miércoles, 2 de octubre de 2013

Crónica Parlamentaria


Emergencia en puertos y aduanas

Janet Yucra M.
El problema de la escasez, la inflación y el peligro de que millones de kilos de alimentos se pierdan en los puertos de Venezuela, simplemente no existen para los diputados del Psuv en la Asamblea Nacional (AN). Esto se evidenció nuevamente en la plenaria de este martes, luego que la diputada por el estado Carabobo, Deyalitza Aray (ProVe), propuso que se cambie el orden del día, para debatir sobre la “emergencia en el sistema portuario nacional, principalmente en Puerto Cabello y La Guaira, en virtud de la crisis alimentaria que se está presentando en el país”.

La Diputada recordó que reiteradamente ha “solicitado que se apruebe la inspección de las aduanas y los puertos, debido a que la vez pasada fueron 130 mil toneladas de comida que se perdieron, en el caso de Pdval y en esta oportunidad son 760 mil toneladas de alimentos que corren el riesgo de perderse, además de que se anunció que hay 800 contenedores de comida que están varados en los puertos”. Aray quería exponer detalladamente su denuncia, pero el primer vicepresidente, Darío Vivas, la interrumpió, con el argumento de que se trataba de una simple propuesta para modificar el orden del día. Luego, le dio la palabra a Zulay Martínez, del Psuv, quien a grito limpio dijo: “nuestro gobierno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha abierto las investigaciones para establecer las razones del acaparamiento que Fedecámaras, Consecomercio y la derecha están causando en el país”. Acusó a su colega de Carabobo de hablar, sin presentar pruebas. “No hay pruebas de lo que denuncia la diputada. Ustedes son los acaparadores, ustedes son los que quieren llevar al pueblo al hambre (sic). Así que negamos ese debate”, dijo.

El plan de la patria

El presidente Nicolás Maduro envió a la Asamblea Nacional (AN), el Proyecto de la Nación Simón Bolívar, segundo Plan Socialista 2013-2019. “En cada letra de este plan vive y vivirá nuestro comandante supremo, aquí está el fruto maduro de su pensamiento”, destaca el texto escrito por Maduro y que acompañó el documento. “Es el testamento político que jamás se haya escrito”, añade.

“En el texto palpita el afianzamiento de nuestro destino democrático (…) con el plan de la patria hemos andado por los caminos, los campos y las calles de Venezuela. Este documento ampliado ha sido enriquecido por los aportes de millones de compatriotas que lo han discutido (…) aquel mensaje que carecía de destino es hoy uno que tiene destino, por eso a nuestro gigante, la gratitud. El fiel cumplimiento de este plan es un camino que nos conducirá a traspasar la barrera del no retorno, haciendo irreversible el camino de Venezuela hacia el socialismo”, agrega el escrito.

Maduro expresó, además que: “pese a las diferencias expresadas por los diputados de la oposición, quiero afirmar lo que dijo el comandante: la República es todos y debe estar por encima de cualquier interés”. Darío Vivas anunció que este plan será aprobado por el Parlamento, “en una próxima sesión”, pero no dio fecha para ese debate.

Por cierto, sobre el tema de la Ley Habilitante no se habla en el Parlamento. El Psuv sigue en su empeño de afirmar que la aprobarán, pero sin concretar nada.

Protección de testigos y declaración jurada

En la Comisión de Contraloría se aprobaron por unanimidad, en primera discusión, los anteproyectos de: Ley Especial para facilitar e Incentivar la denuncia por hechos de corrupción contra el Patrimonio Público y proteger a sus denunciantes y testigos y Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio e Intereses.

El primero busca ampliar los mecanismos para incentivar las denuncias contra hechos ilícitos en la Administración Pública, otorgando la protección debida a través del Ministerio Público o la Contraloría General de la República, mediante la creación de un programa de protección a los testigos y a los denunciantes.

Específicamente se quiere aprobar una ley que proteja y estimule a aquellas personas que no se atreven a denunciar o se sientan cohibidas o intimidadas de hacer acusaciones, porque temen ser objetos de presiones desde el punto de vista laboral.

El segundo texto legal establece que los funcionarios públicos aparte de hacer una Declaración Jurada de Bienes, también deben hacer una Declaración de Intereses que es una propuesta que ha sido aprobada en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

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