Como la palabra del Presidente se hace Ley

El presidente Hugo Chávez echó a andar una idea: “el pueblo legislador”, como una nueva forma de Parlamento. La palabra del mandatario fue tomado inmediatamente por los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional (AN), tanto los nuevos como los que van a la reelección, quienes venden ese concepto como principal producto para las elecciones del 26 de septiembre.
Pero, esta nueva forma de abordar el Poder Legislativo no se queda en un mero enunciado, sino que ha cobrado cuerpo en la AN, tanto que ya hay un proyecto que plantea las bases de esta institución legisladora, distinta a la que consagra la Constitución.


NOCIÓN DEL “PUEBLO LEGISLADOR”: REFERENCIAS CONCEPTUALES

1. Antecedentes
En razón de darle desarrollo a la afirmación presentada por el Presidente Hugo Chávez de avanzar más allá del Parlamentarismo de Calle para pasar al pueblo legislador, presentamos este material para el debate político que nos conduzca a transformar esta noción en piedra angular de la propuesta política de los candidatos revolucionarios en la campaña para las elecciones del 26 de septiembre de 2010.
Ante tal afirmación es ineludible resaltar la relevancia que cobran los pasos que se han dado en nuestro país para avanzar a un modelo político distinto que ordene los cambios requeridos en el proceso de transformación, pasos definitivos en la consulta popular como evidencia del ejercicio de participación de diferentes sectores de la sociedad, como un hecho absolutamente inédito en la historia republicana de nuestro país.
Con la aprobación de la Constitución de 1999, se dio el primer gran paso de la refundación de la Patria, la cual significó un salto cualitativo con respecto al modelo de democracia representativa, sentando las bases de un nuevo orden jurídico que establece y afianza la democracia participativa y protagónica; dándole al pueblo los mecanismos para participar activamente en la toma de decisiones, devolviéndole al soberano su poder originario, de donde debe emanar toda autoridad.
No obstante, la dinámica de cambio histórico determinó una vez más la necesidad de ir a un proceso de consulta popular que permitiera el ajuste y adecuación sociopolítica de la carta magna en el año 2007 con la Reforma Constitucional y posteriormente con la Enmienda, para revisar un conjunto de artículos sin modificar la estructura de la Constitución y en el segundo caso se planteó una modificación parcial en el articulado igualmente sin modificación de su estructura. Con los resultados ya conocidos, lo importante en este caso, es como prevalece determinantemente el ejercicio y la expresión soberana de la voluntad popular de nuestro proceso democrático.
Sabemos que implementar un nuevo modelo político y desarrollar los principios constitucionales lleva tiempo. Desde el propio Poder Legislativo se abren los caminos de participación a través de la consulta pública con el Parlamentarismo Social de Calle, el cual ha servido de canal comunicante directo entre la Asamblea Nacional y el pueblo, avanzando en la consulta y el debate de las leyes y el soberano.
También es necesario destacar que de la dinámica de esta experiencia participativa que logró colocar a la Asamblea Nacional en la calle fue un medio importante para enfrentar las maniobras golpistas de la oposición que intentaron deslegitimar la institucionalidad nuestro Poder Legislativo con su abstención en las elecciones parlamentarias del 2005.
Resulta pertinente en este proceso de transición, avanzar en la profundización de la propuesta política bolivariana. Esto significa, pasar a una fase diferente que profundice en la activación consciente y permanente del pueblo en el hacer y quehacer de las leyes. De allí, que se plantee su profundización y se proponga la idea del “Pueblo Legislador”.
El Presidente de la República Hugo Chávez Frías, ha venido reiterando de forma sistemática la necesidad de involucrar directamente al pueblo en las decisiones legislativas para permitir que las leyes sean expresión de la voluntad popular y de la realidad concreta que vive Venezuela en la coyuntura histórica de transformación política, económica, social y cultural, en función de la construcción de una sociedad socialista:
“Por otra parte, hablé primero de convertir en leyes populares las misiones, pero hechas por el pueblo. Eso no lo había dicho, no leyes hechas ahí con unos asesores, que hacen falta, ¿no? Leyes hechas en la calle a través de asambleas, que el pueblo sepa que él puede hacer leyes, porque esta Constitución le devuelve ese poder. Que el pueblo haga leyes, leyes populares, leyes sociales, leyes revolucionarias; que participe el pueblo en el diseño y elaboración de las leyes, y luego en su aplicación Las leyes, deben ser el engranaje que une los principios constitucionales, a la realidad concreta de todos los días. Las leyes, además, deben obedecer a la naturaleza de las cosas. Determinar cuáles son las necesidades, las prioridades de los pueblos para en función de ellas, elaborar las leyes y llevar a la realidad, los principios constitucionales... A cada quien según sus necesidades…” Hugo Chávez Frías. 06 de enero de 2006.
Así mismo expresó:
“El pueblo pide contacto permanente. Por eso está en construcción la idea de un parlamento comunal, ligado y consustanciado directamente con el pueblo; así como se habla del pueblo legislador, que se forma a partir del proceso constituyente. La Asamblea Nacional lo que hace es darle la técnica legislativa a esas demandas e intereses del pueblo, y eso se logra con una gran comunicación". 27 de julio de 2009
“No hay que olvidar que la Asamblea debe entrar en una nueva etapa: llegó la hora de hacer leyes por iniciativa popular; llegó la hora de la calle parlamentaria y del pueblo legislador para acelerar la transición al socialismo”. 19 de julio de 2010
2. Contexto político
Todo proceso de cambio social está enmarcado dentro de un modelo político y un sistema jurídico que puede legitimarlo u obstaculizarlo, la continua movilidad requiere de un derecho que se adecue a las realidades emergentes. Por ello, se impone la ruptura con el ordenamiento jurídico que le ha dado sostén al modelo del Estado Liberal y al conjunto de instituciones que lo integran, dando paso a un modelo de Estado Social de Derecho y Justicia donde efectivamente cobre vida el concepto de soberanía.
Nuestro país despertó de la pesadilla neoliberal que por más de cuatro décadas sembraron pobreza y desigualdad en nombre de la democracia formal. La realidad se nos presenta hoy como una constelación un tanto azarosa de cambios, rupturas y quiebres que por encima de las confusiones constituyen oportunidades que nos permiten dar un nuevo salto en el devenir histórico de la raza humana.
Avanzamos hacia una nueva concepción del quehacer legislativo que rompe con el viejo modelo parlamentario liberal representativo y por ende facilita el desarrollo del modelo político de democracia participativa protagónica, de tal forma que es el pueblo quien emerge como sujeto emancipador y constructor de un nuevo ordenamiento jurídico y de las políticas públicas que de él se deriven. Vivimos hoy una profunda reestructuración general de la economía, la cultura, la sociedad y la política para transformar nuestras condiciones materiales y espirituales de la vida, es decir, una verdadera ruptura. Tal como lo sostiene Cayetano: 2006
Esta revolución constituye un gradual y multidimensional quiebre civilizatorio que anuncia los primeros asomos de un nuevo modo de producción y de relaciones sociales marcado por la democratización de la información y del saber. Ratificamos que el saber es poder, no nos referimos aquí a los saberes hoy hegemónicos que pretenden reescribir y recodificar las desigualdades e injusticias de siempre bajo el amparo de las instituciones rectoras del viejo orden y que aun hoy sobreviven. Se abre paso a los saberes alternativos
y a la prescripción normativa desde la propia sociedad, desde los cuales se aspira a desarrollar nuevas formas de gobernabilidad más pertinentes a nuestras realidades y necesidades, dentro de un espacio social reconstruido por el colectivo.
Los procesos sociales de prescripción normativa se hacen crecientemente más dispersos y heterogéneos.
La función del poder se define hoy en función de un combate continuo donde el Derecho se convierte en la trinchera desde donde se entabla el forcejeo. Nuestras percepciones han estado nubladas durante mucho tiempo por ideologías y partidismos que como bien advirtió Marx han confundido sus deseos con la realidad.
Se produjeron así verdades fetichizadas que nos condenaron a una falsa lectura de la realidad para conservar cómodos y parciales nichos de “verdad”. Se requiere, ahora, escapar de esos reduccionismos, debemos crear una nueva “praxis” que supere los viejos postulados teóricos, insuficientes actualmente para comprender los cambios.
Como bien decía Antonio Gramsci se debe ir más allá de la revolución política, se trata de propiciar un cambio intelectual y cultural que potencie el desarrollo de una nueva consciencia, nuevos valores, nuevas normas que nos permitan configurar a un nuevo ser humano. Los pueblos se niegan a continuar avalando las mismas opciones de siempre, no se conforman con ser comparsa de un determinado grupo político, exigen una participación real en los asuntos públicos, cuya génesis comienza con la elaboración de las normas que integran las leyes.
Se trata de una transformación socio-histórica global, para ir más allá del capital en sí como totalidad, que rompa con su dominio y control general de la sociedad y de su dinámica socio-cultural y jurídica. “La solución no es desesperarse por él, sino controlarlo en interés de la responsabilidad social y la transformación radical de la sociedad” (Mészáros).
Dentro de este contexto político nos encontramos con dos documentos maestros que orientan la propuesta, ellos son:
• El Proyecto Nacional “Simón Bolívar”: Primer Plan Socialista 2007-2013
La Democracia Protagónica revolucionaria es la expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia. Los espacios públicos y privados se consideran complementarios y no separados y contrapuestos como en la ideología liberal. Es necesario que los individuos se organicen para lograr las ventajas que otorga la asociación cooperativa.
Los ciudadanos personificarán y ejercerán siempre los mecanismos sustantivos del poder político, es decir, conservarán siempre su poder y su soberanía, la cual está siempre orientada hacia el bienestar de todos, con los principios de igualdad y libertad.
• La Declaración de Principios de PSUV
El PSUV debe ser propulsor de la participación directa del pueblo y su instrumento de construcción del socialismo en la conformación y funcionamiento de todos los órganos del poder, en la elaboración, discusión y resolución de programas y estrategias.
El partido debe asumir el compromiso de luchar contra la injusticia y la exclusión. Impulsar nuevas formas de organización y políticas sociales que mejoren el nivel de vida y garanticen la mayor suma de felicidad posible. Promover el sentido de pertenencia, respeto, igualdad y dignidad, la crítica y autocrítica, para combatir todas las amenazas que confronta la revolución como la guerra de cuarta generación (desarrollada por los medios de comunicación del capitalismo), teniendo presente el carácter socialista revolucionario y antiimperialista del proceso, evitando la transculturización, todo ello aunado al ejercicio de la contraloría social sobre los gobernantes y funcionarios públicos, especialmente sobre los que militen en el partido.
3. Marco constitucional
A lo largo de todo el texto explanado en la Constitución de 1999 se plantea el modelo de democracia participativa y protagónica. Lo vemos en sus principios fundamentales contenidos en los artículos 2, 5 y 6; los cuales sostienen que Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
La Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Más adelante encontramos artículos como el 62 y el 70 que otorgan a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a participar en los asuntos públicos y definen los medios de participación. En este contexto, tanto el principio refrendario como abrogatorio de las leyes significa una intervención participativa del pueblo, recordando a los representantes que sólo son tales: representantes y no poder soberano. Es claro, que no se trata de mantener el viejo modelo, sino de crear las condiciones en tiempos de transición que nos permitan avanzar hacia un nuevo modelo institucional donde la participación popular sea el eje fundamental de la acción política.
Tenemos luego, artículos como el 187, el 204 y el 211 donde se le señala al Parlamento Nacional la obligación de organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia para lo cual deberán crear los mecanismos de consulta. También se establece la iniciativa popular para la presentación de los proyectos de leyes.
Aparece también en la Constitución, en título de “El Poder Público Nacional” una nueva concepción que supera a la clasificación clásica de Monstesquieu e incorpora un nuevo Poder: el Poder Ciudadano. Se crea el Consejo Moral republicano en el artículo 273.
4. Premisas
♦ Profundiza el modelo de democracia participativa, los ciudadanos, las comunidades, instituciones y/o gremios legítimamente constituidos, deben generar el debate necesario y la construcción de decisiones colectivas sobre la legislación, permitiendo al pueblo legislar directamente.
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♦ Institucionaliza las propuestas y decisiones emanadas de las comunidades.
♦ La construcción de un sistema de relaciones sociales que posibilite la toma de decisiones compartidas.
♦ El parlamentario se convierte en un sujeto social que construye su legitimidad en la medida en que posibilita la participación ciudadana en la toma de decisiones, por lo tanto ya no es solamente un intermediario o representante de sus electores.
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♦ El principio de pluralidad que conduce a la inclusión y respeto de las diferencias ideológicas en un proceso abierto al debate libre de las ideas que busca la construcción de consenso en función de los retos que plantea la transformación social.
5. Objetivos
1. Profundizar y estimular las iniciativas populares legislativas.
2. Organizar consultas populares y los Parlamentarismo sociales de calle sobre los contenidos de los proyectos de leyes elaborados por la Asamblea Nacional.
3. Promover y facilitar el Control Social como mecanismo de control postlegislativo.
4. Crear los espacios para la difusión y debate del contenido de las leyes y temas de interés nacional.
5. Integrar directa y permanentemente la organización comunitaria al trabajo parlamentario de la Asamblea Nacional.
6. Marco Teórico
La noción pueblo legislador se concibe como la acción política colectiva que se genera en el propio espacio comunitario de participación protagónica para la construcción de leyes de forma permanente por parte del pueblo como sujeto y objeto de poder que conduce a que se involucre de forma directa en la aprobación, ejecución y control de las leyes. Así como en todos los ámbitos de la actividad legislativa en el espacio nacional, regional, local y comunitario, para la toma de decisiones compartidas impulsando la transformación social que permita alcanzar una sociedad de justicia, de derecho, de igualdad y libertad.
Se trata de una construcción colectiva consciente que es validada en la propia acción de participación directa por los propios actores involucrados y como tal debe responder a sus intereses e inquietudes dando legitimidad al hecho legislativo.
De acuerdo a esto, se refiere a una acción institucionalizada de legislar directamente con el pueblo, sobre la base de la intransferibilidad, indivisibilidad e inalienabilidad de la soberanía, la cual permite que las formas de ejercicio directo e indirecto se traduzcan necesariamente en el cogobierno, en la codecisión. En tal
sentido, se abren medios suficientes construidos con la participación popular para promover la participación y el protagonismo del pueblo en todo el proceso legislativo de iniciativa legislativa, de consulta popular y de decisión conjunta en el proceso de sanción.
Sin embargo, en una noción de mayor avanzada el pueblo tiene que participar en la elaboración del nuevo Derecho revolucionario mediante la organización, la reflexión, la conciencia y la elaboración de propuestas, partiendo de la situación y de las necesidades de la comunidad: la Ley es una síntesis de la lucha social, y una ley participativa incorpora el consenso necesario para su aplicación eficaz y efectiva. Nace la norma con una visión distinta colectiva y corresponsable del sistema de justicia y la apropiación de la actividad legislativa por parte de los colectivos sociales, como sujeto-objeto del cambio.
7. Alcance del Pueblo Legislador
El Pueblo Legislador debe ser el eje para la formación socio-política de los ciudadanos, así como para la difusión ideológica, lo cual contribuiría sustancialmente a la elevación de la conciencia socialista, que solo podrá alcanzarse a través de la divulgación de la base valorativa que la sustenta. Esto último permitirá la consecución de uno de los objetivos más importantes del actual proceso político venezolano, como es la formación de los seres sociales solidarios que actuarán en la construcción de nuestro Socialismo venezolano.
Esto significa que va naciendo en la propia dinámica de intercambio y de pedagogía legislativa, en la propia construcción cotidiana y desde la realidad, conviviendo en la transición con la estructura actual y se va haciendo en el quehacer de sus procesos dialécticos.
Asimismo, puede coadyuvar con el desarrollo de una nueva educación para el socialismo, impulsando los cambios a través de la difusión de conocimientos y valores auténticamente democráticos, que permitan a los ciudadanos analizar su realidad para transformarla, asumiendo la solución de los diversos problemas mediante el trabajo comunitario. Por lo tanto, su alcance en los diferentes ejes de desarrollo nacional están enmarcados en los siguientes ámbitos:
⇒ Político: consolidar al Poder Popular, en su proceso de transformación, para la consolidación del Estado Comunal.
⇒ Económico: impulsar la economía comunal socialista desde una nueva forma de producción y de propiedad.
⇒ Social: construir un sistema de relaciones institucionales para la toma de decisiones compartidas, que apuntalen la suprema felicidad.
⇒ Ambiental: armonizar a los seres humanos con su entorno ecológico, garantizando el desarrollo sustentable.
⇒ Cultural: promover la ruptura con los patrones culturales de dominación del capital, a través del fomento de una conciencia emancipadora.
⇒ Internacional: vincular al Poder Popular con las redes sociales mundiales, que luchan y se resisten contra el imperialismo y todas las formas de dominación y exclusión posibles.
8. Espacios de organización
• Instrumentos para la transición del Parlamentarismo Social de Calle al Pueblo Legislador
Ante el propósito de fortalecer la capacidad legislativa y deliberativa de los colectivos sociales en consonancia con su espacio y la vida comunitaria, es pertinente considerar algunas herramientas e instrumentos que permitan avanzar en esta fase de transición hacia la transformación, donde el elemento medular sea
permeado por las decisiones colectivas y compartidas.
Buscando sintonía con las necesidades de las comunidades, la interpelación social se convierte en una de las herramientas en la que se manifiesta el pleno poder popular a través de la corresponsabilidad y la contraloría social.
Por otro lado, también es necesario potenciar espacios para construir agendas parlamentarias participativas y colectivas que dan cuenta de la concertación de las diferencias, el manejo de los intereses y aspiraciones locales, regionales y nacionales, propiciando el desarrollo y la valoración de los recursos endógenos.
Estos espacios de encuentro valoraran los temas prioritarios de interés público generando una agenda foro político, activando así de forma permanente un diálogo social para el consenso en función del desarrollo colectivo del país.
La aplicación de estas herramientas en la transición debe estar articulado bajo un esquema distinto, en su acción protagónica, dinámica y dialéctica el Pueblo Legislador construye un sistema de relaciones para la toma de decisiones compartidas, se va haciendo en la medida en que se va ejerciendo, va cobrando fuerza
y legitimidad en los diferentes niveles de gobierno (Consejo Legislativo, Municipal, Asamblea Nacional)
• Operativización, conocimiento y decisiones compartidas
Delimitar en este momento una estructura que operativice al Pueblo Legislador, significaría amarrar a la dialéctica y dinámica pedagógica comunitaria a una camisa de fuerza, ya que su funcionabilidad debe girar en base a debatir, opinar, planificar, consultar-informar, opinar-pronunciarse, co-responsabilizarse, decidir , ontrolar la ejecución (de la ley), evaluar, reflexionar y comunicar.
Con base al conocimiento de la realidad por parte del colectivo, el conocimiento legislativo adquiere otra dimensión porque ahora las decisiones en cuanto a la satisfacción de necesidades serán producto del debate compartido para que la acción a realizar sea planificada en base a la formulación de una visión de la gestión pública, coparticipe, corresponsable y por sobre todo diseñada por el Poder popular.
Avanzar a esta nueva dimensión implica por un lado, a relación directa y permanente del parlamentario con su comunidad, y por otro lado, la creación de los espacios propios del parlamento popular apoyado en una red de participación y consulta ciudadana para la acción legislativa en la cual el parlamentario con su nuevo rol se convierte en el vehículo o facilitador del conocimiento legislativo para fundamentar y viabilizar un nuevo sistema de relaciones; cuyo eje central es la toma de decisiones compartidas en el propio seno del Poder Popular.
• La Red de Participación y Consulta Ciudadana para la Acción Legislativa
Constituye un mecanismo y un espacio de ejercicio que permite la participación en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía, facilita la creación del tejido Comunitario por ciudadanos organizados o no dentro de espacios territoriales demarcados por las comunidades (Consejos Comunales, Comunas, entre otros), espacios institucionales y gubernamentales, de igual forma propicia el debate político plural, el control de la gestión pública y el proceso de formación y seguimiento de las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional.
Base Organizativa
a. Red de Conocimiento Legislativo
La Red es un sistema integral que gestiona y genera conocimiento para sustentar la actividad legislativa y parlamentaria en la toma de decisiones; promueve el intercambio de información a través de conexiones transversales y horizontales entre instituciones especializadas, expertos, parlamentarios y áreas de investigación
legislativa de la Asamblea Nacional, construyendo escenarios de desarrollo y fortaleciendo el proceso continuo de aprendizaje colectivo. Permite, además, recoger las opiniones, inquietudes y recomendaciones de la sociedad organizada, consolidándose de esta forma la participación ciudadana.
Objetivo General
Ofrecer una herramienta especializada basada en el paradigma de la gestión del conocimiento que favorezca la eficiencia, eficacia y efectividad del Poder Legislativo, que contribuya con la socialización del conocimiento y que consolide la participación ciudadana en las iniciativas legislativas para afianzar el logro de una sociedad de justicia y equidad social.
b. Registro Nacional de Organizaciones Sociales para la Participación Legislativa
Es una base de datos de organizaciones sociales, que permitirá generar información relevante y necesaria para la incorporación del poder popular, en el proceso de formación de leyes, control social sobre la gestión pública y debates de los temas de interés nacional.
Propósito
1. Facilitar la convocatoria a las actividades que desarrolla el Poder Legislativo, a través del Parlamentarismo Social de Calle, el Parlamento Comunal y cualquier otra modalidad utilizada por la
Asamblea Nacional.
2. Permitir la consolidación de los vínculos necesarios de los (as) diputados (as) con el poder popular para la conformación de una red de participación y consulta en la formación de leyes, control sobre la gestión pública y debate político de los temas de interés nacional.
c. Red de Unidades de Gestión Parlamentaria
Está conformada por oficinas que se abren en todas las circunscripciones electorales, donde los diputados electos en los diferentes circuitos podrán brindar asistencia a las comunidades organizadas valiéndose de una plataforma tecnológica de punta, recibirán y darán información; constituyéndose esas oficinas en espacios de participación y debates.
d. Red de Unidades Comunitarias para el Debate Legislativo
Son espacios comunitarios que irán surgiendo en el seno de las comunidades, tomando en cuenta su propia organización, para generar encuentros que permitan el debate de temas de interés general y local, los cuales se interrelacionan con los demás espacios creados.
9. Método Participativo de Elaboración de Leyes
En el marco del impulso del Pueblo Legislador se plantea el desarrollo de una nueva forma de elaboración de leyes que tenga como pilar fundamental el protagonismo del pueblo en el quehacer legislativo, para ello se propone un procedimiento inédito que hemos denominado “Método Participativo de Formación de Leyes”, el cual pretende materializar el mandato constitucional incorporando a los ciudadanos al proceso legislativo a través del principio de participación y corresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, estimulando además en la colectividad la función educativa o pedagógica de las normas que permite la transformación social y la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Debe ser alcanzado en distintas fases:
◊ Análisis de la realidad que origina la iniciativa legislativa
Tiene por finalidad la construcción de la voluntad unitaria que debe expresar claramente lo que se espera de la norma. Esta etapa inicial abarca cuestiones relacionadas con la ponderación y el análisis de la realidad, la valoración del contexto socio-político y la coherencia con el sistema de relaciones jurídicas.
Para la elaboración de las leyes desde el Método Participativo es determinante el análisis y la valoración de este contexto, ya que nos permitirá detectar o visualizar los conflictos de intereses entre los distintos actores, sus posibles encuentros o desencuentros, el conjunto de elementos vinculados con la coyuntura política, las posibles soluciones, la orientación filosófica, la oportunidad o pertinencia en la elaboración de un instrumento legal, entre otras consideraciones que se corresponda con un correcto manejo de escenarios.