Informe 2010 de la Contraloría

Deficiencias en control de recursos causó pérdidas millonarias al Estado

Especial.- La Contraloría General de la República denunció que las
deficiencias en el control de los recursos en organismos del Estado ha
ocasionado daños millonarios al erario público.
La información se encuentra en el informe de gestión que el titular
del despacho, Clodosbaldo Russián entregó a la Asamblea Nacional (AN).
Uno de los casos más destacados es el de las aduanas de la Guaira y
Maiquetía, donde la GCR lleva años haciendo revisiones.
En el informe se reseña que en la Aduana “se reiteran las
deficiencias relativas a la ausencia de registros y mecanismos de
control que les impide constatar la situación física de las mercancías
en estado de abandono legal, y su valor monetario”.
Cabe destacar que estas deficiencias tienen varios años, pues el
informe subraya que en la Aduana de la Guaira hay “un inventario de
mercancías en estado de abandono legal correspondientes al período
1993-2009”. En este sentido informa la CGR que encontró “3311
mercancías no valoradas sin haber sido objeto de remates, donaciones o
adjudicaciones”.
En la Aduana Principal del Aeropuerto de Maiquetía (APAM) se encontró
que a la totalidad de las mercancías relacionadas en el Inventario de
Mercancías en Estado de Abandono Legal (2.353), correspondiente a los
años 2008 y 2009, no se les ha determinado valor (Bs.F.) ni han sido
objeto de remates, donaciones o adjudicaciones, y 1.234 mercancías, es
decir 52,44% del total, le faltan datos.
Igualmente, en el seguimiento realizado en la APAM, se constató que el
Área de Apoyo Jurídico aún no ha realizado seguimiento al estatus de
los recursos administrativos (503 planillas recurridas,
correspondientes al período 1995-2009); registro de saldos acreedores
en los cierres contables de los ejercicios económico fi nancieros
2005, 2006 y 2007, por concepto de Derechos Liquidados y
Autoliquidados en diferentes rubros, por Bs.F.
42,70 millones, así como diferencias entre los pases realizados de los
asientos de diarios a los balances de comprobación mensuales; no se
ubicaron los soportes documentales (expedientes) de 74 planillas por
Bs.F. 321,43 millones, que corresponden a derechos pendientes líquidos/
exigibles del período 1995-2007.
Asimismo, tanto en la APAM como en la APLG, se evidencio que aún
existen diferencias de Bs.F. 4.872,66 millones y Bs.F. 1.706,92
millones, respectivamente, entre el saldo de los derechos pendientes
registrados contablemente hasta el 31-12-2008 y 31-12-2007, por Bs.F.
262,70 millones y Bs.F. 510,67 millones y el determinado por la CGR de
Bs.F. 5.135,36 millones y Bs.F. 2.217,59 millones, respectivamente.
Además, en la APLG, se determinó que aún no se ha elaborado el cierre
contable del ejercicio económico financiero 2008, y se continúa con la
revisión de los saldos acreedores en los cierres contables de los
ejercicio económicos financieros 2005, 2006 y 2007, por concepto de
derechos pendientes de recaudación en diferentes rubros, por la
cantidad de Bs.F. 10,70 millones. Es evidente la diferencia de 2.409
planillas liquidadas/exigibles, correspondientes al período 1937-2008
por Bs.F. 127,59 millones.
En el informe 2010, la Contraloría hace énfasis en que las
recomendaciones que hizo el año pasado no han sido corregidas, en
cuanto a que permanecen en los depósitos “8.392 bultos de sustancias
químicas en estado de abandono legal, que datan desde el año 2005 y
hasta la fecha, han presentado derrames y reacciones violentas, a
pesar de los operativos institucionales realizados por organismos y
entes nacionales y regionales, los cuales señalaron la urgencia
ambiental y el peligro radiológico de las sustancias químicas
almacenadas, que por el tiempo prolongado de almacenaje, las
condiciones físicas y atmosféricas, la ubicación geográfica y las
inadecuadas instalaciones”.
Por otra parte, el organismo contralor evidenció “deficiencias en el archivo
y resguardo de la documentación; existencia de 8.577 planillas pendientes
de recaudación por Bs.F. 7.459,07 millones, de las cuales 6.096 son
planillas líquidas y exigibles correspondientes al período 1937-2009;
diferencias en los registros contables de derechos pendientes por Bs.F.
4.872,66 millones y Bs.F. 1.706,92 millones al 31-12-2008 y 31-12-2007, y
saldos acreedores de Derechos Liquidados y Autoliquidados en los cierres
contables de los años 2005, 2006 y 2007”.
Asimismo, se evidenció la existencia de 18 documentos de transporte
valorados en Bs.F. 85,00 millones, cuyos consignatarios son empresas
del estado y aún permanecen en los almacenes de la circunscripción
aduanera”.

Irregularidades en el CNE

En la memoria y cuenta, la Contraloría General resalta infroamción
relacionada con la gestión del Fondo Especial de Jubilaciones y
Pensiones del Consejo Nacional Electoral (FEJP) para el período 2003-
2007.
En este caso, la CGR encontró “deficiencias de control interno y de
administración que incidieron de forma negativa en el cumplimiento de
los fines y objetivos para los que fue creado, como es el de sufragar
los costos y gastos relacionados con las pensiones y jubilaciones del
personal del CNE, situación que estuvo motivada por: extemporaneidad
en las transferencias de recursos al fondo por parte del CNE, así como
por la administración del FEJP; falta de aprobación de la Dirección
General de Administración y Finanzas del CNE, de inversiones dirigidas
en Certificados de Depósitos a Plazos Fijos por Bs.F. 64,99 millones,
que presentaron alto riesgo, ya que 58,73% de tales fondos fueron
concentrados en una institución financiera sometida a medidas
preventivas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras”.
Además, especifica el informe que hubo una disminución de 711,01 mil
bolívares en los rendimientos estimados, por mostrar tasas inferiores
en relación con los instrumentos financieros que conformaron el
portafolio del fideicomiso.
Explica el documento que la disminución del patrimonio del Fondo fue
motivado al “incremento en 50,00% de la cuota mensual de gastos, por
las erogaciones extraordinarias de Bs.F. 589,40 mil; y reintegros de
aportes a los afiliados por Bs.F. 12,22 millones. Además, no cuentan
con políticas, normas, manuales técnicos y de procedimientos, ni de
libros principales y auxiliares, o de sistema de contabilidad y de
archivo para el control y la demostración formal de las transacciones
económicas financieras realizadas en el período analizado”.

Igualmente, se evidenciaron deficiencias de control interno y de
administración en los procesos de planificación, ejecución y control
del proyecto Adquisición y Dotación de Bienes y Servicios de las
Dependencias Judiciales a Nivel Estadal, desarrollado durante el año
2008
por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y las dependencias
administrativas regionales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La Contraloría da cuenta de que en la DEM no hay “políticas ni
estrategias generales en materia de dotación, así como tampoco de
diagnósticos actualizados para la definición de las metas en función
de las necesidades reales de cada dependencia”.
Tampoco se realizaron actividades de seguimiento sobre los planes que
les permitieran gerenciar de manera óptima los recursos
presupuestarios y financieros destinados a su cumplimiento, situación
que limitó no sólo la consecución de los objetivos propuestos en
algunas acciones específicas, sino también en la reorientación y
reasignación de los recursos no comprometidos en otras actividades.
Además, en lo que respecta a las políticas, mecanismos y procedimientos
establecidos por el TSJ, en la administración de los recursos
asignados para su funcionamiento y la administración de su personal
para los años 2009 y 2010, se evidenció la falta de vinculación entre
los proyectos previstos en los respectivos presupuestos y los planes
anuales de compra elaborados por la Gerencia General de Administración
y Servicios.