crónicas parlamentarias

Alerta en la aviación civil

Los recientes incidentes registrados en el aeropuerto Manuel Piar, en Puerto Ordaz, motivaron a la bancada de la Mesa de la Unidad solicitar que se abra una investigación sobre la situación de la aviación civil en el país.
El diputado Angel Medina (AD-Miranda), entregó una carta al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Fernando Soto Rojas, donde hace la petición formal.
Pide expresamente que se declare el “alerta” en el sector y manifiesta que la aviación civil debe ser investigada, tanto “en su funcionamiento, desempeño, calidad de los servicios e instalaciones aeroportuarias, así como en todos aquellos aspectos que permitan a este órgano del Poder Público obtener en detalles la actual situación de este servicio de transporte que día a día utilizan gran cantidad de ciudadanos”, señala la carta.
Medina denunció que la emergencia debería ser declarada, porque “no vamos a esperar que ocurra una tragedia para tomar medidas”.

Denunció que “se ha podido observar como los servicios que se prestan en los diferentes aeropuertos en Venezuela, así como las aerolíneas que operan en nuestro país, vienen presentando fallas en su funcionamiento. En el caso de los aeropuertos, podemos resaltar deficiencia en la prestación de servicios públicos básicos, en los sistemas de aire acondicionado, entre otros”.
En relación con las aerolíneas, el diputado se refirió “al incumplimiento de los horarios de salida y llegada de los vuelos, las fallas recurrentes en las aeronaves, la no observancia de planes de asistencia y contingencia a los pasajeros y más recientemente la situación de emergencia en el aeropuerto Manuel Piar”.

Visión “mayamera” de la soberanía

El tema de Guyana y su petición de extender se territorio fue debatido, a medias, en la AN. La bancada opositora criticó la “acción débil del Gobierno”, en relación con este asunto. Pero, la fracción chavista se fue en críticas hacia sus colegas de la MUD, porque éstos criticaron al Gobierno: “es una visión mayamera de la soberanía”, respondió el primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, luego que la diputada María Corina Machado, planteó la interpelación del Canciller Nicolás Maduro y del Alto Mando Militar. La aplanadora socialista se impuso, la AN apoyó las acciones del Ejecutivo y el comunicado emitido por la Cancillería.
Por cierto que, por segunda semana consecutiva, el diputado Istúriz hizo gala de su comportamiento grosero contra María Corina Machado, a quien le sacó en cara el cargo que ocupa en el Parlamento.
El diputado Soto Rojas también sacó el intolerante que lleva por dentro, al decir que “en la plenaria somos demasiado complacientes con los derechos de palabra”.

Conferry

La mayoría chavista negó un debate en relación con la nacionalización de la empresa Conferry, anunciada por el presidente Hugo Chávez. Diputados de la Mesa de la Unidad plantearon que es una exageración la medida tomada por el Ejecutivo. No obstante, la plenaria aprobó enviar el caso a la comisión de Administración y Servicios.

Dinero para Telesur

En la plenaria dieron el visto bueno a tres créditos adicionales, entre ellos uno de 24 millones de bolívares para Telesur. Este crédito fue negado por la oposición, por que consideran que es innecesario darle dinero a este canal, cuando los recursos se les niegan a otros entes gubernamentales.
Se aprobó un crédito por 322 millones de bolívares para el Tribunal Supremo de Justicia, destinado al pago de deudas pendientes con los trabajadores. Aunque la bancada opositora apoyó la erogación, criticaron que se siga discriminando a los demás trabajadores de la administración pública. También reclamaron que no se paguen todas las deudas pendientes con los trabajadores tribunalicios. Igualmente recordaron que los magistrados del TSJ sigan cobrando sus bono de alimentación por 10 mil bolívares.

Empresa mixta

La plenaria aprobó la constitución de una Empresa Mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., y la empresa ODEBRECHT E&P ESPAÑA, o sus respectivas afiliadas, con una participación accionaria inicial de sesenta por ciento (60%) y cuarenta por ciento (40%), respectivamente.
La inversión calculada para la empresa mixta según Pdvsa- alcanza 149 millones de dólares, con el desarrollo de actividades primarias que deberán generar una producción de 16.000 barriles diarios. Odebrecht deberá pagar un bono a la República de 50 millones de dólares por su derecho a participar como socio en la compañía.