Crónica Parlamentaria

Chávez se burla del desarme de la AN / Chávez se burló de la Comisión Nacional para el Desarme que él mismo nombró hace más de un año y cuya finalidad era redactar una ley que trajera como consecuencia la reducción de los índices delictivos, mediante, como lo dice el nombre, el desarme de la población. Este martes el mandatario mandó a la plenaria de la AN, una comunicación en la que justificó el envío de un Proyecto de Ley para el Desarme, para que sea considerado por el Parlamento, sin tomar en cuenta que la referida comisión ya había elaborado otro instrumento, que costó 55 millones de bolívares. La historia de la Ley elaborada por la comisión, presidida por Freddy Bernal, comenzó hace más de un año y desde ese entonces la instancia recorrió el país, haciendo consultas a diversos sectores. Una vez que se realizaron esas consultas, la comisión se reunió en decenas de jornadas en la AN y culminó con un proyecto de ley de consenso entre oficialismo y oposición. Sin embargo y, simultáneamente, corrían los 18 meses de la Habilitante y, según fuentes del Parlamento, el Ministerio del Interior redactó otro instrumento que no pudo ser aprobado por decreto, por lo cual decidieron enviarlo al Parlamento y enredarle la vida principalmente a los chavistas. En la oposición dentro de la AN están molestos por la indefinición del Ejecutivo, porque "se nota que el tema del desarme no es urgente, puesto que dan largas al asunto y ahora hay que comenzar, prácticamente de cero", según indicaron. Freddy Bernal se llenó la boca diciendo que el proyecto de Ley para el Desarme y control de Municiones sería presentado el pasado 10 de junio y destacó que se hizo de mutuo acuerdo con la MUD. Ahora, el parlamentario chavista debe guardar sus palabras y someterse a las directrices de Diosdado Cabello, quien presidirá la nueva comisión designada en la AN, para elaborar una ley que conjugue los proyectos. Esta nueva instancia estará conformada, además de Cabello, por Aristóbulo Istúriz, William Fariñas, Elvis Amoroso y dos diputados de la Mesa de la Unidad. El chip en el Zulia La diputada por la MUD, Nora Bracho, denunció que el chip que los zulianos tienen que adquirir para comprar gasolina "es inconstitucional", porque divide a la población en "ciudadano de primera y de segunda". Bracho manifestó que "los zulianos no tenemos la culpa del contrabando de gasolina", por lo cual rechazó este racionamiento en la venta del combustible. Relató que la venta del combustible en la entidad está controlado por las Fuerzas Armadas y pidió que la AN considere el tema. Sin embargo, la parlamentaria no pudo terminar de hacer su planteamiento, porque se le acabó el tiempo y el primer vicepresidente, Aristóbulo Istúriz no le concedió una prórroga. La petición específica de Bracho era impedir la venta de gasolina a través del chip y abrir una investigación sobre el contrabando del combustible. En respuesta al planteamiento de Bracho habló el diputado Sergio Fuenmayor (PSUV), quien dijo que "la instauración del chip para venta de gasolina en el Zulia es una bendición, porque toda la gasolina se iba para Colombia". Acusó al Gobernador Pablo Pérez de amparar presuntamente el contrabando del combustible, al rechazar la regulación. Al final, la solicitud de la parlamentaria opositora fue negada. Como se ha hecho costumbre en la plenaria se aprobaron 8 créditos adicionales por más de 4.5 millardos de bolívares, de los cuales 2 millardos de bolívares son para el aumento de sueldo de los empleados de los organismos públicos dependientes de la administración central. Las gobernaciones y alcaldías fueron excluidas de este crédito ante este "atropello", la diputada por el estado Carabobo Vestalia Sampedro (Prove), dijo que la oposición "no puede seguir aprobando estos créditos adicionales que va contra los trabajadores que dependen de gobernaciones y alcaldías, quienes también tienen necesidades" En la sesión de ayer también fue aprobado un crédito adicional por 296 millones de bolívares para la Vicepresidencia, con la finalidad de hacer trabajos en la vía hacia el oriente . El diputado (MUD), Carlos Ramos (Mérida), rechazó que este dinero sea administrado por Elías Jaua, porque en la Memoria y Cuenta del despacho, del 2011, se demostró que "no está capacitado para administrar recursos correctamente, como lo demostraron los técnicos de la comisión de Contraloría que revisaron el balance". Ramos propuso que el crédito le fuera asignado a la Gobernación de Miranda. El PSUV negó la propuesta.