AN recibirá el presupuesto 2011 antes del 15 de octubre
El próximo 15 de octubre, la Asamblea Nacional recibirá los proyectos
de Ley de Presupuesto de Gastos y de Ley de Endeudamiento para el
Ejercicio Fiscal 2011, según lo informó el vicepresidente de la
Comisión de Finanzas, Simón Escalona.
Recordó que es al ministro des Finanzas, Jorge Giordani, presentará
los instrumentos, en una sesión plenaria. Sobre el monto del
presupuesto, Escalona no adelantó cifras, pero de manera extraoficial
se conoció que podría superar los 200 millardos de bolívares.
Créditos superan los Bs. 34 millardos
Hasta el momento, la comisión de Finanzas de la AN ha aprobado 92
créditos adicionales, por más de 34 millardos de bolívares.
La comisión aprobó este miércoles tres créditos adicionales, tres
traslados presupuestarios, una reprogramación y una operación de
crédito público. Uno de los créditos adicionales es por 17.964.027
bolívares que serán destinados para que el Gobierno del Distrito
Capital, para que desarrolle un proyecto de mejoramiento de
infraestructura física y dotación de las 18 estaciones del Cuerpo de
Bomberos. Otro de los créditos adicionales es por 20 millones de
bolívares, para la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, con los
que se atenderán peticiones relacionadas a casos sociales de salud y
educación, así como para atender el déficit presupuestario de algunas
de las partidas. El tercer crédito tiene que ver con el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones por 113.247.886,82 bolívares que serán
transferidos al Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) con el
fin de cubrir el subsidio del pasaje preferencial estudiantil.
Ley de la Actividad Bancaria
En cuanto al Proyecto de Ley de la Actividad Bancaria, el
parlamentario notificó que se mantendrá en revisión hasta la próxima
semana. . “Vamos a hacer todo lo posible para que se apruebe, porque
es parte del componente del sistema orgánico financiero nacional”. En
tal sentido, puntualizó que en esa vía ya fueron sancionadas las leyes
de la actividad aseguradora y la de Mercado de Valores. “Falta la Ley
de la Actividad Bancaria, que es el complemento de la Ley Orgánica del
Sistema Financiero Nacional”.
Leyes socialistas antes del 2011
Aristóbulo Istúriz lo dijo y Cilia Flores lo confirmó: “Haremos las
leyes que sean necesarias, antes de enero”, en referencia los
instrumentos legales que consolidarán el “estado Comunal” y cambiarán
el modelo productivo capitalista.
El anuncio lo hizo el diputado electo por Caracas, en el acto de
proclamación de los legisladores del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) efectuado en la Plaza Bolívar, donde los rojos
adelantaron que no permitirán que “los diputados de la ultraderecha
llegue a la Asamblea Nacional (AN) a desestabilizar”.
El anuncio de Istúriz fue confirmado por Cilia Flores, presidenta de
la AN y reelecta para otros cinco años, quien explicó que las leyes
del Poder Popular, Comunal, Contraloría Social, Planificación Pública
y Economía Comunal, serán sancionadas antes del 5 de enero, cuando se
inicie el período legislativo 2011-2016. Igualmente, Flores afirmó que
los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también
serán designados.
Nueva institucionalidad
El diputado electo confrontó a sus colegas opositores por las
versiones extraoficiales acerca de que podrían incorporarse a la AN
antes del 5 de enero. “Prepárense, porque tenemos conciencia de la
confrontación en la que estamos. Esta Asamblea está vigente”, aseveró.
“Los diputados electos asumimos desde hoy la condición de voceros del
pueblo de Caracas ante la Asamblea Nacional voceros del poder popular
(...) No vamos a desaparecer la Asamblea. Vamos a fortalecerla, porque
la asumimos como el órgano sancionador de las leyes que deben ser
desarrolladas desde abajo, con la participación del pueblo (...)
Tenemos que, desde ya, tomar la calle y no salir de ella”, vociferó.
Anunció que desde este Parlamento sustituirán el modelo de producción
capitalista “por uno socialista, a impulsar leyes para que la
propiedad social sea un elemento fundamental del nuevo modelo
económico y a acelerar las normativas que complementen los cambios en
la educación y la cultura, para acelerar el proceso de transformación
cultural que genere el hombre nuevo”, añadió. Vaticinó que la próxima
AN será un escenario de combate político. “Sabemos que no basta
levantar las manos para ser mayoría. Serán las manos con la
movilización en las calles del pueblo las que van a respaldar la
revolución bolivariana”, indicó.
Preparan informes
En la comisión de Participación Ciudadana preparan los informes para
la segunda discusión de cuatro de las cinco leyes comunales que fueron
consideradas en segunda, entre el 16 de diciembre del 2009 y julio de
este año.
Se conoció que los proceso de consulta de los instrumentos están
adelantados y esperan que en dos semanas se hagan los ajustes, tomando
en cuenta las propuestas que han recibido en la instancia
parlamentarias.
Mega reunión
Ayer en la tarde fue convocada una reunión del bloque parlamentario
del PSUV, con la directiva del partido, en Fuerte Tiuna. Este
encuentro fue pautado para analizar los resultados de las elecciones y
planificar la agenda legislativa.
Se informó que los casos de Táchira, Anzoátegui, Zulia, Miranda y
Sucre serían analizados de manera especial, principalmente porque los
líderes del partido, alcaldes, gobernadores y diputados de esas
entidades fueron “los grandes derrotados” y deben responder por el
resultados del 26 de septiembre.
Nicolás Maduro, a quien enviaron al estado Táchira, Rafael Ramírez
quien instaló en Táchira, Aristóbulo Istútriz que le tocaba oriente y
Elías Jaua, responsable por Miranda, debieron ser increpados por como
quedaron los votos.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
martes, 28 de septiembre de 2010
Historias
A los diputados les pasaron factura por "Pudreval"
Aunque la plana mayor del Psuv haya dicho que el resultado de las elecciones del domingo fue una "victoria contundente", en realidad los diputados admiten que están "pagando" varias deudas, entre ellas el caso Pdval y los alimentos descompuestos.
Las caras largas de los miembros del Poder Legislativo mostraba que no están contentos con los resultados, salvo aquellos que van a repetir.
Parlamentarios que prefirieron mantener su nombre en reserva, comentaron este martes que la cantidad de curules que ganó la oposición "ha demostrado que no se ha hecho bien. Mira lo que pasó en Anzoátegui. Allí fue un batacazo, pero la culpa es del Gobernador, porque es muy déspota. Además de la mala calidad de vida", dijo un legislador.
En el caso del estado Zulia, en la AN estaban claros de que "nunca ha sido un estado chavista", pero un parlamentario comentó que "Mario Isea pagó con creces el silencio en que puso el caso Pdval. Eso lo golpeó mucho". Pero, otro denunció que el Gobernador Pablo Pérez habría "pagado el año completo de los niños de las escuelas pertenecientes a la Gobernación. A la hora de una elección, eso pega".
En el caso del Táchira, una diputada cruel manifestó que "se sabía que allí perdíamos. La única que no quiso verlo fue Iris Varela".
130 suplentes para afuera
Las recientes elecciones parlamentarias no solamente afectaron a los titulares, sino a 130 suplentes que a partir del 5 de enero van para la calle.
Desde antes del 2005, los suplentes fueron prácticamente diputados titulares, puesto que permanecieron en Caracas, para tomar el lugar de los principales, cuando eran necesarios.
Pero, durante los últimos 5 años, los suplentes engrosaron las filas del personal de la AN, no solamente suplantando a los titulares, sino que actuaban como asesores, pagados por el Parlamento.
Ahora, la queja de esas 130 no tardará en escucharse, según le plantearon al diputado Oscar Figuera, otrora presidente de la comisión de Desarrollo Social. "Esos 130 suplentes que van para afuera es un capital humano que se puede perder", dijo uno de los afectados.
Agenda por definir
En el Parlamento hay hermetismo en relación con las leyes que serán consideradas en estos dos meses y medio que le queda a esta AN.
Antes de las elecciones, la presidenta, Cilia Flores aseguró que se aprobarían las leyes comunales, a saber: Ley de Comunas, Ley de Contraloría Social, Ley de Estímulo a la Economía Comunal.
Las dos primeras fueron aprobadas en primera discusión y la última solamente fue distribuida. Por otro lado, La reforma de la Ley de Bancos también está pendiente, pero tampoco se sabe cuándo será presentada en la plenaria.
Además, otra promesa electoral fue la Ley Orgánica del Trabajo y la de Desarme. Ninguno de estos instrumentos fue incluido en la agenda de esta semana.
Se conoció que la directiva se reunirá para elaborar un cronograma de trabajo en relación con los instrumentos.
Aunque la plana mayor del Psuv haya dicho que el resultado de las elecciones del domingo fue una "victoria contundente", en realidad los diputados admiten que están "pagando" varias deudas, entre ellas el caso Pdval y los alimentos descompuestos.
Las caras largas de los miembros del Poder Legislativo mostraba que no están contentos con los resultados, salvo aquellos que van a repetir.
Parlamentarios que prefirieron mantener su nombre en reserva, comentaron este martes que la cantidad de curules que ganó la oposición "ha demostrado que no se ha hecho bien. Mira lo que pasó en Anzoátegui. Allí fue un batacazo, pero la culpa es del Gobernador, porque es muy déspota. Además de la mala calidad de vida", dijo un legislador.
En el caso del estado Zulia, en la AN estaban claros de que "nunca ha sido un estado chavista", pero un parlamentario comentó que "Mario Isea pagó con creces el silencio en que puso el caso Pdval. Eso lo golpeó mucho". Pero, otro denunció que el Gobernador Pablo Pérez habría "pagado el año completo de los niños de las escuelas pertenecientes a la Gobernación. A la hora de una elección, eso pega".
En el caso del Táchira, una diputada cruel manifestó que "se sabía que allí perdíamos. La única que no quiso verlo fue Iris Varela".
130 suplentes para afuera
Las recientes elecciones parlamentarias no solamente afectaron a los titulares, sino a 130 suplentes que a partir del 5 de enero van para la calle.
Desde antes del 2005, los suplentes fueron prácticamente diputados titulares, puesto que permanecieron en Caracas, para tomar el lugar de los principales, cuando eran necesarios.
Pero, durante los últimos 5 años, los suplentes engrosaron las filas del personal de la AN, no solamente suplantando a los titulares, sino que actuaban como asesores, pagados por el Parlamento.
Ahora, la queja de esas 130 no tardará en escucharse, según le plantearon al diputado Oscar Figuera, otrora presidente de la comisión de Desarrollo Social. "Esos 130 suplentes que van para afuera es un capital humano que se puede perder", dijo uno de los afectados.
Agenda por definir
En el Parlamento hay hermetismo en relación con las leyes que serán consideradas en estos dos meses y medio que le queda a esta AN.
Antes de las elecciones, la presidenta, Cilia Flores aseguró que se aprobarían las leyes comunales, a saber: Ley de Comunas, Ley de Contraloría Social, Ley de Estímulo a la Economía Comunal.
Las dos primeras fueron aprobadas en primera discusión y la última solamente fue distribuida. Por otro lado, La reforma de la Ley de Bancos también está pendiente, pero tampoco se sabe cuándo será presentada en la plenaria.
Además, otra promesa electoral fue la Ley Orgánica del Trabajo y la de Desarme. Ninguno de estos instrumentos fue incluido en la agenda de esta semana.
Se conoció que la directiva se reunirá para elaborar un cronograma de trabajo en relación con los instrumentos.
jueves, 23 de septiembre de 2010
Más créditos
Aprobaron más de Bs. 500 en créditos adicionales
La comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este jueves dos
créditos adicionales por más de 500 millones de bolívares. Uno de los
créditos es para el pago a jubilados y pensionados de la antigua
Gobernación del Distrito Federal, por 348 millones de bolívares,
mientras que el otro de 178 millones de bolívares, es para el CNE,
destinado a gastos prioritarios para las elecciones parlamentarias y
de la contratación colectiva.
La semana que viene arranca el arrase en el Parlamento
Fuentes de la Asamblea Nacional informaron que la consideración de las
leyes polémicas arrancará la semana que viene. La primera de ellas
será la Ley de Bancos y posiblemente las de Comunas y Contraloría
Social. En la AN se habla de la Ley de Desarme, pero al parecer hay
opiniones encontradas sobre este punto, porque algunos quieren que sea
más punitiva y otros preventiva. Hasta ahora, las nuevas
modificaciones han sido bien guardadas por los diputados Juan Mendoza
y Tulio Jiménez.
Nadie hizo caso
Los empleados del Poder legislativo se negaron a ir a las
concentraciones del chavismo esta semana. Hasta con megáfonos llegaron
a llamar a los trabajadores, pero casi nadie fue, salvo aquellos cuyos
cargos son de libre remoción. Los empleados de la AN están molestos
porque el contrato colectivo no se termina de discutir y están,
calladamente, enfrentados a la directiva.
La comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este jueves dos
créditos adicionales por más de 500 millones de bolívares. Uno de los
créditos es para el pago a jubilados y pensionados de la antigua
Gobernación del Distrito Federal, por 348 millones de bolívares,
mientras que el otro de 178 millones de bolívares, es para el CNE,
destinado a gastos prioritarios para las elecciones parlamentarias y
de la contratación colectiva.
La semana que viene arranca el arrase en el Parlamento
Fuentes de la Asamblea Nacional informaron que la consideración de las
leyes polémicas arrancará la semana que viene. La primera de ellas
será la Ley de Bancos y posiblemente las de Comunas y Contraloría
Social. En la AN se habla de la Ley de Desarme, pero al parecer hay
opiniones encontradas sobre este punto, porque algunos quieren que sea
más punitiva y otros preventiva. Hasta ahora, las nuevas
modificaciones han sido bien guardadas por los diputados Juan Mendoza
y Tulio Jiménez.
Nadie hizo caso
Los empleados del Poder legislativo se negaron a ir a las
concentraciones del chavismo esta semana. Hasta con megáfonos llegaron
a llamar a los trabajadores, pero casi nadie fue, salvo aquellos cuyos
cargos son de libre remoción. Los empleados de la AN están molestos
porque el contrato colectivo no se termina de discutir y están,
calladamente, enfrentados a la directiva.
martes, 21 de septiembre de 2010
Lo que hace el despecho
Prevén que créditos adicionales superarán los Bs.45 millardos
En la Asamblea Nacioal se habla de que los créditos adicionales
superarán los 45 millardos de bolívares, al cierre del 2010. Fuentes
del Parlamento informaron que luego de las elecciones, sea el
resultado que sea, arreciarán las peticiones extras de recursos,
“sobre todo para pagar pasivos laborales”. Cabe recordar que el pago
de estos compromisos no etaba previsto en el presupuesto ordinario de
159.4 millardos de bolívares. Igualmente, hasta la fecha los crédutos
adicionales uperan los 34 millardos de bolívares, con lo cual el
presupuesto del 2010 se eleva a 195 millardos.
La mesa limpia
A menos a cinco cuatro días de las elecciones parlamentarias, los
diputados de la AN que no van a repetir están cada vez más molestos,
primero porque la orden “de arriba es hacer caída y mesa limpia”,
tanto con las leyes, como con los créditos adicionales. Varios
diputados (pareciera que por despecho) se confiesan con quien quiera
escucharlos y lamentan haber levantado la mano “para aprobar estas
locuras”. En estos días en que se activo el Parlamento, para el inicio
del segundo período, más de un diputado aseguró que “la cosa no estará
fácil este domingo. Hay regiones donde la base está muy molesta, por
lo que está pasando con el país, la economía, la vida cara, y también
porque los candidatos por los que hay que votar han sido impuestos”.
Pero estos legisladores bastante que levantaron los brazos para
aprobar esas locuras que ordenó Chávez”. Ante esto, argumentan que
“tenía que hacerlo”, para que no me botaran del partido”.
Pudreval no habría ocurrido
Entre las confesiones más “desgarradoras” está la de una legisladora
(que tampoco repetirá), quien aseguró que “si la comisión de
Contraloría no hubiera sido cerrada, Pudreval no habría ocurrido”.
Recordó al fallecido diputado Luis Tascón, quien denunció a los
hermanos Diosdado y José David y también a Rafael Ramírez, razón por
la cual la orden de la directiva de la AN fue cerrar la comisión de
Contraloría a los medios y detener las investigaciones.
El peor de Bolívar
Por lo lados del estado Bolívar, las protestas de los parlamentarios
también se han hecho sentir. Varios parlamentarios chavistas de esa
entidad aseguran que el Gobierno de Rangel Gómez “es el peor que ha
pasado por Bolívar”. Aseguran que la delincuencia se ha apoderado del
estado, así como los secuestros y el sicariato.
En la Asamblea Nacioal se habla de que los créditos adicionales
superarán los 45 millardos de bolívares, al cierre del 2010. Fuentes
del Parlamento informaron que luego de las elecciones, sea el
resultado que sea, arreciarán las peticiones extras de recursos,
“sobre todo para pagar pasivos laborales”. Cabe recordar que el pago
de estos compromisos no etaba previsto en el presupuesto ordinario de
159.4 millardos de bolívares. Igualmente, hasta la fecha los crédutos
adicionales uperan los 34 millardos de bolívares, con lo cual el
presupuesto del 2010 se eleva a 195 millardos.
La mesa limpia
A menos a cinco cuatro días de las elecciones parlamentarias, los
diputados de la AN que no van a repetir están cada vez más molestos,
primero porque la orden “de arriba es hacer caída y mesa limpia”,
tanto con las leyes, como con los créditos adicionales. Varios
diputados (pareciera que por despecho) se confiesan con quien quiera
escucharlos y lamentan haber levantado la mano “para aprobar estas
locuras”. En estos días en que se activo el Parlamento, para el inicio
del segundo período, más de un diputado aseguró que “la cosa no estará
fácil este domingo. Hay regiones donde la base está muy molesta, por
lo que está pasando con el país, la economía, la vida cara, y también
porque los candidatos por los que hay que votar han sido impuestos”.
Pero estos legisladores bastante que levantaron los brazos para
aprobar esas locuras que ordenó Chávez”. Ante esto, argumentan que
“tenía que hacerlo”, para que no me botaran del partido”.
Pudreval no habría ocurrido
Entre las confesiones más “desgarradoras” está la de una legisladora
(que tampoco repetirá), quien aseguró que “si la comisión de
Contraloría no hubiera sido cerrada, Pudreval no habría ocurrido”.
Recordó al fallecido diputado Luis Tascón, quien denunció a los
hermanos Diosdado y José David y también a Rafael Ramírez, razón por
la cual la orden de la directiva de la AN fue cerrar la comisión de
Contraloría a los medios y detener las investigaciones.
El peor de Bolívar
Por lo lados del estado Bolívar, las protestas de los parlamentarios
también se han hecho sentir. Varios parlamentarios chavistas de esa
entidad aseguran que el Gobierno de Rangel Gómez “es el peor que ha
pasado por Bolívar”. Aseguran que la delincuencia se ha apoderado del
estado, así como los secuestros y el sicariato.
jueves, 16 de septiembre de 2010
Hoy se inicia la segunda discusión
Realizan más cambios a la Ley de Desarme
El diputado Tulio Jiménez presidente de la Comisión Permanente de
Política, Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías
Constitucionales de la AN indicó que es necesario controlar el uso de
armas y municiones en la población y proponen que el nombre sea “Ley
de Desarme y de Control de Armas y Municiones”. De esta manera, se le
incluyen más cambios al proyecto de ley que entrará este jueves a
segunda discusión.
“Es un proyecto bien completo que busca actuar de manera preventiva,
pero, también, es muy contundente en términos sancionatorios”, afirmó.
Indicó que durante varios días discutieron si eliminaban
definitivamente la posibilidad de que las personas civiles portaran
armas o no, y llegaron a la conclusión de que en este momento no es
conveniente actuar tan drásticamente, pero las personas que deseen
tener porte de armas deberán pasar por un control más estricto.
Justificar la tenencia
Entre las regulaciones que prevé la ley, se estipula que las personas
que deseen tener licencia para portar arma deberán justificar de
manera razonable el motivo por el cual hacen la solicitud y debe ser
por razones muy justificadas.
El Ejecutivo nacional establecerá un lapso de 180 días para la entrega
voluntaria de las armas que tiene la población en su poder, esta
devolución se realizará en sitios que previamente se establecerán,
informó Jiménez.
Para las personas que no las entreguen en el lapso establecido, lo
podrán realizar en jornadas especiales. Indicó que la persona que
porte un arma o en su casa y no presente autorización, se expone a una
pena, la cual fue subida a entre ocho y diez años.
Aunado a esto, el Ejecutivo nacional implementará un programa de
acción donde se establecerá concienciar y motivar a la población para
la devolución de las armas, explicando las virtudes y riesgos que
implica cargar un armamento, “para ello, requerimos de la colaboración
de los medios de comunicación social en los programas que se van a
desarrollar al respecto”
Destacó que el gobierno nacional ha eliminado las autorizaciones para
las armerías. En Venezuela existían más de 4 mil, ahora quedan 100,
aproximadamente, la iniciativa es que sea el propio Estado venezolano
el que controle el otorgamiento de permisos para el porte y ventas de
armas.
Aclaró que las que el pueblo decida entregar voluntariamente van a ser
destruidas, a excepción de las que se encuentren involucradas en algún
hecho criminal, las cuales van a ser trasladadas a la fiscaliza o el
tribunal competente.
Resaltó que durante las reuniones se llegó a la conclusión de que las
personas que se encuentran armadas generalmente son más proclives a
ser víctimas de los delincuentes que quienes no lo están, ya que
muchas veces los antisociales prefieren llevarse el arma que cualquier
otro bien material. Otro punto que destacó el diputado es que la ley
establecerá que el Estado venezolano puede decomisar, pedir o rescatar
el armamento.
Jiménez apuntó que con las modificaciones dentro de la ley, la edad
para poseer porte de armas pasa a ser 25 años, ya que la persona tiene
más madurez, de igual forma pasarán por una evaluación física y
psicológica. Los organismos encargados de dar la permisología después
de los exámenes serán: el Ministerio del Poder Popular para la Defensa
y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y
Justicia.
El diputado Tulio Jiménez presidente de la Comisión Permanente de
Política, Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías
Constitucionales de la AN indicó que es necesario controlar el uso de
armas y municiones en la población y proponen que el nombre sea “Ley
de Desarme y de Control de Armas y Municiones”. De esta manera, se le
incluyen más cambios al proyecto de ley que entrará este jueves a
segunda discusión.
“Es un proyecto bien completo que busca actuar de manera preventiva,
pero, también, es muy contundente en términos sancionatorios”, afirmó.
Indicó que durante varios días discutieron si eliminaban
definitivamente la posibilidad de que las personas civiles portaran
armas o no, y llegaron a la conclusión de que en este momento no es
conveniente actuar tan drásticamente, pero las personas que deseen
tener porte de armas deberán pasar por un control más estricto.
Justificar la tenencia
Entre las regulaciones que prevé la ley, se estipula que las personas
que deseen tener licencia para portar arma deberán justificar de
manera razonable el motivo por el cual hacen la solicitud y debe ser
por razones muy justificadas.
El Ejecutivo nacional establecerá un lapso de 180 días para la entrega
voluntaria de las armas que tiene la población en su poder, esta
devolución se realizará en sitios que previamente se establecerán,
informó Jiménez.
Para las personas que no las entreguen en el lapso establecido, lo
podrán realizar en jornadas especiales. Indicó que la persona que
porte un arma o en su casa y no presente autorización, se expone a una
pena, la cual fue subida a entre ocho y diez años.
Aunado a esto, el Ejecutivo nacional implementará un programa de
acción donde se establecerá concienciar y motivar a la población para
la devolución de las armas, explicando las virtudes y riesgos que
implica cargar un armamento, “para ello, requerimos de la colaboración
de los medios de comunicación social en los programas que se van a
desarrollar al respecto”
Destacó que el gobierno nacional ha eliminado las autorizaciones para
las armerías. En Venezuela existían más de 4 mil, ahora quedan 100,
aproximadamente, la iniciativa es que sea el propio Estado venezolano
el que controle el otorgamiento de permisos para el porte y ventas de
armas.
Aclaró que las que el pueblo decida entregar voluntariamente van a ser
destruidas, a excepción de las que se encuentren involucradas en algún
hecho criminal, las cuales van a ser trasladadas a la fiscaliza o el
tribunal competente.
Resaltó que durante las reuniones se llegó a la conclusión de que las
personas que se encuentran armadas generalmente son más proclives a
ser víctimas de los delincuentes que quienes no lo están, ya que
muchas veces los antisociales prefieren llevarse el arma que cualquier
otro bien material. Otro punto que destacó el diputado es que la ley
establecerá que el Estado venezolano puede decomisar, pedir o rescatar
el armamento.
Jiménez apuntó que con las modificaciones dentro de la ley, la edad
para poseer porte de armas pasa a ser 25 años, ya que la persona tiene
más madurez, de igual forma pasarán por una evaluación física y
psicológica. Los organismos encargados de dar la permisología después
de los exámenes serán: el Ministerio del Poder Popular para la Defensa
y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y
Justicia.
martes, 14 de septiembre de 2010
Ley penal para el desarme
Plantean no otorgar permisos para portar armas durante tres años
La plenaria de la Asamblea Nacional (AN), inicia este jueves el
segundo período ordinario de sesiones con la segunda discusión de la
Ley Penal para el Desarme y Control de Municiones, proyecto que ha
sufrido modificaciones de forma y fondo, en relación con el texto
aprobado en primera discusión, en enero de este año. Entre los
aspectos más resaltantes del instrumento se encuentran las sanciones
que fueron aumentadas. En este sentido, el porte ilícito de armas será
sancionado con 10 a 12 años de cárcel.
Igualmente, se fijó los 25 años como edad mínima para portar un arma.
Los diputados Juan Mendoza y Tulio Jiménez, presidentes de las
comisiones de Defensa y Política Interior, respectivamente, anunciaron
otros cambios, añadidos en los últimos días, a raíz de la gravedad del
tema de la violencia. Entre estos cambios figuran la imposibilidad de
que, quien porte un arma de manera ilícita, tenga beneficios
procesales. Además, Tulio Jiménez anunció que una vez aprobada la ley
habrá un lapso de 180 días para que se entreguen las armas al Estado,
para que sean destruidas. Se incluye una serie de parámetros sobre el
control de armas y la entrega de las mismas que están en manos de la
población ilegalmente. Destaca que las personas que deseen portar
armas deberán tener más de 25 años, no se podrán tener más de 25
municiones y se contempla la prohibición de otorgar licencias nuevas
por el lapso de tres años.
Jiménez manifiesta que hay un número “considerable” de armas ilegales
en la población. “Inclusive hay menores de edad con armas, y no es
conveniente, las armas deben estar en manos del Estado”.
Resalta que quien porte a un arma ilegalmente podrá ser detenido,
“pero el venezolano debe saber que portar un arma implica un riesgo,
por eso se pondrá un lapso de 180 días para la entrega de armas para
su destrucción, salvo las armas incriminadas que durara un poco mas su
destrucción”. No desconoce la inseguridad ciudadana ni el uso indebido
de armas de fuego, por eso el control que se hará con estos
implementos.
La ley establece que "los consejos comunales podrán solicitar ante el
órgano competente en materia de armas y municiones la suspensión del
permiso de porte o tenencia de arma de aquella persona que realice
conductas que amenacen la paz y la seguridad de la colectividad".
Además señala que "la llícita adquisición de las otras armas o
municiones realizada por las personas naturales o jurídicas, de
derecho público y privado, sólo implica la posesión condicionada de
las mismas, en consecuencia, el Estado se reserva el derecho a
recuperarlas en las condiciones que establezca la ley y su
reglamento”.
También indica que "las autoridades definidas en esta ley como
competentes para ejecutar las política pública nacional de desarme y
recuperación de armas y municiones, podrán realizar operaciones
encubiertas de manera coordinada con el Ministerio Público. Las
operaciones encubiertas establecidas en este artículo y su eximente de
responsabilidad penal prevista en esta ley, no involucran la
posibilidad de alterar registros, archivos o libros públicos para la
creación de la entidad falsa".
La plenaria de la Asamblea Nacional (AN), inicia este jueves el
segundo período ordinario de sesiones con la segunda discusión de la
Ley Penal para el Desarme y Control de Municiones, proyecto que ha
sufrido modificaciones de forma y fondo, en relación con el texto
aprobado en primera discusión, en enero de este año. Entre los
aspectos más resaltantes del instrumento se encuentran las sanciones
que fueron aumentadas. En este sentido, el porte ilícito de armas será
sancionado con 10 a 12 años de cárcel.
Igualmente, se fijó los 25 años como edad mínima para portar un arma.
Los diputados Juan Mendoza y Tulio Jiménez, presidentes de las
comisiones de Defensa y Política Interior, respectivamente, anunciaron
otros cambios, añadidos en los últimos días, a raíz de la gravedad del
tema de la violencia. Entre estos cambios figuran la imposibilidad de
que, quien porte un arma de manera ilícita, tenga beneficios
procesales. Además, Tulio Jiménez anunció que una vez aprobada la ley
habrá un lapso de 180 días para que se entreguen las armas al Estado,
para que sean destruidas. Se incluye una serie de parámetros sobre el
control de armas y la entrega de las mismas que están en manos de la
población ilegalmente. Destaca que las personas que deseen portar
armas deberán tener más de 25 años, no se podrán tener más de 25
municiones y se contempla la prohibición de otorgar licencias nuevas
por el lapso de tres años.
Jiménez manifiesta que hay un número “considerable” de armas ilegales
en la población. “Inclusive hay menores de edad con armas, y no es
conveniente, las armas deben estar en manos del Estado”.
Resalta que quien porte a un arma ilegalmente podrá ser detenido,
“pero el venezolano debe saber que portar un arma implica un riesgo,
por eso se pondrá un lapso de 180 días para la entrega de armas para
su destrucción, salvo las armas incriminadas que durara un poco mas su
destrucción”. No desconoce la inseguridad ciudadana ni el uso indebido
de armas de fuego, por eso el control que se hará con estos
implementos.
La ley establece que "los consejos comunales podrán solicitar ante el
órgano competente en materia de armas y municiones la suspensión del
permiso de porte o tenencia de arma de aquella persona que realice
conductas que amenacen la paz y la seguridad de la colectividad".
Además señala que "la llícita adquisición de las otras armas o
municiones realizada por las personas naturales o jurídicas, de
derecho público y privado, sólo implica la posesión condicionada de
las mismas, en consecuencia, el Estado se reserva el derecho a
recuperarlas en las condiciones que establezca la ley y su
reglamento”.
También indica que "las autoridades definidas en esta ley como
competentes para ejecutar las política pública nacional de desarme y
recuperación de armas y municiones, podrán realizar operaciones
encubiertas de manera coordinada con el Ministerio Público. Las
operaciones encubiertas establecidas en este artículo y su eximente de
responsabilidad penal prevista en esta ley, no involucran la
posibilidad de alterar registros, archivos o libros públicos para la
creación de la entidad falsa".
viernes, 10 de septiembre de 2010
Ley para el Desarme
Cuerpos de seguridad quedarán desarmados
“Todas las armas recuperadas provenientes de hechos ilícitos o en
proceso judicial y todas las que se encuentren depositadas o
resguardadas actualmente por los cuerpos de seguridad serán pasadas al
parque nacional de armas para su destrucción en 30 días, luego de
haberse hecho la experticia como prueba anticipada”, anunció el
presidente de la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN),
Juan Mendoza, en relación con los cambios que se hicieron en el
proyecto de Ley para el Desarme y Control de Municiones que entrará a
segunda discusión, la semana que viene.
El MIJ encargado
El diputado informó además que “todo lo relacionado con el registro y
control de armas y municiones estará, de forma conjunta y
confidencial, a cargo del Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Relaciones Interiores y Justicia”. Además que existirá un sistema en
línea que se implementará de forma inmediata y que será coordinado
entre ambos ministerios.
En la ley se establece también la prohibición del uso de armas en
colegios, centro de salud, espectáculos artísticos, iglesias, así como
en las zonas geográficas del país que el Ejecutivo determine como
especiales. En cuanto a los señalamientos negativos que ha recibido la
Ley de Desarme, el parlamentario dijo que lamenta que quienes “se han
dado la tarea de criticar la ley, desconocen el verdadero contenido de
fondo que tiene. Esta ley fue realizada en mesas de trabajo durante un
año y medio”, aseveró.
Sin beneficios procesales
Por otra parte, el presidente de la comisión de Política Interior,
Tulio Jiménez, advirtió que con la aprobación de la Ley de Desarme,
“quienes porten armas de fuego, ilícitamente, no recibirán beneficios
procesales”. “Estamos frente a un instrumento legal que cumple todas
las expectativas en materia de seguridad. Se trata de una ley
fundamentalmente preventiva, pero que castiga severamente el porte
ilícito de armas en el país”, argumentó.
Recordó que el instrumento “se viene mejorando desde hace bastante
tiempo. Es incierto que se esté aligerando su aprobación por causa de
la campaña electoral, como lo han querido hacer ver sectores de la
oposición”.
En cuanto a la metodología que se aplicará, por parte de las
autoridades, para rescatar o decomisar las armas de fuego que están en
poder de la delincuencia, el parlamentario refirió que “estamos
proponiendo la entrega voluntaria de las armas para el cual se
establecerá una Disposición Transitoria de 180 días, una vez que la
ley entre en vigencia”. Asimismo, anunció que se aumentó la edad para
el porte de armas. “Los permisos para poseer un arma no serán
entregados a cualquier persona que lo solicite, sino a los ciudadanos
mayores de 25 años que justifiquen que ese armamento será para su
defensa personal, luego de cumplir con algunos exámenes psicológicos”.
“Todas las armas recuperadas provenientes de hechos ilícitos o en
proceso judicial y todas las que se encuentren depositadas o
resguardadas actualmente por los cuerpos de seguridad serán pasadas al
parque nacional de armas para su destrucción en 30 días, luego de
haberse hecho la experticia como prueba anticipada”, anunció el
presidente de la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN),
Juan Mendoza, en relación con los cambios que se hicieron en el
proyecto de Ley para el Desarme y Control de Municiones que entrará a
segunda discusión, la semana que viene.
El MIJ encargado
El diputado informó además que “todo lo relacionado con el registro y
control de armas y municiones estará, de forma conjunta y
confidencial, a cargo del Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Relaciones Interiores y Justicia”. Además que existirá un sistema en
línea que se implementará de forma inmediata y que será coordinado
entre ambos ministerios.
En la ley se establece también la prohibición del uso de armas en
colegios, centro de salud, espectáculos artísticos, iglesias, así como
en las zonas geográficas del país que el Ejecutivo determine como
especiales. En cuanto a los señalamientos negativos que ha recibido la
Ley de Desarme, el parlamentario dijo que lamenta que quienes “se han
dado la tarea de criticar la ley, desconocen el verdadero contenido de
fondo que tiene. Esta ley fue realizada en mesas de trabajo durante un
año y medio”, aseveró.
Sin beneficios procesales
Por otra parte, el presidente de la comisión de Política Interior,
Tulio Jiménez, advirtió que con la aprobación de la Ley de Desarme,
“quienes porten armas de fuego, ilícitamente, no recibirán beneficios
procesales”. “Estamos frente a un instrumento legal que cumple todas
las expectativas en materia de seguridad. Se trata de una ley
fundamentalmente preventiva, pero que castiga severamente el porte
ilícito de armas en el país”, argumentó.
Recordó que el instrumento “se viene mejorando desde hace bastante
tiempo. Es incierto que se esté aligerando su aprobación por causa de
la campaña electoral, como lo han querido hacer ver sectores de la
oposición”.
En cuanto a la metodología que se aplicará, por parte de las
autoridades, para rescatar o decomisar las armas de fuego que están en
poder de la delincuencia, el parlamentario refirió que “estamos
proponiendo la entrega voluntaria de las armas para el cual se
establecerá una Disposición Transitoria de 180 días, una vez que la
ley entre en vigencia”. Asimismo, anunció que se aumentó la edad para
el porte de armas. “Los permisos para poseer un arma no serán
entregados a cualquier persona que lo solicite, sino a los ciudadanos
mayores de 25 años que justifiquen que ese armamento será para su
defensa personal, luego de cumplir con algunos exámenes psicológicos”.
En la AN
Un millardo en recursos extras
La Delegada aprobó nueve créditos adicionales por 1.124.765.488,32
bolívares, cuatro para el Distrito Capital, dos para el Ministerio de
Relaciones Interiores, y uno para la Contraloría General de la
República, Ministerio de Vivienda y Hábitat y para el despacho del
Deporte, respectivamente. El crédito para el ministerio de Vivienda,
por 5 millones de bolívares, será destinado a culminar las obras de
las edificaciones del conjunto residencial La Avileña, ubicado en la
parroquia El Recreo, municipio Libertador. Flores señaló que el
crédito adicional tiene como objetivo “hacer justicia con todas las
personas que se vieron afectadas por la estafa de que fueron víctimas
por parte del empresario Nelson Mezerhane”, dueño del Banco Federal,
entidad que financiaba las obras. “Este crédito para cumplir con los
requerimientos de estas personas que en su mayoría se quedaron sin
vivienda propia”. Con estas erogaciones, el monto total aprobado por
la AN este año, vía créditos adicionales, asciende a 34.1 millardos de
bolívares y ubica el presupuesto nacional 2010 en 193.5 millardos de
bolívares.
Reclamo de los trabajadores
Los trabajadores de la AN aprovecharon la autorización de los nueve
créditos para reclamar por sus reivindicaciones salariales. A través
de la cuenta en la red social Twitter, @sinfucan, el sindicato que
agrupa a los empleados y trabajadores de carrera manifestaron: “nueve
créditos adicionales aprobó hoy (ayer) la Comisión Delegada. ¿Dónde
está el crédito para convención colectiva y pago pasivos laborales
jubilados?”. La convención colectiva de la AN venció en diciembre de
2009 y hasta el momento la directiva se ha negado a discutir el
contrato. Esta semana, SINFUCAN introdujo escrito en la Inspectoría
del Trabajo, solicitando que convoque a una reunión para la discusión
de la convención colectiva 2010-201. No obstante, los trabajadores se
quejan porque la diputada Cilia Flores no se reúne con los sindicatos,
a pesar de que ella es la administradora y cuentadante del Parlamento.
La campaña para criticar al otro
Luego que el presidente Hugo Chávez ordenó “demoler a la oposición”,
en la AN, los diputados se han dedicado a insultar a los antichavistas
y a implicarlos en presuntos planes de sabotaje. Cilia Flores, Darío
Vivas, Marelis Pérez, es decir, los miembros de la directiva, no han
parado de decir que la oposición “busca desestabilizar” y también han
repetido que “no sería raro que” estuviesen implicados en “el sabotaje
eléctrico”. Lejos de resaltar los supuestos logros del Parlamento, los
diputados gastan sus energías en poner a Chávez como una víctima.
La Delegada aprobó nueve créditos adicionales por 1.124.765.488,32
bolívares, cuatro para el Distrito Capital, dos para el Ministerio de
Relaciones Interiores, y uno para la Contraloría General de la
República, Ministerio de Vivienda y Hábitat y para el despacho del
Deporte, respectivamente. El crédito para el ministerio de Vivienda,
por 5 millones de bolívares, será destinado a culminar las obras de
las edificaciones del conjunto residencial La Avileña, ubicado en la
parroquia El Recreo, municipio Libertador. Flores señaló que el
crédito adicional tiene como objetivo “hacer justicia con todas las
personas que se vieron afectadas por la estafa de que fueron víctimas
por parte del empresario Nelson Mezerhane”, dueño del Banco Federal,
entidad que financiaba las obras. “Este crédito para cumplir con los
requerimientos de estas personas que en su mayoría se quedaron sin
vivienda propia”. Con estas erogaciones, el monto total aprobado por
la AN este año, vía créditos adicionales, asciende a 34.1 millardos de
bolívares y ubica el presupuesto nacional 2010 en 193.5 millardos de
bolívares.
Reclamo de los trabajadores
Los trabajadores de la AN aprovecharon la autorización de los nueve
créditos para reclamar por sus reivindicaciones salariales. A través
de la cuenta en la red social Twitter, @sinfucan, el sindicato que
agrupa a los empleados y trabajadores de carrera manifestaron: “nueve
créditos adicionales aprobó hoy (ayer) la Comisión Delegada. ¿Dónde
está el crédito para convención colectiva y pago pasivos laborales
jubilados?”. La convención colectiva de la AN venció en diciembre de
2009 y hasta el momento la directiva se ha negado a discutir el
contrato. Esta semana, SINFUCAN introdujo escrito en la Inspectoría
del Trabajo, solicitando que convoque a una reunión para la discusión
de la convención colectiva 2010-201. No obstante, los trabajadores se
quejan porque la diputada Cilia Flores no se reúne con los sindicatos,
a pesar de que ella es la administradora y cuentadante del Parlamento.
La campaña para criticar al otro
Luego que el presidente Hugo Chávez ordenó “demoler a la oposición”,
en la AN, los diputados se han dedicado a insultar a los antichavistas
y a implicarlos en presuntos planes de sabotaje. Cilia Flores, Darío
Vivas, Marelis Pérez, es decir, los miembros de la directiva, no han
parado de decir que la oposición “busca desestabilizar” y también han
repetido que “no sería raro que” estuviesen implicados en “el sabotaje
eléctrico”. Lejos de resaltar los supuestos logros del Parlamento, los
diputados gastan sus energías en poner a Chávez como una víctima.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Otra de las Comunas
La Ley de las Comunas acabará con el voto universal, directo y secreto
La experta en derecho tributario y descentralización, Adriana Vigilanza, en una entrevista difundida por Globovisión, advirtió que la posible sanción del proyecto de Ley Orgánica de las Comunas, en la Asamblea Nacional, pondría en peligro una de las instituciones garantes de la democracia, como es el voto directo.
Dijo que “el tan cacareado desde el chavismo Poder Popular es mencionado 81 veces en la Constitución cubana y ninguna en la venezolana. Por esto, este sistema o proceso, no es ni Bolivariano ni Republicano sino Castro-Comunista. Para terminar de armarlo, falta diluir el voto directo, universal y secreto y mediatizarlo, para que sea ejercido sólo desde los Consejos Comunales, que a su vez no nacerán sino quedan inscritos en el PSUV, como ya algunos denuncian que ocurre”.
Argumentó que con la ley se daría “al traste con todo vestigio de auténtica participación ciudadana libre porque, para empezar, la Comuna está ligada indisolublemente a la construcción de la sociedad ‘socialista’. De manera que quienes no crean en esa ideología política, no pueden entrar a participar”.
Poder Público desdibujado
A su juicio, “esta ley desdibuja el reparto del Poder Público porque coloca a todo el pueblo, no sólo a quienes adquieren carácter de funcionario público, por medio de un empleo y un juramento, que los hace sujetos de responsabilidades especiales, como ejecutor de actividades que para la Constitución, están limitadas a entes que detenten Poder Público. Las Comunas tendrán, según ese Proyecto de Ley, función legislativa, ejecutiva, judicial y electoral”.
En consecuencia, advirtió que “la libre participación ciudadana en la gestión pública deja de ser tal para convertirse en obligada ejecución del gobierno. Desde el chavismo se vende esto como positivo, bajo los slogan ‘todo el poder para el pueblo’ o ‘el pueblo en funciones de gobierno’ o el ‘auto gobierno’. Pero no se hace ver que si eso es así, entonces los funcionarios públicos deben desaparecer”.
Vendría el colapso
Explicó Vigilanza que, “para que un sistema donde todos somos responsables del trabajo y sin remuneración preestablecida, surta efectos prácticos beneficiosos, se requeriría que todos los ciudadanos tuviéramos un extraordinario nivel de formación académica y ciudadana, lo cual en Venezuela está probadísimo que no es ni remotamente el caso. Por lo tanto, un sistema “comunal” -que no es lo mismo que “comunitario- está destinado a hacer colapsar la vida en sociedad. Sin hablar de que este sistema diluye toda responsabilidad, para cuando los servicios colapsen”. Por lo demás, la futura eliminación de Alcaldías y Gobernaciones, lo que en verdad persigue es quitar del medio a posibles contrincantes políticos que con sus respectivos gobiernos puedan demostrar mejores resultados y sean capaces de estimular al electorado a escoger una nueva opción, agregó la experta.
La experta en derecho tributario y descentralización, Adriana Vigilanza, en una entrevista difundida por Globovisión, advirtió que la posible sanción del proyecto de Ley Orgánica de las Comunas, en la Asamblea Nacional, pondría en peligro una de las instituciones garantes de la democracia, como es el voto directo.
Dijo que “el tan cacareado desde el chavismo Poder Popular es mencionado 81 veces en la Constitución cubana y ninguna en la venezolana. Por esto, este sistema o proceso, no es ni Bolivariano ni Republicano sino Castro-Comunista. Para terminar de armarlo, falta diluir el voto directo, universal y secreto y mediatizarlo, para que sea ejercido sólo desde los Consejos Comunales, que a su vez no nacerán sino quedan inscritos en el PSUV, como ya algunos denuncian que ocurre”.
Argumentó que con la ley se daría “al traste con todo vestigio de auténtica participación ciudadana libre porque, para empezar, la Comuna está ligada indisolublemente a la construcción de la sociedad ‘socialista’. De manera que quienes no crean en esa ideología política, no pueden entrar a participar”.
Poder Público desdibujado
A su juicio, “esta ley desdibuja el reparto del Poder Público porque coloca a todo el pueblo, no sólo a quienes adquieren carácter de funcionario público, por medio de un empleo y un juramento, que los hace sujetos de responsabilidades especiales, como ejecutor de actividades que para la Constitución, están limitadas a entes que detenten Poder Público. Las Comunas tendrán, según ese Proyecto de Ley, función legislativa, ejecutiva, judicial y electoral”.
En consecuencia, advirtió que “la libre participación ciudadana en la gestión pública deja de ser tal para convertirse en obligada ejecución del gobierno. Desde el chavismo se vende esto como positivo, bajo los slogan ‘todo el poder para el pueblo’ o ‘el pueblo en funciones de gobierno’ o el ‘auto gobierno’. Pero no se hace ver que si eso es así, entonces los funcionarios públicos deben desaparecer”.
Vendría el colapso
Explicó Vigilanza que, “para que un sistema donde todos somos responsables del trabajo y sin remuneración preestablecida, surta efectos prácticos beneficiosos, se requeriría que todos los ciudadanos tuviéramos un extraordinario nivel de formación académica y ciudadana, lo cual en Venezuela está probadísimo que no es ni remotamente el caso. Por lo tanto, un sistema “comunal” -que no es lo mismo que “comunitario- está destinado a hacer colapsar la vida en sociedad. Sin hablar de que este sistema diluye toda responsabilidad, para cuando los servicios colapsen”. Por lo demás, la futura eliminación de Alcaldías y Gobernaciones, lo que en verdad persigue es quitar del medio a posibles contrincantes políticos que con sus respectivos gobiernos puedan demostrar mejores resultados y sean capaces de estimular al electorado a escoger una nueva opción, agregó la experta.
martes, 7 de septiembre de 2010
Ojo con esta propuesta
Con nueva Ley de Propiedad Industrial quieren apropiarse del conocimiento
El director general del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
(Sapi), José Julián Villalba propondrá a la Asamblea Nacional (AN) una
nueva Ley de Propiedad Industrial.
Desde el Ejecutivo nacional se ha venido planteando un cambio en esta
ley que data de 1955 y según el funcionario, el Nuevo instrumento
legal serviría para ajustar el concepto “al proceso de cambios e
integración del país, a fin de crear modelos novedosos para alcanzar
la apropiación social del conocimiento y garantizar a la población el
acceso a medicamentos y productos de calidad a precios justos y
solidarios”.
Durante su participación en el seminario internacional Patentes,
Soberanía Tecnológica e Inteligencia Industrial, Villalba argumentó
“la necesidad de crear otra ley, puesto que la actual, tiene muchos
vacíos legales, debido a que no contempla temas de altas tecnologías”.
Adelantó que la redacción de esta ley estará en manos de la nueva
Asamblea Nacional. “Es importante que luego de las elecciones
parlamentarias del 26 de septiembre, la AN pueda contar con personas
que tengan un altísimo compromiso con la revolución y no con personas
que estén sometidas a los dictámenes de las empresas transnacionales
ni gobiernos extranjeros, que dificulte el desarrollo del país.
Necesitamos un instrumento que nos permita avanzar en el desarrollo
armónico y sustentable”, agregó.
No obstante, asomó que la redación del instrumento se efectuará bajo
la modalidad que plantean los candidatos oficialistas a diputados,
como es el “pueblo legislador”. “Se está evaluando un proceso de
discusión más amplio, en el cual el pueblo venezolano participe como
organización legisladora de este proceso de discusión para contar con
un nuevo texto legal que vaya en beneficio de la población, para así
romper con la lógica excluyente de patente y de propiedad”, dijo.
El director general del Sapi refirió que esta nueva ley de propiedad
industrial permitirá "una potenciación del desarrollo nacional de
Venezuela en materia de ciencia y tecnología, farmacéutica y
productiva". José Julián Villalba no precisó cuando presentará la
apropuesta ante la AN, pero se supo que será antes de fin de año.
Algunas consideraciones
En abril de este año, la institución promovió foros para discutir
sobre la materia, luego que el presidente Hugo Chávez exigiera al ex
ministro de Comercio Eduardo Samán realizar los cambios legales en
este campo. En los foros fue presentado un borrador denominado "Ley de
concesiones de invenciones y marcas", el cual fue calificado como
"inconstituional" por la ex magistrada del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), Hildegard Rondón de Sansó, quien dijo que el documento
fue elaborado por "alguien que no sabe nada de derecho" y agregó que
no estaba de acuerdo en darle al Estado "una especie de arsenal de
creaciones (...) indudablemente que todo el planteamiento está
equivocado, la idea de que cualquier cosa que surja dentro del ámbito
de una creación inmaterial va a ser de la titularidad del Estado. Esto
es el absurdo total".
La especialista planteó, en primer lugar, cambiar el nombre de la Ley.
"Para no crear polémicas, porque se ha criticado la designación de
“Propiedad Industrial”, sugerí utilizar la de “Normativa Rectora de
las Creaciones Inmateriales Destinadas a la Industria y al Comercio”,
según se lee en un artículo de la ex magistrada publicado en el
website Aporrea.org.
A su juicio, en una norma de este tipo se deben "recoger instituciones
tales como los certificados de autor de invención, con los cuales se
resguarda su reconocimiento de la paternidad (...) para proteger a los
inventores de los institutos públicos de investigación", debido a que,
en la Ley Orgánica del Trabajo, sus creaciones son “invenciones de
servicio”, por lo cual la patente es del empleador, aún cuando el
empleado pueda recibir beneficios.
Rondón de Sansó cree que es necesaria la divulgación de temas
polémicos, entre ellos el patentamiento de fármacos y productos
químicos. Otro punto es la "Protección de los Datos de Prueba en
relación con el registro sanitario de fármacos".
Agrega que "es indudable que la materia de mayor trascendencia es el
control sobre las patentes. En una materia como la protección de los
bienes inmateriales y su efectiva utilización para el desarrollo
tecnológico y la transferencia de tecnología, una ley de propiedad
industrial debe atender a los puntos señalados", concluyó.
El director general del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
(Sapi), José Julián Villalba propondrá a la Asamblea Nacional (AN) una
nueva Ley de Propiedad Industrial.
Desde el Ejecutivo nacional se ha venido planteando un cambio en esta
ley que data de 1955 y según el funcionario, el Nuevo instrumento
legal serviría para ajustar el concepto “al proceso de cambios e
integración del país, a fin de crear modelos novedosos para alcanzar
la apropiación social del conocimiento y garantizar a la población el
acceso a medicamentos y productos de calidad a precios justos y
solidarios”.
Durante su participación en el seminario internacional Patentes,
Soberanía Tecnológica e Inteligencia Industrial, Villalba argumentó
“la necesidad de crear otra ley, puesto que la actual, tiene muchos
vacíos legales, debido a que no contempla temas de altas tecnologías”.
Adelantó que la redacción de esta ley estará en manos de la nueva
Asamblea Nacional. “Es importante que luego de las elecciones
parlamentarias del 26 de septiembre, la AN pueda contar con personas
que tengan un altísimo compromiso con la revolución y no con personas
que estén sometidas a los dictámenes de las empresas transnacionales
ni gobiernos extranjeros, que dificulte el desarrollo del país.
Necesitamos un instrumento que nos permita avanzar en el desarrollo
armónico y sustentable”, agregó.
No obstante, asomó que la redación del instrumento se efectuará bajo
la modalidad que plantean los candidatos oficialistas a diputados,
como es el “pueblo legislador”. “Se está evaluando un proceso de
discusión más amplio, en el cual el pueblo venezolano participe como
organización legisladora de este proceso de discusión para contar con
un nuevo texto legal que vaya en beneficio de la población, para así
romper con la lógica excluyente de patente y de propiedad”, dijo.
El director general del Sapi refirió que esta nueva ley de propiedad
industrial permitirá "una potenciación del desarrollo nacional de
Venezuela en materia de ciencia y tecnología, farmacéutica y
productiva". José Julián Villalba no precisó cuando presentará la
apropuesta ante la AN, pero se supo que será antes de fin de año.
Algunas consideraciones
En abril de este año, la institución promovió foros para discutir
sobre la materia, luego que el presidente Hugo Chávez exigiera al ex
ministro de Comercio Eduardo Samán realizar los cambios legales en
este campo. En los foros fue presentado un borrador denominado "Ley de
concesiones de invenciones y marcas", el cual fue calificado como
"inconstituional" por la ex magistrada del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), Hildegard Rondón de Sansó, quien dijo que el documento
fue elaborado por "alguien que no sabe nada de derecho" y agregó que
no estaba de acuerdo en darle al Estado "una especie de arsenal de
creaciones (...) indudablemente que todo el planteamiento está
equivocado, la idea de que cualquier cosa que surja dentro del ámbito
de una creación inmaterial va a ser de la titularidad del Estado. Esto
es el absurdo total".
La especialista planteó, en primer lugar, cambiar el nombre de la Ley.
"Para no crear polémicas, porque se ha criticado la designación de
“Propiedad Industrial”, sugerí utilizar la de “Normativa Rectora de
las Creaciones Inmateriales Destinadas a la Industria y al Comercio”,
según se lee en un artículo de la ex magistrada publicado en el
website Aporrea.org.
A su juicio, en una norma de este tipo se deben "recoger instituciones
tales como los certificados de autor de invención, con los cuales se
resguarda su reconocimiento de la paternidad (...) para proteger a los
inventores de los institutos públicos de investigación", debido a que,
en la Ley Orgánica del Trabajo, sus creaciones son “invenciones de
servicio”, por lo cual la patente es del empleador, aún cuando el
empleado pueda recibir beneficios.
Rondón de Sansó cree que es necesaria la divulgación de temas
polémicos, entre ellos el patentamiento de fármacos y productos
químicos. Otro punto es la "Protección de los Datos de Prueba en
relación con el registro sanitario de fármacos".
Agrega que "es indudable que la materia de mayor trascendencia es el
control sobre las patentes. En una materia como la protección de los
bienes inmateriales y su efectiva utilización para el desarrollo
tecnológico y la transferencia de tecnología, una ley de propiedad
industrial debe atender a los puntos señalados", concluyó.
lunes, 6 de septiembre de 2010
Pueblo legislador
Ley para Caricuao
En los próximos meses, la Asamblea Nacional discutirá y aprobará la
primera ley elaborada y diseñada específicamente para la parroquia
Caricuao, en Caracas, la cual contendrá elementos para proteger de
manera integral las zonas urbanas y verdes de este espacio ecológico
de la ciudad.
Así lo informó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío
Vivas, quien indicó que la ley es el producto de diversas propuestas
realizadas por las comunidades organizadas de Caricuao.
“La comunidad nos presentó un proyecto para la ley de la parroquia
Caricuao como parroquia ecológica, y más que una ordenanza, es una ley
especial que se está construyendo, y antes de que termine este período
de sesiones de la Asamblea Nacional, podríamos estar aprobando esa ley
para Caricuao”, destacó.
Sería la primera ley que se elabora específicamente para una comunidad
en particular, y se hace con el objetivo de evitar daños en las áreas
vegetales, debido a que recientemente Caricuao fue decretada parroquia
ecológica de Caracas por su importante vegetación.
“Sería una carta comunal, la ley carta comunal parroquia ecológica, la
primera carta comunal de Venezuela”, sostuvo el parlamentario.
La ley ampliará las facultades de participación de los habitantes de
Caricuao en todo lo que tiene que ver con la denominación y
características de una parroquia ecológica.
En los próximos meses, la Asamblea Nacional discutirá y aprobará la
primera ley elaborada y diseñada específicamente para la parroquia
Caricuao, en Caracas, la cual contendrá elementos para proteger de
manera integral las zonas urbanas y verdes de este espacio ecológico
de la ciudad.
Así lo informó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío
Vivas, quien indicó que la ley es el producto de diversas propuestas
realizadas por las comunidades organizadas de Caricuao.
“La comunidad nos presentó un proyecto para la ley de la parroquia
Caricuao como parroquia ecológica, y más que una ordenanza, es una ley
especial que se está construyendo, y antes de que termine este período
de sesiones de la Asamblea Nacional, podríamos estar aprobando esa ley
para Caricuao”, destacó.
Sería la primera ley que se elabora específicamente para una comunidad
en particular, y se hace con el objetivo de evitar daños en las áreas
vegetales, debido a que recientemente Caricuao fue decretada parroquia
ecológica de Caracas por su importante vegetación.
“Sería una carta comunal, la ley carta comunal parroquia ecológica, la
primera carta comunal de Venezuela”, sostuvo el parlamentario.
La ley ampliará las facultades de participación de los habitantes de
Caricuao en todo lo que tiene que ver con la denominación y
características de una parroquia ecológica.
jueves, 2 de septiembre de 2010
La AN y la instauración del modelo socialista
La AN se ajustó al Plan de Desarrollo 2007-2013 diseñado para
transitar al socialismo
Para quienes aún dudan de la importancia de las elecciones
parlamentarias del 26 de septiembre, en la dirección de Apoyo
Legislativo de la Asamblea Nacional elaboraron documento en el cual
demuestran como esta institución trabajó, en estos años, para
construir la transición hacia el socialismo, concepto que no se
encuentra en la Constitución, pero que ha servido para redactar leyes
coyunturales que poco a poco han ido cambiando el piso jurídico.
Es así como, bajo el manto del Plan de Desarrollo Económico y Social
2007-2013, en el Parlamento se han adelantado instrumentos como la Ley
del Sistema Financiero, la Ley de Comunas y la de Fomento a la
Economía Comunal, aunque éstas últimas aún no han sido sancionadas.
Pero, todo pareciera indicar que hacia allá vamos. A continuación,
presentamos copia textual del documento titulado "Defendamos los
logros de la Asamblea Nacional, impulsando al Pueblo Legislador".
DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS LEGISLATIVOS EN CONCORDANCIA
CON "PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE LA NACIÓN 2007-2013"
La Asamblea Nacional, ha venido dirigiendo su actuación hacia el fin
supremo de refundar la República establecido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Su actuación está enmarcada
por los artículos 5, 62, 70,187 numerales 1, 3, 4 y 8, y el artículo
211 de la CRBV. Ajustando su actividad legislativa al Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013, a objeto de fortalecer el marco legal revolucionario. La
legislación revolucionaria que ha sancionado está generando las
condiciones favorables para la práctica del protagonismo popular.
Logros de Legislación emanada de la Asamblea Nacional
Las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional están directamente
relacionadas con el "Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2007-2013 Simón Bolívar". A saber, estos instrumentos jurídicos
son los siguientes:
NUEVA ÉTICA SOCIALISTA: "Propone la refundación de la Nación
Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y
principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del
Socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón
Bolívar".
En el marco de la Nueva Ética Socialista, la Asamblea Nacional (AN) ha
promulgado y sancionado las leyes que a continuación se señalan:
* Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.
* Ley Contra la Corrupción.
* Ley de Reforma Parcial de la ley Orgánica Contra el Tráfico y
el Consumo Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
* Ley de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
* Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional
Estas leyes surgen en virtud de situaciones que obligan a fortalecer
variables culturales y éticas que conducen a una conciencia
revolucionaria para la construcción de una nueva moral colectiva. Las
leyes aprobadas tienen como propósito:
=> Responder a la crisis de valores y un anómalo comportamiento social.
=> Enfrentar la subcultura de la corrupción y el soborno son las
actividades delictivas más dañinas del sistema de explotación
capitalista. Disminuir el incremento de la delincuencia que se ha
venido acentuando producto de la descomposición social generada en el
pasado y de un impacto de modelos foráneos delicuencial que impulsan
la actividad delictiva.
LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL: "A partir de la construcción de una
estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo,
humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares
condiciones, rumbo a lo que decía el Libertador: "La Suprema Felicidad
Social". En el marco de La Suprema Felicidad Social, la Asamblea
Nacional (AN) ha promulgado y sancionado las leyes que a continuación
se señalan:
* Ley Orgánica de Educación.
* Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
* Reforma de la Ley de Seguro Social.
* Reforma de la Ley del Fondo de Jubilaciones y pensiones de
Administración pública Nacional.
* Ley del Régimen Prestacional de Empleo.
* Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
* Ley para las Personas con Discapacidad.
* Ley de Protección al Deudor Hipotecario.
* Ley de Tierras Urbanas.
* Ley Especial de regularización Integral de la tenencia de la tierra
en los Asentamientos Urbanos Populares.
Estas leyes tienen como principal objetivo:
=> Consolidar los derechos sociales consagrados en la Constitución.
=> Proteger al trabajador y trabajadora contra los abusos de la
explotación capitalista, mediante la sanción de una legislación que
les otorgue mayor seguridad social.
=> Garantizar el derecho a la tierra.
=> Garantizar la educación publica como un derecho fundamental para el
desarrollo pleno de la persona.
MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA: "Con el fin de lograr trabajo con
significado, se buscará la eliminación de su división social, de su
estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las
necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la
reproducción del capital."
Dentro de este modelo, y con el fin de impulsar tales iniciativas se
han dictado las siguientes leyes:
Económico:
* Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
* Ley de la Actividad Aseguradora.
* Ley Contra los Ilícitos Cambiarios.
* Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público.
* Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela.
* Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
* Ley de Tarjetas de Crédito y Débitos.
* Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Crédito para
el Sector Agrícola.
* Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas.
* Ley del Fondo de Desarrollo Endógeno.
* Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
* Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
* y otros proyectos de leyes que se encuentran en discusión.
Leyes para estructurar y consolidar un nuevo modelo productivo que
responda primordialmente a las necesidades humanas, en función de:
=> La Conservación por parte del Estado del control de las actividades
productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país.
=> Elevar los niveles de bancarización.
=> Acceso e incremento de las carteras de crédito dirigidos a los
sectores productivos.
=> Fortalecer las competencias del Banco Central de Venezuela en la
política financiera.
=> Cambios fundamentales en el marco jurídico para disponer de leyes
revolucionarias
que fortalezcan y contribuyan a la construcción del nuevo modelo socio
productivo.
=> Brindar seguridad y bienestar económico a los sectores populares.
=> Luchar contra el latifundio y los monopolios.
=> Promoción de la seguridad y soberanía agroalimentaria.
=> Promover y difundir el Desarrollo Endógeno.
NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL Y DEMOCRACIA PROTAGONICA REVOLUCIONARIA:
"La modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela
persigue la articulación interna del modelo productivo, a través de un
desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores,
regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un
ambiente sustentable." Con el fin de impulsar tales iniciativas, se
han dictado las siguientes leyes:
* Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
* Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
* Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
* Ley Orgánica de los Procesos Electorales.
* Ley de Registro Civil.
* Ley Orgánica de las Comunas (en proyecto)
* Ley Orgánica del Poder Popular. (en proyecto)
* Ley Orgánica de la Contraloría Social (en proyecto)
Estas leyes que impulsa y desarrollan la participación protagónica y
revolucionaria, para:
=> Ejercicio de la soberanía.
=> Desarrollo de la democracia protagónica revolucionaria como
expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia.
=> Incentivar la organización que permita construir una comunidad en
función del bien común.
=> Desarrollar el poder popular con la finalidad de construir una nueva
institucionalidad que profundice los mecanismos de participación y
verdadera descentralización.
=> Permite a los ciudadanos y ciudadanas participar de forma activa en
la construcción del modelo productivo socialista.
VENEZUELA: POTENCIA ENERGÉTICA MUNDIAL. "El acervo energético del país
posibilita una estrategia que combina el uso soberano del recurso con
la integración regional y mundial. El petróleo continuará siendo
decisivo para la captación de recursos del exterior, la generación de
inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias
necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo
Socialista.
Con el fin de impulsar y consolidar esta estrategia se han promulgado
y sancionado las siguientes leyes:
* Ley Orgánica de Hidrocarburos.
* Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos.
* Ley Orgánica que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos de
las Actividades Primarias de los Hidrocarburos.
* Ley Orgánica de Servicio Eléctrico, Ley Orgánica para el Desarrollo
de las Actividades Petroquímica, Carboquímica y Fosfoquímica.
* Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos.
Lo beneficios de estas leyes que se destacan y que contribuyen a
generar la independencia
y la soberanía del pueblo Venezolano, son:
=> Garantizar Soberanía Petrolera.
=> Desarrolla una política internacional de alianza con la gran mayoría
de las naciones soberanas que no aceptan la ideología globalizadora.
=> Fortalece la integración latinoamericana y caribeña.
=> Satisface el déficit coyuntural interno de gas en el occidente del
país; para la producción petroquímica; su utilización para la
generación de energía eléctrica; para atender el crecimiento del
consumo doméstico; para su exportación en forma de gas licuado y para
el transporte; obliga
a mantener un estricto seguimiento del balance entre las magnitudes de
las reservas, su producción y su utilización.
=> Propicia el uso de fuentes de energías alternas y la promoción del
uso racional y eficiente de los diferentes tipos de energía con el fin
de preservar y mejorar el ambiente y la calidad de vida del pueblo.
NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL: "La construcción de un mundo
multipolar implica la creación de nuevos polos de poder que
representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la
justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, bajo la
profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su
autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento."
la Asamblea Nacional ha aprobado iniciativas binacionales y
multinacionales, a través de:
* Leyes aprobatorias.
* Tratados y Acuerdos internacionales en materia Económica,
Cultural, de Seguridad y Defensa Hemisférica.
* Acuerdos de Desarrollo Energético mutuo.
Los beneficios más resaltantes y que se han alcanzado a lo largo de
este período de gestión son los siguientes:
=> Promover la construcción de un mundo multipolar que implica la
creación de nuevos polos de poder con el fin de hacer frente a la
hegemonía del imperialismo norteamericano.
=> Fomentar la aplicación de los principios de justicia social,
solidaridad y garantías de paz bajo la profundización del dialogo
fraterno entre los pueblos.
=> Establecer el desarrollo energético a través de iniciativas de
integración energética regional con inversiones extranjeras no
controladas por los ejes hegemónicos, bajo la figura de empresas
mixtas.
transitar al socialismo
Para quienes aún dudan de la importancia de las elecciones
parlamentarias del 26 de septiembre, en la dirección de Apoyo
Legislativo de la Asamblea Nacional elaboraron documento en el cual
demuestran como esta institución trabajó, en estos años, para
construir la transición hacia el socialismo, concepto que no se
encuentra en la Constitución, pero que ha servido para redactar leyes
coyunturales que poco a poco han ido cambiando el piso jurídico.
Es así como, bajo el manto del Plan de Desarrollo Económico y Social
2007-2013, en el Parlamento se han adelantado instrumentos como la Ley
del Sistema Financiero, la Ley de Comunas y la de Fomento a la
Economía Comunal, aunque éstas últimas aún no han sido sancionadas.
Pero, todo pareciera indicar que hacia allá vamos. A continuación,
presentamos copia textual del documento titulado "Defendamos los
logros de la Asamblea Nacional, impulsando al Pueblo Legislador".
DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS LEGISLATIVOS EN CONCORDANCIA
CON "PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE LA NACIÓN 2007-2013"
La Asamblea Nacional, ha venido dirigiendo su actuación hacia el fin
supremo de refundar la República establecido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Su actuación está enmarcada
por los artículos 5, 62, 70,187 numerales 1, 3, 4 y 8, y el artículo
211 de la CRBV. Ajustando su actividad legislativa al Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013, a objeto de fortalecer el marco legal revolucionario. La
legislación revolucionaria que ha sancionado está generando las
condiciones favorables para la práctica del protagonismo popular.
Logros de Legislación emanada de la Asamblea Nacional
Las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional están directamente
relacionadas con el "Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2007-2013 Simón Bolívar". A saber, estos instrumentos jurídicos
son los siguientes:
NUEVA ÉTICA SOCIALISTA: "Propone la refundación de la Nación
Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y
principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del
Socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón
Bolívar".
En el marco de la Nueva Ética Socialista, la Asamblea Nacional (AN) ha
promulgado y sancionado las leyes que a continuación se señalan:
* Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.
* Ley Contra la Corrupción.
* Ley de Reforma Parcial de la ley Orgánica Contra el Tráfico y
el Consumo Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
* Ley de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
* Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional
Estas leyes surgen en virtud de situaciones que obligan a fortalecer
variables culturales y éticas que conducen a una conciencia
revolucionaria para la construcción de una nueva moral colectiva. Las
leyes aprobadas tienen como propósito:
=> Responder a la crisis de valores y un anómalo comportamiento social.
=> Enfrentar la subcultura de la corrupción y el soborno son las
actividades delictivas más dañinas del sistema de explotación
capitalista. Disminuir el incremento de la delincuencia que se ha
venido acentuando producto de la descomposición social generada en el
pasado y de un impacto de modelos foráneos delicuencial que impulsan
la actividad delictiva.
LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL: "A partir de la construcción de una
estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo,
humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares
condiciones, rumbo a lo que decía el Libertador: "La Suprema Felicidad
Social". En el marco de La Suprema Felicidad Social, la Asamblea
Nacional (AN) ha promulgado y sancionado las leyes que a continuación
se señalan:
* Ley Orgánica de Educación.
* Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
* Reforma de la Ley de Seguro Social.
* Reforma de la Ley del Fondo de Jubilaciones y pensiones de
Administración pública Nacional.
* Ley del Régimen Prestacional de Empleo.
* Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
* Ley para las Personas con Discapacidad.
* Ley de Protección al Deudor Hipotecario.
* Ley de Tierras Urbanas.
* Ley Especial de regularización Integral de la tenencia de la tierra
en los Asentamientos Urbanos Populares.
Estas leyes tienen como principal objetivo:
=> Consolidar los derechos sociales consagrados en la Constitución.
=> Proteger al trabajador y trabajadora contra los abusos de la
explotación capitalista, mediante la sanción de una legislación que
les otorgue mayor seguridad social.
=> Garantizar el derecho a la tierra.
=> Garantizar la educación publica como un derecho fundamental para el
desarrollo pleno de la persona.
MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA: "Con el fin de lograr trabajo con
significado, se buscará la eliminación de su división social, de su
estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las
necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la
reproducción del capital."
Dentro de este modelo, y con el fin de impulsar tales iniciativas se
han dictado las siguientes leyes:
Económico:
* Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
* Ley de la Actividad Aseguradora.
* Ley Contra los Ilícitos Cambiarios.
* Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público.
* Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela.
* Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
* Ley de Tarjetas de Crédito y Débitos.
* Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Crédito para
el Sector Agrícola.
* Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas.
* Ley del Fondo de Desarrollo Endógeno.
* Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
* Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
* y otros proyectos de leyes que se encuentran en discusión.
Leyes para estructurar y consolidar un nuevo modelo productivo que
responda primordialmente a las necesidades humanas, en función de:
=> La Conservación por parte del Estado del control de las actividades
productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país.
=> Elevar los niveles de bancarización.
=> Acceso e incremento de las carteras de crédito dirigidos a los
sectores productivos.
=> Fortalecer las competencias del Banco Central de Venezuela en la
política financiera.
=> Cambios fundamentales en el marco jurídico para disponer de leyes
revolucionarias
que fortalezcan y contribuyan a la construcción del nuevo modelo socio
productivo.
=> Brindar seguridad y bienestar económico a los sectores populares.
=> Luchar contra el latifundio y los monopolios.
=> Promoción de la seguridad y soberanía agroalimentaria.
=> Promover y difundir el Desarrollo Endógeno.
NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL Y DEMOCRACIA PROTAGONICA REVOLUCIONARIA:
"La modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela
persigue la articulación interna del modelo productivo, a través de un
desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores,
regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un
ambiente sustentable." Con el fin de impulsar tales iniciativas, se
han dictado las siguientes leyes:
* Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
* Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
* Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
* Ley Orgánica de los Procesos Electorales.
* Ley de Registro Civil.
* Ley Orgánica de las Comunas (en proyecto)
* Ley Orgánica del Poder Popular. (en proyecto)
* Ley Orgánica de la Contraloría Social (en proyecto)
Estas leyes que impulsa y desarrollan la participación protagónica y
revolucionaria, para:
=> Ejercicio de la soberanía.
=> Desarrollo de la democracia protagónica revolucionaria como
expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia.
=> Incentivar la organización que permita construir una comunidad en
función del bien común.
=> Desarrollar el poder popular con la finalidad de construir una nueva
institucionalidad que profundice los mecanismos de participación y
verdadera descentralización.
=> Permite a los ciudadanos y ciudadanas participar de forma activa en
la construcción del modelo productivo socialista.
VENEZUELA: POTENCIA ENERGÉTICA MUNDIAL. "El acervo energético del país
posibilita una estrategia que combina el uso soberano del recurso con
la integración regional y mundial. El petróleo continuará siendo
decisivo para la captación de recursos del exterior, la generación de
inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias
necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo
Socialista.
Con el fin de impulsar y consolidar esta estrategia se han promulgado
y sancionado las siguientes leyes:
* Ley Orgánica de Hidrocarburos.
* Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos.
* Ley Orgánica que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos de
las Actividades Primarias de los Hidrocarburos.
* Ley Orgánica de Servicio Eléctrico, Ley Orgánica para el Desarrollo
de las Actividades Petroquímica, Carboquímica y Fosfoquímica.
* Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos.
Lo beneficios de estas leyes que se destacan y que contribuyen a
generar la independencia
y la soberanía del pueblo Venezolano, son:
=> Garantizar Soberanía Petrolera.
=> Desarrolla una política internacional de alianza con la gran mayoría
de las naciones soberanas que no aceptan la ideología globalizadora.
=> Fortalece la integración latinoamericana y caribeña.
=> Satisface el déficit coyuntural interno de gas en el occidente del
país; para la producción petroquímica; su utilización para la
generación de energía eléctrica; para atender el crecimiento del
consumo doméstico; para su exportación en forma de gas licuado y para
el transporte; obliga
a mantener un estricto seguimiento del balance entre las magnitudes de
las reservas, su producción y su utilización.
=> Propicia el uso de fuentes de energías alternas y la promoción del
uso racional y eficiente de los diferentes tipos de energía con el fin
de preservar y mejorar el ambiente y la calidad de vida del pueblo.
NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL: "La construcción de un mundo
multipolar implica la creación de nuevos polos de poder que
representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la
justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, bajo la
profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su
autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento."
la Asamblea Nacional ha aprobado iniciativas binacionales y
multinacionales, a través de:
* Leyes aprobatorias.
* Tratados y Acuerdos internacionales en materia Económica,
Cultural, de Seguridad y Defensa Hemisférica.
* Acuerdos de Desarrollo Energético mutuo.
Los beneficios más resaltantes y que se han alcanzado a lo largo de
este período de gestión son los siguientes:
=> Promover la construcción de un mundo multipolar que implica la
creación de nuevos polos de poder con el fin de hacer frente a la
hegemonía del imperialismo norteamericano.
=> Fomentar la aplicación de los principios de justicia social,
solidaridad y garantías de paz bajo la profundización del dialogo
fraterno entre los pueblos.
=> Establecer el desarrollo energético a través de iniciativas de
integración energética regional con inversiones extranjeras no
controladas por los ejes hegemónicos, bajo la figura de empresas
mixtas.
martes, 31 de agosto de 2010
Otra ley socialista
AN adelanta nueva Ley de la actividad Bancaria
Apenas se inicie el segundo período ordinario de sesiones, la Asamblea
Nacional (AN) presentará el proyecto de Ley de la Actividad Bancaria
en sustitución de la Ley General de Bancos.
El anuncio lo hizo el vicepresidente de la comisión de Finanzas, Simón
Escalona, durante la reunión del comité delegado de la instancia
parlamentaria.
Aunque no dio mayores detalles, Escalona adelantó que la nueva ley
incluirá el concepto socialista, en relación con que las entidades
tendrían que financiar proyectos de las empresas de propiedad social,
además de que se les prohibiría realizar actividades de seguros y de
mercado de valores.
“La Ley de la Actividad Bancaria se viene trabajando en el contexto de
la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional para impulsar todas
las actividades crediticias, la intermediación financiera y otras
regulaciones; que permitan el financiamiento del nuevo modelo
productivo en materia de agricultura, ganadería, turismo,
construcción, y todas las que implican desarrollo económico para la
nación”, precisó.
Si la Asamblea Nacional aprueba en plenaria el proyecto, el texto
sustituirá la actual Ley de Bancos, en función de que el grueso de la
masa monetaria de los seis principales bancos del país, faciliten y
otorguen créditos a todos los sectores de pequeñas y medianas
empresas, a fin de promover la economía independiente, indicó.
El diputado Escalona dijo que uno de los fundamentos del Proyecto de
Ley de la Actividad Bancaria responde a la Ley Orgánica del Sistema
Financiero Nacional, en cuanto a que la construcción de la
administración, finanzas, tesorería y aspectos jurídicos serían única
y exclusivamente para bancos sin vinculación con otros sectores del
sistema financiero, seguros ni mercados de valores.
Como se recordará, hace apenas dos semanas, la Ley General de Bancos
fue reformada puntualmente, para evitar que los dueños de bancos
tengan acciones en los medios de comunicación. Además, el Banco del
Pueblo fue elevado a entidad de primer piso, para ser controlado por
la Superintendencia de Bancos.
El parlamentario también se refirió a la aplicación de Ley de la
Actividad Aseguradora y la eliminación de las claves de emergencia.
"El Gobierno está trabajando activamente para vencer la resistencia de
las clínicas privadas para atender emergencia sin esperar la clave de
la empresa aseguradora".
Escalona informó durante el próximo período parlamentario se
presentarán los proyectos: de Ley de Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2011, Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2011 y el
un anteproyecto de ley para fiscalizar y controlar el servicio de
salud pública y privada.
Más recursos extras
Por otra parte, la comisión dio el visto bueno a dos créditos
adicionales, uno para el ministerio del Interior y Justicia, por 348,1
millones de bolívares, y el otro para el despacho de Deportes, por
11,6 millones de bolívares que serán destinados a culminar las obras
para los juegos municipales.
Apenas se inicie el segundo período ordinario de sesiones, la Asamblea
Nacional (AN) presentará el proyecto de Ley de la Actividad Bancaria
en sustitución de la Ley General de Bancos.
El anuncio lo hizo el vicepresidente de la comisión de Finanzas, Simón
Escalona, durante la reunión del comité delegado de la instancia
parlamentaria.
Aunque no dio mayores detalles, Escalona adelantó que la nueva ley
incluirá el concepto socialista, en relación con que las entidades
tendrían que financiar proyectos de las empresas de propiedad social,
además de que se les prohibiría realizar actividades de seguros y de
mercado de valores.
“La Ley de la Actividad Bancaria se viene trabajando en el contexto de
la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional para impulsar todas
las actividades crediticias, la intermediación financiera y otras
regulaciones; que permitan el financiamiento del nuevo modelo
productivo en materia de agricultura, ganadería, turismo,
construcción, y todas las que implican desarrollo económico para la
nación”, precisó.
Si la Asamblea Nacional aprueba en plenaria el proyecto, el texto
sustituirá la actual Ley de Bancos, en función de que el grueso de la
masa monetaria de los seis principales bancos del país, faciliten y
otorguen créditos a todos los sectores de pequeñas y medianas
empresas, a fin de promover la economía independiente, indicó.
El diputado Escalona dijo que uno de los fundamentos del Proyecto de
Ley de la Actividad Bancaria responde a la Ley Orgánica del Sistema
Financiero Nacional, en cuanto a que la construcción de la
administración, finanzas, tesorería y aspectos jurídicos serían única
y exclusivamente para bancos sin vinculación con otros sectores del
sistema financiero, seguros ni mercados de valores.
Como se recordará, hace apenas dos semanas, la Ley General de Bancos
fue reformada puntualmente, para evitar que los dueños de bancos
tengan acciones en los medios de comunicación. Además, el Banco del
Pueblo fue elevado a entidad de primer piso, para ser controlado por
la Superintendencia de Bancos.
El parlamentario también se refirió a la aplicación de Ley de la
Actividad Aseguradora y la eliminación de las claves de emergencia.
"El Gobierno está trabajando activamente para vencer la resistencia de
las clínicas privadas para atender emergencia sin esperar la clave de
la empresa aseguradora".
Escalona informó durante el próximo período parlamentario se
presentarán los proyectos: de Ley de Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2011, Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2011 y el
un anteproyecto de ley para fiscalizar y controlar el servicio de
salud pública y privada.
Más recursos extras
Por otra parte, la comisión dio el visto bueno a dos créditos
adicionales, uno para el ministerio del Interior y Justicia, por 348,1
millones de bolívares, y el otro para el despacho de Deportes, por
11,6 millones de bolívares que serán destinados a culminar las obras
para los juegos municipales.
domingo, 29 de agosto de 2010
Nueva arquitectura financiera socialista
Entre enero y agosto de este años, la Asamblea
Nacional le dio el visto bueno a 10 leyes, entre reformas y nuevas,
para crear las bases del nuevo sistema financiero venezolano, el cual
le da el piso jurídico al sistema financiero socialista. En este
documento, elaborado por la Dirección de Apoyo Legislativo de la AN,
se explica el por qué de cada una de las leyes, entre ellas la Ley
Orgánica del Sistema Financiero que no aparece en la Constitución.
El documento lo pueden encontrar en el siguiente
www.redeconocimientolegislativo.gob.ve/loadFile?nombre=/asamblea-documentos/documentos/documentos_informes/CDocumentsandSettingsfranciscapanepintoEscritorioREPORTEDECOYUNTURAinter2010PresentacinNuevaArquitecturaFinancieraAgosto2010.pdf
Entre enero y agosto de este años, la Asamblea
Nacional le dio el visto bueno a 10 leyes, entre reformas y nuevas,
para crear las bases del nuevo sistema financiero venezolano, el cual
le da el piso jurídico al sistema financiero socialista. En este
documento, elaborado por la Dirección de Apoyo Legislativo de la AN,
se explica el por qué de cada una de las leyes, entre ellas la Ley
Orgánica del Sistema Financiero que no aparece en la Constitución.
El documento lo pueden encontrar en el siguiente
www.redeconocimientolegislativo.gob.ve/loadFile?nombre=/asamblea-documentos/documentos/documentos_informes/CDocumentsandSettingsfranciscapanepintoEscritorioREPORTEDECOYUNTURAinter2010PresentacinNuevaArquitecturaFinancieraAgosto2010.pdf
jueves, 26 de agosto de 2010
Como la palabra del Presidente se hace Ley
El presidente Hugo Chávez echó a andar una idea: “el pueblo legislador”, como una nueva forma de Parlamento. La palabra del mandatario fue tomado inmediatamente por los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional (AN), tanto los nuevos como los que van a la reelección, quienes venden ese concepto como principal producto para las elecciones del 26 de septiembre.
Pero, esta nueva forma de abordar el Poder Legislativo no se queda en un mero enunciado, sino que ha cobrado cuerpo en la AN, tanto que ya hay un proyecto que plantea las bases de esta institución legisladora, distinta a la que consagra la Constitución.
NOCIÓN DEL “PUEBLO LEGISLADOR”: REFERENCIAS CONCEPTUALES
1. Antecedentes
En razón de darle desarrollo a la afirmación presentada por el Presidente Hugo Chávez de avanzar más allá del Parlamentarismo de Calle para pasar al pueblo legislador, presentamos este material para el debate político que nos conduzca a transformar esta noción en piedra angular de la propuesta política de los candidatos revolucionarios en la campaña para las elecciones del 26 de septiembre de 2010.
Ante tal afirmación es ineludible resaltar la relevancia que cobran los pasos que se han dado en nuestro país para avanzar a un modelo político distinto que ordene los cambios requeridos en el proceso de transformación, pasos definitivos en la consulta popular como evidencia del ejercicio de participación de diferentes sectores de la sociedad, como un hecho absolutamente inédito en la historia republicana de nuestro país.
Con la aprobación de la Constitución de 1999, se dio el primer gran paso de la refundación de la Patria, la cual significó un salto cualitativo con respecto al modelo de democracia representativa, sentando las bases de un nuevo orden jurídico que establece y afianza la democracia participativa y protagónica; dándole al pueblo los mecanismos para participar activamente en la toma de decisiones, devolviéndole al soberano su poder originario, de donde debe emanar toda autoridad.
No obstante, la dinámica de cambio histórico determinó una vez más la necesidad de ir a un proceso de consulta popular que permitiera el ajuste y adecuación sociopolítica de la carta magna en el año 2007 con la Reforma Constitucional y posteriormente con la Enmienda, para revisar un conjunto de artículos sin modificar la estructura de la Constitución y en el segundo caso se planteó una modificación parcial en el articulado igualmente sin modificación de su estructura. Con los resultados ya conocidos, lo importante en este caso, es como prevalece determinantemente el ejercicio y la expresión soberana de la voluntad popular de nuestro proceso democrático.
Sabemos que implementar un nuevo modelo político y desarrollar los principios constitucionales lleva tiempo. Desde el propio Poder Legislativo se abren los caminos de participación a través de la consulta pública con el Parlamentarismo Social de Calle, el cual ha servido de canal comunicante directo entre la Asamblea Nacional y el pueblo, avanzando en la consulta y el debate de las leyes y el soberano.
También es necesario destacar que de la dinámica de esta experiencia participativa que logró colocar a la Asamblea Nacional en la calle fue un medio importante para enfrentar las maniobras golpistas de la oposición que intentaron deslegitimar la institucionalidad nuestro Poder Legislativo con su abstención en las elecciones parlamentarias del 2005.
Resulta pertinente en este proceso de transición, avanzar en la profundización de la propuesta política bolivariana. Esto significa, pasar a una fase diferente que profundice en la activación consciente y permanente del pueblo en el hacer y quehacer de las leyes. De allí, que se plantee su profundización y se proponga la idea del “Pueblo Legislador”.
El Presidente de la República Hugo Chávez Frías, ha venido reiterando de forma sistemática la necesidad de involucrar directamente al pueblo en las decisiones legislativas para permitir que las leyes sean expresión de la voluntad popular y de la realidad concreta que vive Venezuela en la coyuntura histórica de transformación política, económica, social y cultural, en función de la construcción de una sociedad socialista:
“Por otra parte, hablé primero de convertir en leyes populares las misiones, pero hechas por el pueblo. Eso no lo había dicho, no leyes hechas ahí con unos asesores, que hacen falta, ¿no? Leyes hechas en la calle a través de asambleas, que el pueblo sepa que él puede hacer leyes, porque esta Constitución le devuelve ese poder. Que el pueblo haga leyes, leyes populares, leyes sociales, leyes revolucionarias; que participe el pueblo en el diseño y elaboración de las leyes, y luego en su aplicación Las leyes, deben ser el engranaje que une los principios constitucionales, a la realidad concreta de todos los días. Las leyes, además, deben obedecer a la naturaleza de las cosas. Determinar cuáles son las necesidades, las prioridades de los pueblos para en función de ellas, elaborar las leyes y llevar a la realidad, los principios constitucionales... A cada quien según sus necesidades…” Hugo Chávez Frías. 06 de enero de 2006.
Así mismo expresó:
“El pueblo pide contacto permanente. Por eso está en construcción la idea de un parlamento comunal, ligado y consustanciado directamente con el pueblo; así como se habla del pueblo legislador, que se forma a partir del proceso constituyente. La Asamblea Nacional lo que hace es darle la técnica legislativa a esas demandas e intereses del pueblo, y eso se logra con una gran comunicación". 27 de julio de 2009
“No hay que olvidar que la Asamblea debe entrar en una nueva etapa: llegó la hora de hacer leyes por iniciativa popular; llegó la hora de la calle parlamentaria y del pueblo legislador para acelerar la transición al socialismo”. 19 de julio de 2010
2. Contexto político
Todo proceso de cambio social está enmarcado dentro de un modelo político y un sistema jurídico que puede legitimarlo u obstaculizarlo, la continua movilidad requiere de un derecho que se adecue a las realidades emergentes. Por ello, se impone la ruptura con el ordenamiento jurídico que le ha dado sostén al modelo del Estado Liberal y al conjunto de instituciones que lo integran, dando paso a un modelo de Estado Social de Derecho y Justicia donde efectivamente cobre vida el concepto de soberanía.
Nuestro país despertó de la pesadilla neoliberal que por más de cuatro décadas sembraron pobreza y desigualdad en nombre de la democracia formal. La realidad se nos presenta hoy como una constelación un tanto azarosa de cambios, rupturas y quiebres que por encima de las confusiones constituyen oportunidades que nos permiten dar un nuevo salto en el devenir histórico de la raza humana.
Avanzamos hacia una nueva concepción del quehacer legislativo que rompe con el viejo modelo parlamentario liberal representativo y por ende facilita el desarrollo del modelo político de democracia participativa protagónica, de tal forma que es el pueblo quien emerge como sujeto emancipador y constructor de un nuevo ordenamiento jurídico y de las políticas públicas que de él se deriven. Vivimos hoy una profunda reestructuración general de la economía, la cultura, la sociedad y la política para transformar nuestras condiciones materiales y espirituales de la vida, es decir, una verdadera ruptura. Tal como lo sostiene Cayetano: 2006
Esta revolución constituye un gradual y multidimensional quiebre civilizatorio que anuncia los primeros asomos de un nuevo modo de producción y de relaciones sociales marcado por la democratización de la información y del saber. Ratificamos que el saber es poder, no nos referimos aquí a los saberes hoy hegemónicos que pretenden reescribir y recodificar las desigualdades e injusticias de siempre bajo el amparo de las instituciones rectoras del viejo orden y que aun hoy sobreviven. Se abre paso a los saberes alternativos
y a la prescripción normativa desde la propia sociedad, desde los cuales se aspira a desarrollar nuevas formas de gobernabilidad más pertinentes a nuestras realidades y necesidades, dentro de un espacio social reconstruido por el colectivo.
Los procesos sociales de prescripción normativa se hacen crecientemente más dispersos y heterogéneos.
La función del poder se define hoy en función de un combate continuo donde el Derecho se convierte en la trinchera desde donde se entabla el forcejeo. Nuestras percepciones han estado nubladas durante mucho tiempo por ideologías y partidismos que como bien advirtió Marx han confundido sus deseos con la realidad.
Se produjeron así verdades fetichizadas que nos condenaron a una falsa lectura de la realidad para conservar cómodos y parciales nichos de “verdad”. Se requiere, ahora, escapar de esos reduccionismos, debemos crear una nueva “praxis” que supere los viejos postulados teóricos, insuficientes actualmente para comprender los cambios.
Como bien decía Antonio Gramsci se debe ir más allá de la revolución política, se trata de propiciar un cambio intelectual y cultural que potencie el desarrollo de una nueva consciencia, nuevos valores, nuevas normas que nos permitan configurar a un nuevo ser humano. Los pueblos se niegan a continuar avalando las mismas opciones de siempre, no se conforman con ser comparsa de un determinado grupo político, exigen una participación real en los asuntos públicos, cuya génesis comienza con la elaboración de las normas que integran las leyes.
Se trata de una transformación socio-histórica global, para ir más allá del capital en sí como totalidad, que rompa con su dominio y control general de la sociedad y de su dinámica socio-cultural y jurídica. “La solución no es desesperarse por él, sino controlarlo en interés de la responsabilidad social y la transformación radical de la sociedad” (Mészáros).
Dentro de este contexto político nos encontramos con dos documentos maestros que orientan la propuesta, ellos son:
• El Proyecto Nacional “Simón Bolívar”: Primer Plan Socialista 2007-2013
La Democracia Protagónica revolucionaria es la expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia. Los espacios públicos y privados se consideran complementarios y no separados y contrapuestos como en la ideología liberal. Es necesario que los individuos se organicen para lograr las ventajas que otorga la asociación cooperativa.
Los ciudadanos personificarán y ejercerán siempre los mecanismos sustantivos del poder político, es decir, conservarán siempre su poder y su soberanía, la cual está siempre orientada hacia el bienestar de todos, con los principios de igualdad y libertad.
• La Declaración de Principios de PSUV
El PSUV debe ser propulsor de la participación directa del pueblo y su instrumento de construcción del socialismo en la conformación y funcionamiento de todos los órganos del poder, en la elaboración, discusión y resolución de programas y estrategias.
El partido debe asumir el compromiso de luchar contra la injusticia y la exclusión. Impulsar nuevas formas de organización y políticas sociales que mejoren el nivel de vida y garanticen la mayor suma de felicidad posible. Promover el sentido de pertenencia, respeto, igualdad y dignidad, la crítica y autocrítica, para combatir todas las amenazas que confronta la revolución como la guerra de cuarta generación (desarrollada por los medios de comunicación del capitalismo), teniendo presente el carácter socialista revolucionario y antiimperialista del proceso, evitando la transculturización, todo ello aunado al ejercicio de la contraloría social sobre los gobernantes y funcionarios públicos, especialmente sobre los que militen en el partido.
3. Marco constitucional
A lo largo de todo el texto explanado en la Constitución de 1999 se plantea el modelo de democracia participativa y protagónica. Lo vemos en sus principios fundamentales contenidos en los artículos 2, 5 y 6; los cuales sostienen que Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
La Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Más adelante encontramos artículos como el 62 y el 70 que otorgan a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a participar en los asuntos públicos y definen los medios de participación. En este contexto, tanto el principio refrendario como abrogatorio de las leyes significa una intervención participativa del pueblo, recordando a los representantes que sólo son tales: representantes y no poder soberano. Es claro, que no se trata de mantener el viejo modelo, sino de crear las condiciones en tiempos de transición que nos permitan avanzar hacia un nuevo modelo institucional donde la participación popular sea el eje fundamental de la acción política.
Tenemos luego, artículos como el 187, el 204 y el 211 donde se le señala al Parlamento Nacional la obligación de organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia para lo cual deberán crear los mecanismos de consulta. También se establece la iniciativa popular para la presentación de los proyectos de leyes.
Aparece también en la Constitución, en título de “El Poder Público Nacional” una nueva concepción que supera a la clasificación clásica de Monstesquieu e incorpora un nuevo Poder: el Poder Ciudadano. Se crea el Consejo Moral republicano en el artículo 273.
4. Premisas
♦ Profundiza el modelo de democracia participativa, los ciudadanos, las comunidades, instituciones y/o gremios legítimamente constituidos, deben generar el debate necesario y la construcción de decisiones colectivas sobre la legislación, permitiendo al pueblo legislar directamente.
♦
♦ Institucionaliza las propuestas y decisiones emanadas de las comunidades.
♦ La construcción de un sistema de relaciones sociales que posibilite la toma de decisiones compartidas.
♦ El parlamentario se convierte en un sujeto social que construye su legitimidad en la medida en que posibilita la participación ciudadana en la toma de decisiones, por lo tanto ya no es solamente un intermediario o representante de sus electores.
♦
♦ El principio de pluralidad que conduce a la inclusión y respeto de las diferencias ideológicas en un proceso abierto al debate libre de las ideas que busca la construcción de consenso en función de los retos que plantea la transformación social.
5. Objetivos
1. Profundizar y estimular las iniciativas populares legislativas.
2. Organizar consultas populares y los Parlamentarismo sociales de calle sobre los contenidos de los proyectos de leyes elaborados por la Asamblea Nacional.
3. Promover y facilitar el Control Social como mecanismo de control postlegislativo.
4. Crear los espacios para la difusión y debate del contenido de las leyes y temas de interés nacional.
5. Integrar directa y permanentemente la organización comunitaria al trabajo parlamentario de la Asamblea Nacional.
6. Marco Teórico
La noción pueblo legislador se concibe como la acción política colectiva que se genera en el propio espacio comunitario de participación protagónica para la construcción de leyes de forma permanente por parte del pueblo como sujeto y objeto de poder que conduce a que se involucre de forma directa en la aprobación, ejecución y control de las leyes. Así como en todos los ámbitos de la actividad legislativa en el espacio nacional, regional, local y comunitario, para la toma de decisiones compartidas impulsando la transformación social que permita alcanzar una sociedad de justicia, de derecho, de igualdad y libertad.
Se trata de una construcción colectiva consciente que es validada en la propia acción de participación directa por los propios actores involucrados y como tal debe responder a sus intereses e inquietudes dando legitimidad al hecho legislativo.
De acuerdo a esto, se refiere a una acción institucionalizada de legislar directamente con el pueblo, sobre la base de la intransferibilidad, indivisibilidad e inalienabilidad de la soberanía, la cual permite que las formas de ejercicio directo e indirecto se traduzcan necesariamente en el cogobierno, en la codecisión. En tal
sentido, se abren medios suficientes construidos con la participación popular para promover la participación y el protagonismo del pueblo en todo el proceso legislativo de iniciativa legislativa, de consulta popular y de decisión conjunta en el proceso de sanción.
Sin embargo, en una noción de mayor avanzada el pueblo tiene que participar en la elaboración del nuevo Derecho revolucionario mediante la organización, la reflexión, la conciencia y la elaboración de propuestas, partiendo de la situación y de las necesidades de la comunidad: la Ley es una síntesis de la lucha social, y una ley participativa incorpora el consenso necesario para su aplicación eficaz y efectiva. Nace la norma con una visión distinta colectiva y corresponsable del sistema de justicia y la apropiación de la actividad legislativa por parte de los colectivos sociales, como sujeto-objeto del cambio.
7. Alcance del Pueblo Legislador
El Pueblo Legislador debe ser el eje para la formación socio-política de los ciudadanos, así como para la difusión ideológica, lo cual contribuiría sustancialmente a la elevación de la conciencia socialista, que solo podrá alcanzarse a través de la divulgación de la base valorativa que la sustenta. Esto último permitirá la consecución de uno de los objetivos más importantes del actual proceso político venezolano, como es la formación de los seres sociales solidarios que actuarán en la construcción de nuestro Socialismo venezolano.
Esto significa que va naciendo en la propia dinámica de intercambio y de pedagogía legislativa, en la propia construcción cotidiana y desde la realidad, conviviendo en la transición con la estructura actual y se va haciendo en el quehacer de sus procesos dialécticos.
Asimismo, puede coadyuvar con el desarrollo de una nueva educación para el socialismo, impulsando los cambios a través de la difusión de conocimientos y valores auténticamente democráticos, que permitan a los ciudadanos analizar su realidad para transformarla, asumiendo la solución de los diversos problemas mediante el trabajo comunitario. Por lo tanto, su alcance en los diferentes ejes de desarrollo nacional están enmarcados en los siguientes ámbitos:
⇒ Político: consolidar al Poder Popular, en su proceso de transformación, para la consolidación del Estado Comunal.
⇒ Económico: impulsar la economía comunal socialista desde una nueva forma de producción y de propiedad.
⇒ Social: construir un sistema de relaciones institucionales para la toma de decisiones compartidas, que apuntalen la suprema felicidad.
⇒ Ambiental: armonizar a los seres humanos con su entorno ecológico, garantizando el desarrollo sustentable.
⇒ Cultural: promover la ruptura con los patrones culturales de dominación del capital, a través del fomento de una conciencia emancipadora.
⇒ Internacional: vincular al Poder Popular con las redes sociales mundiales, que luchan y se resisten contra el imperialismo y todas las formas de dominación y exclusión posibles.
8. Espacios de organización
• Instrumentos para la transición del Parlamentarismo Social de Calle al Pueblo Legislador
Ante el propósito de fortalecer la capacidad legislativa y deliberativa de los colectivos sociales en consonancia con su espacio y la vida comunitaria, es pertinente considerar algunas herramientas e instrumentos que permitan avanzar en esta fase de transición hacia la transformación, donde el elemento medular sea
permeado por las decisiones colectivas y compartidas.
Buscando sintonía con las necesidades de las comunidades, la interpelación social se convierte en una de las herramientas en la que se manifiesta el pleno poder popular a través de la corresponsabilidad y la contraloría social.
Por otro lado, también es necesario potenciar espacios para construir agendas parlamentarias participativas y colectivas que dan cuenta de la concertación de las diferencias, el manejo de los intereses y aspiraciones locales, regionales y nacionales, propiciando el desarrollo y la valoración de los recursos endógenos.
Estos espacios de encuentro valoraran los temas prioritarios de interés público generando una agenda foro político, activando así de forma permanente un diálogo social para el consenso en función del desarrollo colectivo del país.
La aplicación de estas herramientas en la transición debe estar articulado bajo un esquema distinto, en su acción protagónica, dinámica y dialéctica el Pueblo Legislador construye un sistema de relaciones para la toma de decisiones compartidas, se va haciendo en la medida en que se va ejerciendo, va cobrando fuerza
y legitimidad en los diferentes niveles de gobierno (Consejo Legislativo, Municipal, Asamblea Nacional)
• Operativización, conocimiento y decisiones compartidas
Delimitar en este momento una estructura que operativice al Pueblo Legislador, significaría amarrar a la dialéctica y dinámica pedagógica comunitaria a una camisa de fuerza, ya que su funcionabilidad debe girar en base a debatir, opinar, planificar, consultar-informar, opinar-pronunciarse, co-responsabilizarse, decidir , ontrolar la ejecución (de la ley), evaluar, reflexionar y comunicar.
Con base al conocimiento de la realidad por parte del colectivo, el conocimiento legislativo adquiere otra dimensión porque ahora las decisiones en cuanto a la satisfacción de necesidades serán producto del debate compartido para que la acción a realizar sea planificada en base a la formulación de una visión de la gestión pública, coparticipe, corresponsable y por sobre todo diseñada por el Poder popular.
Avanzar a esta nueva dimensión implica por un lado, a relación directa y permanente del parlamentario con su comunidad, y por otro lado, la creación de los espacios propios del parlamento popular apoyado en una red de participación y consulta ciudadana para la acción legislativa en la cual el parlamentario con su nuevo rol se convierte en el vehículo o facilitador del conocimiento legislativo para fundamentar y viabilizar un nuevo sistema de relaciones; cuyo eje central es la toma de decisiones compartidas en el propio seno del Poder Popular.
• La Red de Participación y Consulta Ciudadana para la Acción Legislativa
Constituye un mecanismo y un espacio de ejercicio que permite la participación en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía, facilita la creación del tejido Comunitario por ciudadanos organizados o no dentro de espacios territoriales demarcados por las comunidades (Consejos Comunales, Comunas, entre otros), espacios institucionales y gubernamentales, de igual forma propicia el debate político plural, el control de la gestión pública y el proceso de formación y seguimiento de las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional.
Base Organizativa
a. Red de Conocimiento Legislativo
La Red es un sistema integral que gestiona y genera conocimiento para sustentar la actividad legislativa y parlamentaria en la toma de decisiones; promueve el intercambio de información a través de conexiones transversales y horizontales entre instituciones especializadas, expertos, parlamentarios y áreas de investigación
legislativa de la Asamblea Nacional, construyendo escenarios de desarrollo y fortaleciendo el proceso continuo de aprendizaje colectivo. Permite, además, recoger las opiniones, inquietudes y recomendaciones de la sociedad organizada, consolidándose de esta forma la participación ciudadana.
Objetivo General
Ofrecer una herramienta especializada basada en el paradigma de la gestión del conocimiento que favorezca la eficiencia, eficacia y efectividad del Poder Legislativo, que contribuya con la socialización del conocimiento y que consolide la participación ciudadana en las iniciativas legislativas para afianzar el logro de una sociedad de justicia y equidad social.
b. Registro Nacional de Organizaciones Sociales para la Participación Legislativa
Es una base de datos de organizaciones sociales, que permitirá generar información relevante y necesaria para la incorporación del poder popular, en el proceso de formación de leyes, control social sobre la gestión pública y debates de los temas de interés nacional.
Propósito
1. Facilitar la convocatoria a las actividades que desarrolla el Poder Legislativo, a través del Parlamentarismo Social de Calle, el Parlamento Comunal y cualquier otra modalidad utilizada por la
Asamblea Nacional.
2. Permitir la consolidación de los vínculos necesarios de los (as) diputados (as) con el poder popular para la conformación de una red de participación y consulta en la formación de leyes, control sobre la gestión pública y debate político de los temas de interés nacional.
c. Red de Unidades de Gestión Parlamentaria
Está conformada por oficinas que se abren en todas las circunscripciones electorales, donde los diputados electos en los diferentes circuitos podrán brindar asistencia a las comunidades organizadas valiéndose de una plataforma tecnológica de punta, recibirán y darán información; constituyéndose esas oficinas en espacios de participación y debates.
d. Red de Unidades Comunitarias para el Debate Legislativo
Son espacios comunitarios que irán surgiendo en el seno de las comunidades, tomando en cuenta su propia organización, para generar encuentros que permitan el debate de temas de interés general y local, los cuales se interrelacionan con los demás espacios creados.
9. Método Participativo de Elaboración de Leyes
En el marco del impulso del Pueblo Legislador se plantea el desarrollo de una nueva forma de elaboración de leyes que tenga como pilar fundamental el protagonismo del pueblo en el quehacer legislativo, para ello se propone un procedimiento inédito que hemos denominado “Método Participativo de Formación de Leyes”, el cual pretende materializar el mandato constitucional incorporando a los ciudadanos al proceso legislativo a través del principio de participación y corresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, estimulando además en la colectividad la función educativa o pedagógica de las normas que permite la transformación social y la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Debe ser alcanzado en distintas fases:
◊ Análisis de la realidad que origina la iniciativa legislativa
Tiene por finalidad la construcción de la voluntad unitaria que debe expresar claramente lo que se espera de la norma. Esta etapa inicial abarca cuestiones relacionadas con la ponderación y el análisis de la realidad, la valoración del contexto socio-político y la coherencia con el sistema de relaciones jurídicas.
Para la elaboración de las leyes desde el Método Participativo es determinante el análisis y la valoración de este contexto, ya que nos permitirá detectar o visualizar los conflictos de intereses entre los distintos actores, sus posibles encuentros o desencuentros, el conjunto de elementos vinculados con la coyuntura política, las posibles soluciones, la orientación filosófica, la oportunidad o pertinencia en la elaboración de un instrumento legal, entre otras consideraciones que se corresponda con un correcto manejo de escenarios.
Pero, esta nueva forma de abordar el Poder Legislativo no se queda en un mero enunciado, sino que ha cobrado cuerpo en la AN, tanto que ya hay un proyecto que plantea las bases de esta institución legisladora, distinta a la que consagra la Constitución.
NOCIÓN DEL “PUEBLO LEGISLADOR”: REFERENCIAS CONCEPTUALES
1. Antecedentes
En razón de darle desarrollo a la afirmación presentada por el Presidente Hugo Chávez de avanzar más allá del Parlamentarismo de Calle para pasar al pueblo legislador, presentamos este material para el debate político que nos conduzca a transformar esta noción en piedra angular de la propuesta política de los candidatos revolucionarios en la campaña para las elecciones del 26 de septiembre de 2010.
Ante tal afirmación es ineludible resaltar la relevancia que cobran los pasos que se han dado en nuestro país para avanzar a un modelo político distinto que ordene los cambios requeridos en el proceso de transformación, pasos definitivos en la consulta popular como evidencia del ejercicio de participación de diferentes sectores de la sociedad, como un hecho absolutamente inédito en la historia republicana de nuestro país.
Con la aprobación de la Constitución de 1999, se dio el primer gran paso de la refundación de la Patria, la cual significó un salto cualitativo con respecto al modelo de democracia representativa, sentando las bases de un nuevo orden jurídico que establece y afianza la democracia participativa y protagónica; dándole al pueblo los mecanismos para participar activamente en la toma de decisiones, devolviéndole al soberano su poder originario, de donde debe emanar toda autoridad.
No obstante, la dinámica de cambio histórico determinó una vez más la necesidad de ir a un proceso de consulta popular que permitiera el ajuste y adecuación sociopolítica de la carta magna en el año 2007 con la Reforma Constitucional y posteriormente con la Enmienda, para revisar un conjunto de artículos sin modificar la estructura de la Constitución y en el segundo caso se planteó una modificación parcial en el articulado igualmente sin modificación de su estructura. Con los resultados ya conocidos, lo importante en este caso, es como prevalece determinantemente el ejercicio y la expresión soberana de la voluntad popular de nuestro proceso democrático.
Sabemos que implementar un nuevo modelo político y desarrollar los principios constitucionales lleva tiempo. Desde el propio Poder Legislativo se abren los caminos de participación a través de la consulta pública con el Parlamentarismo Social de Calle, el cual ha servido de canal comunicante directo entre la Asamblea Nacional y el pueblo, avanzando en la consulta y el debate de las leyes y el soberano.
También es necesario destacar que de la dinámica de esta experiencia participativa que logró colocar a la Asamblea Nacional en la calle fue un medio importante para enfrentar las maniobras golpistas de la oposición que intentaron deslegitimar la institucionalidad nuestro Poder Legislativo con su abstención en las elecciones parlamentarias del 2005.
Resulta pertinente en este proceso de transición, avanzar en la profundización de la propuesta política bolivariana. Esto significa, pasar a una fase diferente que profundice en la activación consciente y permanente del pueblo en el hacer y quehacer de las leyes. De allí, que se plantee su profundización y se proponga la idea del “Pueblo Legislador”.
El Presidente de la República Hugo Chávez Frías, ha venido reiterando de forma sistemática la necesidad de involucrar directamente al pueblo en las decisiones legislativas para permitir que las leyes sean expresión de la voluntad popular y de la realidad concreta que vive Venezuela en la coyuntura histórica de transformación política, económica, social y cultural, en función de la construcción de una sociedad socialista:
“Por otra parte, hablé primero de convertir en leyes populares las misiones, pero hechas por el pueblo. Eso no lo había dicho, no leyes hechas ahí con unos asesores, que hacen falta, ¿no? Leyes hechas en la calle a través de asambleas, que el pueblo sepa que él puede hacer leyes, porque esta Constitución le devuelve ese poder. Que el pueblo haga leyes, leyes populares, leyes sociales, leyes revolucionarias; que participe el pueblo en el diseño y elaboración de las leyes, y luego en su aplicación Las leyes, deben ser el engranaje que une los principios constitucionales, a la realidad concreta de todos los días. Las leyes, además, deben obedecer a la naturaleza de las cosas. Determinar cuáles son las necesidades, las prioridades de los pueblos para en función de ellas, elaborar las leyes y llevar a la realidad, los principios constitucionales... A cada quien según sus necesidades…” Hugo Chávez Frías. 06 de enero de 2006.
Así mismo expresó:
“El pueblo pide contacto permanente. Por eso está en construcción la idea de un parlamento comunal, ligado y consustanciado directamente con el pueblo; así como se habla del pueblo legislador, que se forma a partir del proceso constituyente. La Asamblea Nacional lo que hace es darle la técnica legislativa a esas demandas e intereses del pueblo, y eso se logra con una gran comunicación". 27 de julio de 2009
“No hay que olvidar que la Asamblea debe entrar en una nueva etapa: llegó la hora de hacer leyes por iniciativa popular; llegó la hora de la calle parlamentaria y del pueblo legislador para acelerar la transición al socialismo”. 19 de julio de 2010
2. Contexto político
Todo proceso de cambio social está enmarcado dentro de un modelo político y un sistema jurídico que puede legitimarlo u obstaculizarlo, la continua movilidad requiere de un derecho que se adecue a las realidades emergentes. Por ello, se impone la ruptura con el ordenamiento jurídico que le ha dado sostén al modelo del Estado Liberal y al conjunto de instituciones que lo integran, dando paso a un modelo de Estado Social de Derecho y Justicia donde efectivamente cobre vida el concepto de soberanía.
Nuestro país despertó de la pesadilla neoliberal que por más de cuatro décadas sembraron pobreza y desigualdad en nombre de la democracia formal. La realidad se nos presenta hoy como una constelación un tanto azarosa de cambios, rupturas y quiebres que por encima de las confusiones constituyen oportunidades que nos permiten dar un nuevo salto en el devenir histórico de la raza humana.
Avanzamos hacia una nueva concepción del quehacer legislativo que rompe con el viejo modelo parlamentario liberal representativo y por ende facilita el desarrollo del modelo político de democracia participativa protagónica, de tal forma que es el pueblo quien emerge como sujeto emancipador y constructor de un nuevo ordenamiento jurídico y de las políticas públicas que de él se deriven. Vivimos hoy una profunda reestructuración general de la economía, la cultura, la sociedad y la política para transformar nuestras condiciones materiales y espirituales de la vida, es decir, una verdadera ruptura. Tal como lo sostiene Cayetano: 2006
Esta revolución constituye un gradual y multidimensional quiebre civilizatorio que anuncia los primeros asomos de un nuevo modo de producción y de relaciones sociales marcado por la democratización de la información y del saber. Ratificamos que el saber es poder, no nos referimos aquí a los saberes hoy hegemónicos que pretenden reescribir y recodificar las desigualdades e injusticias de siempre bajo el amparo de las instituciones rectoras del viejo orden y que aun hoy sobreviven. Se abre paso a los saberes alternativos
y a la prescripción normativa desde la propia sociedad, desde los cuales se aspira a desarrollar nuevas formas de gobernabilidad más pertinentes a nuestras realidades y necesidades, dentro de un espacio social reconstruido por el colectivo.
Los procesos sociales de prescripción normativa se hacen crecientemente más dispersos y heterogéneos.
La función del poder se define hoy en función de un combate continuo donde el Derecho se convierte en la trinchera desde donde se entabla el forcejeo. Nuestras percepciones han estado nubladas durante mucho tiempo por ideologías y partidismos que como bien advirtió Marx han confundido sus deseos con la realidad.
Se produjeron así verdades fetichizadas que nos condenaron a una falsa lectura de la realidad para conservar cómodos y parciales nichos de “verdad”. Se requiere, ahora, escapar de esos reduccionismos, debemos crear una nueva “praxis” que supere los viejos postulados teóricos, insuficientes actualmente para comprender los cambios.
Como bien decía Antonio Gramsci se debe ir más allá de la revolución política, se trata de propiciar un cambio intelectual y cultural que potencie el desarrollo de una nueva consciencia, nuevos valores, nuevas normas que nos permitan configurar a un nuevo ser humano. Los pueblos se niegan a continuar avalando las mismas opciones de siempre, no se conforman con ser comparsa de un determinado grupo político, exigen una participación real en los asuntos públicos, cuya génesis comienza con la elaboración de las normas que integran las leyes.
Se trata de una transformación socio-histórica global, para ir más allá del capital en sí como totalidad, que rompa con su dominio y control general de la sociedad y de su dinámica socio-cultural y jurídica. “La solución no es desesperarse por él, sino controlarlo en interés de la responsabilidad social y la transformación radical de la sociedad” (Mészáros).
Dentro de este contexto político nos encontramos con dos documentos maestros que orientan la propuesta, ellos son:
• El Proyecto Nacional “Simón Bolívar”: Primer Plan Socialista 2007-2013
La Democracia Protagónica revolucionaria es la expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia. Los espacios públicos y privados se consideran complementarios y no separados y contrapuestos como en la ideología liberal. Es necesario que los individuos se organicen para lograr las ventajas que otorga la asociación cooperativa.
Los ciudadanos personificarán y ejercerán siempre los mecanismos sustantivos del poder político, es decir, conservarán siempre su poder y su soberanía, la cual está siempre orientada hacia el bienestar de todos, con los principios de igualdad y libertad.
• La Declaración de Principios de PSUV
El PSUV debe ser propulsor de la participación directa del pueblo y su instrumento de construcción del socialismo en la conformación y funcionamiento de todos los órganos del poder, en la elaboración, discusión y resolución de programas y estrategias.
El partido debe asumir el compromiso de luchar contra la injusticia y la exclusión. Impulsar nuevas formas de organización y políticas sociales que mejoren el nivel de vida y garanticen la mayor suma de felicidad posible. Promover el sentido de pertenencia, respeto, igualdad y dignidad, la crítica y autocrítica, para combatir todas las amenazas que confronta la revolución como la guerra de cuarta generación (desarrollada por los medios de comunicación del capitalismo), teniendo presente el carácter socialista revolucionario y antiimperialista del proceso, evitando la transculturización, todo ello aunado al ejercicio de la contraloría social sobre los gobernantes y funcionarios públicos, especialmente sobre los que militen en el partido.
3. Marco constitucional
A lo largo de todo el texto explanado en la Constitución de 1999 se plantea el modelo de democracia participativa y protagónica. Lo vemos en sus principios fundamentales contenidos en los artículos 2, 5 y 6; los cuales sostienen que Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
La Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Más adelante encontramos artículos como el 62 y el 70 que otorgan a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a participar en los asuntos públicos y definen los medios de participación. En este contexto, tanto el principio refrendario como abrogatorio de las leyes significa una intervención participativa del pueblo, recordando a los representantes que sólo son tales: representantes y no poder soberano. Es claro, que no se trata de mantener el viejo modelo, sino de crear las condiciones en tiempos de transición que nos permitan avanzar hacia un nuevo modelo institucional donde la participación popular sea el eje fundamental de la acción política.
Tenemos luego, artículos como el 187, el 204 y el 211 donde se le señala al Parlamento Nacional la obligación de organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia para lo cual deberán crear los mecanismos de consulta. También se establece la iniciativa popular para la presentación de los proyectos de leyes.
Aparece también en la Constitución, en título de “El Poder Público Nacional” una nueva concepción que supera a la clasificación clásica de Monstesquieu e incorpora un nuevo Poder: el Poder Ciudadano. Se crea el Consejo Moral republicano en el artículo 273.
4. Premisas
♦ Profundiza el modelo de democracia participativa, los ciudadanos, las comunidades, instituciones y/o gremios legítimamente constituidos, deben generar el debate necesario y la construcción de decisiones colectivas sobre la legislación, permitiendo al pueblo legislar directamente.
♦
♦ Institucionaliza las propuestas y decisiones emanadas de las comunidades.
♦ La construcción de un sistema de relaciones sociales que posibilite la toma de decisiones compartidas.
♦ El parlamentario se convierte en un sujeto social que construye su legitimidad en la medida en que posibilita la participación ciudadana en la toma de decisiones, por lo tanto ya no es solamente un intermediario o representante de sus electores.
♦
♦ El principio de pluralidad que conduce a la inclusión y respeto de las diferencias ideológicas en un proceso abierto al debate libre de las ideas que busca la construcción de consenso en función de los retos que plantea la transformación social.
5. Objetivos
1. Profundizar y estimular las iniciativas populares legislativas.
2. Organizar consultas populares y los Parlamentarismo sociales de calle sobre los contenidos de los proyectos de leyes elaborados por la Asamblea Nacional.
3. Promover y facilitar el Control Social como mecanismo de control postlegislativo.
4. Crear los espacios para la difusión y debate del contenido de las leyes y temas de interés nacional.
5. Integrar directa y permanentemente la organización comunitaria al trabajo parlamentario de la Asamblea Nacional.
6. Marco Teórico
La noción pueblo legislador se concibe como la acción política colectiva que se genera en el propio espacio comunitario de participación protagónica para la construcción de leyes de forma permanente por parte del pueblo como sujeto y objeto de poder que conduce a que se involucre de forma directa en la aprobación, ejecución y control de las leyes. Así como en todos los ámbitos de la actividad legislativa en el espacio nacional, regional, local y comunitario, para la toma de decisiones compartidas impulsando la transformación social que permita alcanzar una sociedad de justicia, de derecho, de igualdad y libertad.
Se trata de una construcción colectiva consciente que es validada en la propia acción de participación directa por los propios actores involucrados y como tal debe responder a sus intereses e inquietudes dando legitimidad al hecho legislativo.
De acuerdo a esto, se refiere a una acción institucionalizada de legislar directamente con el pueblo, sobre la base de la intransferibilidad, indivisibilidad e inalienabilidad de la soberanía, la cual permite que las formas de ejercicio directo e indirecto se traduzcan necesariamente en el cogobierno, en la codecisión. En tal
sentido, se abren medios suficientes construidos con la participación popular para promover la participación y el protagonismo del pueblo en todo el proceso legislativo de iniciativa legislativa, de consulta popular y de decisión conjunta en el proceso de sanción.
Sin embargo, en una noción de mayor avanzada el pueblo tiene que participar en la elaboración del nuevo Derecho revolucionario mediante la organización, la reflexión, la conciencia y la elaboración de propuestas, partiendo de la situación y de las necesidades de la comunidad: la Ley es una síntesis de la lucha social, y una ley participativa incorpora el consenso necesario para su aplicación eficaz y efectiva. Nace la norma con una visión distinta colectiva y corresponsable del sistema de justicia y la apropiación de la actividad legislativa por parte de los colectivos sociales, como sujeto-objeto del cambio.
7. Alcance del Pueblo Legislador
El Pueblo Legislador debe ser el eje para la formación socio-política de los ciudadanos, así como para la difusión ideológica, lo cual contribuiría sustancialmente a la elevación de la conciencia socialista, que solo podrá alcanzarse a través de la divulgación de la base valorativa que la sustenta. Esto último permitirá la consecución de uno de los objetivos más importantes del actual proceso político venezolano, como es la formación de los seres sociales solidarios que actuarán en la construcción de nuestro Socialismo venezolano.
Esto significa que va naciendo en la propia dinámica de intercambio y de pedagogía legislativa, en la propia construcción cotidiana y desde la realidad, conviviendo en la transición con la estructura actual y se va haciendo en el quehacer de sus procesos dialécticos.
Asimismo, puede coadyuvar con el desarrollo de una nueva educación para el socialismo, impulsando los cambios a través de la difusión de conocimientos y valores auténticamente democráticos, que permitan a los ciudadanos analizar su realidad para transformarla, asumiendo la solución de los diversos problemas mediante el trabajo comunitario. Por lo tanto, su alcance en los diferentes ejes de desarrollo nacional están enmarcados en los siguientes ámbitos:
⇒ Político: consolidar al Poder Popular, en su proceso de transformación, para la consolidación del Estado Comunal.
⇒ Económico: impulsar la economía comunal socialista desde una nueva forma de producción y de propiedad.
⇒ Social: construir un sistema de relaciones institucionales para la toma de decisiones compartidas, que apuntalen la suprema felicidad.
⇒ Ambiental: armonizar a los seres humanos con su entorno ecológico, garantizando el desarrollo sustentable.
⇒ Cultural: promover la ruptura con los patrones culturales de dominación del capital, a través del fomento de una conciencia emancipadora.
⇒ Internacional: vincular al Poder Popular con las redes sociales mundiales, que luchan y se resisten contra el imperialismo y todas las formas de dominación y exclusión posibles.
8. Espacios de organización
• Instrumentos para la transición del Parlamentarismo Social de Calle al Pueblo Legislador
Ante el propósito de fortalecer la capacidad legislativa y deliberativa de los colectivos sociales en consonancia con su espacio y la vida comunitaria, es pertinente considerar algunas herramientas e instrumentos que permitan avanzar en esta fase de transición hacia la transformación, donde el elemento medular sea
permeado por las decisiones colectivas y compartidas.
Buscando sintonía con las necesidades de las comunidades, la interpelación social se convierte en una de las herramientas en la que se manifiesta el pleno poder popular a través de la corresponsabilidad y la contraloría social.
Por otro lado, también es necesario potenciar espacios para construir agendas parlamentarias participativas y colectivas que dan cuenta de la concertación de las diferencias, el manejo de los intereses y aspiraciones locales, regionales y nacionales, propiciando el desarrollo y la valoración de los recursos endógenos.
Estos espacios de encuentro valoraran los temas prioritarios de interés público generando una agenda foro político, activando así de forma permanente un diálogo social para el consenso en función del desarrollo colectivo del país.
La aplicación de estas herramientas en la transición debe estar articulado bajo un esquema distinto, en su acción protagónica, dinámica y dialéctica el Pueblo Legislador construye un sistema de relaciones para la toma de decisiones compartidas, se va haciendo en la medida en que se va ejerciendo, va cobrando fuerza
y legitimidad en los diferentes niveles de gobierno (Consejo Legislativo, Municipal, Asamblea Nacional)
• Operativización, conocimiento y decisiones compartidas
Delimitar en este momento una estructura que operativice al Pueblo Legislador, significaría amarrar a la dialéctica y dinámica pedagógica comunitaria a una camisa de fuerza, ya que su funcionabilidad debe girar en base a debatir, opinar, planificar, consultar-informar, opinar-pronunciarse, co-responsabilizarse, decidir , ontrolar la ejecución (de la ley), evaluar, reflexionar y comunicar.
Con base al conocimiento de la realidad por parte del colectivo, el conocimiento legislativo adquiere otra dimensión porque ahora las decisiones en cuanto a la satisfacción de necesidades serán producto del debate compartido para que la acción a realizar sea planificada en base a la formulación de una visión de la gestión pública, coparticipe, corresponsable y por sobre todo diseñada por el Poder popular.
Avanzar a esta nueva dimensión implica por un lado, a relación directa y permanente del parlamentario con su comunidad, y por otro lado, la creación de los espacios propios del parlamento popular apoyado en una red de participación y consulta ciudadana para la acción legislativa en la cual el parlamentario con su nuevo rol se convierte en el vehículo o facilitador del conocimiento legislativo para fundamentar y viabilizar un nuevo sistema de relaciones; cuyo eje central es la toma de decisiones compartidas en el propio seno del Poder Popular.
• La Red de Participación y Consulta Ciudadana para la Acción Legislativa
Constituye un mecanismo y un espacio de ejercicio que permite la participación en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía, facilita la creación del tejido Comunitario por ciudadanos organizados o no dentro de espacios territoriales demarcados por las comunidades (Consejos Comunales, Comunas, entre otros), espacios institucionales y gubernamentales, de igual forma propicia el debate político plural, el control de la gestión pública y el proceso de formación y seguimiento de las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional.
Base Organizativa
a. Red de Conocimiento Legislativo
La Red es un sistema integral que gestiona y genera conocimiento para sustentar la actividad legislativa y parlamentaria en la toma de decisiones; promueve el intercambio de información a través de conexiones transversales y horizontales entre instituciones especializadas, expertos, parlamentarios y áreas de investigación
legislativa de la Asamblea Nacional, construyendo escenarios de desarrollo y fortaleciendo el proceso continuo de aprendizaje colectivo. Permite, además, recoger las opiniones, inquietudes y recomendaciones de la sociedad organizada, consolidándose de esta forma la participación ciudadana.
Objetivo General
Ofrecer una herramienta especializada basada en el paradigma de la gestión del conocimiento que favorezca la eficiencia, eficacia y efectividad del Poder Legislativo, que contribuya con la socialización del conocimiento y que consolide la participación ciudadana en las iniciativas legislativas para afianzar el logro de una sociedad de justicia y equidad social.
b. Registro Nacional de Organizaciones Sociales para la Participación Legislativa
Es una base de datos de organizaciones sociales, que permitirá generar información relevante y necesaria para la incorporación del poder popular, en el proceso de formación de leyes, control social sobre la gestión pública y debates de los temas de interés nacional.
Propósito
1. Facilitar la convocatoria a las actividades que desarrolla el Poder Legislativo, a través del Parlamentarismo Social de Calle, el Parlamento Comunal y cualquier otra modalidad utilizada por la
Asamblea Nacional.
2. Permitir la consolidación de los vínculos necesarios de los (as) diputados (as) con el poder popular para la conformación de una red de participación y consulta en la formación de leyes, control sobre la gestión pública y debate político de los temas de interés nacional.
c. Red de Unidades de Gestión Parlamentaria
Está conformada por oficinas que se abren en todas las circunscripciones electorales, donde los diputados electos en los diferentes circuitos podrán brindar asistencia a las comunidades organizadas valiéndose de una plataforma tecnológica de punta, recibirán y darán información; constituyéndose esas oficinas en espacios de participación y debates.
d. Red de Unidades Comunitarias para el Debate Legislativo
Son espacios comunitarios que irán surgiendo en el seno de las comunidades, tomando en cuenta su propia organización, para generar encuentros que permitan el debate de temas de interés general y local, los cuales se interrelacionan con los demás espacios creados.
9. Método Participativo de Elaboración de Leyes
En el marco del impulso del Pueblo Legislador se plantea el desarrollo de una nueva forma de elaboración de leyes que tenga como pilar fundamental el protagonismo del pueblo en el quehacer legislativo, para ello se propone un procedimiento inédito que hemos denominado “Método Participativo de Formación de Leyes”, el cual pretende materializar el mandato constitucional incorporando a los ciudadanos al proceso legislativo a través del principio de participación y corresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, estimulando además en la colectividad la función educativa o pedagógica de las normas que permite la transformación social y la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Debe ser alcanzado en distintas fases:
◊ Análisis de la realidad que origina la iniciativa legislativa
Tiene por finalidad la construcción de la voluntad unitaria que debe expresar claramente lo que se espera de la norma. Esta etapa inicial abarca cuestiones relacionadas con la ponderación y el análisis de la realidad, la valoración del contexto socio-político y la coherencia con el sistema de relaciones jurídicas.
Para la elaboración de las leyes desde el Método Participativo es determinante el análisis y la valoración de este contexto, ya que nos permitirá detectar o visualizar los conflictos de intereses entre los distintos actores, sus posibles encuentros o desencuentros, el conjunto de elementos vinculados con la coyuntura política, las posibles soluciones, la orientación filosófica, la oportunidad o pertinencia en la elaboración de un instrumento legal, entre otras consideraciones que se corresponda con un correcto manejo de escenarios.
martes, 24 de agosto de 2010
Nunca entregó un informe
Nicolás Maduro ratificó la emergencia para la AN en el 2006
La semana pasada publicamos que la Asamblea Nacional, apenas iniciada la presidencia de Nicolás Maduro, a principios del 2005, aprobó declarar la emergencia del Patrimonio Cultura del Parlamento. Un año después, Maduro pidió la palabra a la AN, ya renovada y con los actuales parlamentarios, para ratificar esa emergencia, por considerar que no se habían realizado todos los trabajos que se requerían.
A continuación, la transcripción textual de parte de la sesión penaria del 09 de mayo de 2006, cuando el ahora Canciller, pidió apoyo para prorrogar esa emergencia.
Diario de Debate
ASAMBLEA NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 09 DE MAYO DE 2006
Presidente: Nicolás Maduro Moros
Primera Vicepresidenta: Disirée Santos Amaral
Segundo Vicepresidente: Roberto Hernández Wohnsiedler
Secretario: Iván Zerpa Guerrero
Subsecretario: José Gregorio Viana
[[5.|- Moción de Información del ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moros, relacionada con la reestructuración del Palacio Federal legislativo y la solicitud de ratificación de la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio Cultural de la Asamblea Nacional]]5.– Moción de Información del ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moros, relacionada con la reestructuración del Palacio Federal legislativo y la solicitud de ratificación de la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio Cultural de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadana Presidente.
EL PRESIDENTE. Hace aproximadamente un año se declaró la emergencia de todas las instalaciones del Palacio Federal Legislativo y de todas las edificaciones que forman parte del Patrimonio de la Asamblea Nacional, entre ellos el Museo Boliviano y la antigua Corte Suprema de Justicia, y esa emergencia se emprendió y dio un gran resultado.
Se nombró una comisión de diputados y diputadas donde inclusive participó la oposición que hizo un buen trabajo; además intervinieron expertos del país en materia de recuperación del Patrimonio Nacional. La existencia de esa comisión debe ser ratificada, la cual solicito, al igual que la ratificación de la Declaratoria de Emergencia para culminar las labores de recuperación integral.
Como ustedes conocen, y los que no conocen pudieran hacer un tour, se les entregó el video cuando se inició el año legislativo, se hizo una labor intensa de recuperación dado que el Palacio estaba en unas condiciones bastante precarias; se recuperó toda el ala quemada y afortunadamente hoy contamos con el Salón Bicentenario que todos conocen y que es un salón de una gran calidad para la Asamblea Nacional.
También se cuenta con el Salón Francisco de Miranda, que también es muy hermoso, rescatado por artistas venezolanos y estamos en las tareas para culminar y la pronta inauguración a finales de mayo, de la biblioteca dedicada al Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, en el ala derecha, zona que también estaba ranchificada y en las peores condiciones.
Como éstas, hay un conjunto de tareas que hay que emprender todavía en la recuperación definitiva del Palacio Federal Legislativo y del Museo Boliviano, que es una edificación histórica en el centro de la ciudad que quedó en manos del antiguo Congreso, inexplicablemente, debería estar en manos de otra institución y es nuestra obligación recuperarla. Está en el piso. El diagnóstico que tenemos implica que se le imprima una velocidad acelerada al proceso de recuperación. La antigua Corte, que estaba en muy malas condiciones, ya se está recuperando.
Les solicitamos a ustedes ratificar la Declaratoria de Emergencia y la comisión que debe ser conformada por los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, dado que la comisión que viene funcionando todavía está conformada por los diputados de la antigua Asamblea Nacional.
Tiene la palabra el diputado Elvis Amoroso.
DIPUTADO AMOROSO (ELVIS) Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Para reforzar la propuesta que hace el Presidente Nicolás Maduro, porque los que hemos estado en este Parlamento desde hace cierto tiempo nos sentimos verdaderamente orgullosos porque se esté rescatando, de una vez por todas, este Palacio. Cuando llegamos aquí se estaba cayendo a pedazos. Para quienes no vivieron eso, hay algunos acá que se lo pueden comentar. ¡Cayéndose a pedazos! No solamente se estaba cayendo sino que también se quemó un ala de este Palacio que es ahora ese bello Salón Bicentenario.
Las obras de arte que estaban en el Palacio Federal estaban deterioradas y hubo que restaurar prácticamente cada una de ellas; los salones como el Tríptico y el de Los Escudos, prácticamente habían desaparecido. Los pisos que tienen una madera especial, sobre todo el Salón Elíptico, también estaban deteriorados.
Se ha hecho una inversión en dinero que va más allá de lo material. Se recuperó la Historia de Venezuela con este tratamiento que se le está haciendo al Palacio Federal Legislativo. Aquí hay mucha historia y recomendamos a los parlamentarios que no la conocen, que vayan a la Dirección de Cultura para que se enteren de toda la historia que este Palacio encierra.
Esta es una infraestructura igual a la Torre de París, la hicieron los mismos arquitectos, es el mismo tipo de estructura, una armazón de acero que está rodeada de pintura y friso. Igualmente, cada una de estas arquitecturas que vemos en las dos alas son de primer orden y de reconocimiento a nivel mundial desde el punto de vista arquitectónico e histórico.
Por lo tanto, señor Presidente, los parlamentarios del extinto Congreso y los que tenemos un poco más de un período constitucional en este Parlamento, nos sentimos verdaderamente orgullosos y damos todo nuestro respaldo para que usted y su equipo continúen interviniendo el Palacio Federal Legislativo para bien de todos los venezolanos. Es todo, ciudadano Presidente.
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el diputado Luis Acuña.
DIPUTADO ACUÑA (LUIS) Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Primero, para ratificar en todos los términos lo expuesto por el colega diputado Elvis Amoroso y reconocer la labor que al frente de la comisión hizo el diputado José Khan. No solamente el trabajo fue la revisión de cada uno de los proyectos propuestos para esta obra, sino toda la revisión de lo que significó el tratamiento administrativo de la asignación de recursos de la Asamblea Nacional.
Sólo quisiera acotar un tema que en aquella oportunidad tratamos y que sin embargo percibimos que no se le dio el tratamiento adecuado, y es en cuanto a la seguridad y las medidas de contingencia, las vías de escape, de este Hemiciclo, puesto que ya hemos percibido que tal y como está estructurado, en una situación de emergencia constituye una verdadera trampa. Es una preocupación que sostuvimos en la comisión y entendemos que el tratamiento de un tema como ese a lo mejor exigirá modificaciones que van a colidir con lo que es la estructura original, pero consideramos que la seguridad de los parlamentarios y de todos los que hacen vida en este Hemiciclo es tan importante como la recuperación de las áreas.
Otro aspecto que quisiéramos que se rescate, es la modernización de los sistemas de votación automatizados que posee esta Cámara, que desde el momento en que ocurrió el incendio en el área del Salón Francisco de Miranda y el Bicentenario dejaron de funcionar y consideramos que este proceso automatizado de votación debe ser recuperado en toda sus extensión. Es todo, ciudadano Presidente.
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el diputado William Querales.
DIPUTADO QUERALES (WILLIAM) Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Igualmente, para apoyar las palabras del diputado coterráneo de Aragua, Elvis Amoroso, y del diputado Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Luis Acuña.
La reconstrucción, la valoración, el reencontrarnos en este patrimonio arquitectónico del país es algo que también nos identifica en este proceso de cambio y transformación, por lo tanto expresamos nuestro apoyo incondicional para lo que es la valoración cultural. Los pueblos se identifican por su trascendencia cultural; es lo que sobrevive, lo que habla por el tiempo, como en la cultura romana, la arquitectura de los grandes países, la identificación de lo que es la identidad cultural o arquitectónica, como es el caso del Palacio Federal, que por supuesto tiene una identidad histórica con nuestro país.
Por lo tanto, en nombre de Patria Para Todos, de Podemos y de las mejores fuerzas voluntarias que nos identificamos con este proceso revolucionario y de cambio, respaldamos su gestión en la reconstrucción y puesta en vigencia de este gran Palacio, identidad del foro político, de la democracia y de la revolución. Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos)
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño.
DIPUTADO CARREÑO (PEDRO) Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Sin lugar a dudas ha sido de vital importancia, desde el punto de vista histórico y para preservar las condiciones de trabajo de los parlamentarios, la restauración del Palacio Federal Legislativo.
En aras de preservar la buena imagen de los colegas parlamentarios de la Asamblea anterior, que en Cámara plena dieron la facultad potestativa para adelantar dichos trabajos y como hemos observado en distintos medios de comunicación, específicamente unos semanarios que se han dado a la tarea de malponer la imagen de los hombres, creo que sería interesante por un lado, para mantener la honorabilidad del diputado Khan, que presente pormenorizadamente cada una de las actividades cumplidas, con el monto erogado y una nueva planificación para evitar malos entendidos, porque esto da pie a que se generen comentarios malsanos que en nada coadyuvan a la buena marcha del Parlamento y al mantenimiento de la imagen y la moral de nuestro parlamentario. Es todo, ciudadano Presidente.
EL PRESIDENTE.– Así será, ciudadano diputado. De todas maneras, permítanme recordarles que el 5 de enero se entregó un video con toda la información, pero en el tiempo más corto la comisión debería presentar un balance de todas las obras que se emprendieron, los logros obtenidos en la parte interna del Palacio, en sus alrededores, en la recuperación de las áreas físicas, y en la propuesta del diputado Luis Acuña y en esta parte pido atención a todos los diputados: Calixto Ortega, Ángel Rodríguez, Pedro Lander, que es la parte de la seguridad. Ustedes han visto una parte de lo que ha sido el reforzamiento de la seguridad del Palacio.
Como bien saben, tenemos grandes amenazas sobre la estabilidad política del país que vienen del exterior; particularmente la conspiración del Gobierno de los Estados Unidos, que no desmaya ni descansa todos los días, a toda hora, en todas las instituciones, a través de los medios, con voceros comprados, articulistas y de todo tipo; pero también amenazas físicas, por lo que hemos reforzado la seguridad y hemos pedido la colaboración a los diputados en muchas oportunidades, porque de pronto hay medidas de seguridad que se han ido reforzando y que no podemos violar, que tenemos que preservar. Hay otras medidas que se están tomando que quizás ustedes no ven pero que están en permanente funcionamiento.
Este Palacio fue concebido para otra realidad, hace 130 o 140 años y lo que se puede hacer en medidas, en torno a un riesgo, son cosas muy básicas. Es decir, es muy poco lo que se puede hacer; además es Patrimonio Nacional y prácticamente no se puede tocar nada, para mover cualquier cosa hay que solicitar un permiso especial y ocurre un debate y todo un estudio extenso de cada cosa que se va a hacer; inclusive, toda la restauración implicó un largo proceso de proyección, de debates, y después de acción. Por eso es que las cosas que se están haciendo se hacen con mucho cuidado, con mucho detalle.
6
Si ningún otro orador va a intervenir, se cierra el debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo en ratificar la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio Cultural del la Asamblea Nacional y el nombramiento de la comisión que le dé seguimiento a este caso, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa) Aprobado
La semana pasada publicamos que la Asamblea Nacional, apenas iniciada la presidencia de Nicolás Maduro, a principios del 2005, aprobó declarar la emergencia del Patrimonio Cultura del Parlamento. Un año después, Maduro pidió la palabra a la AN, ya renovada y con los actuales parlamentarios, para ratificar esa emergencia, por considerar que no se habían realizado todos los trabajos que se requerían.
A continuación, la transcripción textual de parte de la sesión penaria del 09 de mayo de 2006, cuando el ahora Canciller, pidió apoyo para prorrogar esa emergencia.
Diario de Debate
ASAMBLEA NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 09 DE MAYO DE 2006
Presidente: Nicolás Maduro Moros
Primera Vicepresidenta: Disirée Santos Amaral
Segundo Vicepresidente: Roberto Hernández Wohnsiedler
Secretario: Iván Zerpa Guerrero
Subsecretario: José Gregorio Viana
[[5.|- Moción de Información del ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moros, relacionada con la reestructuración del Palacio Federal legislativo y la solicitud de ratificación de la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio Cultural de la Asamblea Nacional]]5.– Moción de Información del ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moros, relacionada con la reestructuración del Palacio Federal legislativo y la solicitud de ratificación de la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio Cultural de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadana Presidente.
EL PRESIDENTE. Hace aproximadamente un año se declaró la emergencia de todas las instalaciones del Palacio Federal Legislativo y de todas las edificaciones que forman parte del Patrimonio de la Asamblea Nacional, entre ellos el Museo Boliviano y la antigua Corte Suprema de Justicia, y esa emergencia se emprendió y dio un gran resultado.
Se nombró una comisión de diputados y diputadas donde inclusive participó la oposición que hizo un buen trabajo; además intervinieron expertos del país en materia de recuperación del Patrimonio Nacional. La existencia de esa comisión debe ser ratificada, la cual solicito, al igual que la ratificación de la Declaratoria de Emergencia para culminar las labores de recuperación integral.
Como ustedes conocen, y los que no conocen pudieran hacer un tour, se les entregó el video cuando se inició el año legislativo, se hizo una labor intensa de recuperación dado que el Palacio estaba en unas condiciones bastante precarias; se recuperó toda el ala quemada y afortunadamente hoy contamos con el Salón Bicentenario que todos conocen y que es un salón de una gran calidad para la Asamblea Nacional.
También se cuenta con el Salón Francisco de Miranda, que también es muy hermoso, rescatado por artistas venezolanos y estamos en las tareas para culminar y la pronta inauguración a finales de mayo, de la biblioteca dedicada al Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, en el ala derecha, zona que también estaba ranchificada y en las peores condiciones.
Como éstas, hay un conjunto de tareas que hay que emprender todavía en la recuperación definitiva del Palacio Federal Legislativo y del Museo Boliviano, que es una edificación histórica en el centro de la ciudad que quedó en manos del antiguo Congreso, inexplicablemente, debería estar en manos de otra institución y es nuestra obligación recuperarla. Está en el piso. El diagnóstico que tenemos implica que se le imprima una velocidad acelerada al proceso de recuperación. La antigua Corte, que estaba en muy malas condiciones, ya se está recuperando.
Les solicitamos a ustedes ratificar la Declaratoria de Emergencia y la comisión que debe ser conformada por los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, dado que la comisión que viene funcionando todavía está conformada por los diputados de la antigua Asamblea Nacional.
Tiene la palabra el diputado Elvis Amoroso.
DIPUTADO AMOROSO (ELVIS) Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Para reforzar la propuesta que hace el Presidente Nicolás Maduro, porque los que hemos estado en este Parlamento desde hace cierto tiempo nos sentimos verdaderamente orgullosos porque se esté rescatando, de una vez por todas, este Palacio. Cuando llegamos aquí se estaba cayendo a pedazos. Para quienes no vivieron eso, hay algunos acá que se lo pueden comentar. ¡Cayéndose a pedazos! No solamente se estaba cayendo sino que también se quemó un ala de este Palacio que es ahora ese bello Salón Bicentenario.
Las obras de arte que estaban en el Palacio Federal estaban deterioradas y hubo que restaurar prácticamente cada una de ellas; los salones como el Tríptico y el de Los Escudos, prácticamente habían desaparecido. Los pisos que tienen una madera especial, sobre todo el Salón Elíptico, también estaban deteriorados.
Se ha hecho una inversión en dinero que va más allá de lo material. Se recuperó la Historia de Venezuela con este tratamiento que se le está haciendo al Palacio Federal Legislativo. Aquí hay mucha historia y recomendamos a los parlamentarios que no la conocen, que vayan a la Dirección de Cultura para que se enteren de toda la historia que este Palacio encierra.
Esta es una infraestructura igual a la Torre de París, la hicieron los mismos arquitectos, es el mismo tipo de estructura, una armazón de acero que está rodeada de pintura y friso. Igualmente, cada una de estas arquitecturas que vemos en las dos alas son de primer orden y de reconocimiento a nivel mundial desde el punto de vista arquitectónico e histórico.
Por lo tanto, señor Presidente, los parlamentarios del extinto Congreso y los que tenemos un poco más de un período constitucional en este Parlamento, nos sentimos verdaderamente orgullosos y damos todo nuestro respaldo para que usted y su equipo continúen interviniendo el Palacio Federal Legislativo para bien de todos los venezolanos. Es todo, ciudadano Presidente.
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el diputado Luis Acuña.
DIPUTADO ACUÑA (LUIS) Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Primero, para ratificar en todos los términos lo expuesto por el colega diputado Elvis Amoroso y reconocer la labor que al frente de la comisión hizo el diputado José Khan. No solamente el trabajo fue la revisión de cada uno de los proyectos propuestos para esta obra, sino toda la revisión de lo que significó el tratamiento administrativo de la asignación de recursos de la Asamblea Nacional.
Sólo quisiera acotar un tema que en aquella oportunidad tratamos y que sin embargo percibimos que no se le dio el tratamiento adecuado, y es en cuanto a la seguridad y las medidas de contingencia, las vías de escape, de este Hemiciclo, puesto que ya hemos percibido que tal y como está estructurado, en una situación de emergencia constituye una verdadera trampa. Es una preocupación que sostuvimos en la comisión y entendemos que el tratamiento de un tema como ese a lo mejor exigirá modificaciones que van a colidir con lo que es la estructura original, pero consideramos que la seguridad de los parlamentarios y de todos los que hacen vida en este Hemiciclo es tan importante como la recuperación de las áreas.
Otro aspecto que quisiéramos que se rescate, es la modernización de los sistemas de votación automatizados que posee esta Cámara, que desde el momento en que ocurrió el incendio en el área del Salón Francisco de Miranda y el Bicentenario dejaron de funcionar y consideramos que este proceso automatizado de votación debe ser recuperado en toda sus extensión. Es todo, ciudadano Presidente.
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el diputado William Querales.
DIPUTADO QUERALES (WILLIAM) Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Igualmente, para apoyar las palabras del diputado coterráneo de Aragua, Elvis Amoroso, y del diputado Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Luis Acuña.
La reconstrucción, la valoración, el reencontrarnos en este patrimonio arquitectónico del país es algo que también nos identifica en este proceso de cambio y transformación, por lo tanto expresamos nuestro apoyo incondicional para lo que es la valoración cultural. Los pueblos se identifican por su trascendencia cultural; es lo que sobrevive, lo que habla por el tiempo, como en la cultura romana, la arquitectura de los grandes países, la identificación de lo que es la identidad cultural o arquitectónica, como es el caso del Palacio Federal, que por supuesto tiene una identidad histórica con nuestro país.
Por lo tanto, en nombre de Patria Para Todos, de Podemos y de las mejores fuerzas voluntarias que nos identificamos con este proceso revolucionario y de cambio, respaldamos su gestión en la reconstrucción y puesta en vigencia de este gran Palacio, identidad del foro político, de la democracia y de la revolución. Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos)
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño.
DIPUTADO CARREÑO (PEDRO) Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Sin lugar a dudas ha sido de vital importancia, desde el punto de vista histórico y para preservar las condiciones de trabajo de los parlamentarios, la restauración del Palacio Federal Legislativo.
En aras de preservar la buena imagen de los colegas parlamentarios de la Asamblea anterior, que en Cámara plena dieron la facultad potestativa para adelantar dichos trabajos y como hemos observado en distintos medios de comunicación, específicamente unos semanarios que se han dado a la tarea de malponer la imagen de los hombres, creo que sería interesante por un lado, para mantener la honorabilidad del diputado Khan, que presente pormenorizadamente cada una de las actividades cumplidas, con el monto erogado y una nueva planificación para evitar malos entendidos, porque esto da pie a que se generen comentarios malsanos que en nada coadyuvan a la buena marcha del Parlamento y al mantenimiento de la imagen y la moral de nuestro parlamentario. Es todo, ciudadano Presidente.
EL PRESIDENTE.– Así será, ciudadano diputado. De todas maneras, permítanme recordarles que el 5 de enero se entregó un video con toda la información, pero en el tiempo más corto la comisión debería presentar un balance de todas las obras que se emprendieron, los logros obtenidos en la parte interna del Palacio, en sus alrededores, en la recuperación de las áreas físicas, y en la propuesta del diputado Luis Acuña y en esta parte pido atención a todos los diputados: Calixto Ortega, Ángel Rodríguez, Pedro Lander, que es la parte de la seguridad. Ustedes han visto una parte de lo que ha sido el reforzamiento de la seguridad del Palacio.
Como bien saben, tenemos grandes amenazas sobre la estabilidad política del país que vienen del exterior; particularmente la conspiración del Gobierno de los Estados Unidos, que no desmaya ni descansa todos los días, a toda hora, en todas las instituciones, a través de los medios, con voceros comprados, articulistas y de todo tipo; pero también amenazas físicas, por lo que hemos reforzado la seguridad y hemos pedido la colaboración a los diputados en muchas oportunidades, porque de pronto hay medidas de seguridad que se han ido reforzando y que no podemos violar, que tenemos que preservar. Hay otras medidas que se están tomando que quizás ustedes no ven pero que están en permanente funcionamiento.
Este Palacio fue concebido para otra realidad, hace 130 o 140 años y lo que se puede hacer en medidas, en torno a un riesgo, son cosas muy básicas. Es decir, es muy poco lo que se puede hacer; además es Patrimonio Nacional y prácticamente no se puede tocar nada, para mover cualquier cosa hay que solicitar un permiso especial y ocurre un debate y todo un estudio extenso de cada cosa que se va a hacer; inclusive, toda la restauración implicó un largo proceso de proyección, de debates, y después de acción. Por eso es que las cosas que se están haciendo se hacen con mucho cuidado, con mucho detalle.
6
Si ningún otro orador va a intervenir, se cierra el debate. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo en ratificar la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio Cultural del la Asamblea Nacional y el nombramiento de la comisión que le dé seguimiento a este caso, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa) Aprobado
lunes, 23 de agosto de 2010
Capítulo V, Ley para el Desarme y control de Municiones
De las Sanciones
Sección primera: de las armas
Porte ilícito
Artículo 47. Quien porte ilícitamente un arma, será sancionado con prisión de
diez a doce años.
La pena establecida en este artículo será aumentada en una cuarta parte,
cuando:
1. Esté involucrada un arma de guerra.
2. Esté involucrada un arma orgánica.
3. El arma se encuentre solicitada por las autoridades del Estado.
4. La porte un funcionario público.
5. Sea proveniente de comercio ilícito.
6. Sea de calibre diferente a los clasificados en esta ley.
7. No se encuentre registrada ante el órgano competente.
Tráfico ilícito
Artículo 48. Quien ilícitamente comercialice, importe, exporte o transporte
armas de fuego, sus partes, repuestos o municiones, será sancionado con
prisión de doce a dieciséis años.
Cuando los supuestos señalados en este artículo involucren armas de guerra u
orgánicas, la pena aplicable será con prisión de catorce a dieciocho años.
Cuando los supuestos señalados en este artículo involucren arpones, ballestas,
arcos, armas de aire, armas neumáticas, armas de gases comprimidos o
réplicas de armas, la pena será con prisión de cinco a ocho años.
Delincuencia organizada
Artículo 49. Cuando los delitos descritos en el artículo anterior sean
cometidos por asociaciones u organizaciones relacionadas con el crimen
organizado la pena aplicable será aumentada en una tercera parte.
Modificación de armas
Artículo 50. Quien modifique la estructura de un arma o sus partes, que altere
su serial, calibre, funcionamiento de tiro o registro balístico, será sancionado Porte de armas modificada
Artículo 51. Quien porte un arma cuya estructura o partes presentan
modificaciones que alteren su serial, su calibre, funcionamiento de tiro o su
registro balístico, será sancionado con prisión de ocho a diez años.
Cargadores
Artículo 52. Quien porte más de dos cargadores de munición, será sancionado
con multa de 100 a 200 unidades tributarias.
Cantidades
Artículo 53. Quien porte cantidades superiores a 17 cartuchos por cada
cargador de las armas tipo pistola o más del doble de la carga de las armas
tipo revólver, clasificadas en esta Ley como otras armas de defensa, será
sancionado con multa de 100 a 200 unidades tributarias.
Arma orgánica asignada
Artículo 54. Los oficiales y la tropa profesional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y órganos
de seguridad ciudadana, que porten el arma orgánica asignada fuera del
desempeño de sus funciones o en el cumplimiento de la misión asignada, será
sancionado con multa de 200 a 300 unidades tributarias, sin perjuicio de las
sanciones administrativas que deriven de este hecho.
Fabricación ilícita
Artículo 55. Quien fabrique, sin la autorización del órgano competente en la
materia de esta Ley, armas de fuego, sus piezas, sus partes, repuestos,
accesorios o municiones, será sancionado con prisión de ocho a catorce años.
Cuando los supuestos establecidos en este artículo involucran armas de guerra
la sanción será de diez a dieciséis años.
Ocultamiento
Artículo 56. Quien intencionalmente, ante la orden de la autoridad, oculte un
arma de fuego, será sancionado con multa de 100 a 200 unidades tributarias.
Negligencia
Artículo 57. Quien con negligencia, imprudencia o impericia exhiba un arma de
fuego, será sancionado con multa de 200 a 300 unidades tributarias.
Uso fuego, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.
Cuando el uso de arma sea realizado con impericia, será sancionado con multa
de 100 a 300 unidades tributarias.
Réplica de arma
Artículo 59. Quien valiéndose de un arma definida en esta Ley como réplica de
arma, amenace o someta a una o varias personas con el fin de perpetrar un
hecho punible, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.
Reuniones públicas
Artículo 60. Quien porte o use un arma de fuego o municiones, en reuniones o
manifestaciones públicas, marchas, mítines, procesos electorales o
refrendarios, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.
Quedan exentos de la aplicación de este artículo los miembros de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana e integrantes de los órganos de seguridad
ciudadana y cuerpos de seguridad del Estado, cuando porten o hagan uso de
ella en el cumplimiento de sus funciones.
Limitación
Artículo 61. Las personas naturales con permiso de porte para arma de
defensa, que adquieran una cantidad superior a cincuenta cartuchos anuales
para el arma autorizada, será sancionada con multa de 100 a 200 unidades
tributarias.
No se aplicará la sanción establecida en este artículo, quienes hayan adquirido
una cantidad superior a cincuenta cartuchos anuales, con fines de reposición y
conforme a las justificaciones establecidas en esta Ley.
Sección tercera: de las municiones
Tráfico ilícito
Artículo 62. Quien ilícitamente comercialice, fabrique, importe, exporte o
transporte municiones, será sancionado con prisión de diez a quince años.
Cuando los supuestos señalados en este artículo involucren municiones que
pertenezcan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana o cuerpos de seguridad del Estado, la pena aplicable será de
catorce a dieciocho años.
Transporte
Artículo 63. Quien transporte municiones dentro del territorio nacional y demás
espacios geográficos de la República, sin cumplir con los requisitos o sin estar
debidamente autorizado por la autoridad competente será sancionado con
prisión de 5 a 8 años.
Alteración
Artículo 64. Quien altere o modifique las municiones, será sancionado con
prisión de cinco a ocho años.
Reposición
Artículo 65. Las personas jurídicas autorizadas para comercializar municiones,
que expendan o entreguen municiones para reposición a una persona natural
con permiso de porte de armas para defensa, sin constatar la denuncia
efectuada para estos casos ante las autoridades competentes conforme a lo
previsto en esta Ley, será sancionado con multa de 500 a 1000 unidades
tributarias.
Comercialización con
fines distintos
Artículo 66. Las personas jurídicas autorizadas para el funcionamiento de las
galerías, canchas y polígonos de tiro que comercialicen municiones con fines
distintos a la práctica, entrenamiento o competencia de los usuarios en la
modalidad de tiro autorizado, serán sancionados con multa de 1000 a 3000
unidades tributarias.
Omisión medios de comunicación
Artículo 67. Los medios de comunicación social y de información, públicos y
privados, que omitan en su programación la difusión de programas educativos
que promuevan la recuperación de las armas, municiones, explosivos y sus
químicos precursores, y que estimulen la convivencia, la paz, el respeto a los
valores humanos y la vida, serán sancionados con multa de 5000 a 10000 UT.
Almacenamiento
Artículo 68. Las personas autorizadas para almacenar armas, municiones, que
incumplan con las exigencias técnicas de seguridad y conservación
establecidas por la autoridad competente, será sancionado con multa de 500 a
1000 unidades tributarias.Lugares no autorizados
Artículo 69. Quien almacene armas, municiones, en lugares no autorizados
por la autoridad competente, será sancionado con prisión de quince a veinte
años.
Sección primera: de las armas
Porte ilícito
Artículo 47. Quien porte ilícitamente un arma, será sancionado con prisión de
diez a doce años.
La pena establecida en este artículo será aumentada en una cuarta parte,
cuando:
1. Esté involucrada un arma de guerra.
2. Esté involucrada un arma orgánica.
3. El arma se encuentre solicitada por las autoridades del Estado.
4. La porte un funcionario público.
5. Sea proveniente de comercio ilícito.
6. Sea de calibre diferente a los clasificados en esta ley.
7. No se encuentre registrada ante el órgano competente.
Tráfico ilícito
Artículo 48. Quien ilícitamente comercialice, importe, exporte o transporte
armas de fuego, sus partes, repuestos o municiones, será sancionado con
prisión de doce a dieciséis años.
Cuando los supuestos señalados en este artículo involucren armas de guerra u
orgánicas, la pena aplicable será con prisión de catorce a dieciocho años.
Cuando los supuestos señalados en este artículo involucren arpones, ballestas,
arcos, armas de aire, armas neumáticas, armas de gases comprimidos o
réplicas de armas, la pena será con prisión de cinco a ocho años.
Delincuencia organizada
Artículo 49. Cuando los delitos descritos en el artículo anterior sean
cometidos por asociaciones u organizaciones relacionadas con el crimen
organizado la pena aplicable será aumentada en una tercera parte.
Modificación de armas
Artículo 50. Quien modifique la estructura de un arma o sus partes, que altere
su serial, calibre, funcionamiento de tiro o registro balístico, será sancionado Porte de armas modificada
Artículo 51. Quien porte un arma cuya estructura o partes presentan
modificaciones que alteren su serial, su calibre, funcionamiento de tiro o su
registro balístico, será sancionado con prisión de ocho a diez años.
Cargadores
Artículo 52. Quien porte más de dos cargadores de munición, será sancionado
con multa de 100 a 200 unidades tributarias.
Cantidades
Artículo 53. Quien porte cantidades superiores a 17 cartuchos por cada
cargador de las armas tipo pistola o más del doble de la carga de las armas
tipo revólver, clasificadas en esta Ley como otras armas de defensa, será
sancionado con multa de 100 a 200 unidades tributarias.
Arma orgánica asignada
Artículo 54. Los oficiales y la tropa profesional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y órganos
de seguridad ciudadana, que porten el arma orgánica asignada fuera del
desempeño de sus funciones o en el cumplimiento de la misión asignada, será
sancionado con multa de 200 a 300 unidades tributarias, sin perjuicio de las
sanciones administrativas que deriven de este hecho.
Fabricación ilícita
Artículo 55. Quien fabrique, sin la autorización del órgano competente en la
materia de esta Ley, armas de fuego, sus piezas, sus partes, repuestos,
accesorios o municiones, será sancionado con prisión de ocho a catorce años.
Cuando los supuestos establecidos en este artículo involucran armas de guerra
la sanción será de diez a dieciséis años.
Ocultamiento
Artículo 56. Quien intencionalmente, ante la orden de la autoridad, oculte un
arma de fuego, será sancionado con multa de 100 a 200 unidades tributarias.
Negligencia
Artículo 57. Quien con negligencia, imprudencia o impericia exhiba un arma de
fuego, será sancionado con multa de 200 a 300 unidades tributarias.
Uso fuego, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.
Cuando el uso de arma sea realizado con impericia, será sancionado con multa
de 100 a 300 unidades tributarias.
Réplica de arma
Artículo 59. Quien valiéndose de un arma definida en esta Ley como réplica de
arma, amenace o someta a una o varias personas con el fin de perpetrar un
hecho punible, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.
Reuniones públicas
Artículo 60. Quien porte o use un arma de fuego o municiones, en reuniones o
manifestaciones públicas, marchas, mítines, procesos electorales o
refrendarios, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.
Quedan exentos de la aplicación de este artículo los miembros de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana e integrantes de los órganos de seguridad
ciudadana y cuerpos de seguridad del Estado, cuando porten o hagan uso de
ella en el cumplimiento de sus funciones.
Limitación
Artículo 61. Las personas naturales con permiso de porte para arma de
defensa, que adquieran una cantidad superior a cincuenta cartuchos anuales
para el arma autorizada, será sancionada con multa de 100 a 200 unidades
tributarias.
No se aplicará la sanción establecida en este artículo, quienes hayan adquirido
una cantidad superior a cincuenta cartuchos anuales, con fines de reposición y
conforme a las justificaciones establecidas en esta Ley.
Sección tercera: de las municiones
Tráfico ilícito
Artículo 62. Quien ilícitamente comercialice, fabrique, importe, exporte o
transporte municiones, será sancionado con prisión de diez a quince años.
Cuando los supuestos señalados en este artículo involucren municiones que
pertenezcan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana o cuerpos de seguridad del Estado, la pena aplicable será de
catorce a dieciocho años.
Transporte
Artículo 63. Quien transporte municiones dentro del territorio nacional y demás
espacios geográficos de la República, sin cumplir con los requisitos o sin estar
debidamente autorizado por la autoridad competente será sancionado con
prisión de 5 a 8 años.
Alteración
Artículo 64. Quien altere o modifique las municiones, será sancionado con
prisión de cinco a ocho años.
Reposición
Artículo 65. Las personas jurídicas autorizadas para comercializar municiones,
que expendan o entreguen municiones para reposición a una persona natural
con permiso de porte de armas para defensa, sin constatar la denuncia
efectuada para estos casos ante las autoridades competentes conforme a lo
previsto en esta Ley, será sancionado con multa de 500 a 1000 unidades
tributarias.
Comercialización con
fines distintos
Artículo 66. Las personas jurídicas autorizadas para el funcionamiento de las
galerías, canchas y polígonos de tiro que comercialicen municiones con fines
distintos a la práctica, entrenamiento o competencia de los usuarios en la
modalidad de tiro autorizado, serán sancionados con multa de 1000 a 3000
unidades tributarias.
Omisión medios de comunicación
Artículo 67. Los medios de comunicación social y de información, públicos y
privados, que omitan en su programación la difusión de programas educativos
que promuevan la recuperación de las armas, municiones, explosivos y sus
químicos precursores, y que estimulen la convivencia, la paz, el respeto a los
valores humanos y la vida, serán sancionados con multa de 5000 a 10000 UT.
Almacenamiento
Artículo 68. Las personas autorizadas para almacenar armas, municiones, que
incumplan con las exigencias técnicas de seguridad y conservación
establecidas por la autoridad competente, será sancionado con multa de 500 a
1000 unidades tributarias.Lugares no autorizados
Artículo 69. Quien almacene armas, municiones, en lugares no autorizados
por la autoridad competente, será sancionado con prisión de quince a veinte
años.
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