miércoles, 30 de junio de 2010

Investigarán a clínicas privadas

Parlamento pedirá a la Fiscalía que investigue a clínicas privadas
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), solicitará a la Fiscalía General de la República que inicie una averiguación por las denuncias sobre personas fallecidas en clínicas privadas, esperando la clave por parte de las empresas aseguradoras.
Ricardo Sanguino, presidente de la comisión, hizo el anuncio luego que su colega Tirso Silva, manifestó la inquietud sobre el tema, “porque mientras la Ley de la Actividad Aseguradora no entra en vigencia, pareciera que esas empresas han aumentado los precios indiscriminadamente y tardan más tiempo en aprobar la clave (prohibida en la nueva ley), mientras hay pacientes que requieren atención inmediata. Uno de los ejemplos lo tenemos en Valencia, donde murió el ex grande liga venezolano, Oscar Azócar”, manifestó el diputado.
Para los parlamentarios llama la atención que a más de un mes de sancionada la Ley aseguradora, el Ejecutivo no le ha dado el ejecútese, con lo cual los lapsos están vencidos.
Destacaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar. “Cuando sancionamos la Ley de Tarjetas de Crédito, el Ejecutivo tardó seis meses en ponerla en vigencia y lo hizo luego de que salió un grupo de usuarios y presentó la demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra la AN, por omisión”, recordó un miembro de la instancia parlamentaria.
En este sentido, Sanguino dijo que la norma se encuentra en proceso de evaluación por la Procuraduría General de la República. “Esta es una situación inhumana, por eso nosotros vamos a solicitar, a través de la Fiscalía General de la República, acciones contra esos centros de salud donde se produjeron decesos de seres humanos, quienes acudieron en búsqueda de la prestación de los servicios de salud (...) donde han venido aumentando las primas de HCM, de los seguros que se han vencido, así como han aumentado los deducibles al ofrecer el servicio”. También enviarán oficios a la Superintendencia de Seguros para que estas denuncias sean procesadas y se aplique la ley vigente para poner estos correctivos. El caso de la muerte de Azócar también lo lleva la comisión de Política Interior, cuyos miembros decidieron citar a los dueños de la clínica donde falleció el ex pelotero profesional.

Piden evitar desalojos forzados

La Asamblea Nacional (AN) revisará las propuestas presentadas por la Red Metropolitana de Inquilinos, quienes pidieron que se prohiban los desalojos forzosos en Venezuela.
El planteamiento fue entregado ante el primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas y contempla, entre otros objetivos, evitar que se produzcan atropellos de desalojos contra todas las familias que viven bajo la figura de arrendamiento, no sólo en el área metropolitana, sino en el resto del país. “Esta terrible situación ha hecho que muchas de estas familias no sólo pierdan sus viviendas con esta medida, sino también sus bienhechurías, así como los enseres personales, los cuales son enviados a depósitos en donde muchos de ellos se extravían sin algún tipo de remuneración por los daños causados”, expresó.

martes, 29 de junio de 2010

Como el mono sabio...

Cilia Flores se hizo la loca con los alimentos podridos

La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores no pudo hacer otra cosa, sino “hacerse la loca” con el tema de los alimentos podridos. Se  negó a hablar de la comisión de la AN que investiga el caso y dijo que ese no es “tema para el debate”; porque se ha convertido en un  problema político. También afirmó que la Fiscalía y la Contraloría  “debieron abrir las investigaciones”. Pero, igual, le salió el tiro por la culata, porque en la plenaria debatieron un acuerdo de cooperación en “materia de soberanía alimentaria” con Portugal y allí  los diputados de oposición pudieron "medio" desahogarse. Aprovecharon para rechazar el convenio y de refilón sacaron el tema de los alimentos podridos. Ismael García dijo que no se podía apoyar una moción de este tipo, cuando en el  país hay tantos problemas con los rubros de primera necesidad. Pastora Medina también tomó la palabra y destacó que Venezuela no podía ofrecer nada a Portugal, puesto que se trata de un intercambio. Además, machacó que desde hace semanas está pidiendo que la plenaria se pronucnie sobre las fallas en la entrega de alimentos por parte del PAE. "Los niños tienen tres meses que no comen en sus escuelas. Tienen que ver en qué estado se encuentran los pocos alimentos que reciben los niños del Senifa": dijo.
Mario Isea, presidente de la comisión mixta que supuestamente investiga el caso, repitió que se trata de un "show" que los medios están montando y acusó a la oposición de "magnificar" el hecho de que se hayan descompuestos "unos alimentos". Argumentó que "eso ocurre, porque siempre hay un margen de pérdida y de merma". Acudió a la excusa de siempre: El golpe de abril de 2002.
Cilia Flores estaba furiosa e intervino para advertir que si se seguían saliendo del tema, "lamentablemente les tengo que quitar el derecho de palabra". Pero, después, espetó que el caso está siendo magnificado, que es una casualidad que donde hay un supuesto container aparecen las cámaras de Globovisión. Incluso dijo que era sospechoso que aparezcan los contenedores y que los medios sepan donde están.
Inexpliucablemente, Nelson Mezerhane salió a relucir y Flores afirmó que los candidatos de la oposición estaban defendiendo a quien le  había quitado "los realitos" a los ahorristas del Federal. Terminó casi gritando que "fue el gobierno el que denuncio lo de los alimentos. Fue el presidnete Chávez quien pidio que se investigue. Y saldrán derrotados el 26 de septiembre..." Sin querer queriendo, el tema,se debatió, pese a la ira de Flores.

Acabarán con sistema de producción capitalista

 El diputado Alfredo Murga, admitió que la elaboración de  leyes que favorecen al Poder Popular busca, entre otros objetivos, la eliminación del sistema de producción capitalista.  "Durante mucho tiempo estará la transición en la que coexistirán los  modos de producción no capitalistas con los capitalistas, hasta que la  madurez de la sociedad vaya extinguiendo esas formas capitalistas  (...) ese esquema de producción capitalista no se eliminará de un  plumazo"., dijo Murga, en relación con los instrumentos legales de  Comunas, Poder Popular, Economía Comunal y Planificación Pública y  para "enfrentar" la matriz de opinión negativa al respecto.
El parlamentario aclaró que con las normas "se está creando la  institucionalidad del Poder Popular" y cree que las críticas de los  sectores opositores ante este paquete de leyes "es la desconfianza y  el rechazo que siente la derecha hacia el pueblo organizado y  constituido como sociedad comunal".  Admitió que, si bien la Constitución "no define a la nación como una  patria socialista, tampoco la determina como una sociedad capitalista  y burocrática".  No obstante, reiteró que estas leyes no tienen nada que ver con  supresión, eliminación o superación de gobernaciones o alcaldías. "Eso  no aparece ni en la Ley Orgánica de Los Consejos Comunales, ni ha sido  nunca objeto de propuesta de ninguno de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el absurdo de eliminar gobernaciones y  alcaldías”.
Por otra parte, en la plenaria de este martes no fue considerada para  su primera discusión la Ley del Sistema Económico Comunal, lo cual el  diputado Murga no aclaró. Sin embargo, no descartó que el instrumento  se apruebe este jueves.

Expropian 11 taladros
Con el voto negativo de la oposición, la plenaria aprobó el informe  para declarar la utilidad pública e interés social once 11 equipos de  perforación para pozos petroleros (taladros) de tres mil caballos de  fuerza (3.000 HP) y de dos mil caballos de fuerza (2.000 HP), que se  encuentran en propiedad o posesión de la empresa HELMERICH & PAYNE DE  VENEZUELA, C.A., así como los bienes muebles e inmuebles y demás  bienhechurías de dicha empresa asociados a la utilización de dichos  equipos de perforación, y en consecuencia su puesta en operatividad,  uso y aprovechamiento necesarios para la perforación de pozos en estructuras geológicas, tanto en el oriente como el occidente del  país.
En el escrito se argumentó que la empresa mantiene ociosos desde hace  considerable tiempo los equipos de perforación, por lo cual "su  disponibilidad a nivel mundial es muy baja y cuya utilización es  necesaria debido a los altos esfuerzos mecánicos que se requieren para  la perforación de pozos en estructuras geológicas".

Adelantan Bs. 1.7 millardos

En la AN también aprobaron un crédito adicional por 1.7 millardos de  bolívares al ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, por  concepto de un "adelanto" del situado constitucional para  gobernaciones y alcaldías. Con esta erogación el presupuesto supera  los 180 millardos de bolívares, puesto que exactamente al cierre del  primer semestre del 2010, la AN ha autorizado más de 20 millardos de  bolívares en créditos extras.  Por cierto, en el debate sobre este crédito, dos diputados por el  estado Sucre discutieron a voz en cuello por la asignación de recursos  para la entidad, a propósito de que uno de ellos mencionó al ex gobernador, Ramón Martínez. Los insultos no se hicieron esperar y  hasta "chulo" y "sea hombre", se escuchó.

Estudian reformar Ley del Deporte

La Asamblea Nacional (AN) revisa actualmente la Ley del Deporte par posteriormente realizar una consulta pública que permita recopilar  propuestas de los sectores vinculados con el área, planteamientos que
luego podrán ser incluidos en el texto legal a través de una reforma.

AN engavetó el informe de Russián sobre fallas en Mercal

El Parlamento calla... muchas veces ha callado... demasiadas

En los archivos de la Asamblea Nacional (AN), reposa el informe de gestión correspondiente al año 2008, presentado por el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, en el cual expresa detalladamente las irregularidades registradas por el despacho en la “Misión Mercal”, en relación con el manejo de los alimentos adquiridos y almacenados en los distintos puntos de la red.
Ante esta evidencia, el Asamblea Nacional podría ser responsable, por omisión, de lo que ha ocurrido con las más de 120 mil toneladas de alimentos descompuestos, encontradas en varios estados del país. Este informe comprueba la afirmación de Russián en cuando a que la AN sabía del caso.
Sin embargo, en el Parlamento, la comisión mixta designada para investigar este caso, aduce que “las averiguaciones se están haciendo”, cuando desde al año pasado este documento reposaba en la AN. Es más, la comisión de Contraloría debido analizar este informe, pero según las averiguaciones realizada el mismo no fue considerado en la instancia parlamentara. Cabe destacar que el informe se puede encontrar fácilmente en el sitio web de la Contraloría: www.cgr.gob.ve, en la sección informes de gestión.

lunes, 28 de junio de 2010

Parte del Informe del Contralor Clodosbaldo Russián sobre Mercal

Estas son partes del informe que el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, entregó en el 2009 a la Asamblea Nacional, correspondiente al 2008, en el cual advierte de las irregularidades en Mercal, relacionadas con el manejo de alimentos. El resto del documento está a disposición en la página web de la Contraloría: http://www.cgr.gob.ve/

Lo que dice el informe

“El burocratismo y la indolencia, asedian los propósitos gubernamentales de lograr la seguridad alimentaria de la población”, resaltó” el discurso del Contralor, en la sesión convocada para la presentación de la memoria y cuenta y agrega que “este esfuerzo también se ve limitado y condicionado, en lo que podríamos llamar “aguas abajo” del aparato administrativo, por la persistencia de las viejas fallas de la burocracia gubernamental, que inciden de manera negativa en la concreción de los objetivos dirigidos a garantizar de manera estable, la producción, abastecimiento y distribución de alimentos para la ciudadanía”.
Resalta que “como una muestra de esta situación, la Contraloría analizó en el año 2008, la gestión en los ejercicios 2006 y 2007 de la Misión Mercal, específicamente en los rubros leche, pollo y azúcar, y el desempeño parcial de las entidades creadas por las gobernaciones, en los estados Zulia, Mérida y Yaracuy. En lo que concierne a la “cadena del frío”, aspecto clave en este tipo de actividades, la Contraloría inspeccionó más de la mitad de los establecimientos existentes en los estados Aragua, Barinas, Miranda, Táchira, Vargas, Carabobo, Bolívar, Lara, Sucre, Trujillo, Zulia y Distrito Capital”.
El informe señala que “el reiterado incumplimiento de los planes y la tardanza en la ejecución de los proyectos, influyó negativamente en el abastecimiento de leche, pollo y azúcar. Los niveles de producción, importación y abastecimiento de los rubros  leche, pollo y azúcar, en el periodo de referencia, no fueron suficientes para satisfacer la demanda de los consumidores, entre otras causas, por los retrasos en la ejecución de la mayoría de los proyectos a cargo de la Corporación Venezolana Agraria; la CVA Lácteos, S.A; la Empresa Socialista Lácteos del Alba; y Mercal”.
El deficiente mantenimiento de los almacenes de alimentos y la incuria en el manejo de la “cadena del frío”, ponen en riesgo la estabilidad del servicio estatal de abastecimiento alimentario. Los centros de acopio (establecimientos localizados estratégicamente para el almacenamiento, distribución y venta al mayor de alimentos), los módulos tipo I (puntos de venta al detal) y los frigoríficos (establecimientos destinados al almacenamiento de productos refrigerados), que deben funcionar en óptimas condiciones para garantizar la conservación, calidad e idoneidad de los alimentos, adolecen de serias fallas y deficiencias.
Como muestra, he aquí un apretado resumen de ellas: Instalaciones e infraestructura física inadecuadas, deficiencias en la “cadena de frío” (cavas, cuartos de conservación y congelación, neveras y refrigeradoras) y en las condiciones de seguridad e higiene, por la falta de correctivos oportunos y de un efectivo plan de mantenimiento, por parte de las coordinaciones regionales y de las dependencias administrativas y técnicas de las empresas (establecimientos que le prestan servicios a MERCAL, C. A.; LOGICASA Y LA CASA, S.A).
Fallas en el control contable de las entradas y salidas de mercancías, deficiente programación en las compras y en el manejo de los inventarios, limitaciones en la capacidad de almacenamiento.
A este respecto, nuestras comisiones de fiscalización comprobaron: alimentos almacenados en estado de descomposición, envases rotos y oxidados, inventarios de mercancías adquiridas de manera extemporánea con problemas serios de rotación (en particular los rubros propios de la época decembrina). Los centros de acopio y los módulos tipo I, presentan deficiencias en la ventilación e iluminación; los techos, para el momento de las inspecciones, eran de asbesto (amianto), clasificado como altamente tóxico o peligroso; las paredes, techos y pisos tenían filtraciones, grietas, erosión, defectos de relieve; además no fueron construidos con materiales impermeables que evitaran la acumulación y absorción de humedad; las ventanas de todas las instalaciones inspeccionadas, no contaban con las mallas contra insectos.
En la “cadena de frío” se verificó: equipos funcionando por debajo de la capacidad instalada de congelación; otros inoperativos; algunos con daños severos en las puertas, abolladuras y altos niveles de condensación en su interior, debido a la falta del sistema de cerrado hermético. Algunos de los centros de acopio carecían de equipos de refrigeración.
Con respecto a las condiciones de seguridad, higiene y salubridad, se determinó: inexistencia de permisos sanitarios para el uso de las instalaciones; el personal no contaba con los certificados médicos vigentes; los locales carecían de sistemas destinados a la detección y extinción de incendios.

Este es el periodismo que complace al Gobierno

                          
El Banco Federal: la secta secreta de la oligarquía venezolana


(Tomado de www.asambleanacional.gob.ve) Dentro de una marcada campaña mediática empeñada en causar miedo entre los venezolanos por la intervención al Banco Federal por parte del Estado venezolano, se encuentra uno de sus protagonistas, el prófugo y propietario de esta institución financiera y accionista del canal privado Globovisión, Nelson Mezerhane, quien desde la Cuarta República ha pretendido vivir de concesiones dadas por la Nación.
En esta intrincada situación, la punta del iceberg o el epicentro de esta secta oligárquica es el caso del banco recientemente intervenido; así lo analiza en esta entrevista el presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme), Alfredo Riera Hernández, quien participó directamente en los procesos de liquidación y transferencia de los bienes del Estado otorgados a Mezerhane, y en esta primera entrega de este trabajo especial, nos ofrece una visión preocupante de cómo la corrupción manejaba el país.
Ejemplo de esto es el caso de Nelson Mezerhane, quien ha desangrado el patrimonio nacional a través de concesiones leoninas, como el caso del sistema turístico del Waraira Repano, otorgada durante la IV República por el gobierno de Rafael Caldera doblegado a los intereses de los grandes capitalitas y dueños de medios sedientos de poder y más dinero.

-¿Cómo se inicia esta situación fraudulenta con el Waraira Repano?

-Durante el último gobierno de Rafael Caldera, se inició un proceso fuerte de privatización de las empresas o bienes del Estado y las que no entraban en este régimen capitalista simplemente se entregaban en concesiones, como en el caso particular de Inversora Turística Caracas S.A. (Itcsa), cuyas acciones son de dos grupos económicos: Grupo Mezerhane y el Grupo de Luis Emilio Velutini.
“Se unieron en Itcsa para recibir la concesión que les permitiría explotar del sistema turístico del Waraira Repano por 30 años, generándose compromisos, tales como, la cancelación del 5,29% mensual de los ingresos totales mensuales al Estado venezolano, por el uso y explotación de todo lo relacionado con el Sistema Waraira Repano desde el momento que iniciaran la facturaron por la prestación de servicios”.
“Igualmente, dentro de las responsabilidades de Itcsa estaba la recuperación y mantenimiento de las 70 habitaciones y 14 pisos, áreas sociales y de eventos del Hotel Humboldt”.

-Relacionado con esto, ¿qué pasó cuando entró en vigencia la Ley de Crédito para el Sector Turismo?

-En el marco de la Ley Habilitante se promulgó la Ley de Crédito para el Sector Turismo, quedando establecida la liquidación de la extinta Corporación de Turismo de Venezuela, ente que controlaba todos los bienes del Estado relacionados con el turismo y, por ende, pasaron a revisión aquellas concesiones otorgadas a privados.
“Igualmente, dicha ley establece que aquellos bienes, transcurridos dos años, pasan a ser transferidos a la Nación y es en este momento cuando se crea la comisión para la transferencia de dichos bienes, entre los cuales se encontraban el Sistema Teleférico Waraira Repano, el Hotel Humboldt, el Gran Hotel Puerto La Cruz (Edo. Anzoátegui), y el Hotel Gran Caribe en Caraballeda (Edo. Vargas)”.
“Cuando la comisión revisó y evaluó los contratos quedaron evidenciados sendos incumplimientos en lo acordado en la concesión otorgada a Mezerhane, a través de Itcsa”.
“Entre las faltas se puede subrayar, en el caso del sistema Waraira Repano, que contemplaba la explotación turística del mismo, parte de las responsabilidades habían sido entregadas a otras empresas, que también tenían el deber de cancelar el 5,29 % al Estado venezolano, lo cual nunca cumplieron”.

-¿Cuáles fueron las actuaciones de la Junta de Transferencia, la cual tenía el propósito de recuperar el sistema Waraira Repano?

-Para ese momento la Junta de Transferencia determinó que la deuda a la Nación por parte de la empresa de Mezerhane era superior a los 11 millones de bolívares argumentando que no le habían pagado al Estado por tres elementos: el primero era que ellos no habían recibido acta de entrega.
“La segunda explicación fue que ‘él no podía cancelarle al Estado, pues no pudo montar el casino que deseaba de 2 mil metros cuadrados’, por lo cual tenía que construirlo fuera del área del hotel causándole daños ecológicos al Parque Nacional y esto se le prohibió categóricamente”.
“El último argumento era que en la zona de Maripérez, al lado del estacionamiento, estaba un área utilizada por la Guardia Nacional Bolivariana, la cual se retiró del sitio, pero a los tres días el alcalde, para aquel momento, Alfredo Peña, invadió esos espacios con la Policía Metropolitana; aún así eran hechos que no obstaculizaban el correcto funcionamiento del Sistema Teleférico”.
“Con respecto a la falta de acta de entrega, la Junta Liquidadora de esos bienes dio una repuesta contundente expresando que si ellos no habían recibido dicha acta se enviaría un oficio al Ministro de Turismo para aquel momento, a la procuradora general de la República y al presidente Hugo Chávez Frías, recomendando que el Estado debía retomar el control administrativo de esas instalaciones”.
“Para entonces se habían colocado algunos funiculares nuevos y Mezerhane se dio cuenta de que el Estado podía recuperar el Sistema Waraira Repano. Quiso llegar a un acuerdo donde él se debía comprometer a cancelar casi 12 millones de bolívares (12 millardos de bolívares antiguos) como pago del 5,29% de la concesión, además de reparar las instalaciones del Hotel Humboldt, así como la puesta en funcionamiento del teleférico de La Guaira, pues cuando se entregó la concesión, éste estaba en pleno funcionamiento”.
“Ante tales hechos la Junta se presentó ante la Contraloría General de la República para que ésta se pronunciara, la cual determinó que ante el incumplimiento del contrato de concesión se debía pagar una indemnización”.
“Mezerhane, dentro de este proceso, le argumentó al Estado que el dinero no le alcanzaba para pagar los gastos y la indemnización, pero ¿para qué se comprometió mediante un contrato de concesión sin tener las posibilidades de asumirlo?”.
“Cuando se profundizó en el proceso de auditoría de la concesión, se encontraron elementos bastante graves, tales como: que una cosa era lo que se les cobraba a las empresas que trabajaban de arrendatarias y otra lo que se mostraba como ingresos por dicho cobro”.

-El Estado venezolano ¿cómo reaccionó ante estos hechos de corrupción y de daños al patrimonio de la Nación?

-El Estado le indica al empresario que si no existe acta de entrega este bien vuelve al control y administración de la Nación, ya que lo que hubo fue un acto de invasión porque nunca existió un acto de transferencia, ni siquiera las reparaciones, sólo los trabajos para la puesta en funcionamiento de los nuevos funiculares.
“Visto todo esto, Mezerhane se dirige al Ministerio del Poder Popular para el Turismo para cancelar la deuda pendiente de los casi 12 millones de bolívares antes descritos, sólo se aparece con 4 millones de bolívares, lo que representaba 33% de toda la deuda, por lo cual se realizó un documento recibiendo esa cantidad como parte del pago total, el cual él firmó como conforme”.
“Cuando Olga “Titina” Azuaje era ministra de Turismo, la deuda de Mezerhane, sólo por la concesión del Waraira Repano, según arrojó la última auditoría era de Bs. 16 millones (Bs. 16.000.000.000 antiguos), es decir, que en todo ese lapso de tiempo se facturaron como deuda al Estado Bs. 20 millones (Bs. 20.000.000.000) de los cuales él solo ha cancelado Bs. 4 millones”.
“Justo en ese periodo, la empresa decía a los medios de comunicación privados, que el hotel y el teleférico se encontraban bajo el resguardo privatizado de la compañía Inversora Turística Caracas S.A. (Itcsa), que presta sus servicios y mantiene el hotel en buen estado para que los caraqueños y turistas de todo el mundo puedan disfrutar de sus instalaciones, siendo esto una mentira”.

-¿Cuál es el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación y de la Cuarta República?

-La campaña mediática, para entonces, creaba una matriz de opinión donde ellos, la empresa de Mezerhane, eran las víctimas, diciendo que Ávila Mágica niega que la Inversora Turística Caracas le debe 20 millones de bolívares (Bs. 20.000.000.000) al Estado venezolano, declarando esto en ruedas de prensa, el vocero para ese momento fue José María Jiménez, gerente general de Ávila Mágica, quien decía que no se le debía nada al Estado.
“Igualmente, alegando que la cancelación de la concesión era ilegal, pues según ellos la misma no se había vencido, incluso anunciándoles a los medios que la Inversora Turística Caracas asistiría al Ministerio de Turismo para solicitar un antejuicio administrativo contra Venezolana de Turismo (Venetur), por la terminación anticipada del contrato de explotación de la concesión del Sistema Teleférico-Hotel Humboldt”.
“Ellos afirmaban que estaban de acuerdo con Venetur, en cuanto a la recuperación del sistema y ponerlo en operación, pero sugiriendo que la Nación le pagara una indemnización por eso, considerando el costo de inversión, de reposición y manejo del activo turístico”.
“Por ello, el Gobierno, cabalmente, recuperó la concesión otorgada por la presidencia de Rafael Caldera, mediante un proceso de cancelación, aplicando las cláusulas de incumplimiento establecidas en dicho documento y en vista del manejo irresponsable de la misma por parte de la Inversora, dentro del pleno derecho y apegado a las leyes venezolanas”.
“De manera responsable hay que decir que estas acciones no son un capricho de un gobierno contra un empresario en particular, sino que se tomaron medidas contra quien se estaba apoderando de dinero y bienes del Estado. Muestra de este hecho de irresponsabilidad es la inauguración de las áreas sociales del Hotel Humboldt, con la boda de la hija de Luis Emilio Velutini”.
Durante la Cuarta República, se otorgaron concesiones leoninas que atentaron contra el patrimonio del Estado venezolano, es decir, que el capitalismo atentó directamente contra el pueblo venezolano, destruyendo y enriqueciéndose con el dinero de Venezuela, pero eso se acabó en esta Revolución Bolivariana, al no arrodillarnos ante la oligarquía.

sábado, 26 de junio de 2010

Proponen Ley sobre Calidad de Obras de Ingeniería

(Tomado de: www.asambleanacional.gob.ve).- En la reunión de la Comisión de Administración y Servicios, que preside el diputado Luis Gamargo (Miranda), se concedió un derecho de palabra a la ingeniera Claudia Fermín, quien preside Fundalanavial, adscrita al Ministerio Popular para las Obras y Viviendas, quien expuso un papel de trabajo para mejorar la calidad en las obras de infra y superestructura, dentro del marco de la implantación de la cultura de la calidad revolucionaria.
Asistieron a la reunión: el vicepresidente Gonzalo Gualdrón (Barinas) y los parlamentarios miembros: Eddy Ríos (Zulia), Ángel Landaeta (Guárico), Luis Sanz (Miranda), Omar Marcano (Monagas), el vicepresidente de la Comisión de Finanzas, Simón Escalona (Vargas), la secretaria de esa instancia legislativa, Jessy Mantellini y los técnicos de la misma.
Cabe destacar que la solicitud del derecho de palabra para exponer ese papel de trabajo la hizo por el diputado Simón Escalona, a fin de que los miembros de esa dependencia conocieran el planteamiento referido a esa normativa legal.
La ingeniera Claudia Fermín realizó una amplia exposición sobre el Anteproyecto de Ley Sobre Calidad en Obras de Ingeniería”, que consta de 54 artículos y las disposiciones finales y transitorias.
Dijo que su objetivo es regular el conjunto de actividades relativas a la ingeniería, aseguramiento y control de calidad en la ejecución de obras en todo el territorio nacional.
Agregó que el artículo 2 se refiere a la creación del Instituto Bolivariano de Ingeniería, Aseguramiento y Control de calidad, a los fines de establecer un órgano rector garante del control de calidad en obras de ingeniería, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio y estará adscrita al Ministerio de Obras Públicas.

No lo resuelve una ley

El diputado Ángel Landaeta, presidente de la Subcomisión de Servicios Públicos, aclaró que el borrador sobre la Ley Sobre Calidad en Obras de Ingeniería viene a constituir, teóricamente, una necesidad, porque las obras de ingeniería están siendo cuestionadas tanto por la comunidad y órganos del Estado.
Pero, sin embargo, dijo, “creo que esto no se resuelve con una ley, porque la ley que proponen tiene algunas cosas interesantes como fijar un organismo rector que tenga laboratorios para certificar, inspeccionar la calidad de obras que se hagan al igual que las compañías que la construyen”.
Esto es una dualidad, acotó, “porque tenemos leyes y leyes que no se cumplen, esa parte la sustituye un texto que esta en el Código Civil, que tiene más de 50 años, que es el artículo 1.637, donde está la cláusula decenal que dice: si en el curso de 10 años que se ha terminado una obra importante, ésta se deteriora por defecto en la construcción o vicios en las subbases, debe intentarse una acción penal contra la compañía y tiene dos años para efectuarlo, pero nadie lo hace”.
Por otra parte, el parlamentario comentó sobre el año fiscal y el año calendario, eso no tiene que ver con ley, por ejemplo: una carretera se comienza cuando dan los recursos, en febrero o marzo, y la hacen en mayo cuando está lloviendo, por eso propongo cambiar el año fiscal que no sea calendario, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre y que este siga igual.
Destacó que se conocen los recursos que tienen para asignar, se han estudiado los proyectos para ser aplicado, de esa manera se cerraría el 31 julio el año fiscal y en agosto se utiliza para los arreglos administrativos y en septiembre- octubre se desembolsa el presupuesto para que comiencen las construcciones en seco.

No deben crear falsas expectativas con Ley de Alquileres

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, Laura Valls (PPT), criticó que sus compañeros del Psuv estén creando falsas expectativas en torno a la reforma de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.
La parlamentaria se refirió a recientes declaraciones de sus colegas Darío Vivas y Luis Gamargo, quienes han adelantado que el instrumento legal está casi listo y que una de las ideas sería tomar como parte de la inicial para la compra del inmueble el alquiler pagado por las familias que tienen varios años en una vivienda.
En este sentido, Valls manifestó que la subcomisión de Vivienda de la comisión de Administración y Servicios de la que es miembro, "no tiene conocimiento de esas propuestas", además de que la instancia no se ha reunido para analizar el proyecto que el equipo técnico ha elaborado.
"Creo que no es responsable crear falsas expectativas en los inquilinos, porque un planteamiento como ese no sería tan fácil de aplicar", manifestó la parlamentaria. Agregó que tampoco se justifica "hacer este tipo de planteamientos con motivos electorales, puesto que el problema de la falta de vivienda va más allá".

miércoles, 23 de junio de 2010

La terrible historia de cómo destruyen una institución

NOTA: Apreciados lectores, recibí la nota que leerán a continuación y la reproduzco porque relata de manera estricta lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional.

La guadaña que recorre el Parlamento


· ¡Lástima!. Ricardo Durán se estrenó como jefe atropellando y sembrando terror e incertidumbre en sus colegas. El ex reportero del Canal 8 no descansará hasta sustituir a todo el personal de la Oficina de Prensa por periodistas muy jóvenes e inexpertos y que por ende que cumplan órdenes y desinformen

(Especial.-) El pasado viernes 18 de junio continuó el desmantelamiento progresivo de la Oficina de Prensa de la Asamblea Nacional: Cuatro periodistas más de larga trayectoria dentro del Parlamento (Enrique Hernández, 17 años de servicio, Rosario Grijalva, 24 años de servicio, Elsy Álvarez, 16 años de servicio y Eleodina Ramírez, 15 años de servicio) fueron trasladados inconsultamente a otros departamentos.

La arbitraria medida no solo viola el artículo 44 del Estatuto Funcionarial sino la naturaleza profesional de los comunicadores sociales, quienes son cambiados de sus puestos de trabajo para unos lugares donde no pueden ejercer debidamente sus funciones.

Hasta los momentos se ha concretado el traslado de seis (6) comunicadores sociales adscritos a la Oficina de Prensa de la Asamblea Nacional. Como se recordará el pasado 26 de mayo dos periodistas con 20 y 12 años de servicio (Sandra Ayala y Yira Yoyotte) fueron sacadas casi por la fuerza de sus puestos de trabajo.

Fuentes vinculadas a la División de Recursos Humanos del Parlamento han revelado que Ricardo Concepción Durán Trujillo, actual Director de Prensa de la institución, no descasará hasta sustituir a todo el personal adscrito a la oficina de Prensa de la institución. La intención es sustituir a un personal altamente calificado por jóvenes periodistas graduados en la Universidad Bolivariana de Venezuela que cumplan órdenes, no disientan y sobre todo, desinformen sobre el acontecer legislativo del país.

Cabe destacar que Ricardo Durán, desde que asumió el cargo de Director de Prensa de la AN, ha visitado en varias oportunidades la Dirección de Recursos Humanos del Parlamento para conocer cuál es el procedimiento que se lleva a cabo a efectos de despedir o “inhabilitar” a sus compañeros de trabajo. La respuesta que ha dado esta dependencia ha sido la correcta: el Estatuto Funcionarial establece expresamente cuáles son las causales de despido. Al no poder concretar sus intenciones el ex reportero del canal 8 ha optado por trasladar inconsultamente al personal a su cargo. Se trata pues de un plan que pasa por humillar, vejar, discriminar y hacer sentir muy mal, desde el punto de vista emocional y psicológico, a un personal altamente profesional y que además ha sido testigo excepcional de los últimos 20 años de la vida parlamentaria.

¡Lástima! Por Ricardo Concepción Durán Trujillo quien se estrenó como jefe, sin tener mérito para ello, atropellando y sembrando terror en sus colegas. Su poca capacidad no le alcanza para darse cuenta que tarde o temprano lo que está haciendo se puede convertir, de cara a las instancias internacionales, en un caso más de persecución política. Durán pretende ser un verdugo sin saber que con el tiempo las víctimas serán las que tengan la razón. Además no se da cuenta que sus acciones perjudican la imagen de la actual presidenta de la AN, Cilia Flores y demás candidatos a diputados por el PSUV. Solo a él se le ocurre practicar terrorismo laboral dentro de la Asamblea Nacional cuando faltan pocos meses para las elecciones parlamentarias.

En la Dirección de Recursos Humanos aseguran que este tipo de prácticas son recurrentes dentro del Parlamento, solo que en este caso es destacable la magnitud y el ensañamiento. Las fuentes aseguraron que en pasadas administraciones, por ejemplo, cuando el diputado Pedro Carreño asumió la presidencia de la Comisión Permanente de Contraloría fueron trasladados inconsultamente 7 funcionarios adscritos a esa dirección. “En esta oportunidad Durán piensan barrer con todos”, indicó el informante.

Muro de Contención:

El ex reportero del Canal 8 y actual concejal suplente, Ricardo Concepción Durán Trujillo, no ha logrado su propósito de despedir a todo el personal de prensa de la Asamblea Nacional gracias a que la propia Revolución Bolivariana dotó de sendos instrumentos legales a los funcionarios de carrera.

Veamos:

1.- Entre Julio y Noviembre del año 2007 se entregaron, por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Cilia Flores, los Certificados de Carrera Legislativa. El documento da cuenta que el funcionario que lo presente ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Estatuto Funcionarias de la Asamblea Nacional y por lo tanto queda acreditado como Funcionario de Carrera Legislativa. Indica además que el portador del documento posee todos los derechos que acuerdan las leyes de la República. Dichos documentos fueron inscritos en el Libro de Registro de Certificados de Carrera Legislativa No. 1, llevados por la Dirección General de Desarrollo Humano, a cargo de Numidia Flores, prima de la presidenta de la AN.

2.- El 26 de Diciembre de 2.002 fue publicado en la Gaceta Oficial No. 37.598 el Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional.

El Artículo 1 del instrumento indica: El presente Estatuto establecerá los derechos y obligaciones derivados de la relación funcionarial entre la Asamblea nacional y los funcionarios a su servicio y regulará lo concerniente a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, reclasificación, capacitación, adiestramiento, régimen de estabilidad y sistema de remuneración, así como todo lo relativo a la gestión de la función pública en el Parlamento Nacional.

Artículo 44, sobre los Traslados: Los funcionarios de la Asamblea Nacional podrán ser trasladados por razones de servicio, a conveniencia de las partes, de un cargo a otro de la misma clase y para el cual cumpla con los requisitos exigidos, siempre que no se disminuya su sueldo básico y los complementos que le puedan corresponder.

Artículo 45: Los traslados de los funcionarios podrán acordarse: 1) Por solicitud voluntaria del funcionario dirigida a su superior jerárquico, indicando los motivos que lo indicen a formular la petición y 2) Por razones de servicio debidamente autorizados por el presidente de la Asamblea Nacional.

Nada de lo anteriormente descrito se ha cumplido: los funcionarios de carrera legislativa adscritos a la oficina de prensa están siendo trasladados sin haberle consultado previamente la decisión. Durán ha alegado “razones de servicio”, pero esto procede solo cuando el funcionario es pedido por otra dependencia. El irrespeto causado por la medida se extiende, incluso, a los directores de aquellas dependencias donde es enviado el funcionario puesto que éstos también ha manifestado su desconcierto al tener que aceptar a un trabajador a quien no tienen ni siguiera dónde sentarlo, mucho menos cómo darle trabajo.

3.- El 10 de agosto de 2007, según la Gaceta Oficial No. 5.846 Extraordinaria fue publicado el Manuel Descriptivo de Cargos el cual establece como su objetivo principal: modernizar toda la estructura de una institución como lo es la Asamblea Nacional. El documento indica expresamente el propósito de los cargos, los requisitos mínimos exigidos, las competencias y las tareas típicas.

Cronología

Ricardo Concepción Durán Trujillo, cédula de identidad No. 10.382.542 (fecha de nacimiento 8 de diciembre de 1.970) asumió el cargo de Director de Prensa del Parlamento a finales del mes de abril del presente año. De inmediato procedió a despedir a los jefes que tenían cargos de libre nombramiento y remoción. Esto sucedió con los periodistas Ruben Marcano, William Hernández y Cecilio Pérez. Aunque quiso hacer lo mismo con Alcides Castillo no lo logró puesto que este periodista es funcionario de carrera luego de haber ganado en un concurso de credenciales. A Castillo solo pudo ordenarle que tomara las vacaciones que tenía vencidas.

El viernes 7 de mayo Durán Trujillo se reunió con todo el personal de la Oficina de Prensa solo para advertirles que él haría realidad el socialismo dentro del Parlamento. “El que no esté de acuerdo se puede ir”, advirtió el ex reportero de Venezolana de Televisión. Cabe destacar que a esa reunión asistieron dos funcionarios adscritos a la presidencia de la Asamblea Nacional.

El anunciado Socialismo implicó despedir antes de tiempo a dos periodistas que habían sido contratadas hasta el 31 de diciembre de 2.010, obligar a todo aquel que tenía las vacaciones vencidas a disfrutar de las mismas, suspender el sueldo a algunos funcionarios que él no había logrado identificar y llamar a algunos diputados para advertirles que no podían conceder entrevistas al canal de noticias Globovisión. Además, en nombre de la Revolución Bonita, Durán tiene a su disposición un chef, dos asistentes traídas del Canal 8, un chofer y un guardaespaldas.

No conforme con lo anteriormente descrito, Durán Trujillo se estrenó como jefe obligando a todo el personal a firmar a las 8 de la mañana (hora de entrada) y una de la tarde (hora de salida) bajo la supervisión de un supuesto funcionario de Recursos Humanos. Pasados solo algunos segundos de la hora indicada la lista es sacada de circulación y el que queda por fuera no puede asistir ese día a su puesto de trabajo y le será descontado un día de sueldo y un Cesta Tickets.

Asimismo Durán ha dicho que no reconocerá los reposos llevados por familiares de los funcionarios y no permite que los periodistas y el resto del personal solicite permisos para cuidar a algún familiar enfermo. El ex reportero del Canal 8 ordenó, además, que todas las publicaciones realizadas por la Oficina de Prensa de la Asamblea Nacional antes de su llegada fueran enviadas a la basura. Cabe destacar que desde hace años allí se redactaba una publicación denominada “Quórum”. Ya ninguna de estas publicaciones existe.

Cambios revolucionarios

Ricardo Durán y los asistentes que lo acompañan creen que “enrojecer” el portal de la Asamblea Nacional es hacer realidad la Revolución Bolivariana. En la actualidad la página web de esa institución no es ni siguiera una precaria carta de presentación de un partido político que está comenzando en sus andanzas. Es un espacio donde se pretende hacer propaganda, pero para ello se requiere mucha inteligencia y preparación.

Ahora el referido portal presenta, de manera preferencial, información sobre el presidente de la República, Hugo Chávez Frías y demás miembros del Gabinete ministerial, del PSUV y hasta de Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Las informaciones en torno al Parlamento pasaron a un segundo plano.

La cobertura de la fuente parlamentaria requiere del conocimiento mínimo del lenguaje legislativo. Se debe saber, por ejemplo, cuál es el procedimiento contemplado en la Constitución Nacional para discutir y aprobar una ley. Los colegas que han sido trasladados inconsultamente de sus cargos están siendo sustituidos por jóvenes periodistas que, incluso, ignoran cómo se escribe el apellido del vicepresidente del Parlamento Latinoamericano Walter Gaviria.

Las pocas notas de prensa sobre la actividad parlamentaria que hoy se exponen en el portal del Parlamento carecen del rigor que impone la fuente: las notas de prensa sobre las plenarias no reflejan los debates que se llevan a cabo en Cámara, no informan sobre el estatus del instrumento, no indican a qué instancia fueron remitidas luego de la discusión y mucho menos recogen, como debe ser, la opinión de los parlamentarios de la oposición, llámese Podemos o del Frente Humanista. ¡Por Dios!, en el foro político por excelencia no puede suceder eso.

Llamado a los colegas de la fuente parlamentaria

Dada la situación, los periodistas que en la actualidad cubren la fuente parlamentaria tienen por delante una gran tarea: informarle al país lo que realmente está sucediendo dentro de la Asamblea Nacional. Estos profesionales deben tomar en consideración que en el Parlamento se produce una información privilegiada puesto que en ninguna otra institución del país se legisla y se toman las decisiones que allí se generan.

Si la situación sigue como la ha planteado Ricardo Durán, si todas las medidas tomadas contra los periodistas de la Oficina de Prensa del Parlamento busca, entre otras cosas, ocultar información, los periodistas destacados en el Palacio Federal Legislativo, están en la obligación de no bajar la guardia y reflejar en cada uno de los medios de comunicación donde trabajan lo que sucede en el Poder Legislativo.

Al hacer una revisión de todas las páginas web de los ministerios y del resto de los Poderes Públicos (Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral) nos damos cuenta que este plan perverso de enrojecer el portal de una institución es, en este momento, exclusivo de la Asamblea Nacional. Todos los demás espacios son, por lo general de color azul y apegados estrictamente a la institucionalidad. No nos queda sino preguntarnos: ¿Será que la inminente presencia de los sectores de la oposición dentro de la Asamblea Nacional obligó a Ricardo Durán y sus asesores a cometer estas locuras profesionales?.

martes, 22 de junio de 2010

Leyes para crear el Estado Comunal

La Ley Orgánica de Comunas crea un nuevo Estado

Este martes fueron presentadas para primera discusión las leyes de  Contraloría Social, Economía Comunal y de Comunas, con lo cual  aceleran el paso a la conformación  del Estado Comunal. A estas  últimas les aprobaron la urgencia reglamentaria, acción que fue  calificada como un “abuso de poder” por la diputada por el Frente  Humanista, Pastora Medina, quien negó el voto en nombre de la  oposición.
La mayoría socialista espera sancionarlas antes del 26 de septiembre,  de manera de instaurar estas nuevas formas de poder y de economía, en  víspera de los comicios parlamentarios, según se conoció en fuentes
legislativas. La Ley define el Estado comunal como una: “Forma de  organización político social (...) en la cual el poder es ejercido  directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad  social”. Las comunas son instancias "de gobierno territorial del  pueblo". Como principal organismo de deliberación la ley consagra el  "Parlamento Comunal", cuyas decisiones se  expresan mediante la  aprobación de normativas para la regulación de la vida social y  comunitaria, garantizar el orden público, la convivencia y la primacía
del interés colectivo sobre el particular, así como en la  planificación, coordinación y ejecución de actos del gobierno comunal.   El instrumento jurídico está conformado por 10 títulos, 67 artículos  y 5 disposiciones".

Economía comunal
La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico  Comunal establece los procedimientos que rigen el sistema económico  comunal "para desplegar el modelo productivo socialista". Se instaura  el Sistema Económico Comunal como el “conjunto de relaciones sociales  de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes,  servicios y saberes (...) orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista".  La ley establece el trueque, las monedas comunales y formas de
propiedad social directa e indirecta. Nacen organizaciones socio  productivas que no pagarán impuestos ni costos de registro y tendrán  facilidad de acceso a divisas extranjeras. La ley de Contraloría  Social establece la supervisión individual o colectiva de las actividades del sector público y privado que afecten el bien común.

Presupuesto en Bs. 179 millardos

Para cerrar el primer semestre del año, la Asamblea Nacional (AN) ha  créditos adicionales por 19 millardos de bolívares, con lo cual el  presupuesto de 2010 se cola 179 millardos de bolívares.  Con urgencia reglamentaria y sin previa discusión y aprobación de la  Comisión de Finanzas, la plenaria dio el visto bueno este martes a  tres erogaciones extras por 2.63 millardos de bolívares, todos  solicitados por la Vicepresidencia Ejecutiva. Para los diferentes  organismos de la administración pública, ordenadores de pago y sus  entes adscritos, fueron aprobados dos mil millones de bolívares.  Mientras que al ministerio de Obras Públicas y Vivienda le autorizaron  3 millones 500 mil bolívares. Además, el despacho de Trabajo y Seguridad Social recibirá 600 millones de bolívares.

LOT vuelve a la palestra
Este año el país contará con una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT)  más beneficiosa para los trabajadores, anunció el vicepresidente de la  Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), Oswaldo  Vera.  “En el Parlamento se continúa discutiendo la reforma a la LOT y tres  puntos son claves en la modificación de la misma. “El primero es  tratar de eliminar lo que los mismos trabajadores han llamado la impunidad de los patronos ante las decisiones del Ministerio para el  Trabajo. En este momento tenemos 20 mil órdenes de reenganche emitidas  por el Ministerio que no están siendo cumplidas por los patronos”, dijo Vera. Lo segundo es eliminar la tercerización. “Las empresas  obligan a los trabajadores a crear una empresa que no es real, para  contratarla como tal y así no cancelarles los beneficios establecidos
en la ley. Estos casos no sólo se han presentado en empresas privadas,  sino también en las cooperativas”. El tercer punto tiene que ver con  acabar con los despidos injustificados. "Otras  propuestas están  relacionadas con reducir la jornada laboral y aumentar la multa si el  patrón no cumple con lo establecido en la ley, incluso se plantea  sancionarlos con el cierre temporal o hasta expropiarlos si persisten  en la falta". Esta ley estará lista en septiembre antes de las  elecciones del 26 de septiembre.

lunes, 21 de junio de 2010

Leyes para instaurar el Poder Popular

Lineamientos de la Ley de Economía Popular

Estos son los lineamientos de la Ley de Economía Popular que entrará a
primera discusión en la Asamblea Nacional.
*Se crea un modelo socio-productivo comunitario para la consolidación de la economía popular, basada en los proyectos, necesidades y realidades de las comunidades.
*Se democratiza la producción y se libera del yugo del mercado capitalista de bienes y servicios.
*Se fomenta el nuevo modelo de producción e intercambio de saberes, bienes y servicios adecuado a las necesidades sociales de las comunidades articuladas entre sí, para fortalecer un sistema de intercambio y transformación del entorno y las relaciones sociales de producción.
*Se consolidan las organizaciones socio productivas comunitarias, unidades comunitarias con autonomía de gestión orientadas a la satisfacción de sus necesidades.
*Se usa el instrumento jurídico para luchar contra la exclusión, la desigualdad, los privilegios y la pobreza.
*Se potencia los diversos tipos de propiedad: empresa de propiedad social directa o comunal, empresa de propiedad social indirecta,empresa de producción social empresa de distribución social, empresa de autogestión, unidad productiva familiar, grupos de intercambio solidario y grupos de trueque comunitario.
*Se crea un Registro de Organizaciones o Grupos de Intercambio solidario, a fin de mantener registro y control de las organizaciones socio-productivas comunitarias en cualquiera de sus formas.
*Se evalán los proyectos de estas organizaciones para brindar acompañamiento y asistencia técnica para ser presentados ante organismos de financiamiento.
*Se crea el Sistema Alternativo de Intercambio Solidario para promover las actividades de los prosumidores dentro y fuera de sus comunidades antes, durante y después del intercambio sin uso de moneda ni prácticas financieras del mercado.
*Se regula y establecen sanciones a quien infrinja las normativas de este sistema.
Beneficios de la Ley
*Fomento y desarrollo de la economía popular, sobre la base de proyectos impulsados por las propias comunidades organizadas.
*Incentivar en la comunidad valores sociales basados en la igualdad, solidaridad, corresponsabilidad y justicia social.
*Promover formas de organización comunal dirigidas a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad, respetando las características y particularidades locales mediante mecanismos financieros, económicos,
educativos, sociales y culturales.
*Fomentar un modelo socio productivo comunitario y sus formas de organización comunal en todo el territorio nacional.
*Aumento y expansión de la base productiva.
*Desarrollo de formas de producción solidaria y autogestionaria.

viernes, 18 de junio de 2010

Van seis traslados arbitrarios en prensa de la AN

A los primeros traslados de dos periodistas de la Asamblea Nacional a oficinas que nada tienen que ver con su profesión, este viernes se produjeron otros cuatro movimientos.
Así continúa el desmantelamiento institucional de un departamento de prensa que lleva por lo menos 30 años, desde del viejo Congreso de la República, pasando por estos 11 años de administración chapista.
Por no hacer más daños a los colegas afectados no los voy a nombrar, pues es bien sabido en la AN que tienen una estrategia de amedrentamiento que ha obligado a la mayoría a callar y pasar agachado, so pena de sufrir las consecuencias.
Las nuevas autoridades de la dirección de prensa de la AN no han tenido miramientos ni consideración con los profesionales que desde hace 10, 12, 15 y hasta 24 años trabajan allí, haciendo lo que aprendieron: periodismo.
Ahora han “salido” de cuatro colegas de los más antiguos del departamento, quienes se mantuvieron allí porque, sin importar el momento político, hacían un trabajo institucional.
El traslado desecha la experiencia, el conocimiento del trabajo parlamentario y del proceso de hacer leyes que no es fácil ni se aprende de un día para el otro. Tal vez parece fácil, pero estar pendiente de una sesión que mínimo dura cuatro horas no cualquiera lo hace, porque abunda la información, sobran los discursos y las triquiñuelas políticas.
Trabajar en una comisión, hacerle seguimiento, conocer las leyes que allí se redactan, asistir a las interpelaciones, tampoco es pan comido, ni se aprende en la universidad. Ese capital humano está siendo desechado por la nueva estrategia socialista del Parlamento.
Aún quedan otros movimientos, nos han informado… y seguiremos allí para contarlo, hasta que podamos.

jueves, 17 de junio de 2010

Ahora el Estado será el gran empresario de tierras

Bajo la premisa de garantizar la seguridad alimentaria, el Estado se reservará el proceso de producción de los rubros procedentes del campo, según lo establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, sancionada finalmente en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN).
Con el voto salvado de la oposición, en la sesión se leyó el informe definitivo de la norma que en su artículo 146 señala: “El Ejecutivo Nacional podrá asumir directamente las actividades de producción primaria, industrialización, distribución, intercambio y comercialización, relacionadas con el fin de fortalecer el aparato productivo nacional y consolidar la garantía de soberanía agroalimentaria”.
Asimismo, el Estado se convertirá en un empresario de tierras, al pasar a controlar todo lo que tiene que ver con la propiedad de las mismas, incluso las privadas, una vez afectadas, según los criterios establecidos en la ley. Artículo 147. En ejecución del artículo anterior, el Ejecutivo Nacional creará una empresa de propiedad estatal, que tendrá el carácter de empresa matriz, tenedora de las acciones de empresas del Estado del sector agrícola que le sean adscritas o cuya creación le sea autorizada, cuyo objeto estará dirigido a la consolidación de una participación determinante del Estado venezolano en la producción, manufactura, distribución, intercambio y comercialización, nacional e internacional, de productos agrícolas y alimentos.

Cero latifundio

Se elimina la tercerización y el latifundio “como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo”, además de que “con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, a los efectos de este Decreto Ley, queda afectado el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la producción agroalimentaria”.
También establece que “las organizaciones colectivas económicas para la producción agraria, se  establecerán teniendo como base los principios de mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema colectivo, cooperativo, comunitario, consejos de campesinos y campesinas, consejos comunales y
cualquier otro tipo de organización colectiva. En tal sentido, se estructurará el fundo colectivo mediante la organización y destinación de bienes productivos, la organización de personas para el trabajo colectivo y el desarrollo del poder autogestionario de los mismos”.
Asimismo, “las actividades agrarias de mecanización, recolección, transporte, transformación, distribución e intercambio de productos agrarios, se establecerán en forma autogestionaria y cogestionaria a través de consejos comunales, consejos de campesinos y campesinas, organizaciones cooperativas, comunas y cualquier otro tipo de organización colectiva”.

Dinero para el “chupa dólares”
Con la protesta de la oposición, por la autorización de créditos adicionales sin control, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), aprobó recursos adicionales por 28.3 millones de bolívares para comprar repuestos para el avión presidencial, conocido como “el chupa dólares”.
Este crédito formó parte de las cinco solicitudes de recursos por parte de tres ministerios y dos despachos gubernamentales. Esta sesión se produjo bajo la insistencia de los diputados de la oposición de que no había quórum para funcionar, lo cual llevó a los legisladores pedir la verificación nominal de la asistencia que dio cuenta de 128 presentes. Y fue en medio de esta discusión cuando fueron presentados los créditos adicionales y se produjo la crítica de los opositores que pidieron debatir el problema de los medicamentos vencidos y los alimentos dañados que se han venido encontrando en varios estados del país.
Fue el diputado Ismael García quien hizo el planteamiento, secundado por compañeros del Frente Humanista, con el argumento de que “mientras se aprueban recursos para que una y otra vez se repare el avión de Chávez, nadie responde por el dinero que se gastó en traer esos alimentos al país”.
Los reclamos hicieron estallar en cólera a los parlamentarios chavistas, quienes calificaron de “desubicados, disociados, y mezquinos” a sus compañeros, además de afirmar que deseaban que “el avión del Presidente se caiga”.
El debate planteado por García fue negado, así como la petición de Pastora Medina de que se investigue “por qué se ha paralizado el Programa Alimentario Escolar (PAE), desde hace tres meses.

miércoles, 16 de junio de 2010

LAEE entra a segunda discusión

LEY DE ASIGNACIONES ECONÓMICAS ESPECIALES
DERIVADAS DE MINAS E HIDROCARBUROS

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer el Régimen de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos, en beneficio de las entidades políticos territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, de conformidad con lo previsto en el articulo 156, numeral 16, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los recursos que tengan el carácter de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos formarán parte de los ingresos del Fondo de Compensación Interterritorial, que son administrados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, órgano facultado para esto.
Artículo 2. Para el cálculo de las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos se procederá de la siguiente forma: 1. Del monto total de los ingresos fiscales recaudados durante el
respectivo ejercicio presupuestario, por concepto de tributos y regalías contemplado en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de Minas, se deducirá el monto correspondiente por concepto de Situado Constitucional. 2. Del monto resultante según el numeral anterior, se constituirá un apartado presupuestario equivalente a un porcentaje mínimo del veinticinco por ciento (25%) de dicho monto, correspondiente a Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos. Este monto discriminará la cantidad proveniente por Ley de Minas y la cantidad proveniente por Ley de Hidrocarburos. 3. Las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos se distribuirán en beneficio de las entidades políticos territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, en la forma que señala la presente Ley y tal como lo determine el Fondo de Compensación Interterritorial. El monto por concepto de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos será aprobado por la Asamblea Nacional tomando en cuenta la estimación presupuestaria formulada por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 3. Las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular, deberán invertir las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos según lo establecido en la presente Ley, en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, sus reglamentos, y en los actos dictados al efecto por dicho Consejo. Los recursos asignados a cada una de las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular, se destinarán al financiamiento de proyectos seleccionados y aprobados por la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley del Consejo Federal de Gobierno, sus reglamentos, y en los actos dictados al efecto por dicho Consejo.
Artículo 4. Las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular, podrán celebrar convenios especiales entre ellos, con el objeto de aprovechar en obras o servicios de interés común, de manera conjunta, los recursos que le fueren asignados por concepto de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos.
Artículo 5. Del monto total de recursos por concepto de asignaciones económicas especiales provenientes de la Ley de Hidrocarburos, determinado conforme al artículo 2 de la presente Ley, se deducirá una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de dicho monto, a partir del cual se constituirá un apartado presupuestario con el cual se efectuará una asignación adicional para las entidades político territoriales en
cuyo territorio se realicen procesos de refinación de hidrocarburos y procesos petroquímicos. Estos recursos se consolidarán en un único monto y se distribuirán de acuerdo con la proporción de volúmenes de crudo refinados en cada estado, en el ejercicio fiscal anterior. Del monto resultante, luego de efectuada la deducción a que refiere el encabezado del presente artículo, se destinará el setenta por ciento (70%) a los estados en cuyo territorio se encuentran situados yacimientos de hidrocarburos, y el treinta por ciento (30%) restante será distribuido entre aquellos estados en cuyo territorio no existen dichos yacimientos.
Artículo 6. El monto determinado por concepto de asignaciones económicas especiales,proveniente de la Ley  de Minas, conforme al artículo 2 de la presente Ley, se distribuirá proporcionalmente entre los estados en cuyos territorios se encuentren situados yacimientos mineros, sobre la base de los niveles de producción que se generen en cada estado.
Artículo 7. A fin de determinar los porcentajes de distribución de las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos para las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular, la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno aplicará el índice relativo de desarrollo (IRD), tomando como base las variables necesarias que permitan determinar los desequilibrios territoriales a través de estadísticas suministradas por los órganos y entes competentes a requerimiento de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.El cálculo del índice relativo de desarrollo (IRD) será efectuado por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, con base en las variables que considere conveniente, entre las cuales se considerarán el índice de desarrollo humano, el ingreso per cápita, el índice de pobreza y el esfuerzo tributario relativo.
Artículo 8. Las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos, se distribuirán entre las entidades políticas territoriales y las organizaciones de base del poder popular, con base en los porcentajes y criterios establecidos por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, atendiendo a mecanismos que garanticen la superación de las diferencias y desventajas entre las distintas entidades político
territoriales y aseguren la compensación de éstas.
Artículo 9. Cuando las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos tengan por origen créditos adicionales aportados como remanentes, no programados, ni presupuestados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, serán distribuidas de la siguiente manera: 1. Treinta por ciento (30%) para los Estados. 2. Veinte por ciento (20%) para los Municipios. 3. Cincuenta por ciento (50%) para las organizaciones de base del Poder Popular.
Artículo 10. Las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos atribuidas a las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular, se destinarán exclusivamente a gastos de inversión en proyectos aprobados por la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno. Dichos proyectos deberán formularse conforme a los lineamientos y políticas de la Comisión Central de Planificación y del Consejo Federal de Gobierno.
Artículo 11. Las entidades territoriales y las organizaciones de base del poder popular,coordinarán respectivamente con sus Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, con los Consejos Locales de Planificación Pública o con los Consejos Comunales, las inversiones derivadas de la aplicación de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167, numeral 6, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A tales efectos, las entidades territoriales y las organizaciones de base del poder popular deberá someter a la consideración de sus respectivos Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de políticas Públicas y con los Consejos Locales de Planificación Pública a los Consejos Comunales, el destino que propongan darle curso a los recursos provenientes de esta Ley. Posteriormente, el Gobernador o Gobernadora, el Alcalde o Alcaldesa, el Alcalde o Alcaldesa Metropolitano de Caracas y el Alcalde o la Alcaldesa del Distrito Alto Apure, incorporarán la propuesta aprobada en el respectivo proyecto de ley u ordenanza de presupuesto o de crédito adicional, que deba someter a la consideración del Consejo Legislativo Regional o Municipal, del Cabildo Metropolitano o del Cabildo Distrital, según corresponda.
Artículo 12. El Gobernador o Gobernadora de cada estado, el Alcalde o Alcaldesa de cada municipio, el Alcalde o Alcaldesa Metropolitano de Caracas, el Alcalde o Alcaldesa del Distrito Alto Apure y los representantes de las organizaciones de base del poder popular,tendrán a su cargo la presentación de los proyectos en las Unidades Receptoras Estadales (URE), así como la responsabilidad por la ejecución de los mismos, si estos fueren aprobados por la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su reglamento.
Artículo 13. Excepcionalmente, los proyectos aprobados por la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno podrán ser ejecutados por órganos o entes del Poder Público Nacional, pero dicha circunstancia deberá ser expuesta al presentar el proyecto y deberá contar con la autorización expresa de dicha Secretaría. Cuando se acuerde la ejecución del programa o proyecto a través de algún órgano o ente del Poder Nacional, deberá suscribirse la encomienda convenida respectiva, debiendo hacerse la previsión correspondiente en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente, respecto del aporte del Ejecutivo Nacional. El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, en la oportunidad de presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente, entregará como anexos, los programas de inversión y convenios que deban ejecutarse conforme lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 14. La ejecución de los proyectos aprobados a los gobiernos municipales, estadales y las organizaciones de base del poder popular podrá ser reasignada excepcionalmente a algún ente u organización distinto al cual se le hubiere aprobado originalmente, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias: 1. El ente u organización no hubiere iniciado la ejecución del proyecto transcurridos treinta (30) días desde la fecha en que los recursos estén disponibles; 2. Incapacidad manifiesta y evidente para la ejecución del proyecto por parte del ente u organización solicitante; 3. Retrasos en la ejecución de las obras o acciones que el proyecto requiere de acuerdo al cronograma de ejecución aprobado, o; 4. Cualquiera otra situación que, a juicio de la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno, atente contra la concreción del proyecto y el disfrute de las ventajas que el proyecto represente para la población a la que estaba destinado.
Artículo 15. Las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos otorgadas a las entidades político territoriales se considerarán ingresos ordinarios para gastos de inversión en los proyectos.
El cálculo de las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos no podrá en ningún caso, disminuir el monto a distribuir entre los estados, los municipios, el Distrito Metropolitano de Caracas y el Distrito Alto Apure, por concepto de Situado Constitucional o Municipal, debiendo establecerse la partida correspondiente en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de cada año.
Artículo 16. Los recursos provenientes de la aplicación de esta Ley,
solicitados por las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular, se transferirán mediante la apertura de fideicomisos en la banca pública, previa aprobación del respectivo proyecto por parte de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.
Artículo 17. Los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o las alcaldesas, el Alcalde o la Alcaldesa Metropolitano de Caracas, el Alcalde o Alcaldesa del Distrito Alto Apure y los representantes de las organizaciones de base del poder popular deberán informar a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de políticas Públicas, a los Consejos Locales de Planificación Pública y a los Consejos Comunales sobre la ejecución de los proyectos financiados con los recursos provenientes de la aplicación de esta Ley. Los organismos contralores competentes velarán por el correcto manejo de las asignaciones económicas especiales. La información estadística sobre los recursos asignados y ejecutados por las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular debe ser enviada trimestralmente a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).
Artículo 18. A los fines de salvaguardar los intereses de la ciudadanía, promover la participación, el seguimiento y control social de las políticas públicas por parte del pueblo venezolano, las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular deberán mantener informadas a las comunidades organizadas. Asimismo, las gobernaciones y alcaldías deberán incluir la desagregación hasta el nivel
parroquial de los programas y proyectos a financiar con la presente Ley y publicar en los respectivos medios de comunicación regionales y alternativos, los programas y proyectos aprobados por la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno.
Artículo 19. Las asignaciones económicas especiales de los estados, los municipios, del Distrito Metropolitano de Caracas, del Distrito Alto Apure y de los Consejos Comunales quedarán incluidas en las respectivas leyes anuales del presupuesto de la República.
Artículo 20. Lo previsto en la presente Ley se aplicará a partir de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2011. La ejecución de recursos con cargo a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, para lo que resta del ejercicio fiscal 2010, serán transferidos por el Ministerio de Planificación y Finanzas, según las alícuotas ya previamente establecidas, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 y según la programación de pagos correspondiente.
Artículo 21. Las situaciones no previstas en la presente Ley serán resueltas por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.
Artículo 22. Se deroga la “Ley de Asignaciones Económicas Especiales
derivadas de Minas e Hidrocarburos”, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 5824 de fecha 13 de octubre de 2006.

martes, 15 de junio de 2010

Una Web Roja-Rojita

La degeneración de la información en la Asamblea Nacional

Desde hace unas semanas, la información sobre la Asamblea Nacional difundida, a través de su página web, ha venido degenerándose, a tal punto que ahora parece el portal de cualquier organismo del Gobierno, bastante alejado de una herramienta de consulta sobre el acontecer legislativo del país.
Aclaramos que la página web de la AN nunca ha sido perfecta, pero sí bastante útil, en cuanto a que se encontraba información, principalmente la información sobre la actividad en las comisiones, las reseñas de las plenarias y cantidad de datos, archivos y documentos.
Ahora, la realidad es otra. Más allá de encontrar un portal rojo-rojito, destaca el hecho de que se encuentran todo tipo de informaciones procedentes de cualquier actividad del Ejecutivo y si es sobre el presidente Chávez, más rápido. Las informaciones sobre el PSUV también están primero, además de que en el site hay un vínculo que lleva directamente a los acontecimientos del partido de Gobierno.
Las informaciones que se producen en el Poder Legislativo están de “últimas en la cola”, pero, sobre todo, se nota la redacción parcializada de las mismas. Hasta hace poco, en la nota de la plenaria, por ejemplo, destacaba el debate como tal, las intervenciones de los diputados, sin interpretación y el reflejo del contenido de los instrumentos legales.
Actualmente, este trabajo ha desmejorado. La redacción es completamente parcializada y solamente refleja las intervenciones complacientes de los diputados. Para leer un ejemplo pueden consultar la reseña de la última sesión, donde sólo se habla de las bondades de la Ley de Tierras, pero no se informa dónde quedó el debate, ni se explica por qué fue diferido.
En las comisiones, la situación es similar, salvo algunas excepciones. Pero, desde hace tiempo que casi todas las comisiones funcionan a puerta cerrada y se permite el paso de la prensa, cuando a los diputados les conviene. Compruebe usted mismo el contenido de esta web. www.asambleancional.gob.ve

lunes, 14 de junio de 2010

Diputado Sanguino:

Intervención del Federal está ajustado a la ley

Tomado de ANTV. El diputado de la Comisión de Finanzas de la AN, Ricardo Sanguino, indicó que la intervención del Banco Federal se hizo porque la institución financiera viene arrastrando un proceso de recuperación desde hace años.
Informó que el Federal venía de un proceso de recuperación que se inició con la crisis del año 94 y que en ese proceso tuvo dos programa de recuperación: uno de 1999 al 2002 y otro del 2003 al 2008.
Manifestó que luego el Sudeban le solicitó a los dueños del banco que debían hacer un aporte capital alrededor de un mil 500 millones de bolívares fuertes, y que los ahorristas debían aportar cien mil bolívares, “pero ese proceso no se les permitió porque venían arrastrando problemas”.
Por otra parte, Sanguino aseguró que el Banco Federal tiene aproximadamente 285 mil clientes, “por lo que Fogade de acuerdo a la ley general de bancos e instituciones financieras que devolverá hasta 30 mil bolívares, va a entregar el dinero solamente a 275 mil clientes, lo que corresponde un 96% del total”.  “Fogade va a hacer erogaciones por el orden de los 2 mil 145 millones de bolívares y estamos conciente de lo que esto significa”.
Con respecto a las declaraciones dadas por Nelson Mezerhane en la que señala que lo había presionado para sacar a Alberto Federico Ravel de Globovisión, y que el objetivo de toda la acción es debilitar el canal, el parlamentario comentó que esa persona sólo se justifica ante las acciones ejercidas por el Estado venezolano. “No hay vuelta a tras, no se puede argumentar razones de carácter político. Son razones de estricto manejo de unos recursos que no fueron bien conducidos desde el punto de vista de una gestión de una institución financiera y como tal el Estado venezolano actuó”, dijo.
También aseveró que la orden de captura contra Zuloaga el viernes y la intervención del Banco Federal hoy son “coincidencias en el tiempo”. Asimismo, Ricardo Sanguino destacó que no está planteado que el Estado venezolano retire de “un sólo golpe” los recursos que tiene en la banca privada ya que “se crearía un problema”.

El acelerador del Parlamento

Cuatro leyes considera la AN y pone el acelerador

En la Asamblea Nacional son unos bárbaros. Este martes van a considerar cuatro leyes en una sola jornada, lo cual demuestra que están poniendo el acelerador para aprobar más leyes, antes del 15 de agosto. En el orden del día de la sesión figura la continuación de la segunda discusión de la reforma de la Ley de Tierras, de la cual solamente faltan unos artículos y las disposiciones transitorias. Se prevé que esta ley sea sancionada. Igualmente, aprobarán en primera discusión y con urgencia reglamentaria, las leyes del Sistema Eléctrico, del Mercado de Valores y la reforma del Código de Ética del Juez. En las próximas semanas lanzarán al ruedo las leyes de las Comunas, del Poder Popular, de Economía Popular y de Propiedad Social. Y las sorpresa más grande será la de la Ley Orgánica del Trabajo.

Viene sanción de leyes del Fides y del LAEE

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional realizará una reunión extraordinaria para aprobar los informes para segunda discusión de los proyectos de Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE) y de la Ley Especial de Liquidación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). De esta manera, se tiene previsto que la reunión se realice este miércoles a las diez de la mañana en la mencionada instancia
legislativa para la respectiva consideración de los citados instrumentos legales, los cuales serán remitidos a la plenaria para su respectiva consideración y sanción.

jueves, 10 de junio de 2010

Hasta 8 años de cárcel a quienes dañen instalaciones eléctricas

Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico

En la Asamblea Nacional (AN), después varios años de retraso, redactaron la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que establece penas de entre 1 a 8 años de prisión, por el hurto de energía eléctrica o el daño a estalaciones de este tipo.
“El que ataque, dañe intencionalmente, sabotee o instigue a delinquir contra las instalaciones, plantas, centros, establecimientos o equipos destinados a la prestación del servicio eléctrico, o de manera intencional ocasione la interrupción del mismo en todo o en parte del territorio nacional, será castigado con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”, señala el artículo 107.
El artículo 108 señala que “toda persona que hurte la energía eléctrica con el fin de apoderarse, aprovecharse y lucrarse, mediante conexiones no autorizadas por el operador y prestador del servicio, será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años”. Igual pena tendrá el hurto de equipos o instalaciones eléctricas. Asimismo, “toda persona que emplee la electricidad para uso comercial o industrial, que altere, interfiera u obstruya los equipos de suministro, instrumentos de medición o de sus equipos asociados, de forma que el consumo de energía eléctrica no quede debidamente registrado en el medidor correspondiente, será penada con prisión de uno (1) a cinco (5) años”.
Otras penas
Artículo 92.- Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento o en las normas que la desarrollen, serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el presente Título. La responsabilidad administrativa no excluye la civil o penal.
Artículo 93.-Las sanciones que pueden imponerse a las infracciones, incumplimientos y delitos tipificados en esta Ley, son: 1. Multa; 2. Revocatoria de la habilitación administrativa; 3. Prisión. Artículo 94.- Se considerarán circunstancias agravantes de las infracciones, incumplimientos y delitos previstos en el presente Título, las siguientes: 1. El daño para la vida y salud de las personas; 2. El daño material causado a los bienes; 3. El daño causado al medio ambiente; 4. El daño causado a otros servicios públicos; 5. La cantidad y tipo de usuarios y usuarias perjudicados por la falla del servicio eléctrico; 6. La cantidad de energía eléctrica dejada de suministrar; 7. El tiempo de afectación del servicio eléctrico; 8. El lucro obtenido indebidamente; 9. La reincidencia en la misma infracción sancionada, en el lapso de un (1) año; 10. Que el infractor destine la energía eléctrica para uso comercial o industrial.
Artículo 95.- Se considerarán circunstancias atenuantes de las infracciones, incumplimientos y delitos previstos en este Título, las siguientes: 1. Que se haya cometido la infracción por primera vez; 2. La disposición manifiesta y expresa por parte del infractor o infractora de reparar el daño causado; 3. La disposición del infractor o infractora a colaborar y participar en la ejecución de programas comunitarios; 4. La colaboración del infractor o infractora en el esclarecimiento de los hechos; 5. Cualquier otro hecho que aprecie el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica.
Artículo 96.- Las acciones administrativas y las sanciones establecidas en esta Ley prescribirán a los cinco (5) años, contados a partir de la comisión de la infracción o de la decisión del procedimiento administrativo, según corresponda.
Artículo 97.- Si los tipos penales previstos en este Título son cometidos por trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del servicio, la pena aplicable será la máxima establecida para cada caso.
Artículo 98.- El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Título se aplicará de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo al caso.
Artículo 99.- El operador y prestador del servicio será sancionado con multa de cinco mil unidades tributarias (5.000 UT) a diez mil unidades tributarias (10.000 UT), cuando incurra en los supuestos de hecho siguientes: 1. El incumplimiento de las instrucciones operativas emanadas del órgano encargado del despacho del Sistema Eléctrico Nacional; 2. La negativa de poner a disposición del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica, la totalidad de la energía y potencia disponible de sus instalaciones; 3. El incumplimiento de las normas técnicas de instalación, operación y de seguridad para las instalaciones de generación, transmisión y distribución; 4. El incumplimiento de las normas de calidad del servicio para las actividades de Generación, Transmisión, Distribución y Atención al Usuario; 5. El incumplimiento del deber de reembolso de los montos cobrados en exceso a los usuarios y usuarias; 6. La negativa a permitir las fiscalizaciones y auditorias o cualquier acción que dificulte la ejecución de las mismas, conforme a las normas que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica; 7. La negativa u omisión en la entrega de información en la oportunidad y los lapsos fijados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica; 8. La negativa de suministrar energía eléctrica a los usuarios y usuarias sin causa justificada; 9. La negativa injustificada a compensar los daños ocasionados a los usuarios y usuarias por fallas o deficiencia en la calidad del servicio eléctrico; 10. La interrupción o suspensión del servicio sin que medien los requisitos legales; 11. La falta de respuesta oportuna y adecuada a los reclamos de los usuarios y usuarias.
Artículo 100.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica deberá abrir las averiguaciones administrativas correspondientes con el fin de determinar las responsabilidades que pudieren recaer sobre el operador y prestador del servicio, así como sobre los miembros del respectivo
Directorio o Junta Directiva o cualquier otra persona a su servicio y ordenar la aplicación de los correctivos y sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con la normativa que rija la materia.
Artículo 101.- Se aplicará multa desde cinco mil unidades tributarias (5.000 UTUT) a las personas naturales o jurídicas que autogeneren más de dos megavatios (2 MW), sin la debida habilitación administrativa del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica. La liquidación de la multa prevista en este artículo no exime al propietario de las instalaciones de autogeneración de la obligación de cumplir con el trámite para obtener la habilitación administrativa, de conformidad con esta Ley y las normas que la desarrollen.
Artículo 102.- Se aplicará multa desde cinco mil unidades tributarias (5.000 UT)
hasta cien mil unidades tributarias (100.000 UT) a los titulares de instalaciones de autogeneración mayores a dos megavatios (2 MW), en caso de negar el suministro de electricidad en Estado de Excepción declarado por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 103.- Sin perjuicio de las multas que correspondan aplicar de conformidad con lo previsto en la presente Ley, serán sancionados con la revocatoria de la habilitación administrativa, según el caso: 1. Los propietarios de instalaciones de autogeneración mayores a dos megavatios (2 MW) que nieguen el suministro de electricidad en Estado de Excepción que hubiere sido declarado por el Ejecutivo Nacional; 2. Las organizaciones del Poder Popular que reiteradamente incumplan con las obligaciones inherentes a la actividad de atención al usuario, que le hubieren sido transferidas.
Artículo 104.- Los supuestos de hecho que a continuación se mencionan se consideran infracciones de los usuarios y usuarias y serán sancionados de la siguiente manera: 1. Los cambios en el uso de la energía eléctrica no declarados al operador y prestador del servicio que impliquen la aplicación de una tarifa distinta, con multa desde cinco unidades tributarias (5 UT) hasta cien unidades tributarias (100 UT). 2. La conexión y consumo no autorizados a las instalaciones eléctricas del operador y prestador del servicio, con multa desde cincuenta unidades tributarias (50 UT) hasta cinco mil unidades tributarias (5.000 UT). 3. La conexión de equipos que causen perturbaciones al Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo con las normas de calidad correspondientes, con multa desde cincuenta unidades tributarias (50 UT) hasta cinco mil unidades
tributarias (5.000 UT). 4. La alteración, daño o modificación intencional de los medidores, sus equipos asociados y los equipos destinados a la prestación del servicio, con multa desde cien unidades tributarias (100 UT) hasta diez mil unidades tributarias (10.000 UT). Aquellos usuarios y usuarias con una demanda superior a dos megavatios (2MW) que incumplan con la formulación y ejecución del plan de uso racional y eficiente de la energía eléctrica, serán sancionados con multas desde cincuenta unidades tributarias (50 UT) hasta quinientas unidades tributarias (500 UT).
Artículo 105.-Toda persona que realice actividades, construcciones, obras o plantaciones que perturben, obstaculicen o menoscaben el ejercicio de los derechos de servidumbre del operador y prestador del servicio, sin la autorización escrita de éste, será sancionado con multa desde cincuenta unidades tributarias
(50 UT) hasta quinientas unidades tributarias (500 UT).
Artículo 106.-Toda persona que realice alguna actividad prohibida o restringida dentro de la zona sujeta a servidumbre para la prestación del servicio eléctrico, que causare un daño en las instalaciones eléctricas o en la calidad del servicio, será sancionada con multa desde cien unidades tributarias (100 UT) hasta un mil
quinientas unidades tributarias (1.500 UT).
Artículo 111.- Toda persona que por sí o por medio de terceros produzca alteraciones en el cálculo de las facturaciones, de forma tal que no reflejen el consumo real de la energía eléctrica, será penada con prisión de uno (1) a cinco (5) años.
Artículo 112.-En la determinación de la responsabilidad derivada de la comisión de hechos que infrinjan lo establecido en la presente Ley, serán aplicables las disposiciones relativas a la concurrencia de varias personas en un mismo hecho punible previsto en el Código Penal.