miércoles, 23 de abril de 2014

Crónica parlamentaria

Crónicas Parlamentarias

Se subordinarán a las comunas

Janet Yucra M.
Desde hace varias semanas, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), viene discutiendo, artículo por artículo, la Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio, la cual decreta la "eliminación en cámara lenta de las gobernaciones y alcaldías", según lo denunció el diputado por la Mesa de la Unidad, Iván Colmenares.
La ley "pone al poder comunal por encima de los establecido en la Constitución y la pone como una extensión del mal llamado Plan de la Patria, aprobado por un bosque de manos sumisas y sin debate que nada tiene que ver con los consagrado en la Carta Magna", denunció Colmenares.
El parlamentario es miembro de la comisión de Ambiente de la AN y asistió a la discusión del instrumento, que por cierto ha sufrido varias modificaciones y sigue siendo cambiado, a medida que se lleva a cabo la segunda discusión en la plenaria. 
Alerta Colmenares que esta ley coloca a gobernadores, alcaldes y concejales como "subordinados a las comunas" y además introduce el término "geometría del poder" que fue rechazado en el referendo constitucional del 2007. Considera el parlamentario que la AN "no puede legislar para ordenar el territorio políticamente, sino económica, social y ecológicamente". Advirtió que en lo que va de la segunda discusión,  la mayoría del PSUV "ha establecido el ámbito comunal como una división del territorio que no existe en la Constitución". El perjuicio que esta ley causaría va más allá de lo político, pues el diputado destacó que se crea un Fondo Nacional que afectaría los recursos presupuestarios destinados a gobernaciones y alcaldías. 
Aumento general de sueldos y salarios
"Es urgente un aumento general de la sueldos y salarios", demandó el diputado por la MUD-Zulia, Elías Matta, quien exigió que se lleve a la plenaria el proyecto de Ley de Aumento General de Sueldos y Salarios, presentado por la oposición el pasado dos de abril. Sin embargo, el primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas, ni siquiera tomó en cuenta la petición de su colega, a quien dejó con la palabra en la boca.
Lenta renovación de los poderes
Aunque hace dos semanas arrancó el proceso de designación de 10 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de tres rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), los comités preliminares de ambos sectores no se han puesto de acuerdo en relación con el llamado que deben hacer a los sectores de la sociedad civil que deben conformar las instancias. Por separado, representantes de la oposición y del gobierno, han declarado que el proceso de selección se hará "según lo establecido en la Constitución". 
Lo que ni se menciona en la AN es la designación del Contralor General de la República, cuyo titular falleció hace tres años y en su lugar hay una encargada. Por cierto, el informe de gestión de la CGR, correspondiente al 2013 fue entregado por secretaria, y se dejó de lado la sesión donde se presentaba el documento. El contenido del informe de gestión se coló a la prensa "por los caminos verdes", pero oficialmente no se ha hecho público.
La calidad de la educación 
La Mesa de la Unidad propuso un debate sobre la calidad de la educación en el país, pero el oficialismo rechazó el tema, porque "se llevará a cabo una consulta nacional, durante tres meses, donde están invitados todos", según dijo la diputada Xiomara Lucena. 
Agenda floja
A medida que transcurre el año, el trabajo de la AN está más flojo. A estas alturas se desconoce la agenda anual de leyes y las plenarias solamente han servido para aprobar crédito adicionales y adelantar instrumentos como el de ordenación del territorio. Los diputados oficialistas aseguran que si están trabajando, mientras que en la oposición las intervenciones se han reducido a las "estrictamente necesarias". Extraoficialmente, se supo que "en aras del diálogo" se han dejado de lado las polémicas, aunque la MUD no va a dejar de solicitar los debates sobre los problemas del país. 
La muestra de esta abulia parlamentaria se tuvo ayer, porque el orden del día se conoció minutos antes del inicio de la sesión y más allá de los 16 créditos adicionales por casi 12 millardos de bolívares, se rindió homenaje al fallecido Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, con un minuto de aplausos y se aprobó un acuerdo por el Día Mundial de la Madre Tierra. También se aprobó en primera discusión la reforma del Código de Ética del Juez. Llama la atención que está en consulta un proyecto de Ley Orgánica de Recreación. 

martes, 22 de abril de 2014

"En el suelo” quedó la empresa Friosa expropiada en 2010

Contraloría General de la República:

“En el suelo” quedó la empresa Friosa expropiada en 2010

Caracas, abril 21 (Janet Yucra M.).- En el año 2010, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la adquisición forzosa del complejo de empresas pertenecientes a Frigoríficos Ordaz S.A. (Friosa), ubicada en el estado Bolívar, para “la ejecución de la obra: Desarrollo de la Red de Distribución Socialista de Productos de Primera Necesidad, destinada a la correcta distribución de alimentos al pueblo venezolano, así como la promoción del desarrollo endógeno y generación de fuentes de empleo”.

Tres años después, la Contraloría General de la República (CGR) encontró “en el suelo” las instalaciones, además de detectar una serie de irregularidades con los bienes muebles e inmuebles de la empresa, junto con cuentas por cobrar, principalmente a las empresas básicas de Guayana.

En el informe anual de la CGR, correspondiente a 2013, se especifica que “se seleccionó una muestra integrada de 71 máquinas y equipos de computación, y 36 unidades móviles de un total de 190, lo que equivale a 18,94% de los bienes registrados en el inventario de activo fijo a la fecha del 31-7-2013, así como el almacén de mercancía seca y refrigerada en la sede denominada La Cartonera, además de la cocina central y el centro panadero, ubicados en la sede central de Friosa”.



Las irregularidades

La CGR determinó que “la cantidad de 65 activos fijos (máquinas y equipos de computación) que totalizan el monto de Bs. 705.558,71, adquiridos por Friosa durante el período comprendido desde el año 2012 hasta el primer semestre del año 2013, no fueron registrados en el inventario de bienes generado por el Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP)”.

Destaca que “de una muestra selectiva de 71 máquinas y equipos de computación por un monto total de Bs. 986.320,34, se determinó que 41 activos, equivalentes a 57,74%, por la cantidad de Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente”.

La CGR hizo una inspección al almacén de mercancía seca de Friosa y allí “se constató que las bases de la estructura metálica de los anaqueles están parcialmente deterioradas; el techo del almacén presenta filtraciones, y los extractores de aire están inoperativos; el sistema de iluminación del almacén proporciona poca iluminación. Las instalaciones del citado almacén carecen de sistema de detección contra incendio; los extintores del sistema contra fuego no son suficientes, y los existentes no cumplen con el mantenimiento adecuado”.

Alerta que “de las 14 cavas de refrigeración inspeccionadas, 6 se encontraron inoperativas. Además, las máquinas de la Sala Nº 1 requieren mantenimiento general; las máquinas de la Sala Nº 2 tienen 2 de los 4 compresores dañados; y las balanzas romanas ubicadas en el área de conservación se encuentran inoperativas. Igualmente, de la inspección practicada en la sede de la cocina central de Friosa, se verificó la existencia de 2 hornos giratorios para la elaboración de alimentos, de los cuales uno se encontraba inoperativo. De manera similar, en la inspección al centro panadero se observó que de 2 cavas de conservación, una estaba operando a 30% aproximadamente de su capacidad total, mientras que la otra se encontraba operando alrededor de 50% de la misma; y de 4 hornos que posee el centro panadero, 2 estaban inoperativos”.

“De los reportes de cuentas por cobrar a la fecha del 30-6-2013, correspondientes a los clientes pertenecientes a empresas básicas del sector público por un total de Bs. 70.368.852,79, se observó la existencia de valores por cobrar con vencimientos que superan los plazos de los créditos otorgados, oscilando entre 85 días y 2.204 días”.

lunes, 21 de abril de 2014

Informe CGR 2013

“Hubo incumplimiento de contrato”

Venezuela perdió dinero con convenio de casas uruguayas hecho en 2006

Caracas, abril 20 (Janet Yucra M.).- En el año 2006, Venezuela suscribió con la República de Uruguay, un contrato para el suministro de kits para viviendas de emergencia, por lo cual la Nación perdió dinero, según lo advierte el informe de gestión de la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente al año 2013.

“El contrato suscrito en fecha 14-03-2006 entre la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Mppvh, y una empresa de la República Oriental del Uruguay, fue celebrado bajo la advocación de convenios y relaciones de cooperación existentes entre ambos países. El objeto del contrato lo constituye el suministro a la República Bolivariana de Venezuela, a través del mencionado Ministerio, de, inicialmente, 12.000 kits de viviendas industrializadas, clasificadas en 2.000 kits de viviendas de emergencia y 10.000 urbanas, por un monto total de US$ 155.467.000,00 equivalentes a Bs. 334.254.050,00 (tasa de cambio Bs. 2,15/US$). El precio unitario inicial por kits de vivienda fue de Bs. 27.854,50, con un plazo de ejecución de un año contado a partir de la fecha del 18-03-2006.

El referido contrato fue objeto de tres addendum en diferentes fechas. El primero para incrementar en 193 los kits de viviendas, llevando el compromiso contractual inicial de 12.000 kits a 12.193, pero manteniendo el precio inicial del contrato de US$ 155.467.000,00, equivalentes a Bs. 334.254.050,00 (tasa de cambio Bs. 2,15/US$), con lo cual el precio promedio por kits de vivienda se ubicó en Bs. 27.413,60. El segundo, para disminuir en 4.083 unidades equivalentes al 33,49% el total de los kits de viviendas, pasando de 12.193 a 8.110 kits, distribuidos en 600 kits para viviendas de emergencia y 7.510 kits para viviendas urbanas, lo que situó el precio promedio por kits de vivienda en Bs. 41.215,05, es decir, un incremento de Bs. 13.360,55, con respecto al precio promedio unitario inicial por kits de vivienda de Bs. 27.854,50; y finalmente, el tercero y último, para modificar la duración o término de ejecución del contrato, estableciéndose como fecha de culminación el 31-12-2011 en sustitución del 18-03-2007”.



Aumentaron los precios

La CGR determinó que “la decisión acordada en fecha 14-08-2009 (Addendum II) de disminuir la cantidad de kits de viviendas objeto del contrato, de 12.193 a 8.110, manteniendo el precio inicial convenido de US$ 155.467.000,00 (Bs. 334.254.050,00) situó el precio promedio por kits de vivienda en Bs. 41.215,05 es decir, un incremento de Bs. 13.801,45 con respecto al precio promedio unitario inicial de Bs. 27.413,60.

En ese sentido, al término del contrato, sólo por la modificación contenida en el citado Addendum y sin considerar otras circunstancias relacionadas con su ejecución, Venezuela terminaría pagando Bs. 111.929.759,50 adicionales por los 8.110 kits de vivienda”.



Incumplimiento de contrato

La Contraloría alertó que “mediante el Addendum III de fecha 4-08-2010, se estableció como fecha de culminación del contrato el 31-12-2011, sin embargo para el momento de la firma del citado Addendum ya el contrato tenía un retraso de aproximadamente tres años y 5 meses con respecto a la fecha de culminación prevista 18-03-2007. Se evidenció que hasta mayo del año 2011, según inventario, la contratista sólo había entregado 2.150 kits completos, de los 8.110 que se comprometió a suministrar. Adicionalmente había hecho entrega de 5.030 kits incompletos.

Por la entrega de los 2.150 kits completos y de los 5.030 kits incompletos, se le efectuaron pagos a la empresa de la República Oriental del Uruguay por Bs. 261.987.141,87 (monto que incluye el anticipo otorgado) es decir, el Estado venezolano pagó el 78,38% del precio total pactado en el contrato, que es de Bs. 334.254.050,00. Cabe referir que la entrega de kits incompletos, representa el incumplimiento de lo establecido en las respectivas cláusulas del contrato”.

martes, 15 de abril de 2014

Informe de la CGR 2013

Contraloría advierte que pone en riesgo vida de venezolanos

 Min-Salud compró medicamentos u Cuba y los dejó vencer


Caracas, abril 14 (Janet Yucra M.).- El Ministerio de Salud, a través
del Servicio
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) cometió
irregularidades con la compra de medicamentos a Cuba y de paso, dejó
vencer los productos, con lo cual se pone en riesgo la salud de los
venezolanos.

 La advertencia la hizo la Contraloría General de la República (CGR),
en el informe de gestión correspondiente al año 2-13 y que fue
entregado por secretaría a la Asamblea Nacional (AN), hace tres
semanas.

 En el tomo correspondiente a las Actuaciones Especiales 2013 la CGR,
dedica varias páginas al relato de estas irregularidades y explica que
"la auditoría se circunscribió al análisis del proceso inherente al
desaduanamiento llevado a cabo por el ministerio del Poder Popular
para la Salud (Mpps)".

El organismo contralor  seleccionó "una muestra aleatoria de 58
Declaraciones Únicas de Aduanas (DUA) (43,28%) de un total de 134,
correspondientes a 118 guías de embarque entre aéreas y marítimas, de
productos farmacéuticos (medicamentos y material  médico quirúrgico)
pertenecientes a 9 contratos suscritos durante el período 2012 y el
primer semestre del año 2013.

 La Contraloría quiso "verificar el cumplimiento de los procesos
administrativos para el desaduanamiento de los productos
farmacéuticos, adquiridos por los contratos suscritos durante el año
2012 y primer semestre del año 2013, con cargo al Convenio Integral de
Cooperación Cuba-Venezuela, así como la planificación, el
almacenamiento y la distribución de los mismos".

 Las irregularidades

Recalca el informe de la Contraloría que los 9 contratos suscritos por
el Ministerio para la adquisición de productos farmacéuticos
(medicamentos y material médico quirúrgico) fueron por un monto de
Bs.2.798.493.189,49, "siendo el ente ejecutor de los recursos
financieros, la Fundación Misión Barrio Adentro. La selección y
adquisición de medicamentos para los años sujetos a la evaluación
fiscal fue realizada directamente por la Oficina de Gestión
Administrativa del Mpps. La recepción, el almacenamiento y la
distribución de los mismos, previa solicitud del Viceministerio de
Recursos para la Salud del Mpps, es llevada a cabo por el Servicio
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) adscrito a dicho
ministerio".
De la revisión practicada a 9 contratos suscritos con laboratorios
farmacéuticos de la República de Cuba, se observó que estos "no
responden a un adecuado proceso de planificación y programación de
tales adquisiciones, visto que no fue suministrado un estudio o
informe técnico basado en los requerimientos y necesidades planteadas
por los distintos centros de salud o unidades ejecutoras de los
programas presupuestarios del Ministerio, que justifique las
cantidades físicas señaladas en los cronogramas adjuntos a los
referidos contratos".
Agrega la CGR que "el MPPS en fecha 01-01-2012 y 01-07-2012, a través
de los contratos nº CI-02-2012 y CI-03-2012, respectivamente, adquirió
17 tipos de medicamentos, y en fecha 27-04-2013, según contratos nº
CI-11-2013 y CI-12-2013, adquirió los mismos tipos de medicamentos en
cantidades mayores, con porcentajes de incrementos que oscilan entre
21,21% y 9.670,11%, sin justificación".
Cabe referir, que para la fecha de suscripción de estos últimos
contratos, "en el almacén del Sefar había en existencia 2.672.478
unidades de medicamentos correspondientes a contratos anteriores. Es
de señalar que los  medicamentos relacionados en el contrato nº
CI-03-2012 de fecha 01-07- 2012, fueron recibidos en el almacén del
Sefar durante el periodo 27-07-2012 al 09 - 05-2013, tal como se
evidenció en el reporte de entradas de medicamentos de fecha 26-09-
2013 que lleva el referido almacén".

 "Se constató el incumplimiento del cronograma de ejecución física,
por cuanto de la revisión efectuada a las facturas emitidas por los
laboratorios cubanos, el Sefar sólo había recibido al 27-09-2013, el
0,84% de los medicamentos, en vez del 74,00%, previsto en el referido
cronograma".
La Contraloría seleccionó una muestra de 58 declaraciones "(50 aéreas
y 8 marítimas) a los fines de constatar el desaduanamiento de los
productos farmacéuticos declarados ante el Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Se precisó que 50
DUA  aéreas fueron otorgadas por el Seniat, dentro del plazo de 5 días
hábiles".

Sin embargo, "el MPPS tardó un lapso aproximadamente de 15 días para
retirar los productos farmacéuticos, una vez que el agente Aduanal le
notificó de manera inmediata que la mercancía estaba disponible para
su retiro de los  almacenes ubicados en La Guaira. Dicho atraso
originó un pago adicional al agente aduanal por Bs. 390.058,67, de
acuerdo con lo establecido en la oferta comercial por Servicios
aduanales, la cual forma parte del contrato suscrito entre el MPPS y
el Agente Aduanal, e indica que: "(...) a partir del tercer día hábil,
luego de haber sido nacionalizado el embarque y éste no sea retirado
por el MPPS, se cobrará adicionalmente un almacenaje equivalente al
0,15% diario del valor de la carga".

 En relación con las 8 DUA  marítimas, para los productos
farmacéuticos que ingresaron por el Puerto de La Guaira, relacionados
en el contrato Nº
CI-03-2012 de fecha 01-07-2012, "se tiene que el agente aduanal
declaró la mercancía fuera del lapso de 5 días hábiles, motivado a que
el MPPS no suministró la documentación requerida por el Seniat. Cabe
referir que las mercancías nacionalizadas según las DUA nº69468 y
00235 de fechas 15-08-2012 y 03-01-2013, respectivamente, fueron
declaradas en abandono legal".

Posteriormente, advierte el organismo contralor que "transcurridos 5
meses, el agente Aduanal solicitó ante el Seniat el "Pase de Salida de
la mercancía" de los almacenes del Puerto de La Guaira, requerido por
el MPPS. Se constató en 5 facturas emitidas por una empresa estatal,
un total de Bs. 624.889,76, por concepto de almacenaje de contenedores
con carga refrigerada de medicamentos del contrato nº CI-03-2012, con
una permanencia de 127 a 168 días posterior a su nacionalización,
tiempo éste que causó demora en el ingreso de los medicamentos en los
almacenes del Sefar"


Medicamentos vencidos

En este sentido, la CGR alerta que "esta situación origina que el
tiempo de vida útil (fecha de caducidad) de los medicamentos disminuya
y, por ende, incide en el derecho que tienen la sociedad de contar con
medicamentos de calidad de manera inmediata. De la revisión al reporte
de registro de entrada en fecha 26-09-2013, emitido por el almacén del
Sefar, se evidenció que el material médico quirúrgico ingresó 11 meses
después de su desaduanamiento (nacionalización). Tal es el caso de
212.454 estuches Diagnóstico de Glucosa por Bs.15.987.163,50, con
cargo al contrato nº CI-05-2012, Programa del Buen Vivir para el
Diabético.  Es de señalar que los mencionados estuches se encontraban
depositados en el almacén de la Contraloría de las Fuerzas Armadas,
ubicado en el estado Vargas, desde su salida de los almacenes
contratados por el Mpps".

Por otra parte, "los referidos materiales tienen como fecha de
vencimiento entre febrero y abril de 2014, es decir que desde la
llegada al almacén del Sefar a los fines de su distribución, el
periodo de vida útil  aproximadamente es de 6 a 8 meses para su
consumo. Por consiguiente, existe el riesgo de pérdida de los mismos,
dado que para distribuirlos las fechas de vencimiento no deben ser
menores a 3 meses según lo informado por el Director General del
Sefar. Aunado a lo anterior, los lotes 03-14 y 04-14 correspondientes
a las facturas nº TS-111/12 y TS-119/12, provenientes de los almacenes
de la Contraloría de las Fuerzas Armadas, fueron desinfectados, por
cuanto las paletas donde se transportaban estaban contaminadas por
insectos. Las situaciones antes descritas disminuyen el tiempo de
efectividad, calidad, condiciones físicas o vida útil del medicamento
y, por ende, su oportuna distribución a los centros hospitalarios y
ambulatorios".



Otras irregularidades

Esta Contraloría General, conjuntamente con la encargada del almacén
de medicamentos, practicó en fecha 27-09-2013 un inventario a 17
medicamentos (39,53%) de 43 tipos, correspondientes a los contratos nº
 CI-02-2012, CI-03-2012, CI-04-2012, CI-11-2012 y CI-12-2013. Al
respecto se determinaron diferencias en la cantidad de 6 tipos de
medicamentos, las cuales oscilan entre 208 y 118.605 unidades.

De igual manera se evidenciaron 16 bultos contentivos de estuches de
diagnósticos de glucosa (material médico quirúrgico), los cuales no
detallan en la parte externa el número de lote, cantidades de estuches
y fecha de vencimiento.

Además, se constató la existencia de 9.418 estuches  de diagnóstico de
glucosa (material médico quirúrgico) correspondientes a los contratos
nº CI-013- 2010 y CI-020-2011 de los años 2010 y 2011, los  cuales
tienen como fecha de vencimiento febrero del año 2012 y junio del año
2013, sin embargo en fechas 23 -01- 2012 y 27-04- 2013, mediante
contratos nº  CI 1-05-2012 y CI-14-2013, se programó nuevamente una
adquisición de 1.985.612 estuches de diagnóstico de glucosa.

En relación con el despacho de los productos farmacéuticos, no se
evidenció cronograma de distribución para los diferentes centros
hospitalarios, sólo un memorándum en el que se indica: centro
hospitalario, tipo de medicamento y cantidades.

Conclusión

La adquisición y distribución de los productos farmacéuticos llevada a
cabo por el MPPS, se efectúo sin una planificación que justifique los
requerimientos y necesidades planteadas por los distintos centros de
salud; aunado a la poca celeridad en la tramitación de la
documentación requerida para el desaduanamiento y la nacionalización,
así como el retardo en el retiro de los medicamentos desde los
almacenes del Puerto de La Guaira por parte del MPPS, lo cual generó
pagos adicionales por almacenamiento. Esto repercute en el buen uso de
los recursos públicos, en la disminución de la calidad, las
condiciones físicas o la vida útil, así como la disponibilidad
inmediata de los productos, que en definitiva afectan el
fortalecimiento de los servicios y la atención oportuna de la salud
pública como un derecho fundamental a la vida.

miércoles, 2 de abril de 2014

Crónica parlamentaria

No dejaron llegar a María Corina

Janet Yucra M.
La diputada María Corina Machado no pudo llegar a la Asamblea Nacional (AN). Mejor dicho, funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), no le permitieron el paso, a escasos metros del Palacio Federal Legislativo, hasta donde ella se trasladó, luego de asistir a una concentración efectuada en la Plaza Brión de Chacaíto. Tras su discurso en Chacaito y luego de ser afectada por la andanada de gases lacrimógenos, Machado se trasladó en moto al centro de Caracas. Al llegar, junto con varios colegas de la Mesa de la Unidad, se encontró con una barrera policial, además del nutrido grupo de afectos al oficialismo que rodearon el palacio, apoyando las medidas que la directiva tomó contra la parlamentaria que ganó su curul por Miranda, con 235 mil votos.

La orden de Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, fue clara: "Maria Machado no entrará al Parlamento" y de eso se encargaron en el Poder Legislativo, cuya sede estuvo fuertemente custodiada, desde que despuntó el sol, este primero de abril.

Al instalarse la sesión, el diputado por Primero Justicia (PJ), Julio Borges, pidió la palabra y propuso un debate "para restituir los derechos de la diputada María Corina Machado, de Richard Mardo, de María Aranguren, de Enzo Scarano y de Daniel Ceballos".

 Por el oficialismo respondió Pedro Carreño, quien calificó de "ignorante" a su colega de PJ. "Hay que ser muy ignorante para pedir que el Parlamento interprete la Constitución. El único poder que puede interpretar la Carta Magna es la sala Constitucional del TSJ", argumentó Carreño, quien repitió que Machado "aceptó y ejerció un cargo como embajadora de Panamá en la OEA", por lo cual "perdió su investidura como miembro de este Parlamento".

Y así, sin más, la mayoría del PSUV "despachó" el asunto, sin permitir ningún debate.

Entre tanto, luego de sus intentos fallidos, la diputada María Corina Machado se retiró de las inmediaciones de la AN y anunció que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de las medidas tomadas por la directiva del Parlamento.

Inicia selección

de rectores y magistrados

Tal como anunció el presidente Nicolás Maduro, la AN inició el procedimiento para la designación de tres rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de 10 magistrado del TSJ.

Diosdado Cabello anunció que por el PSUV el comité de postulaciones judiciales estará integrado por: Elvis Amoroso, José Javier Morales y Zulay Martínez. Mientras que para la designación de los rectores el oficialismo nombró a Blanca Eekout, Tito Oviedo, Earle Herrera. Orlando Zambrano, Rosa León y Hugbel Roa. Hasta el momento se desconoce el nombre de los diputados de la Unidad que formarán parte de estos comités, los cuales serán "anunciados en las próximas horas".

Cabello destacó que ambos comités comenzarán a trabajar "de inmediato" y que "la oposición podrá incorporarse cuando hayan resuelto sus diferencias".

Cabe aclarar que el oficialismo en la AN no tiene los 110 votos para la designación de estos funcionarios, pero, a lo largo de estos últimos 10 años, se han encontrados los subterfugios, fuera de la Constitución, para que los nombramientos se concreten.

En el caso de los magistrados del TSJ, la ley dice que si no hay acuerdo entre los diputados, en tres sesiones seguidas, convocadas para la designación, la misma procederá por el voto de la mayoría absoluta de los integrantes de la AN, es decir, con 84 votos.

En cuanto al CNE, si el Parlamento no puede hacer la selección, el TSJ puede encargarse y de esto ya hay antecedentes. 


... lo que viene es joropo

En medio de la crisis que vive el país, ayer en la plenaria bailaron joropo, como parte de las actividades por la declaratoria de esta expresión del folklore como bien de interés cultural.

miércoles, 26 de marzo de 2014


"Derrocaron" a María Corina Machado 

Janet Yucra M.
Sin debate, sin derecho a la defensa y principalmente sin cumplir con la más mínima legalidad, el Psuv en la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo de respaldo a la decisión de la directiva de despojar a la diputada María Corina Machado de la investidura que ganó con 235 mil votos, en diciembre de 2010.

No fue un debate como tal, porque el socialismo en el Parlamento apeló a la estrategia de la moción de urgencia para evadir la discusión de un tema tan delicado, para defenestrar a Machado, con el argumento de que por haber "ejercido un cargo para un gobierno hostil", "ella renunció voluntariamente" a su curul.

"Hemos ordenado anular las credenciales de la señora Machado, y también su salida de la nómina de la AN", dijo Diosdado Cabello, quien justificó la acción, blandiendo la Constitución, cual espada.

"En la AN no se debate la Constitución, se cumple", espetó Cabello, cuando desde la bancada de la oposición le reclamaban que estaba violando el contenido de la Carta Magna.

Cabello insistió en que María Corina Machado violó los dispositivos 149 y 191 de la Constitución. "Perdió su investidura parlamentaria de manera automática al haber aceptado de forma libérrima ser embajadora alterna de Panamá?", aseveró. "No hubo accidentalidad", aseguró Cabello en relación con la representación que Machado hizo del Gobierno de Panamá en la Asamblea de la OEA.

 "Así va a ser cada vez que violen la Constitución, la vamos a aplicar con severidad, para eso son las leyes", gritó.

Cuando el diputado por la Mesa de la Unidad (MUD), Miguel Ángel Rodríguez anunció que un grupo de parlamentarios irían al TSJ a introducir un amparo a favor de Machado, Cabello les gritó que se fueran "a donde sea" y agregó  que estaban haciendo "lo mismo que en 2005", cuando la oposición se retiró de las elecciones.

Luego, momentos después de que Andrés Eloy Méndez leyó el acuerdo de respaldo a la destitución, Cabello se burló del "origen aristocrático de esta ciudadana" que es hija "de papi y mami. Actúa con la altanería del burgués", afirmó. De esta forma, el Psuv se "ahorró" el lapso de al menos dos meses que correspondían legalmente para proceder como dice la Constitución y despojar a Machado de su inmunidad.


Sigue la investigación

Ahora, el oficialismo pretende seguir con la investigación, pero con "carta libre", pues mediante este subterfugio María Corina Machado puede ser investigada y procesada, no solamente por los presuntos delitos que ya el oficialismo le endilgó, sino que le agregarán traición a la patria.

Méndez mencionó el artículo 128 del Código Penal que contempla pena de cárcel de 20 a 30 años "por asociarse con enemigos externos contra el territorio nacional".

Cuando comenzó realmente la sesión, Ricardo Sánchez, suplente de Machado, tomó la palabra, cuando se consideraba un crédito adicional e intentó referirse al tema. "Se ha atentado contra la institución de la inmunidad parlamentaria (...) nuevamente el Gobierno se equivoca (...) no quiero hablar desde esta tribuna que le pertenece a María Corina Machado", alcanzó a decir Sánchez, antes de que Darío Vivas ordenara quitarle el sonido, por estar "fuera de orden".

Arcadio Montiel (MUD) también intentó referirse al caso, pero fue "callado" por los gritos de los "invitados especiales" que estaban ubicados en el palco del hemiciclo y que gritaron consignas e insultaron a los opositores, cada vez que podían. Por cierto que al inicio de la sesión hubo problemas porque el corte de electricidad que aún afectaba a gran parte de Caracas produjo al menos tres "apagones" en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Cuando finalmente lograron que funcionara la planta alterna de energía, Cabello dijo que "una mano asesina causó un incendio en el Waraira Repano que ocasionó fallas en la electricidad".


miércoles, 19 de marzo de 2014

Crónica parlamentaria

ueces y verdugos de María Corina 

Janet Yucra M.

Desde el año pasado, la mayoría del Psuv en la Asamblea Nacional (AN), venía acariciando la idea de despojar a la diputada  María Corina Machado (MUD/Miranda) de su inmunidad y ayer, en menos de 45 minutos, el socialismo en el Parlamento acordó iniciar el procedimiento ante la Fiscalía General de la República.
Pero para el oficialismo, Machado ya ha sido juzgada y condenada por "delitos de lesa humanidad, terrorismo, traición a la patria" y hasta de ser cómplice de las muertes que han ocurrido en el país, desde el pasado 12 de febrero. Es más, Diosdado Cabello, presidente de la AN, dio por sentado que su colega "será juzgada por asesina".

"Estas muertes se tienen que vengar ... las tienen que pagar", dijo la parlamentaria Tania Díaz (Psuv), quien fue la encargada de presentar la moción de urgencia, establecida en el artículo 79 del Reglamento Interior y de Debates, en la plenaria, con la finalidad de acusar a Machado de ser "la responsable de dar la orden de incendiar al país". Esto ocurrió de manera intempestiva, puesto que el tema no estaba en el orden del día y ni siquiera se había iniciado le sesión como tal.
Díaz presentó vídeos y material audiovisual, preparados de antemano, y donde se remontaban hasta el 2002 y el 2004, cuando Machado fue fundadora de la organización Súmate e incluso mostró aquella fotografía famosa con el ex presidente de los Estados Unidos George Bush.
También recordó el audio donde se escuchaba una conversación entre la parlamentaria y el intelectual Germán Carrera Damas.
Para el Psuv, estos "elementos", más "el llamado a La Salida", emitido por Machado y Leopoldo López, son suficientes "pruebas" para que la Fiscalía General de la República solicite un antejuicio de mérito contra la diputada.
Mientras esto ocurría, María Corina Machado, aguantaba estoica la andanada del oficialismo.
Ante el reclamo de la oposición, en cuanto a la posibilidad de intervenir en defensa de Machado, Diosdado Cabello citó el artículo 79 del Reglamento, para argumentar que durante una moción de urgencia no hay debate. De esta forma, una vez que Díaz terminó de hacer su planteamiento, Cabello dio por terminada la sesión y anunció que la bancada del Psuv se iba para la Fiscalía, a consignar los recaudos e iniciar el procedimiento para allanar la inmunidad parlamentaria de la diputada mirandina.
Ya en la sede del Ministerio Público, Cabello dijo que no temían que Machado hable en la OEA. "Puede ir a la OEA, a la corte celestial, pero aquí en Venezuela va a ser juzgada por asesina y terrorista", aseguró.

Comisión de la verdad

Antes de este punto, la mayoría del Psuv aprobó la conformación de la Comisión de la Verdad que investigará los hechos ocurridos desde el 12 de febrero y por los cuales han muerto 29 personas.
Pero esta instancia solamente estará conformada por los diputados del oficialismo: Diosdado Cabello, Elvis Amoroso, Tania Díaz, Robert Serra y Earle Herrera. La Mesa de la Unidad no participará en la comisión, porque pedían que fuese paritaria.
Cabello denunció que la oposición no participa, "porque no se han puesto de acuerdo".
Miguel Pizarro (Pj), pidió la palabra para solicitar que el tema fuese diferido, pero el oficialismo se negó y la comisión fue conformada.
Luego, al finalizar la plenaria, Cabello dijo que "hay un diputado opositor que quiere participar", pero no dio el nombre. Extraoficialmente se supo que el diputado suplente de Edgar Zambrano (AD/Lara), Andrés Álvarez, habría manifestado su deseo de participar en esa comisión.