Lo dejaron así

Diputados oficialistas criticaron bono de magistrados pero no investigaron

Caracas, julio 31 (Janet Yucra M.).- El bono alimenticio de 10 mil
bolívares aprobado por los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) no cayó bien entre los miembros chavistas de la
comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), quienes
cuestionaron la decisión, pero prefirieron “dejarlo así”, sin
argumentos muy válidos, sobre todo desde el punto de vista legal.
Así quedó sentado en el acta número 17 de la instancia parlamentaria,
correspondiente a la sesión del 13 de julio, donde el diputado
opositor Andrés Velásquez llevó el tema, para intentar que se iniciara
una investigación.
El primero en hablar sobre el tema, después de la denuncia de
Velásquez, fue el presidente de la instancia, Héctor Navarro, quien
respondió que es “un tema bien complicado, porque se ha informado que
allí existen dos cosas; una, es que dicen que la Ley de Emolumentos es
inconstitucional, porque desde el punto de vista del trabajo hay un
derecho, no se les puede disminuir el salario, hay un problema de
constitucionalidad allí. La forma de atacar el problema no fue la
correcta por parte del Tribunal, pero probablemente, sin irrespetar a
la Asamblea Nacional, tomaron una decisión que tiene un mayor costo
político para ello. Pero le han explicado que desde el punto de vista
legal esa decisión es la correcta, aunque el problema allí es de otra
naturaleza”.
El vicepresidente de la comisión, Jesús Montilla, argumentó que “el
artículo 4 de la Ley de Emolumentos establece que los altos
funcionarios pueden tener gastos de representación”. No obstante,
admitió que la decisión de aprobarse el bono “va a tener un costo
político en tal sentido. Los magistrados que se abstuvieron de
aprobar eso, porque de repente es un mensaje muy malo al país y es
cuestionable desde el punto de vista ético. En lo particular yo no lo
hubiese hecho”, dijo.
Incluso, el diputado chavista Juan Pablo García dijo que
“evidentemente que por la vía de esa acción están defraudando la Ley”.
Se atrevió a decir que “se pudiera estar presente en un fraude a la
Ley y eso constituiría un delito grave que pudiera llevar a la Ley
Anticorrupción … Motivo por el cual se está pidiendo se justifiquen
los gastos y viáticos”.
Otro parlamentario del Psuv, Jhony Bracho, Alfredo Rojas, llegó a
proponer “solicitarle a los Magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia, una reunión conjunta con todos los miembros de Contraloría,
para que establezcan los criterios o el verdadero contenido (de la
decisión) , porque existen individualidades que dicen unas cosas y
otras (…) para poder informar a la plenaria de la Asamblea y al país
en un contexto general de lo que ahí esté ocurriendo”.
Según se lee en el acta, la propuesta de llamar a los magistrados del
TSJ para que expliquen por qué aprobaron el bono ni siquiera se hizo
formalmente, sino que el presidente de la comisión se limitó a decir
que “ya la Directiva de la Asamblea Nacional asumió una intermediación
con el Tribunal”.
Sin embargo, en la plenaria de la semana pasada, el presidente de la
AN, Fernando Soto Rojas, informó que la directiva del Parlamento no
emitiría opinión sobre el tema del bono de los 10 mil bolívares,
“porque el TSJ es autónomo”. De esta forma, aunque ciertos
representantes del chavismo en la AN no están de acuerdo con la
decisión de los magistrados, se quedaron callados y el tema quedó a
nivel de anécdota, a pesar de ser un problema “que da un mensaje
político grave”, como ellos mismos lo admitieron en la reunión de la
comisión de Contraloría.