Lo que dijo El Aissami de Las Cárceles

Sistema Penitenciario
El sistema penitenciario nacional es también para el Gobierno Bolivariano un
asunto de absoluta y determinante prioridad, pues es, uno de los puntos
donde no hemos logrado avances en la misma magnitud que los descritos
anteriormente.
Sin embargo, mostraremos en esta memoria y cuenta resultados
alentadores, nuevos modelos ya validados en el terreno, que acompañados
con propuestas para transformaciones estructurales, muestran que estamos
en el inicio de un correcto y prometedor camino.
Estamos resueltos a no cejar en el empeño de encontrar una forma
armoniosa y esperanzadora de garantizar la convivencia, de la totalidad de
nuestros privados de libertad, ofreciéndoles óptimas condiciones de vida, la
posibilidad de reeducarse y convertirse en hombres nuevas y mujeres
nuevas para reinsertarse en la sociedad de manera favorable y útil a su
familia y a la Patria.
Para lograr esto, es importante entender que debemos transformar de
manera radical, un sistema lleno de errores y problemas, heredado de un
modelo inhumano, que sólo veía en la prisión, el lugar para excluir y aislar,
por el mayor tiempo posible, a quienes consideraban que atentaban contra
sus intereses y contra su privilegiado modo de vida, sin importarles la suerte
que corrían los que iban a parar a esos “depósitos” humanos en que se
convirtieron nuestras prisiones.
Grandes hechos de violencia ocurrieron en la década de los 90`, en el
implotado Retén de Catia en sus últimos años de funcionamiento, en enero
de 1994 en la Cárcel Nacional de Maracaibo, o en el Internado Judicial de La
Planta para la misma época, tan sólo por nombrar algunos, que impactaron
la escena penitenciaria nacional, demuestran una voluntad espasmódica
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manifestada sólo en determinadas coyunturas; mientras los llamados
“presos” veían transcurrir el tiempo; sin esperanza, conscientes que más allá
de los muros y rejas no había oportunidad, sino rechazo y desesperanza.
Todos reconocemos que existe un problema de gran magnitud, sin embargo,
hoy el sistema penitenciario ha adquirido el nivel y la importancia necesaria
para ser considerado materia prioritaria y de interés fundamental para todo el
conjunto de políticas públicas del Gobierno Bolivariano, tal y como se
evidencia al convertirse en un precepto constitucional en nuestra carta
magna, en su artículo 272.
En el año 2004 se decreta la emergencia penitenciaria, la cual sirvió de inicio
a la contraofensiva que hoy desplegamos. En este decreto se señala la
necesidad de realizar un diagnóstico amplio e integral del sistema
penitenciario, que sirva de base para el diseño de una política de reforma
estructural del mismo.
Esa así que entre los meses de mayo y agosto del año 2005, un contingente
de más de ochocientos (800) encuestadores se desplegaron a nivel nacional
para levantar información institucional, jurídica y personal de la población
privada de libertad.
Este diagnóstico permitió definir en términos reales, el alcance y magnitud de
la reforma necesaria, sobre tres grandes ejes problemáticos detectados. A
saber:
1. Deterioro y decadencia de las estructuras organizacionales y de los
marcos normativos.
2. Déficit y deterioro de la infraestructura.
3. Carencia de programas efectivos de atención a la población privada
de libertad.
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Este diagnóstico nacional, de alto rigor científico permitió conformar una
visión clara, precisa y estructurada de la política penitenciaria, cimentada
sobre la base de criterios técnicos, datos precisos y de pruebas positivas que
marcaron el inicio para la instrumentación del Plan Nacional de
Humanización del Sistema Penitenciario.
Este plan fue puesto en práctica desde la apertura, en el año 2007, del
Centro Penitenciario de Carabobo, conocido comúnmente como “La Mínima
de Carabobo”, centro penitenciario donde, hasta el día de hoy, no ha habido
ni un solo fallecido.
Este novedoso modelo de gestión penitenciaria parte de una visión integral e
integradora de la dinámica penitenciaria. Incluye nuevos protocolos de
clasificación y tratamiento, cónsonos con un criterio humanista y donde
prevalece el principio de la dignidad del interno y el respeto a sus derechos
humanos; sin discriminación ni vejaciones; individualizado, pero con iguales
oportunidades para todos; un modelo que prioriza la educación, la
capacitación para el trabajo; y que prevé la incorporación permanente y
preponderante de la familia y de la comunidad.
Es un modelo que facilita la reinserción social definitiva del hombre nuevo, de
la mujer nueva y está siendo igualmente aplicado, con similares resultados,
en los nuevos establecimientos penitenciarios como:
• Comunidad Penitenciaria de Coro.
• El Centro Penitenciario Yare III.
• Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona.
• Centro Penitenciario Femenino de la Región Insular.
Para entender la complejidad de la situación, es importante conocer que
durante el año 2010, el sistema penitenciario alcanzó la población privada de
libertad más alta de la historia, producto, entre otros factores, de los
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continuos planes de seguridad pública desplegados por el Gobierno
Bolivariano en los últimos años.
Al cierre del año pasado presentamos una tasa de encarcelamiento de ciento
cincuenta y cuatro (154) privados de libertad por cada cien mil (100.000)
habitantes, cifra superior en cuarenta (40) unidades a la del año 2009 y en
sesenta y ocho (68) si la comparamos con el 2008.
Es por ello que la grave crisis que se apodera del sistema no se reduce al
análisis de los números absolutos de personas que habitan en los
establecimientos penitenciarios del país, sino en la condición jurídica que
tienen los mismos, lo que se evidencia en la proporción de internos
procesados frente a la población penada.
Como se observa, el 60% de la población penitenciaria total no ha recibido
una sentencia definitiva y firme, frente a un 40% de la población penada.
Resulta aún más alarmante que el 59% del total de la población procesada
se encuentra en espera de celebración de la audiencia preliminar, acto que
resulta vital para la definición del estatus jurídico de la persona en lo
sucesivo.
Otro factor importante lo constituye el hecho que el 81,5% de la población
penitenciaria total es primaria, es decir, personas que están siendo
procesadas o que han sido penadas por primera vez por la comisión de un
delito.
Estos últimos datos, producto del reciente Censo Nacional de Población
Penitenciaria 2009-2010, realizado por el Consejo Superior Penitenciario,
son de suma importancia para enfrentar el escenario penitenciario actual, y
los caminos que se deben tomar para solucionar la situación en la que nos
encontramos.
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Al discriminar la población por tipos delictivos, se aprecia un significativo
porcentaje de personas privadas de libertad por delitos que pudieran ser
considerados leves, o en todo caso delitos no violentos.
Este panorama es mucho más grave cuando se aprecia un porcentaje
importante de la población que ha sido sentenciada por estos delitos, y que
ha recibido penas inferiores a cinco años, las cuales deberían ser tratadas
judicial y penalmente de manera distinta a la privación de libertad, tal es el
caso del uso de las medidas cautelares para los procesados, y el
otorgamiento de las suspensión condicional de la ejecución de la pena para
los penados que se encuentren dentro del mencionado rango de sentencia.
Un aspecto de suma importancia en la caracterización de la población
penitenciaria, lo representa la condición social de la misma. El 68% de la
población total privada de libertad se acumula en los estratos socio
económicos más bajos, lo que evidencia una fuerte criminalización de la
pobreza en nuestra sociedad, o al menos, un indicador que demuestra la
precaria situación de acceso a la justicia que tienen los más desposeídos
frente al aparato de justicia penal.
Ahora bien, a pesar de este panorama, la acción del Gobierno Bolivariano, a
partir de la implementación del Plan de Humanización del Sistema
Penitenciario, ha logrado contener y comenzar a revertir esta realidad, al
reducir el nivel de violencia intramuros en el país.
Como puede apreciarse, en los últimos dos años, a pesar del crecimiento
acelerado de la población privada de libertad, los hechos de sangre han sido
fuertemente controlados, alcanzando las cifras más bajas de la historia
reciente.
Hoy día podemos afirmar que, mientras la tasa de encarcelamiento se ha
incrementado al doble entre el año 2007 y 2010, representando un
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crecimiento de la población penitenciaria en un 110%, los porcentajes de
fallecidos y heridos en nuestras cárceles ha disminuido, para el mismo
período, en un 33% y 43% respectivamente.
Con esta reducción no significa que estemos satisfechos, pues la meta que
persigue nuestro gobierno es la de no contar con un solo privado de libertad
fallecido en un establecimiento penal del país.
Ya no transitamos el camino de la experimentación ni nos desplazamos a
ciegas hacia una anhelada reforma penitenciaria. Como resultados firmes del
Plan de Humanización entre el año 2006 y el año 2010, pueden valorarse a
modo de ejemplo en los siguientes hechos concretos:
1. Transformación de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación
del Recluso, convertida en un órgano desconcentrado denominado
Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios.
2. Creación de una estructura sustantiva más eficiente y eficaz que
atiende las siguientes líneas: Control Penal, Clasificación y Atención
Integral, Seguridad y Custodia, Logística y Salud Integral.
Adicionalmente se crearán direcciones regionales como instancias
intermedias, para un mayor acercamiento de las políticas centrales y
una mejor supervisión a los niveles operativos.
3. Creación del Consejo Superior Penitenciario por Decreto Presidencial
el 15 de diciembre de 2008, conformado por representantes de los
distintos poderes del Estado. Esta instancia ha permitido una mayor
coordinación y seguimiento en los acuerdos para alcanzar una nueva
visión del sistema penitenciario venezolano.
4. Apertura y puesta en funcionamiento de cuatro (04) nuevos centros
penitenciarios con un nuevo modelo de gestión, caracterizado por la
clasificación de la población, el despliegue de planes de atención
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integral, una optimización de los servicios básicos a la población
privada de libertad y de las garantías de seguridad y respeto a la vida.
Por otra parte, se prevé para los próximos meses la puesta en
funcionamiento de dos (02) nuevos centros penitenciarios que se
incorporan al mismo modelo de gestión: El Centro Penitenciario Rodeo
III y la reapertura del Internado Judicial de la Región Capital Yare II.
Entre ambos se habilitarán setecientas treinta y dos (732) nuevas
plazas que sumadas a las anteriores totalizan dos mil seiscientos
noventa (2690), lo que representa un crecimiento real y actual del 15%
de la capacidad instalada a nivel nacional.
5. Asimismo, se ha ampliado la capacidad de atención a la población que
disfruta del beneficio de régimen abierto con la puesta en
funcionamiento de tres (03) Centros de Tratamiento Comunitario en
los Estados Táchira, Guárico y Anzoátegui, para un total de doscientas
cuarenta (240) nuevas plazas. A éstas se sumarán cuatrocientas
ochenta y ocho (488) para los próximos meses disponibles en los
estados Lara, Falcón, Táchira y Monagas.
En total, entre la construcción, recuperación y mantenimiento de
infraestructura penitenciaria, el gobierno nacional ha invertido el pasado año
2010, la cantidad de doscientos noventa y siete millones seiscientos cuarenta
y cinco mil ciento trece bolívares (Bs.297.645.113).
Conjuntamente con la apertura de nuevos establecimientos penitenciarios, se
ha ampliado la capacidad de atención a la población por parte de personal
especializado y capacitado para el medio penitenciario.
Actualmente el Ministerio del Poder Popular Relaciones Interiores y Justicia
capacita seiscientos cincuenta (650) custodios asistenciales, que ingresarán
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el próximo mes de marzo del 2011 a las filas de la Dirección Nacional de
Servicios Penitenciarios.
Para ese mismo mes se prevé el inicio de una nueva cohorte de custodios
asistenciales de ochocientos (800) funcionarios para ingresar al sistema en el
mes de junio del presente año.
Por otra parte, desde el pasado año 2010 se implementó la política de
capacitación de profesionales para integrar los equipos técnicos de atención
y evaluación integral de los privados de libertad, formándose un total de
ciento veinte (120) nuevos funcionarios profesionales de las distintas
disciplinas requeridas para la atención de la población, tales como médicos,
psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, entre otros.
Este programa de formación, tanto de Custodios Asistenciales como de
Profesionales y Técnicos ha representado una inversión para el Gobierno
Bolivariano, en el año 2010, de dieciocho millones ciento setenta y cinco mil
trecientos sesenta y cuatro bolívares (Bs. 18.175.364).
En total, en el despliegue de las acciones específicas del Plan nacional de
Humanización del Sistema Penitenciario, el Gobierno Bolivariano ha
realizado una inversión de cuatrocientos diecisiete millones seiscientos
cuarenta y tres mil cincuenta y tres bolívares (Bs.417.643.053) en el año
2010; cifra sin precedente en la historia penitenciaria del país, lo que
demuestra una voluntad sostenida por parte del Presidente Chávez de
abordar la problemática penitenciaria, desmontando un sistema
caracterizado por la desidia, la corrupción, la anarquía y la violencia, por un
sistema que se enrumbe definitivamente hacia la protección y garantía de
cumplimiento de las obligaciones del Estado para con los privados y privadas
de libertad, y el total y absoluto respeto de sus Derechos Humanos.
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Finalmente, para concluir con este sensible e importante punto,
aprovechamos la ocasión, para exhórtalos a que promovamos un debate
político orientado a una reforma profunda y radical de toda la estructura del
sistema de administración de justicia penal.
En nuestro caso, estamos avanzando decididamente en lo que nos
corresponde, pero se trata de un macrosistema que va más allá del Gobierno
Bolivariano y que involucra a todos los poderes del Estado.
Como una demostración más de nuestro compromiso en el marco del
funcionamiento del Consejo Superior Penitenciario, se ha preparado el
Código Orgánico Penitenciario, el cual se consigna ante la nueva Comisión
Permanente de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, con
el propósito de que sirva para la discusión y debate sobre lo que debe ser el
nuevo sistema penitenciario.
El Código Orgánico Penitenciario es un instrumento jurídico que constituye el
marco normativo necesario para la consolidación y avance de la reforma
penitenciaria, y es resultado de un trabajo consensuado con los más amplios
sectores institucionales que hacen vida en el Consejo Superior Penitenciario,
por lo que el mismo goza de una amplia legitimidad institucional. Este
instrumento se desarrolla a través de cuatro grandes lineamientos
fundamentales:
1. Una declaración de principios rectores del sistema y del servicio
penitenciario, para garantizar la tutela jurídica y el total y absoluto
respeto a los Derechos Humanos de la población privada de
libertad.
2. La estructuración del sistema penitenciario como un servicio
interinstitucional, en el que intervienen distintas instancias del
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Estado, corresponsables de garantizar el buen funcionamiento del
mismo.
3. Los procesos que definen un nuevo modelo de gestión para la
prestación de un servicio penitenciario eficiente y eficaz.
4. Los mecanismos necesarios para garantizar la celeridad en el
proceso de ejecución de las penas y el acceso a las fórmulas de
libertad anticipada, para aquellos y aquellas que presenten un
buen desempeño de su condena en términos de adaptabilidad a
las normas y cumplimiento del régimen penitenciario.
No se podría concluir sin compartir con ustedes el orgullo de uno de los
logros del Plan de Humanización Penitenciaria, particularmente en el área de
atención de la población privada de libertad que ha sido la creación de la Red
Nacional de Orquestas Sinfónicas Penitenciarias, experiencia inédita en el
mundo, que ha incorporado hasta hoy más de mil trescientos (1.300) internos
e internas entre los cinco (05) núcleos que integran el sistema, ubicados en
el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda; Centro
Penitenciario de la Región Andina, en Mérida; Centro Penitenciario de
Occidente, en el estado Táchira; Centro Penitenciario Mínima de Carabobo y
Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón. Es sin exageración alguna,
el logro más hermoso y humano de nuestra Revolución Bolivariana.
Patria Socialista o Muerte ¡Venceremos!
Tareck El Aissami
MINISTRO