Crónicas parlamentarias

Investigarán muerte de detenidos en CICPC

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó una investigación
acerca de la muerte de tres retenidos en las instalaciones del Centro
de Detenciones del CICPC, ubicado en El Rosal, donde fue hubo
“evidente violación de los derechos humanos”.
El tema lo propuso la diputada Cilia Flores, quien planteó que este
caso se agregue a las investigaciones que hace la comisión de Política
Interior.
Richard Blanco, por parte de la fracción de la MUD, dijo que “hacía
falta que en Venezuela ocurran hechos como los que sucedieron en el
CICPC para investigar lo que pasa en los cuerpos de seguridad”. Dijo
que esas instalaciones del CICPC “es un depósito de seres humanos, no
hay cámaras de vídeos y no se puede ver qué pasa allí. Hay espacio
para 40 personas y allí se encuentran 315 detenidos. A los diputados
de nos prohíbe la entrada, a pesar de ser funcionarios públicos, a no
ser que el MIJ autorice la visita”, denunció. Blanco propuso una
investigación conjunta entre las comisiones de Política Interior y de
Asuntos Penitenciarios, pero, pese a la denuncia, solamente fue
aprobada la propuesta de Cilia Flores.

Odiosa diferencia
Cabe destacar que cuando Cilia Flores denunció la situación de la
Policía de Chacao, donde ya hubo hasta imputaciones, hubo debate y se
presentó un vídeo. En este caso, el tema fue planteado durante la
lectura de la cuenta que no permite careos. Aunque los diputados
oficialistas dicen que los derechos humanos son los mismos para todos,
hicieron esta odiosa diferencia entre un caso y otro.

Más de Bs. 15 millardos
en créditos adicionales

En la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) de este martes, fueron
aprobados tres créditos adicionales por más de tres millardos de
bolívares. Lo llamativo de la autorización es que a estas alturas, el
Parlamento ha aprobado 30 emisiones, por más de 15 millardos de
bolívares lo cual eleva el presupuesto nacional a casi 220 millardos
de bolívares.
Uno de las erogaciones, por 3 millardos de bolívares correspondes al
Situado Constitucional, para gobernaciones y alcaldías. El otro
crédito es para el ministerio de Defensa, por 98 millones de bolívares
y finalmente uno por 310 millones de bolívares para el pago de enero y
febrero de 2011 del programa de Pasaje Preferencial Estudiantil. Del
total de recursos aprobados, se destinarán 127 millones 550 mil
bolívares a la cancelación del citado subsidio en su modalidad
directa, a través del cual se pone a disposición del estudiante un
mecanismo de prepago, bien sea con boletos directos personalizados o
tarjetas inteligentes.
Por cierto, durante la sesión de la comisión de Finanzas, la oposición
protestó porque la instancia aprobó un traslado de partida del
ministerio de Salud, al despacho de Agricultura y Tierras, quitándole
recursos a los hospitales, con la crisis que hay en la infraestructura
de salud en el país.

Reforma bancaria
El diputado Ismael García planteó que la AN debe revisar la Ley de
Bancos para evitar que se liberen a los banqueros que han desfalcado
al país. Hizo referencia a casos como el del presidente de Empreven,
Alejandro Uzcátegui, quien estuvo ligado al Banco real, uno de los
bancos cerrados por el Gobierno. Recordó que en la anterior AN hizo
denuncias sobre la crisis bancaria, pero que no hicieron caso, hasta
que el Gobierno intervino varias entidades financieras. Denunció que
gracias a esta crisis el desfalco la nación está por el orden de los
60 mil millones de dólares. Pero, el oficialismo no hizo caso de esta
petición.
No fumar
Las curules de los diputados tenían un adorno este martes: un aviso de
“prohibido fumar” y una copia de la resolución del Ministerio de
Salud, al respecto. Gran parte de los diputados fuma, pero desde hace
años, ningún parlamentario puede hacerlo en los pasillos y fueron
arrimados a los jardines.

Contra el olvido
Tras una marcha desde el Ministerio Público fue consignado ante el
Poder Legislativo el proyecto de ley para Sancionar los Crímenes,
Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos.
Con esta ley se pretende castigar los “crímenes de lesa humanidad del
Puntofijismo, entre 1958 y 1998”.
La propuesta abarca -fundamentalmente- “la reivindicación política de
los afectados y el resarcimiento de los daños psicológicos,
económicos, patrimoniales y morales sufridos durante la violencia
desatada por el derrocamiento de la dictadura perezjimenista (1958) y
las acciones represivas contra la oposición de izquierda a lo largo de
los gobiernos puntofijistas que culminaron con la presidencia de
Rafael Caldera”.

Los juicios que sobre esta materia serán solicitados al Ministerio
Público, además del apoyo operativo de ese despacho, tendrán carácter
prioritario y estarán soportados por las investigaciones de la
Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ) que, según el texto, estará
adscrita al despacho del presidente de la República, quien la
juramentará y dotará de presupuesto propio.

Aunque todo el trabajo de la CVJ estará encaminado al “enjuiciamiento
y castigo de los autores intelectuales y materiales de los crímenes”
contemplados en el mencionado período, la propuesta no define todavía
las penas que deberán ser aplicadas.