de tierras, desmontaje productivo del parque industrial venezolano". Aseveró que esa política llevó a la importación masiva de productos sin planificación. "Las guías de entrega de los productos en los puertos ya anunciaban el vencimiento de los mismos, por lo que no eran aptos para el consumo humano y menos algunos que ya presentaban estado de putrefacción. Se hacen diagnósticos, se determina que poco más de 7 mil novecientos contenedores en los puertos de La Guaira y de Puerto Cabello, es decir, casi 100 mil toneladas de alimentos, no habían podido ser distribuidas entre los distintos centros de abastecimiento. Eso lleva a una situación grave, porque muchas de esas 100 mil toneladas estaban vencidas. Tenemos en nuestro poder una lista que contiene no solamente el número del contenedor, sino la naviera que trajo la carga, la fecha de descarga, el cliente, la fecha de vencimiento de la mercancía, el buque y los días de vencimiento de los alimentos".
Para Molina, la negligencia de los responsables del desastre es tal, que "podemos observar que se estaba descubriendo que la comida estaba vencida y entonces se comienza a planificar la distribución de esos productos ya vencidos, y eso es muy grave. Creo que es un delito de lesa humanidad, cuando se pretende, a través de ese plan de distribución de alimentos, abastecer al pueblo con comida vencida. La gente tiene que revisar, cuando vaya a Mercal y Pdval, que hay productos que no tienen la fecha de vencimiento anotada. Yo pudiera pensar que esos alimentos provienen de esos contenedores, que se les elimina la fecha por algún lado y se venden". Asimismo, advirtió que se pretende convertir más de 70% de esos productos en material para consumo animal. "Pero eso también sería grave. No obstante, hay algo peor. En los puertos hablan de cerca de 1 millón 10 mil toneladas métricas de productos alimenticios. Estamos hablando de que iban a transformar 70% en comida para animales; esto quiere decir que están admitiendo que toda la comida estaba vencida. Es fácil deducir que, en esos más de siete mil contenedores, unas 400 mil toneladas de comida pueden estar podridas, por lo que la están escondiendo, incinerando, enterrando, de manera clandestina, para que el pueblo no vea el desastre que resultó la importación excesiva de alimentos. Se dice que esos productos se compraron por seguridad alimentaria, pero no se logró, en parte porque no supieron qué hacer.
Lo que se perdió
Molina informó que "esta aventura le ha costado al pueblo, hasta 2008, 2.160 millones de dólares, además de 40% de este monto por el uso de los contenedores, equivalente a 900 millones de dólares. Hay algo que me pregunto. Esa mercancía viajaba asegurada. ¿Dónde y quién se benefició de esos seguros? Hay una serie de empresas implicadas. Por eso conformamos la comisión, para armar el expediente y pedir la interpelación, tanto de los funcionarios públicos como de los dueños de las empresas que están involucradas. Otros elementos que agravaron el problema fueron la deficiencia en la nacionalización de la mercancía y la creación de la Bolivariana de Puertos. Ha sido un caos. Es una empresa manejada por cubanos que recibe la mitad del importe por el almacenamiento, lo cual es una ganancia importante. Además pueden vender los productos que por abandono legal les corresponden y la mitad de la reventa de los mismos va para esta empresa". El legislador insiste en que "el delito principal es el de lesa humanidad, porque atentaron contra la vida de 25 millones de venezolanos. El Gobierno, al tratar de vender y de establecer estrategias para la venta de productos en mal estado, está atentando contra la vida y la salud del pueblo. Y detrás de todo esto, está el gran negocio que encierra una inmensa corrupción".
jueves, 8 de julio de 2010
Creen que somos tontos...
Caso de Chávez Abarca sirve para tapar situación del país
Diputados a la Asamblea Nacional (AN) por Podemos y Frente Humanista,
solicitaron a sus colegas del PSUV y al Gobierno en general que hagan
una investigación “seria”, en relación con el presunto terrorista
salvadoreño, Francisco Chávez Abarca, deportado hace unas horas a Cuba
y denunciaron que el Gobierno usa ese tema para “tapar” los problemas
del país.
Y es que el tema surgió en la lectura de la cuenta, donde el diputado
Juan Mendoza, presidente de la comisión que investiga los supuestos
vínculos de Chávez Abarca con la oposición y con hechos terroristas.
Mendoza comenzó presentando el vídeo que fue difundido el miércoles en
cadena nacional, donde aparece Chávez Abarca, confesando que supuestamente actúa bajo las órdenes de Luis Posada Carriles. Por su
parte, Ismael García, intervino para destacar que “cuando el parlamento quiere hacer investigaciones debe incluir a todas las partes, traer pruebas y presentar informes. Aquí no se hace eso, las intervenciones de los diputados carecen de seriedad. Ustedes son quienes banalizan la investigación”. Resaltó que ya no “recuerdan cuántas denuncias de intentos de magnicidio se han hecho y recalcó que la comisión designada para eso “no ha presentado un nombre, un hecho concreto, una prueba. Tengan seriedad, por el significado de estas denuncias. Ustedes son lo que han convertido esto en una gran cháchara”.
El silencio de los medios
El diputado Mendoza dijo que presentaban el material grabado “porque
los medios de comunicación privados están aplicando un silencio
cómplice”, respecto al tema. “Estamos esperando que el gobierno de los
estados Unidos diga qué va a asar por Posada Carriles, que la Iglesia
no diga que condena estos hechos”.Pidió felicitar y aplaudir al
gobierno y a los cuerpos de seguridad “por haber capturado a este
furioso asesino”. Exhortó a los medios a “que le den el valor que este
caso se merece, incluso por un asunto de seguridad de Estado”.
Séptimo rechazo
Aprovechando que el debate era sobre una investigación, los diputados
Ismael García y Pastora Medina insistieron que debatir el tema de los
alimentos descompuestos, pero, por séptima vez, no se discusión, con
el argumento de que ya hay una comisión trabajando en eso. “Aquí se
niega la posibilidad de discutir este hecho tan grave. Así como se ha
presentado el vídeo, habríamos deseado ver otra grabación, pero con
los contenedores de comida podrida o vencida. ¿Por qué no presentan
eso? Eso sí es un acto terrorista y de lesa humanidad”, dijo García.
Instó al Gobierno a que, en lugar de usar a los organismos del Estado
para callar a disidencia, lo utilicen para “perseguir el crimen, por
que ya van 150 mil muertos en el país, en 11 años. Tratan ocultar lo
que pasa el país o no les cuadran las cuentas. A última hora, la
plenaria aprobó un acuerdo de rechazo a ña decisión del Parlamento
Europeo contra Venezuela, por el caso de la juez María Afiuni.
Supervisará 12 clínicas por muertes en emergencias
El presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, diputado Reinaldo
García, anunció que supervisarán a 12 clínicas del país que han sido
denunciadas por las muertes de pacientes que presuntamente no fueron
atendidos por esperar la clave del seguro. Agregó que entre éstas están: el Hospital de Clínicas Caracas, Clínica El Ávila, ambas en Caracas; La Viña, estado Carabobo; El Paraíso, estado Zulia, entre otras, ya que están interesados en que se esclarezcan los casos que han sido denunciados en la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y que, posteriormente, fueron remitidos a
la instancia que representa la cual trabaja conjuntamente con la
Subcomisión de Salud.
“Tenemos que atacar fuertemente, sin contemplaciones, este método que
utilizan las clínicas y para ello debemos sentar un precedente. Las
investigaciones continúan no solamente en el caso de Azócar, sino
también en 12 clínicas”, explicó. Hizo un llamamiento a las personas que se sientan afectadas para que denuncien en la Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión de Política Interior, ubicada en el edificio “José María Vargas”, esquina de Pajaritos, piso tres. También pueden hacerlo ante el Ministerio Público.
Caso Oscar Azócar
Anunció que próximamente visitarán la Clínica La Viña, estado Carabobo, para recabar información sobre la muerte del grandeliga Oscar Azócar, de 45 años de edad, ocurrida el pasado 14 de junio de 2010 en dicho centro. “Lo que buscamos es esclarecer este hecho”. De resultar responsables los médicos que lo atendieron, “acudiremos al Ministerio Público para que de manera individual realice las acusaciones penales correspondientes”.
Precisó que la AN continuará realizando un control a todas las clínicas conjuntamente con las diferentes instituciones, como Defensoría del Pueblo, Ministerio Público e Indepabis, “porque nosotros tenemos que erradicar esa cultura de la famosa clave, es decir, no atienden las emergencias y existe el riesgo de que quienes acuden a estos centros de salud mueran por falta de atención”.
Es de recordar que esta investigación se inició a raíz de que los
familiares de Azócar denunciaron en la comisión que éste murió a causa
de mala praxis médica, “nunca lo atendió un cardiólogo y cuando apareció ya no había nada que hacer porque ya estaba muerto”.
Diputados a la Asamblea Nacional (AN) por Podemos y Frente Humanista,
solicitaron a sus colegas del PSUV y al Gobierno en general que hagan
una investigación “seria”, en relación con el presunto terrorista
salvadoreño, Francisco Chávez Abarca, deportado hace unas horas a Cuba
y denunciaron que el Gobierno usa ese tema para “tapar” los problemas
del país.
Y es que el tema surgió en la lectura de la cuenta, donde el diputado
Juan Mendoza, presidente de la comisión que investiga los supuestos
vínculos de Chávez Abarca con la oposición y con hechos terroristas.
Mendoza comenzó presentando el vídeo que fue difundido el miércoles en
cadena nacional, donde aparece Chávez Abarca, confesando que supuestamente actúa bajo las órdenes de Luis Posada Carriles. Por su
parte, Ismael García, intervino para destacar que “cuando el parlamento quiere hacer investigaciones debe incluir a todas las partes, traer pruebas y presentar informes. Aquí no se hace eso, las intervenciones de los diputados carecen de seriedad. Ustedes son quienes banalizan la investigación”. Resaltó que ya no “recuerdan cuántas denuncias de intentos de magnicidio se han hecho y recalcó que la comisión designada para eso “no ha presentado un nombre, un hecho concreto, una prueba. Tengan seriedad, por el significado de estas denuncias. Ustedes son lo que han convertido esto en una gran cháchara”.
El silencio de los medios
El diputado Mendoza dijo que presentaban el material grabado “porque
los medios de comunicación privados están aplicando un silencio
cómplice”, respecto al tema. “Estamos esperando que el gobierno de los
estados Unidos diga qué va a asar por Posada Carriles, que la Iglesia
no diga que condena estos hechos”.Pidió felicitar y aplaudir al
gobierno y a los cuerpos de seguridad “por haber capturado a este
furioso asesino”. Exhortó a los medios a “que le den el valor que este
caso se merece, incluso por un asunto de seguridad de Estado”.
Séptimo rechazo
Aprovechando que el debate era sobre una investigación, los diputados
Ismael García y Pastora Medina insistieron que debatir el tema de los
alimentos descompuestos, pero, por séptima vez, no se discusión, con
el argumento de que ya hay una comisión trabajando en eso. “Aquí se
niega la posibilidad de discutir este hecho tan grave. Así como se ha
presentado el vídeo, habríamos deseado ver otra grabación, pero con
los contenedores de comida podrida o vencida. ¿Por qué no presentan
eso? Eso sí es un acto terrorista y de lesa humanidad”, dijo García.
Instó al Gobierno a que, en lugar de usar a los organismos del Estado
para callar a disidencia, lo utilicen para “perseguir el crimen, por
que ya van 150 mil muertos en el país, en 11 años. Tratan ocultar lo
que pasa el país o no les cuadran las cuentas. A última hora, la
plenaria aprobó un acuerdo de rechazo a ña decisión del Parlamento
Europeo contra Venezuela, por el caso de la juez María Afiuni.
Supervisará 12 clínicas por muertes en emergencias
El presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, diputado Reinaldo
García, anunció que supervisarán a 12 clínicas del país que han sido
denunciadas por las muertes de pacientes que presuntamente no fueron
atendidos por esperar la clave del seguro. Agregó que entre éstas están: el Hospital de Clínicas Caracas, Clínica El Ávila, ambas en Caracas; La Viña, estado Carabobo; El Paraíso, estado Zulia, entre otras, ya que están interesados en que se esclarezcan los casos que han sido denunciados en la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y que, posteriormente, fueron remitidos a
la instancia que representa la cual trabaja conjuntamente con la
Subcomisión de Salud.
“Tenemos que atacar fuertemente, sin contemplaciones, este método que
utilizan las clínicas y para ello debemos sentar un precedente. Las
investigaciones continúan no solamente en el caso de Azócar, sino
también en 12 clínicas”, explicó. Hizo un llamamiento a las personas que se sientan afectadas para que denuncien en la Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión de Política Interior, ubicada en el edificio “José María Vargas”, esquina de Pajaritos, piso tres. También pueden hacerlo ante el Ministerio Público.
Caso Oscar Azócar
Anunció que próximamente visitarán la Clínica La Viña, estado Carabobo, para recabar información sobre la muerte del grandeliga Oscar Azócar, de 45 años de edad, ocurrida el pasado 14 de junio de 2010 en dicho centro. “Lo que buscamos es esclarecer este hecho”. De resultar responsables los médicos que lo atendieron, “acudiremos al Ministerio Público para que de manera individual realice las acusaciones penales correspondientes”.
Precisó que la AN continuará realizando un control a todas las clínicas conjuntamente con las diferentes instituciones, como Defensoría del Pueblo, Ministerio Público e Indepabis, “porque nosotros tenemos que erradicar esa cultura de la famosa clave, es decir, no atienden las emergencias y existe el riesgo de que quienes acuden a estos centros de salud mueran por falta de atención”.
Es de recordar que esta investigación se inició a raíz de que los
familiares de Azócar denunciaron en la comisión que éste murió a causa
de mala praxis médica, “nunca lo atendió un cardiólogo y cuando apareció ya no había nada que hacer porque ya estaba muerto”.
miércoles, 7 de julio de 2010
Cansados de la ineficiencia de los chavistas
Diputados opositores investigarán por su cuenta caso de alimentos descompuestos
Diputados a la Asamblea Nacional (AN), por Podemos y el Frente Humanista, decidieron conformar una comisión paralela para investigar lo relacionado con las más de 120 mil toneladas de alimentos descompuestos y vencidos, encontrados en varios estados del país.
Juan José Molina (Podemos) y Pastora Medina (FH) tomaron la decisión “ante la negativa de la plenaria de la AN de debatir e investigar este caso que es, quizás, el más grave que se ha cometido en este gobierno, porque jugaron y están jugando con la comida del pueblo”, informó Molina, quien ha venido recabando pruebas para “formar el expediente que vamos a presentar ante la opinión pública”.
“Decidimos trabajar, de manera autónoma, todas las denuncias que se han hecho desde hace más de un mes, porque aquí en el Parlamento lo han negado seis veces. Porque no es cierto que se esté trabajando, hasta ahora no sabemos, siquiera, quién conforma la instancia mixta que supuestamente preside el diputado Mario Isea”, dijo Juan José Molina.
Informó que el plazo de la comisión venció el pasado dos de julio y “estamos seguros que van a pedir una prórroga, por un mes más, aprovechando el reglamento, para seguir dilatando la presentación del informe que están obligados a presentar”.
Tienen pruebas
Dijo que a sus manos han llegado “elementos que prueban las serias irregularidades cometidas por funcionarios y ex públicos involucrados, como el caso de Ramón Carrizalez, ex vicepresidente de la República, Jesús Mantilla, ex titular de Salud, entre otros.
Adelantó que las expectativas de la comisión es aglutinar a varios expertos, no solamente a diputados, sino a profesionales de la salud, nutricionistas, médicos y abogados, para que nos expliquen los alcances “de este delito de lesa humanidad; porque eso fue lo que hicieron estas personas que compraron los alimentos y dejaron que se descompongan o se venzan, sin importarles las implicaciones de salud, además de los actos de corrupción que rodean este caso”. Indicó que pedirán interpelar al presidente de Pdvsa, al superintendente del Seniat, José David Cabello, e incluso a los detenidos. Esperan elaborar un informe para consignarlo a la AN y a la Fiscalía y a los organismos que sean necesarios.
Gobierno no debe monopolizar sector eléctrico
“Ejercer el servicio eléctrico bajo un régimen de monopolio por parte del Ejecutivo no permitirá salir de la crisis actual y es contrario a los principios fundamentales de la Constitución”. Esta afirmación forma parte del conjunto de propuestas y sugerencias que el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) consignó ante la comisión de Energía de la Asamblea Nacional (AN), en relación con el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Energía Eléctrica que está en fase de consulta. El presidente del CIV, Enzo Betancourt firma el documento en el cual insisten en que la modificación de la Ley vigente, “debe dar especial apoyo a la participación y aporte del sector privado y a la libre competencia en la industria eléctrica venezolana”. Igualmente sostienen que la regulación, supervisión, fiscalización y control de las actividades que constituyen el servicio, deben ser ejercidas por la Comisión Nacional prevista en el instrumento legal vigente, actuando como un ente desconcentrado, con patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional y con autonomía funcional, administrativa y financiera”.
Profesionales y no improvisados
El documento hace especial énfasis en que esa comisión debe estar integrada “por los profesionales venezolanos más capacitados y experimentados con que cuenta el país, capaces de reiniciar un proceso
metódico de planificación y reordenamiento del sector eléctrico”. También recomienda que el Gobierno declare “de alta prioridad” a los proyectos expansión hidroeléctrica y termoeléctrica que están retrasados o deferidos, como los complejos La Vueltosa, Ezequiel Zamora, Alberto Lovera, La Raiza, Termo centro Cumaná y San Diego de Cabrutica”. Incluye entre las obras con prioridad “la rehabilitación de la unidad 1 del Complejo Termoeléctrico Planta Centro, así como continuar con la modernización de las demás unidades”.
No venderle energía a Brasil
Destacan que se debe eliminar las sobrecargas en las redes de transmisión y distribución que representan la principal causa de pérdidas de energía”. También recomiendan acelerar “la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma y piden adelantar media hora “la hora legal de Venezuela para el mayor aprovechamiento de la luz solar”. Sugieren llegar a un acuerdo para que Colombia suministre 200 Mw a Venezuela, a través de los sistemas de interconexión que hay entre ambos países. Sobre Brasil, el documento recomienda que se suspenda totalmente la venta de electricidad a ese país.
Aprobada Reforma
La Comisión de Finanzas aprobó el informe para la segunda discusión de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 178, a través del cual se le permite al Ejecutivo nacional presentar el Marco Plurianual del Presupuesto con carácter informativo cuando presente el presupuesto del año 2011.
Se debe presentar un informe global, el cual se encuentre plenamente vinculado con el contenido del referido marco, así que se modifica el artículo 178 de la siguiente forma: Artículo 178: En la oportunidad de presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, el Ejecutivo Nacional presentará, a los fines informativos, el marco plurianual del presupuesto correspondiente a los ejercicios 2011 al 2013, así como el informe global correspondiente a dicho año.
Diputados a la Asamblea Nacional (AN), por Podemos y el Frente Humanista, decidieron conformar una comisión paralela para investigar lo relacionado con las más de 120 mil toneladas de alimentos descompuestos y vencidos, encontrados en varios estados del país.
Juan José Molina (Podemos) y Pastora Medina (FH) tomaron la decisión “ante la negativa de la plenaria de la AN de debatir e investigar este caso que es, quizás, el más grave que se ha cometido en este gobierno, porque jugaron y están jugando con la comida del pueblo”, informó Molina, quien ha venido recabando pruebas para “formar el expediente que vamos a presentar ante la opinión pública”.
“Decidimos trabajar, de manera autónoma, todas las denuncias que se han hecho desde hace más de un mes, porque aquí en el Parlamento lo han negado seis veces. Porque no es cierto que se esté trabajando, hasta ahora no sabemos, siquiera, quién conforma la instancia mixta que supuestamente preside el diputado Mario Isea”, dijo Juan José Molina.
Informó que el plazo de la comisión venció el pasado dos de julio y “estamos seguros que van a pedir una prórroga, por un mes más, aprovechando el reglamento, para seguir dilatando la presentación del informe que están obligados a presentar”.
Tienen pruebas
Dijo que a sus manos han llegado “elementos que prueban las serias irregularidades cometidas por funcionarios y ex públicos involucrados, como el caso de Ramón Carrizalez, ex vicepresidente de la República, Jesús Mantilla, ex titular de Salud, entre otros.
Adelantó que las expectativas de la comisión es aglutinar a varios expertos, no solamente a diputados, sino a profesionales de la salud, nutricionistas, médicos y abogados, para que nos expliquen los alcances “de este delito de lesa humanidad; porque eso fue lo que hicieron estas personas que compraron los alimentos y dejaron que se descompongan o se venzan, sin importarles las implicaciones de salud, además de los actos de corrupción que rodean este caso”. Indicó que pedirán interpelar al presidente de Pdvsa, al superintendente del Seniat, José David Cabello, e incluso a los detenidos. Esperan elaborar un informe para consignarlo a la AN y a la Fiscalía y a los organismos que sean necesarios.
Gobierno no debe monopolizar sector eléctrico
“Ejercer el servicio eléctrico bajo un régimen de monopolio por parte del Ejecutivo no permitirá salir de la crisis actual y es contrario a los principios fundamentales de la Constitución”. Esta afirmación forma parte del conjunto de propuestas y sugerencias que el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) consignó ante la comisión de Energía de la Asamblea Nacional (AN), en relación con el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Energía Eléctrica que está en fase de consulta. El presidente del CIV, Enzo Betancourt firma el documento en el cual insisten en que la modificación de la Ley vigente, “debe dar especial apoyo a la participación y aporte del sector privado y a la libre competencia en la industria eléctrica venezolana”. Igualmente sostienen que la regulación, supervisión, fiscalización y control de las actividades que constituyen el servicio, deben ser ejercidas por la Comisión Nacional prevista en el instrumento legal vigente, actuando como un ente desconcentrado, con patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional y con autonomía funcional, administrativa y financiera”.
Profesionales y no improvisados
El documento hace especial énfasis en que esa comisión debe estar integrada “por los profesionales venezolanos más capacitados y experimentados con que cuenta el país, capaces de reiniciar un proceso
metódico de planificación y reordenamiento del sector eléctrico”. También recomienda que el Gobierno declare “de alta prioridad” a los proyectos expansión hidroeléctrica y termoeléctrica que están retrasados o deferidos, como los complejos La Vueltosa, Ezequiel Zamora, Alberto Lovera, La Raiza, Termo centro Cumaná y San Diego de Cabrutica”. Incluye entre las obras con prioridad “la rehabilitación de la unidad 1 del Complejo Termoeléctrico Planta Centro, así como continuar con la modernización de las demás unidades”.
No venderle energía a Brasil
Destacan que se debe eliminar las sobrecargas en las redes de transmisión y distribución que representan la principal causa de pérdidas de energía”. También recomiendan acelerar “la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma y piden adelantar media hora “la hora legal de Venezuela para el mayor aprovechamiento de la luz solar”. Sugieren llegar a un acuerdo para que Colombia suministre 200 Mw a Venezuela, a través de los sistemas de interconexión que hay entre ambos países. Sobre Brasil, el documento recomienda que se suspenda totalmente la venta de electricidad a ese país.
Aprobada Reforma
La Comisión de Finanzas aprobó el informe para la segunda discusión de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 178, a través del cual se le permite al Ejecutivo nacional presentar el Marco Plurianual del Presupuesto con carácter informativo cuando presente el presupuesto del año 2011.
Se debe presentar un informe global, el cual se encuentre plenamente vinculado con el contenido del referido marco, así que se modifica el artículo 178 de la siguiente forma: Artículo 178: En la oportunidad de presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, el Ejecutivo Nacional presentará, a los fines informativos, el marco plurianual del presupuesto correspondiente a los ejercicios 2011 al 2013, así como el informe global correspondiente a dicho año.
martes, 6 de julio de 2010
Denuncian la “caja negra” de las finanzas públicas
La aprobación en primera discusión de la reforma de la Ley orgánica de la Administración financiera del Sector Público, puso en la agenda de la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), el tema del manejo de las finanzas públicas y el poco conocimiento que de ellas se tiene.
Y es que el diputado por Podemos, Ricardo Gutiérrez, calificó esas finanzas como "una caja negra", luego de que su colega Ricardo Sanguino, informó los motivos por los cuales se reformará la norma. El cambio que se hará en la ley es puntual y se trata del artículo 178 que quedará redactado así: "En la oportunidad de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, el Ejecutivo presentará a la Asamblea Nacional a los fines informativos, el marco plurianual del presupuesto correspondiente a los ejercicios 2011 al 2013, así como el informe global correspondiente a dicho año. A partir del período correspondiente a los ejercicios 2014 al 2016, inclusive el marco plurianual del presupuesto, se formulará y sancionará conforme a las previsiones del Título II de la presente Ley". Pero el diputado Gutiérrez reaccionó diciendo que lo importante no es que el Ejecutivo no presente una ley con sus proyectos, con cuatro años de adelanto, sino que "nadie conoce cómo se manejan las finanzas públicas, no se sabe cómo se ejecutan los recursos de la renta petrolera y menos qué cantidad de divisas entran realmente al Banco Central de Venezuela": Aseveró que la "nula información que tenemos se agrava con la desconfianza que hay en torno a los indicadores. Acabaron con la autonomía del BCV y estamos en un limbo económico. Lo peor es que no estamos preparados para los que se nos avecina", afirmó. Propuso que durante esta reforma se haga un debate público con los titulares del BCV, Finanzas y Pdvsa, pero la respuesta de Sanguino fue que "ahora ms que nunca el pueblo está informado" y que "los medios informan sobre lo que pasa en la economía y que en Internet se puede ver cómo funciona la tesorería": Wilmer Iglesias, por el PPT apoyó el debate y preguntó "¿cómo, si el pueblo está tan enterado, el propio presidente Hugo Chávez está inconforme con la información que tiene sobre la economía del país?": Al final, la propuesta quedó en el limbo y la Ley será reformada por la vía expres.
Y es que el diputado por Podemos, Ricardo Gutiérrez, calificó esas finanzas como "una caja negra", luego de que su colega Ricardo Sanguino, informó los motivos por los cuales se reformará la norma. El cambio que se hará en la ley es puntual y se trata del artículo 178 que quedará redactado así: "En la oportunidad de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, el Ejecutivo presentará a la Asamblea Nacional a los fines informativos, el marco plurianual del presupuesto correspondiente a los ejercicios 2011 al 2013, así como el informe global correspondiente a dicho año. A partir del período correspondiente a los ejercicios 2014 al 2016, inclusive el marco plurianual del presupuesto, se formulará y sancionará conforme a las previsiones del Título II de la presente Ley". Pero el diputado Gutiérrez reaccionó diciendo que lo importante no es que el Ejecutivo no presente una ley con sus proyectos, con cuatro años de adelanto, sino que "nadie conoce cómo se manejan las finanzas públicas, no se sabe cómo se ejecutan los recursos de la renta petrolera y menos qué cantidad de divisas entran realmente al Banco Central de Venezuela": Aseveró que la "nula información que tenemos se agrava con la desconfianza que hay en torno a los indicadores. Acabaron con la autonomía del BCV y estamos en un limbo económico. Lo peor es que no estamos preparados para los que se nos avecina", afirmó. Propuso que durante esta reforma se haga un debate público con los titulares del BCV, Finanzas y Pdvsa, pero la respuesta de Sanguino fue que "ahora ms que nunca el pueblo está informado" y que "los medios informan sobre lo que pasa en la economía y que en Internet se puede ver cómo funciona la tesorería": Wilmer Iglesias, por el PPT apoyó el debate y preguntó "¿cómo, si el pueblo está tan enterado, el propio presidente Hugo Chávez está inconforme con la información que tiene sobre la economía del país?": Al final, la propuesta quedó en el limbo y la Ley será reformada por la vía expres.
lunes, 5 de julio de 2010
El fracaso en el sector salud
En la AN denuncian que se han descuidado los programas preventivos de salud
El repunte de enfermedades como el dengue, malaria, leishmaniasis, chagas, entre otras, se ha convertido en una "gran preocupación", para varios diputados en la Asamblea Nacional (AN), donde se afirma que se han descuidado los programas preventivos.
El diputado Tirso Silva, médico y miembro de la comisión de Finanzas del Parlamento, manifestó ese descontento por el modo como se han venido manejando estos problemas en el Ministerio de Salud.
"En el despacho deben pronunciarse, porque se están diciendo medias verdades. Por ejemplo, en cuanto a que los programas de fumigación se están cumpliendo. Al contrario, una de las grandes fallas es que la fumigación no se hace. Ahora, incluso han dicho que el chagas es citadino. ¿Qué es eso?", preguntó.
A su juicio, lo que pasa es que "nos descuidamos con los programas y hay que asumir nuestra responsabilidad. Ojalá la nueva ministra, Eugenia Sader, cumpla y haga la tarea de ordenar el adiestramiento a las comunidades para luchar contra estas plagas y que también se emprendan las medidas que se ameritan".
Hay que admitir el fracaso
Para el parlamentario, "no hacerlo sería admitir el fracaso del tema de la salud. A nosotros no nos queda bien que hoy, a estas alturas de la vida, tengamos brotes de chagas, por descuido de los programas preventivos y por falta de adiestramiento de las comunidades", insistió. Advirtió que desde la Asamblea Nacional "le vamos a hacer seguimiento a las declaraciones de la ministra Sader, porque estamos cansados de anuncios que jamás se cumplen".
Recursos no han faltado
En relación con la gran cantidad de recursos que se han asignado a la Salud y ahora hay otro ministro a cargo, Tirso Silva espera que "no se haga borrón y cuenta nueva. La lectura que hay que darle es que el fracaso en los programas de salud no ha sido por falta de dinero, porque esta Asamblea ha aprobado cuantiosos recursos. La AN ha dado un apoyo irrestricto en cuanto a los recursos que se requieren para el sector. Aquí se acompaña al Gobierno en este sentido. Sin embargo, la ineficiencia y la negligencia, han estado a la orden del día de quienes han estado al frente de este despacho y eso hay que admitirlo y reconocerlo. Vamos a revisarnos a ver dónde estamos fallando, vamos a reimpulsar esto, pero tenemos que ser sinceros, ha habido mucha negligencia y poca eficiencia y allí están los resultamos, lamentables, por cierto.
Es una vergüenza
Agregó que la situación de la salud pública en el país "es vergonzosa, porque un programa como el de Barrio Adentro que fue un ejemplo mundial, si se quiere, ha venido decayendo, por culpa de funcionarios negligentes". Silva celebra que ahora al frente del despacho "esté un médico, a quien no le es extraño el lenguaje, el problema, ni el manejo de las enfermedades".
El repunte de enfermedades como el dengue, malaria, leishmaniasis, chagas, entre otras, se ha convertido en una "gran preocupación", para varios diputados en la Asamblea Nacional (AN), donde se afirma que se han descuidado los programas preventivos.
El diputado Tirso Silva, médico y miembro de la comisión de Finanzas del Parlamento, manifestó ese descontento por el modo como se han venido manejando estos problemas en el Ministerio de Salud.
"En el despacho deben pronunciarse, porque se están diciendo medias verdades. Por ejemplo, en cuanto a que los programas de fumigación se están cumpliendo. Al contrario, una de las grandes fallas es que la fumigación no se hace. Ahora, incluso han dicho que el chagas es citadino. ¿Qué es eso?", preguntó.
A su juicio, lo que pasa es que "nos descuidamos con los programas y hay que asumir nuestra responsabilidad. Ojalá la nueva ministra, Eugenia Sader, cumpla y haga la tarea de ordenar el adiestramiento a las comunidades para luchar contra estas plagas y que también se emprendan las medidas que se ameritan".
Hay que admitir el fracaso
Para el parlamentario, "no hacerlo sería admitir el fracaso del tema de la salud. A nosotros no nos queda bien que hoy, a estas alturas de la vida, tengamos brotes de chagas, por descuido de los programas preventivos y por falta de adiestramiento de las comunidades", insistió. Advirtió que desde la Asamblea Nacional "le vamos a hacer seguimiento a las declaraciones de la ministra Sader, porque estamos cansados de anuncios que jamás se cumplen".
Recursos no han faltado
En relación con la gran cantidad de recursos que se han asignado a la Salud y ahora hay otro ministro a cargo, Tirso Silva espera que "no se haga borrón y cuenta nueva. La lectura que hay que darle es que el fracaso en los programas de salud no ha sido por falta de dinero, porque esta Asamblea ha aprobado cuantiosos recursos. La AN ha dado un apoyo irrestricto en cuanto a los recursos que se requieren para el sector. Aquí se acompaña al Gobierno en este sentido. Sin embargo, la ineficiencia y la negligencia, han estado a la orden del día de quienes han estado al frente de este despacho y eso hay que admitirlo y reconocerlo. Vamos a revisarnos a ver dónde estamos fallando, vamos a reimpulsar esto, pero tenemos que ser sinceros, ha habido mucha negligencia y poca eficiencia y allí están los resultamos, lamentables, por cierto.
Es una vergüenza
Agregó que la situación de la salud pública en el país "es vergonzosa, porque un programa como el de Barrio Adentro que fue un ejemplo mundial, si se quiere, ha venido decayendo, por culpa de funcionarios negligentes". Silva celebra que ahora al frente del despacho "esté un médico, a quien no le es extraño el lenguaje, el problema, ni el manejo de las enfermedades".
viernes, 2 de julio de 2010
Las memorias perdidas de la AN
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Así lo constató la diputada por el Frente Humanista, Pastora Medina, quien pidió al primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas que informara a la plenaria dónde se encontraban esos documentos. Vivas no hizo lo que si colega le solicitó sino que sometió la petición a consideración de la plenaria, cuya mayoría peseuvista votó en contra. Sin embargo, ambos documentos reposan sí fueron consignados ante el Parlamento. La memoria y cuenta del Contralor, cómo él mismo lo ha afirmado, fue entregado en mayo del año pasado y allí advirtió sobre las irregularidades en Mercal, relacionadas con los alimentos que actualmente están en la palestra, por la descomposición de más den 120 mil toneladas. Mientras que el informe del Poder Moral fue consignado apenas hace tres semanas, por parte de la Fiscal General, Luis Ortega Díaz, quien funge como presidenta de ese organismo. Ambos casos demuestran lo que está pasando en el Parlamento desde hace más de tres años, en el sentido de que los diputados ya no reciben copias de los informes de los distintos funcionarios públicos que tienen como obligación constitucional rendir cuentas ante el Parlamento. Y muchos menos estos documentos son examinados en las comisiones o debatidos por la plenaria. De hecho, esta fue otra quería expresada por Medina, en cuanto a que las memorias y cuentas del tren ejecutivo, consignadas en marzo de este año, no las habían entregado, como lo anunciaron. Fuentes del Parlamento informaron que hay una orden estricta de la directiva de no reproducir estos informes, por lo que ni siquiera se pueden buscar en los archivos.La ¨Chiche¨ Manaure cantó... otra vez
En la plenaria anunciaron que Rafael Correa será el orador de orden en a sesión solemne del 5 de julio, luego del jolgorio que realizarán alrededor de la tierrita que dicen son los restos de Manuela Sáenz. Motivada por este anuncio, la diputada Aleydis Manaure, conocida como "La Chiche¨ (en la gráfica) cantó, como casi siempre lo hace, cuando pide la palabra para intervenir. Esto recuerda los tiempos de la Constituyente, cuando una cantante folklórica tomó el micrófono, una vez, solamente para preguntar si podían exceptuarla del "trabajo a dedicación completa" que el presidente de la ANC, Luis Miquilena exigía. Cosas de la revolución.
Aprobaron Bs.500 millones para las elecciones
La plenaria de la Asamblea Nacional (AN), aprobó con urgencia reglamentaria un crédito de 500 millones de bolívares para el Consejo nacional Electoral (CNE) que serán destinados a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. El informe considerado detalla que el organismo electoral solicitó un crédito por 1.2 millardos de bolívares para los comicios, pero el “comandante Presidente” aprobó 500 millones, para garantizar el
desenvolmiento de las actividades del Consejo. De estos recursos, 58.4 millones serán destinados a la activación de los organismos subalternos y convocatorias a los miembros de mesa. Al diseño y la preparación del material electoral entregarán 10 millones de bolívares, mientras que 18 millones de bolívares servirán para la
impresión, control de calidad embalaje y distribución de boletas electorales válidas y no válidas. La automatización, mantenimiento renovación, actualización y alistamiento de la plataforma automatizada costará 164.4 millones de bolívares, el pre ensamblaje y despacho del material 27.4 millones de bolívares, catastro y
distribución de centros electorales un millón de bolívares, auditorías 3,1 millones de bolívares, instalación y mantenimiento y antenas 10 millones de bolívares, diseño de centros de soporte técnico 37 millones de bolívares y difusión de mensajes publicitarios en medios de comunicación social 38 millones de bolívares.
Otros créditos
Igualmente, en la plenaria fueron autorizados otros cuatro créditos adicionales por 495 millones 996 mil 301 bolívares. Destaca un solicitud de 300 millones 647 mil 700 bolívares para el Tribunal Supremo de Justicia, para la creación y/o adecuación de tribunales en materia agraria, violencia contra la mujer y contencioso
administrativo y al mantenimiento de las dependencias judiciales y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Una erogación de 50 millones de bolívares fue aprobada para cubrir lo establecido en la convención colectiva de los trabajadores de VTV del año en curso, mientras que 101 millones de bolívares se aprobaron para la Vicepresidencia Ejecutiva.
miércoles, 30 de junio de 2010
Investigarán a clínicas privadas
Parlamento pedirá a la Fiscalía que investigue a clínicas privadas
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), solicitará a la Fiscalía General de la República que inicie una averiguación por las denuncias sobre personas fallecidas en clínicas privadas, esperando la clave por parte de las empresas aseguradoras.
Ricardo Sanguino, presidente de la comisión, hizo el anuncio luego que su colega Tirso Silva, manifestó la inquietud sobre el tema, “porque mientras la Ley de la Actividad Aseguradora no entra en vigencia, pareciera que esas empresas han aumentado los precios indiscriminadamente y tardan más tiempo en aprobar la clave (prohibida en la nueva ley), mientras hay pacientes que requieren atención inmediata. Uno de los ejemplos lo tenemos en Valencia, donde murió el ex grande liga venezolano, Oscar Azócar”, manifestó el diputado.
Para los parlamentarios llama la atención que a más de un mes de sancionada la Ley aseguradora, el Ejecutivo no le ha dado el ejecútese, con lo cual los lapsos están vencidos.
Destacaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar. “Cuando sancionamos la Ley de Tarjetas de Crédito, el Ejecutivo tardó seis meses en ponerla en vigencia y lo hizo luego de que salió un grupo de usuarios y presentó la demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra la AN, por omisión”, recordó un miembro de la instancia parlamentaria.
En este sentido, Sanguino dijo que la norma se encuentra en proceso de evaluación por la Procuraduría General de la República. “Esta es una situación inhumana, por eso nosotros vamos a solicitar, a través de la Fiscalía General de la República, acciones contra esos centros de salud donde se produjeron decesos de seres humanos, quienes acudieron en búsqueda de la prestación de los servicios de salud (...) donde han venido aumentando las primas de HCM, de los seguros que se han vencido, así como han aumentado los deducibles al ofrecer el servicio”. También enviarán oficios a la Superintendencia de Seguros para que estas denuncias sean procesadas y se aplique la ley vigente para poner estos correctivos. El caso de la muerte de Azócar también lo lleva la comisión de Política Interior, cuyos miembros decidieron citar a los dueños de la clínica donde falleció el ex pelotero profesional.
Piden evitar desalojos forzados
La Asamblea Nacional (AN) revisará las propuestas presentadas por la Red Metropolitana de Inquilinos, quienes pidieron que se prohiban los desalojos forzosos en Venezuela.
El planteamiento fue entregado ante el primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas y contempla, entre otros objetivos, evitar que se produzcan atropellos de desalojos contra todas las familias que viven bajo la figura de arrendamiento, no sólo en el área metropolitana, sino en el resto del país. “Esta terrible situación ha hecho que muchas de estas familias no sólo pierdan sus viviendas con esta medida, sino también sus bienhechurías, así como los enseres personales, los cuales son enviados a depósitos en donde muchos de ellos se extravían sin algún tipo de remuneración por los daños causados”, expresó.
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), solicitará a la Fiscalía General de la República que inicie una averiguación por las denuncias sobre personas fallecidas en clínicas privadas, esperando la clave por parte de las empresas aseguradoras.
Para los parlamentarios llama la atención que a más de un mes de sancionada la Ley aseguradora, el Ejecutivo no le ha dado el ejecútese, con lo cual los lapsos están vencidos.
Destacaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar. “Cuando sancionamos la Ley de Tarjetas de Crédito, el Ejecutivo tardó seis meses en ponerla en vigencia y lo hizo luego de que salió un grupo de usuarios y presentó la demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra la AN, por omisión”, recordó un miembro de la instancia parlamentaria.
En este sentido, Sanguino dijo que la norma se encuentra en proceso de evaluación por la Procuraduría General de la República. “Esta es una situación inhumana, por eso nosotros vamos a solicitar, a través de la Fiscalía General de la República, acciones contra esos centros de salud donde se produjeron decesos de seres humanos, quienes acudieron en búsqueda de la prestación de los servicios de salud (...) donde han venido aumentando las primas de HCM, de los seguros que se han vencido, así como han aumentado los deducibles al ofrecer el servicio”. También enviarán oficios a la Superintendencia de Seguros para que estas denuncias sean procesadas y se aplique la ley vigente para poner estos correctivos. El caso de la muerte de Azócar también lo lleva la comisión de Política Interior, cuyos miembros decidieron citar a los dueños de la clínica donde falleció el ex pelotero profesional.
Piden evitar desalojos forzados
La Asamblea Nacional (AN) revisará las propuestas presentadas por la Red Metropolitana de Inquilinos, quienes pidieron que se prohiban los desalojos forzosos en Venezuela.
El planteamiento fue entregado ante el primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas y contempla, entre otros objetivos, evitar que se produzcan atropellos de desalojos contra todas las familias que viven bajo la figura de arrendamiento, no sólo en el área metropolitana, sino en el resto del país. “Esta terrible situación ha hecho que muchas de estas familias no sólo pierdan sus viviendas con esta medida, sino también sus bienhechurías, así como los enseres personales, los cuales son enviados a depósitos en donde muchos de ellos se extravían sin algún tipo de remuneración por los daños causados”, expresó.
martes, 29 de junio de 2010
Como el mono sabio...
Cilia Flores se hizo la loca con los alimentos podridos
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores no pudo hacer otra cosa, sino “hacerse la loca” con el tema de los alimentos podridos. Se negó a hablar de la comisión de la AN que investiga el caso y dijo que ese no es “tema para el debate”; porque se ha convertido en un problema político. También afirmó que la Fiscalía y la Contraloría “debieron abrir las investigaciones”. Pero, igual, le salió el tiro por la culata, porque en la plenaria debatieron un acuerdo de cooperación en “materia de soberanía alimentaria” con Portugal y allí los diputados de oposición pudieron "medio" desahogarse. Aprovecharon para rechazar el convenio y de refilón sacaron el tema de los alimentos podridos. Ismael García dijo que no se podía apoyar una moción de este tipo, cuando en el país hay tantos problemas con los rubros de primera necesidad. Pastora Medina también tomó la palabra y destacó que Venezuela no podía ofrecer nada a Portugal, puesto que se trata de un intercambio. Además, machacó que desde hace semanas está pidiendo que la plenaria se pronucnie sobre las fallas en la entrega de alimentos por parte del PAE. "Los niños tienen tres meses que no comen en sus escuelas. Tienen que ver en qué estado se encuentran los pocos alimentos que reciben los niños del Senifa": dijo.
Mario Isea, presidente de la comisión mixta que supuestamente investiga el caso, repitió que se trata de un "show" que los medios están montando y acusó a la oposición de "magnificar" el hecho de que se hayan descompuestos "unos alimentos". Argumentó que "eso ocurre, porque siempre hay un margen de pérdida y de merma". Acudió a la excusa de siempre: El golpe de abril de 2002.
Cilia Flores estaba furiosa e intervino para advertir que si se seguían saliendo del tema, "lamentablemente les tengo que quitar el derecho de palabra". Pero, después, espetó que el caso está siendo magnificado, que es una casualidad que donde hay un supuesto container aparecen las cámaras de Globovisión. Incluso dijo que era sospechoso que aparezcan los contenedores y que los medios sepan donde están.
Inexpliucablemente, Nelson Mezerhane salió a relucir y Flores afirmó que los candidatos de la oposición estaban defendiendo a quien le había quitado "los realitos" a los ahorristas del Federal. Terminó casi gritando que "fue el gobierno el que denuncio lo de los alimentos. Fue el presidnete Chávez quien pidio que se investigue. Y saldrán derrotados el 26 de septiembre..." Sin querer queriendo, el tema,se debatió, pese a la ira de Flores.
El diputado Alfredo Murga, admitió que la elaboración de leyes que favorecen al Poder Popular busca, entre otros objetivos, la eliminación del sistema de producción capitalista. "Durante mucho tiempo estará la transición en la que coexistirán los modos de producción no capitalistas con los capitalistas, hasta que la madurez de la sociedad vaya extinguiendo esas formas capitalistas (...) ese esquema de producción capitalista no se eliminará de un plumazo"., dijo Murga, en relación con los instrumentos legales de Comunas, Poder Popular, Economía Comunal y Planificación Pública y para "enfrentar" la matriz de opinión negativa al respecto.
El parlamentario aclaró que con las normas "se está creando la institucionalidad del Poder Popular" y cree que las críticas de los sectores opositores ante este paquete de leyes "es la desconfianza y el rechazo que siente la derecha hacia el pueblo organizado y constituido como sociedad comunal". Admitió que, si bien la Constitución "no define a la nación como una patria socialista, tampoco la determina como una sociedad capitalista y burocrática". No obstante, reiteró que estas leyes no tienen nada que ver con supresión, eliminación o superación de gobernaciones o alcaldías. "Eso no aparece ni en la Ley Orgánica de Los Consejos Comunales, ni ha sido nunca objeto de propuesta de ninguno de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el absurdo de eliminar gobernaciones y alcaldías”.
Por otra parte, en la plenaria de este martes no fue considerada para su primera discusión la Ley del Sistema Económico Comunal, lo cual el diputado Murga no aclaró. Sin embargo, no descartó que el instrumento se apruebe este jueves.
Expropian 11 taladros
Con el voto negativo de la oposición, la plenaria aprobó el informe para declarar la utilidad pública e interés social once 11 equipos de perforación para pozos petroleros (taladros) de tres mil caballos de fuerza (3.000 HP) y de dos mil caballos de fuerza (2.000 HP), que se encuentran en propiedad o posesión de la empresa HELMERICH & PAYNE DE VENEZUELA, C.A., así como los bienes muebles e inmuebles y demás bienhechurías de dicha empresa asociados a la utilización de dichos equipos de perforación, y en consecuencia su puesta en operatividad, uso y aprovechamiento necesarios para la perforación de pozos en estructuras geológicas, tanto en el oriente como el occidente del país.
En el escrito se argumentó que la empresa mantiene ociosos desde hace considerable tiempo los equipos de perforación, por lo cual "su disponibilidad a nivel mundial es muy baja y cuya utilización es necesaria debido a los altos esfuerzos mecánicos que se requieren para la perforación de pozos en estructuras geológicas".
Adelantan Bs. 1.7 millardos
En la AN también aprobaron un crédito adicional por 1.7 millardos de bolívares al ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, por concepto de un "adelanto" del situado constitucional para gobernaciones y alcaldías. Con esta erogación el presupuesto supera los 180 millardos de bolívares, puesto que exactamente al cierre del primer semestre del 2010, la AN ha autorizado más de 20 millardos de bolívares en créditos extras. Por cierto, en el debate sobre este crédito, dos diputados por el estado Sucre discutieron a voz en cuello por la asignación de recursos para la entidad, a propósito de que uno de ellos mencionó al ex gobernador, Ramón Martínez. Los insultos no se hicieron esperar y hasta "chulo" y "sea hombre", se escuchó.
Estudian reformar Ley del Deporte
La Asamblea Nacional (AN) revisa actualmente la Ley del Deporte par posteriormente realizar una consulta pública que permita recopilar propuestas de los sectores vinculados con el área, planteamientos que
luego podrán ser incluidos en el texto legal a través de una reforma.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores no pudo hacer otra cosa, sino “hacerse la loca” con el tema de los alimentos podridos. Se negó a hablar de la comisión de la AN que investiga el caso y dijo que ese no es “tema para el debate”; porque se ha convertido en un problema político. También afirmó que la Fiscalía y la Contraloría “debieron abrir las investigaciones”. Pero, igual, le salió el tiro por la culata, porque en la plenaria debatieron un acuerdo de cooperación en “materia de soberanía alimentaria” con Portugal y allí los diputados de oposición pudieron "medio" desahogarse. Aprovecharon para rechazar el convenio y de refilón sacaron el tema de los alimentos podridos. Ismael García dijo que no se podía apoyar una moción de este tipo, cuando en el país hay tantos problemas con los rubros de primera necesidad. Pastora Medina también tomó la palabra y destacó que Venezuela no podía ofrecer nada a Portugal, puesto que se trata de un intercambio. Además, machacó que desde hace semanas está pidiendo que la plenaria se pronucnie sobre las fallas en la entrega de alimentos por parte del PAE. "Los niños tienen tres meses que no comen en sus escuelas. Tienen que ver en qué estado se encuentran los pocos alimentos que reciben los niños del Senifa": dijo.
Mario Isea, presidente de la comisión mixta que supuestamente investiga el caso, repitió que se trata de un "show" que los medios están montando y acusó a la oposición de "magnificar" el hecho de que se hayan descompuestos "unos alimentos". Argumentó que "eso ocurre, porque siempre hay un margen de pérdida y de merma". Acudió a la excusa de siempre: El golpe de abril de 2002.
Cilia Flores estaba furiosa e intervino para advertir que si se seguían saliendo del tema, "lamentablemente les tengo que quitar el derecho de palabra". Pero, después, espetó que el caso está siendo magnificado, que es una casualidad que donde hay un supuesto container aparecen las cámaras de Globovisión. Incluso dijo que era sospechoso que aparezcan los contenedores y que los medios sepan donde están.
Inexpliucablemente, Nelson Mezerhane salió a relucir y Flores afirmó que los candidatos de la oposición estaban defendiendo a quien le había quitado "los realitos" a los ahorristas del Federal. Terminó casi gritando que "fue el gobierno el que denuncio lo de los alimentos. Fue el presidnete Chávez quien pidio que se investigue. Y saldrán derrotados el 26 de septiembre..." Sin querer queriendo, el tema,se debatió, pese a la ira de Flores.
Acabarán con sistema de producción capitalista
El diputado Alfredo Murga, admitió que la elaboración de leyes que favorecen al Poder Popular busca, entre otros objetivos, la eliminación del sistema de producción capitalista. "Durante mucho tiempo estará la transición en la que coexistirán los modos de producción no capitalistas con los capitalistas, hasta que la madurez de la sociedad vaya extinguiendo esas formas capitalistas (...) ese esquema de producción capitalista no se eliminará de un plumazo"., dijo Murga, en relación con los instrumentos legales de Comunas, Poder Popular, Economía Comunal y Planificación Pública y para "enfrentar" la matriz de opinión negativa al respecto.El parlamentario aclaró que con las normas "se está creando la institucionalidad del Poder Popular" y cree que las críticas de los sectores opositores ante este paquete de leyes "es la desconfianza y el rechazo que siente la derecha hacia el pueblo organizado y constituido como sociedad comunal". Admitió que, si bien la Constitución "no define a la nación como una patria socialista, tampoco la determina como una sociedad capitalista y burocrática". No obstante, reiteró que estas leyes no tienen nada que ver con supresión, eliminación o superación de gobernaciones o alcaldías. "Eso no aparece ni en la Ley Orgánica de Los Consejos Comunales, ni ha sido nunca objeto de propuesta de ninguno de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el absurdo de eliminar gobernaciones y alcaldías”.
Por otra parte, en la plenaria de este martes no fue considerada para su primera discusión la Ley del Sistema Económico Comunal, lo cual el diputado Murga no aclaró. Sin embargo, no descartó que el instrumento se apruebe este jueves.
Expropian 11 taladros
Con el voto negativo de la oposición, la plenaria aprobó el informe para declarar la utilidad pública e interés social once 11 equipos de perforación para pozos petroleros (taladros) de tres mil caballos de fuerza (3.000 HP) y de dos mil caballos de fuerza (2.000 HP), que se encuentran en propiedad o posesión de la empresa HELMERICH & PAYNE DE VENEZUELA, C.A., así como los bienes muebles e inmuebles y demás bienhechurías de dicha empresa asociados a la utilización de dichos equipos de perforación, y en consecuencia su puesta en operatividad, uso y aprovechamiento necesarios para la perforación de pozos en estructuras geológicas, tanto en el oriente como el occidente del país.
En el escrito se argumentó que la empresa mantiene ociosos desde hace considerable tiempo los equipos de perforación, por lo cual "su disponibilidad a nivel mundial es muy baja y cuya utilización es necesaria debido a los altos esfuerzos mecánicos que se requieren para la perforación de pozos en estructuras geológicas".
Adelantan Bs. 1.7 millardos
En la AN también aprobaron un crédito adicional por 1.7 millardos de bolívares al ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, por concepto de un "adelanto" del situado constitucional para gobernaciones y alcaldías. Con esta erogación el presupuesto supera los 180 millardos de bolívares, puesto que exactamente al cierre del primer semestre del 2010, la AN ha autorizado más de 20 millardos de bolívares en créditos extras. Por cierto, en el debate sobre este crédito, dos diputados por el estado Sucre discutieron a voz en cuello por la asignación de recursos para la entidad, a propósito de que uno de ellos mencionó al ex gobernador, Ramón Martínez. Los insultos no se hicieron esperar y hasta "chulo" y "sea hombre", se escuchó.
Estudian reformar Ley del Deporte
La Asamblea Nacional (AN) revisa actualmente la Ley del Deporte par posteriormente realizar una consulta pública que permita recopilar propuestas de los sectores vinculados con el área, planteamientos que
luego podrán ser incluidos en el texto legal a través de una reforma.
AN engavetó el informe de Russián sobre fallas en Mercal
El Parlamento calla... muchas veces ha callado... demasiadas
En los archivos de la Asamblea Nacional (AN), reposa el informe de gestión correspondiente al año 2008, presentado por el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, en el cual expresa detalladamente las irregularidades registradas por el despacho en la “Misión Mercal”, en relación con el manejo de los alimentos adquiridos y almacenados en los distintos puntos de la red.
Ante esta evidencia, el Asamblea Nacional podría ser responsable, por omisión, de lo que ha ocurrido con las más de 120 mil toneladas de alimentos descompuestos, encontradas en varios estados del país. Este informe comprueba la afirmación de Russián en cuando a que la AN sabía del caso.
Sin embargo, en el Parlamento, la comisión mixta designada para investigar este caso, aduce que “las averiguaciones se están haciendo”, cuando desde al año pasado este documento reposaba en la AN. Es más, la comisión de Contraloría debido analizar este informe, pero según las averiguaciones realizada el mismo no fue considerado en la instancia parlamentara. Cabe destacar que el informe se puede encontrar fácilmente en el sitio web de la Contraloría: www.cgr.gob.ve, en la sección informes de gestión.
En los archivos de la Asamblea Nacional (AN), reposa el informe de gestión correspondiente al año 2008, presentado por el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, en el cual expresa detalladamente las irregularidades registradas por el despacho en la “Misión Mercal”, en relación con el manejo de los alimentos adquiridos y almacenados en los distintos puntos de la red.
Ante esta evidencia, el Asamblea Nacional podría ser responsable, por omisión, de lo que ha ocurrido con las más de 120 mil toneladas de alimentos descompuestos, encontradas en varios estados del país. Este informe comprueba la afirmación de Russián en cuando a que la AN sabía del caso.
Sin embargo, en el Parlamento, la comisión mixta designada para investigar este caso, aduce que “las averiguaciones se están haciendo”, cuando desde al año pasado este documento reposaba en la AN. Es más, la comisión de Contraloría debido analizar este informe, pero según las averiguaciones realizada el mismo no fue considerado en la instancia parlamentara. Cabe destacar que el informe se puede encontrar fácilmente en el sitio web de la Contraloría: www.cgr.gob.ve, en la sección informes de gestión.
lunes, 28 de junio de 2010
Parte del Informe del Contralor Clodosbaldo Russián sobre Mercal
Estas son partes del informe que el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, entregó en el 2009 a la Asamblea Nacional, correspondiente al 2008, en el cual advierte de las irregularidades en Mercal, relacionadas con el manejo de alimentos. El resto del documento está a disposición en la página web de la Contraloría: http://www.cgr.gob.ve/
Lo que dice el informe
“El burocratismo y la indolencia, asedian los propósitos gubernamentales de lograr la seguridad alimentaria de la población”, resaltó” el discurso del Contralor, en la sesión convocada para la presentación de la memoria y cuenta y agrega que “este esfuerzo también se ve limitado y condicionado, en lo que podríamos llamar “aguas abajo” del aparato administrativo, por la persistencia de las viejas fallas de la burocracia gubernamental, que inciden de manera negativa en la concreción de los objetivos dirigidos a garantizar de manera estable, la producción, abastecimiento y distribución de alimentos para la ciudadanía”.
Resalta que “como una muestra de esta situación, la Contraloría analizó en el año 2008, la gestión en los ejercicios 2006 y 2007 de la Misión Mercal, específicamente en los rubros leche, pollo y azúcar, y el desempeño parcial de las entidades creadas por las gobernaciones, en los estados Zulia, Mérida y Yaracuy. En lo que concierne a la “cadena del frío”, aspecto clave en este tipo de actividades, la Contraloría inspeccionó más de la mitad de los establecimientos existentes en los estados Aragua, Barinas, Miranda, Táchira, Vargas, Carabobo, Bolívar, Lara, Sucre, Trujillo, Zulia y Distrito Capital”.
El informe señala que “el reiterado incumplimiento de los planes y la tardanza en la ejecución de los proyectos, influyó negativamente en el abastecimiento de leche, pollo y azúcar. Los niveles de producción, importación y abastecimiento de los rubros leche, pollo y azúcar, en el periodo de referencia, no fueron suficientes para satisfacer la demanda de los consumidores, entre otras causas, por los retrasos en la ejecución de la mayoría de los proyectos a cargo de la Corporación Venezolana Agraria; la CVA Lácteos, S.A; la Empresa Socialista Lácteos del Alba; y Mercal”.
El deficiente mantenimiento de los almacenes de alimentos y la incuria en el manejo de la “cadena del frío”, ponen en riesgo la estabilidad del servicio estatal de abastecimiento alimentario. Los centros de acopio (establecimientos localizados estratégicamente para el almacenamiento, distribución y venta al mayor de alimentos), los módulos tipo I (puntos de venta al detal) y los frigoríficos (establecimientos destinados al almacenamiento de productos refrigerados), que deben funcionar en óptimas condiciones para garantizar la conservación, calidad e idoneidad de los alimentos, adolecen de serias fallas y deficiencias.
Como muestra, he aquí un apretado resumen de ellas: Instalaciones e infraestructura física inadecuadas, deficiencias en la “cadena de frío” (cavas, cuartos de conservación y congelación, neveras y refrigeradoras) y en las condiciones de seguridad e higiene, por la falta de correctivos oportunos y de un efectivo plan de mantenimiento, por parte de las coordinaciones regionales y de las dependencias administrativas y técnicas de las empresas (establecimientos que le prestan servicios a MERCAL, C. A.; LOGICASA Y LA CASA, S.A).
Fallas en el control contable de las entradas y salidas de mercancías, deficiente programación en las compras y en el manejo de los inventarios, limitaciones en la capacidad de almacenamiento.
A este respecto, nuestras comisiones de fiscalización comprobaron: alimentos almacenados en estado de descomposición, envases rotos y oxidados, inventarios de mercancías adquiridas de manera extemporánea con problemas serios de rotación (en particular los rubros propios de la época decembrina). Los centros de acopio y los módulos tipo I, presentan deficiencias en la ventilación e iluminación; los techos, para el momento de las inspecciones, eran de asbesto (amianto), clasificado como altamente tóxico o peligroso; las paredes, techos y pisos tenían filtraciones, grietas, erosión, defectos de relieve; además no fueron construidos con materiales impermeables que evitaran la acumulación y absorción de humedad; las ventanas de todas las instalaciones inspeccionadas, no contaban con las mallas contra insectos.
En la “cadena de frío” se verificó: equipos funcionando por debajo de la capacidad instalada de congelación; otros inoperativos; algunos con daños severos en las puertas, abolladuras y altos niveles de condensación en su interior, debido a la falta del sistema de cerrado hermético. Algunos de los centros de acopio carecían de equipos de refrigeración.
Con respecto a las condiciones de seguridad, higiene y salubridad, se determinó: inexistencia de permisos sanitarios para el uso de las instalaciones; el personal no contaba con los certificados médicos vigentes; los locales carecían de sistemas destinados a la detección y extinción de incendios.
Lo que dice el informe
“El burocratismo y la indolencia, asedian los propósitos gubernamentales de lograr la seguridad alimentaria de la población”, resaltó” el discurso del Contralor, en la sesión convocada para la presentación de la memoria y cuenta y agrega que “este esfuerzo también se ve limitado y condicionado, en lo que podríamos llamar “aguas abajo” del aparato administrativo, por la persistencia de las viejas fallas de la burocracia gubernamental, que inciden de manera negativa en la concreción de los objetivos dirigidos a garantizar de manera estable, la producción, abastecimiento y distribución de alimentos para la ciudadanía”.
Resalta que “como una muestra de esta situación, la Contraloría analizó en el año 2008, la gestión en los ejercicios 2006 y 2007 de la Misión Mercal, específicamente en los rubros leche, pollo y azúcar, y el desempeño parcial de las entidades creadas por las gobernaciones, en los estados Zulia, Mérida y Yaracuy. En lo que concierne a la “cadena del frío”, aspecto clave en este tipo de actividades, la Contraloría inspeccionó más de la mitad de los establecimientos existentes en los estados Aragua, Barinas, Miranda, Táchira, Vargas, Carabobo, Bolívar, Lara, Sucre, Trujillo, Zulia y Distrito Capital”.
El informe señala que “el reiterado incumplimiento de los planes y la tardanza en la ejecución de los proyectos, influyó negativamente en el abastecimiento de leche, pollo y azúcar. Los niveles de producción, importación y abastecimiento de los rubros leche, pollo y azúcar, en el periodo de referencia, no fueron suficientes para satisfacer la demanda de los consumidores, entre otras causas, por los retrasos en la ejecución de la mayoría de los proyectos a cargo de la Corporación Venezolana Agraria; la CVA Lácteos, S.A; la Empresa Socialista Lácteos del Alba; y Mercal”.
El deficiente mantenimiento de los almacenes de alimentos y la incuria en el manejo de la “cadena del frío”, ponen en riesgo la estabilidad del servicio estatal de abastecimiento alimentario. Los centros de acopio (establecimientos localizados estratégicamente para el almacenamiento, distribución y venta al mayor de alimentos), los módulos tipo I (puntos de venta al detal) y los frigoríficos (establecimientos destinados al almacenamiento de productos refrigerados), que deben funcionar en óptimas condiciones para garantizar la conservación, calidad e idoneidad de los alimentos, adolecen de serias fallas y deficiencias.
Como muestra, he aquí un apretado resumen de ellas: Instalaciones e infraestructura física inadecuadas, deficiencias en la “cadena de frío” (cavas, cuartos de conservación y congelación, neveras y refrigeradoras) y en las condiciones de seguridad e higiene, por la falta de correctivos oportunos y de un efectivo plan de mantenimiento, por parte de las coordinaciones regionales y de las dependencias administrativas y técnicas de las empresas (establecimientos que le prestan servicios a MERCAL, C. A.; LOGICASA Y LA CASA, S.A).
Fallas en el control contable de las entradas y salidas de mercancías, deficiente programación en las compras y en el manejo de los inventarios, limitaciones en la capacidad de almacenamiento.
A este respecto, nuestras comisiones de fiscalización comprobaron: alimentos almacenados en estado de descomposición, envases rotos y oxidados, inventarios de mercancías adquiridas de manera extemporánea con problemas serios de rotación (en particular los rubros propios de la época decembrina). Los centros de acopio y los módulos tipo I, presentan deficiencias en la ventilación e iluminación; los techos, para el momento de las inspecciones, eran de asbesto (amianto), clasificado como altamente tóxico o peligroso; las paredes, techos y pisos tenían filtraciones, grietas, erosión, defectos de relieve; además no fueron construidos con materiales impermeables que evitaran la acumulación y absorción de humedad; las ventanas de todas las instalaciones inspeccionadas, no contaban con las mallas contra insectos.
En la “cadena de frío” se verificó: equipos funcionando por debajo de la capacidad instalada de congelación; otros inoperativos; algunos con daños severos en las puertas, abolladuras y altos niveles de condensación en su interior, debido a la falta del sistema de cerrado hermético. Algunos de los centros de acopio carecían de equipos de refrigeración.
Con respecto a las condiciones de seguridad, higiene y salubridad, se determinó: inexistencia de permisos sanitarios para el uso de las instalaciones; el personal no contaba con los certificados médicos vigentes; los locales carecían de sistemas destinados a la detección y extinción de incendios.
Este es el periodismo que complace al Gobierno
El Banco Federal: la secta secreta de la oligarquía venezolana  En esta intrincada situación, la punta del iceberg o el epicentro de esta secta oligárquica es el caso del banco recientemente intervenido; así lo analiza en esta entrevista el presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme), Alfredo Riera Hernández, quien participó directamente en los procesos de liquidación y transferencia de los bienes del Estado otorgados a Mezerhane, y en esta primera entrega de este trabajo especial, nos ofrece una visión preocupante de cómo la corrupción manejaba el país. Ejemplo de esto es el caso de Nelson Mezerhane, quien ha desangrado el patrimonio nacional a través de concesiones leoninas, como el caso del sistema turístico del Waraira Repano, otorgada durante la IV República por el gobierno de Rafael Caldera doblegado a los intereses de los grandes capitalitas y dueños de medios sedientos de poder y más dinero. -¿Cómo se inicia esta situación fraudulenta con el Waraira Repano? -Durante el último gobierno de Rafael Caldera, se inició un proceso fuerte de privatización de las empresas o bienes del Estado y las que no entraban en este régimen capitalista simplemente se entregaban en concesiones, como en el caso particular de Inversora Turística Caracas S.A. (Itcsa), cuyas acciones son de dos grupos económicos: Grupo Mezerhane y el Grupo de Luis Emilio Velutini. “Se unieron en Itcsa para recibir la concesión que les permitiría explotar del sistema turístico del Waraira Repano por 30 años, generándose compromisos, tales como, la cancelación del 5,29% mensual de los ingresos totales mensuales al Estado venezolano, por el uso y explotación de todo lo relacionado con el Sistema Waraira Repano desde el momento que iniciaran la facturaron por la prestación de servicios”. “Igualmente, dentro de las responsabilidades de Itcsa estaba la recuperación y mantenimiento de las 70 habitaciones y 14 pisos, áreas sociales y de eventos del Hotel Humboldt”. -Relacionado con esto, ¿qué pasó cuando entró en vigencia la Ley de Crédito para el Sector Turismo? -En el marco de la Ley Habilitante se promulgó la Ley de Crédito para el Sector Turismo, quedando establecida la liquidación de la extinta Corporación de Turismo de Venezuela, ente que controlaba todos los bienes del Estado relacionados con el turismo y, por ende, pasaron a revisión aquellas concesiones otorgadas a privados. “Igualmente, dicha ley establece que aquellos bienes, transcurridos dos años, pasan a ser transferidos a la Nación y es en este momento cuando se crea la comisión para la transferencia de dichos bienes, entre los cuales se encontraban el Sistema Teleférico Waraira Repano, el Hotel Humboldt, el Gran Hotel Puerto La Cruz (Edo. Anzoátegui), y el Hotel Gran Caribe en Caraballeda (Edo. Vargas)”. “Cuando la comisión revisó y evaluó los contratos quedaron evidenciados sendos incumplimientos en lo acordado en la concesión otorgada a Mezerhane, a través de Itcsa”. “Entre las faltas se puede subrayar, en el caso del sistema Waraira Repano, que contemplaba la explotación turística del mismo, parte de las responsabilidades habían sido entregadas a otras empresas, que también tenían el deber de cancelar el 5,29 % al Estado venezolano, lo cual nunca cumplieron”. -¿Cuáles fueron las actuaciones de la Junta de Transferencia, la cual tenía el propósito de recuperar el sistema Waraira Repano? -Para ese momento la Junta de Transferencia determinó que la deuda a la Nación por parte de la empresa de Mezerhane era superior a los 11 millones de bolívares argumentando que no le habían pagado al Estado por tres elementos: el primero era que ellos no habían recibido acta de entrega. “La segunda explicación fue que ‘él no podía cancelarle al Estado, pues no pudo montar el casino que deseaba de 2 mil metros cuadrados’, por lo cual tenía que construirlo fuera del área del hotel causándole daños ecológicos al Parque Nacional y esto se le prohibió categóricamente”. “El último argumento era que en la zona de Maripérez, al lado del estacionamiento, estaba un área utilizada por la Guardia Nacional Bolivariana, la cual se retiró del sitio, pero a los tres días el alcalde, para aquel momento, Alfredo Peña, invadió esos espacios con la Policía Metropolitana; aún así eran hechos que no obstaculizaban el correcto funcionamiento del Sistema Teleférico”. “Con respecto a la falta de acta de entrega, la Junta Liquidadora de esos bienes dio una repuesta contundente expresando que si ellos no habían recibido dicha acta se enviaría un oficio al Ministro de Turismo para aquel momento, a la procuradora general de la República y al presidente Hugo Chávez Frías, recomendando que el Estado debía retomar el control administrativo de esas instalaciones”. “Para entonces se habían colocado algunos funiculares nuevos y Mezerhane se dio cuenta de que el Estado podía recuperar el Sistema Waraira Repano. Quiso llegar a un acuerdo donde él se debía comprometer a cancelar casi 12 millones de bolívares (12 millardos de bolívares antiguos) como pago del 5,29% de la concesión, además de reparar las instalaciones del Hotel Humboldt, así como la puesta en funcionamiento del teleférico de La Guaira, pues cuando se entregó la concesión, éste estaba en pleno funcionamiento”. “Ante tales hechos la Junta se presentó ante la Contraloría General de la República para que ésta se pronunciara, la cual determinó que ante el incumplimiento del contrato de concesión se debía pagar una indemnización”. “Mezerhane, dentro de este proceso, le argumentó al Estado que el dinero no le alcanzaba para pagar los gastos y la indemnización, pero ¿para qué se comprometió mediante un contrato de concesión sin tener las posibilidades de asumirlo?”. “Cuando se profundizó en el proceso de auditoría de la concesión, se encontraron elementos bastante graves, tales como: que una cosa era lo que se les cobraba a las empresas que trabajaban de arrendatarias y otra lo que se mostraba como ingresos por dicho cobro”. -El Estado venezolano ¿cómo reaccionó ante estos hechos de corrupción y de daños al patrimonio de la Nación? -El Estado le indica al empresario que si no existe acta de entrega este bien vuelve al control y administración de la Nación, ya que lo que hubo fue un acto de invasión porque nunca existió un acto de transferencia, ni siquiera las reparaciones, sólo los trabajos para la puesta en funcionamiento de los nuevos funiculares. “Visto todo esto, Mezerhane se dirige al Ministerio del Poder Popular para el Turismo para cancelar la deuda pendiente de los casi 12 millones de bolívares antes descritos, sólo se aparece con 4 millones de bolívares, lo que representaba 33% de toda la deuda, por lo cual se realizó un documento recibiendo esa cantidad como parte del pago total, el cual él firmó como conforme”. “Cuando Olga “Titina” Azuaje era ministra de Turismo, la deuda de Mezerhane, sólo por la concesión del Waraira Repano, según arrojó la última auditoría era de Bs. 16 millones (Bs. 16.000.000.000 antiguos), es decir, que en todo ese lapso de tiempo se facturaron como deuda al Estado Bs. 20 millones (Bs. 20.000.000.000) de los cuales él solo ha cancelado Bs. 4 millones”. “Justo en ese periodo, la empresa decía a los medios de comunicación privados, que el hotel y el teleférico se encontraban bajo el resguardo privatizado de la compañía Inversora Turística Caracas S.A. (Itcsa), que presta sus servicios y mantiene el hotel en buen estado para que los caraqueños y turistas de todo el mundo puedan disfrutar de sus instalaciones, siendo esto una mentira”. -¿Cuál es el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación y de la Cuarta República? -La campaña mediática, para entonces, creaba una matriz de opinión donde ellos, la empresa de Mezerhane, eran las víctimas, diciendo que Ávila Mágica niega que la Inversora Turística Caracas le debe 20 millones de bolívares (Bs. 20.000.000.000) al Estado venezolano, declarando esto en ruedas de prensa, el vocero para ese momento fue José María Jiménez, gerente general de Ávila Mágica, quien decía que no se le debía nada al Estado. “Igualmente, alegando que la cancelación de la concesión era ilegal, pues según ellos la misma no se había vencido, incluso anunciándoles a los medios que la Inversora Turística Caracas asistiría al Ministerio de Turismo para solicitar un antejuicio administrativo contra Venezolana de Turismo (Venetur), por la terminación anticipada del contrato de explotación de la concesión del Sistema Teleférico-Hotel Humboldt”. “Ellos afirmaban que estaban de acuerdo con Venetur, en cuanto a la recuperación del sistema y ponerlo en operación, pero sugiriendo que la Nación le pagara una indemnización por eso, considerando el costo de inversión, de reposición y manejo del activo turístico”. “Por ello, el Gobierno, cabalmente, recuperó la concesión otorgada por la presidencia de Rafael Caldera, mediante un proceso de cancelación, aplicando las cláusulas de incumplimiento establecidas en dicho documento y en vista del manejo irresponsable de la misma por parte de la Inversora, dentro del pleno derecho y apegado a las leyes venezolanas”. “De manera responsable hay que decir que estas acciones no son un capricho de un gobierno contra un empresario en particular, sino que se tomaron medidas contra quien se estaba apoderando de dinero y bienes del Estado. Muestra de este hecho de irresponsabilidad es la inauguración de las áreas sociales del Hotel Humboldt, con la boda de la hija de Luis Emilio Velutini”. Durante la Cuarta República, se otorgaron concesiones leoninas que atentaron contra el patrimonio del Estado venezolano, es decir, que el capitalismo atentó directamente contra el pueblo venezolano, destruyendo y enriqueciéndose con el dinero de Venezuela, pero eso se acabó en esta Revolución Bolivariana, al no arrodillarnos ante la oligarquía. |
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